Margarita Trejo Chamorro y Otros.

Expediente 662/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
662/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Margarita Trejo Chamorro y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de diciembre de dos mil veinte. ? Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. ? Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. ?Inexistencia de documento. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no existen documentos exhibidos en el presente asunto. ? Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve M**********, en mi carácter de beneficiaria de **********, por propio derecho, contra el acto que reclaman del Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco y de otra autoridad, que consideran violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 13, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 662/2020-II. Se desecha demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. La parte quejosa reclama de las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala y Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, sustancialmente la omisión de cumplir y de realizar las acciones necesarias para lograr el cumplimiento del laudo de quince de agosto de dos mil trece, dictado en el expediente 72/2010-A. - Ayuntamiento demandado no es autoridad para efectos del juicio de amparo En el caso concreto, en primer término, resulta procedente desechar la demanda de amparo que se promueve, pues se advierte que, respecto del acto reclamado al Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, los diversos ordinales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como se puede advertir, la Ley de Amparo mantiene en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, además prevé que los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Pero, condiciona tal situación al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, en base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Partiendo de tales premisas, se tiene que la jurisprudencia 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue siendo aplicable, pues en ella se prevén supuestos similares a los de la nueva Ley de Amparo. Así es, en principio, la jurisprudencia exige para considerar a un ente como autoridad para los efectos del juicio de amparo, que se trate de una relación de supra a subordinación, lo que equivale a que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad (unilaterales y obligatorios). Asimismo, la jurisprudencia contempla que esa relación tenga nacimiento en la ley, lo que equivale en la nueva Ley, a que sus funciones estén determinadas por una norma general. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis 2a./J. 164/2011, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, de septiembre de 2011, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro IUS 161133, del rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". De lo anterior, se pone de manifiesto que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esa tesitura, el incumplimiento a un laudo por los órganos del Ayuntamiento derivado de un juicio laboral en el que figuró este como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo se cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de los laudos. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), la Segunda Sala del Máximo Tribunal, con registro 2016588, del tenor siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2016588 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) Página: 478 AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." En el presente caso, el Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, que figuró como parte demandada en el juicio laboral de origen, no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor, lo que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos. Sobre todo, que en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que rige al juicio del que emana la omisión reclamada, se prevé un procedimiento para lograr el cumplimiento de los laudos condenatorios (artículos 153 a 160) y mecanismos -medidas de apremio- para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, logre cumplir sus determinaciones. En tales condiciones, el Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en atención a que no crea, ni modifica o extingue, unilateralmente, con imperio, una situación que afecte la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que no puede considerarse como autoridad responsable y, por tanto, respecto de la omisión que se le atribuye el juicio de amparo es improcedente. - Se reclama una omisión genérica al tribunal responsable Asimismo, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en la omisión de realizar las acciones necesarias para lgorar el cumplimiento del laudo de quince de agosto de dos mil trece, dictado en el expediente 72/2010-A, que se reclama al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso ordinal 63, fracción IV, del mismo ordenamiento, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." De los numerales transcritos es factible establecer que el juicio de amparo es improcedente en el caso de que de autos se advierta que el acto reclamado es inexistente. En relación con esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo es importante destacar que el propio texto del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que la existencia del acto reclamado debe demostrarse hasta la audiencia constitucional. Sin embargo, tratándose de las omisiones en la etapa de ejecución forzosa del laudo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que al presentarse la demanda de amparo indirecto, en la que se reclama la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, puede estimarse que el acto reclamado es jurídicamente inexistente. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a la letra dice: "Época: Décima Época Registro: 2000011 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Materia(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Página: 2771 EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Incluso, respecto a la causa de improcedencia en estudio, el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito ha razonado que se trata de un motivo manifiesto e indudable de inejercitabilidad de la acción de amparo, que permite desechar la demanda sin tener que esperar el trámite del juicio de amparo indirecto. Este criterio está contenido en la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), que dice: "Época: Décima Época Registro: 2019185 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II Materia(s): Común Página: 1469 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Cabe destacar que para estimar actualizada la causa de improcedencia en estudio, es necesario determinar si se reclama una omisión genérica en la ejecución forzosa del laudo o, por el contrario, una omisión específica o concreta. Para lo cual, es menester establecer si la parte que obtuvo el laudo favorable, solicitó una gestión que no ha sido atendida, dado que únicamente en este caso se tratará de un no hacer específico de la autoridad ejecutante, pues debe recordase que, conforme al artículo 945 de la Ley Federal de Trabajo, de aplicación supletoria a la legislación burocrática en cita, la ejecución de laudo precisa la intervención de la parte que obtuvo. Ahora bien, en la especie la parte quejosa reclama omisión del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de realizar las acciones necesarias para lograr el cumplimiento del laudo de quince de agosto de dos mil trece, dictado en el expediente 72/2010-A. En relación con esa omisión, es menestar destacar que de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se aprecia que la última actuación del procedimiento de ejecución del laudo consiste en la diligencia de requerimiento de pago de veintidós de octubre de dos mil veinte, en la que no se logró embargar algún bien de la parte demandada (Ayuntamento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala) para lograr el cumplimiento de la condena decretada en el jucio laboral de origen. Luego, es factible considerar que los quejosos reclaman una omisión genérica en la ejecución forzosa del laudo, dado que no se observa que con posterioridad a la diligencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, hayan solicitado la realización de alguna actuación tendente a lograr el cumplimiento del fallo. Por el contrario, se aprecia que su reclamo está dirigido a evidenciar que el Presidente del tribunal responsable no ha llevado a cabo diversa actuación que permita lograr el cumplimiento del laudo, lo que constituye una omisión genérica, pues se reitera, no se aprecia que a la autoridad responsable se le atribuya la omisión de atender o realizar alguna diligencia concreta que hayan solicitado los quejosos para que se cumpla el laudo dictado en su favor. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción, XXIII, en relación con los numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, así como 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; es procedente, desechar de plano la demanda de amparo al advertirse diversos motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene por señalado el domicilio que indican para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. Del mismo modo, como a partir del tres de agosto del presente año, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a los profesionistas Daniel Ortiz Larios y Gissel Anahí Rojas Rivera, dado que el presente juicio es de naturaleza laboral y los quejosos son parte trabajadora en el juicio de origen. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.  Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ( Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Roberto César Morales Corona, que autoriza. Doy fe.

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