Margarita Torres Tirado

Expediente 722/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
722/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Margarita Torres Tirado
  • Congreso del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista contenida en proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno; por tanto, el suscrito procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, o si hubo exceso o defecto en su cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en las constancias que obran en el sumario en que se actúa. Así, en sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte -confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en el expediente auxiliar 192/2021 derivado del amparo en revisión 124/2020-, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Margarita Torres Tirado, para efecto de que las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, así como la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Jefe de Oficina de Recaudación, ambos con residencia en esta ciudad, realizaran lo siguiente: a)Desincorporar de la esfera jurídica de la contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en el artículo 50, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado. b) En razón de lo expuesto, deberá dejarse sin efectos el pago de la cantidad de $16,880.00 (dieciséis mil ochocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), consignada mediante recibo oficial con folio 0000615350 (foja 83), por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa del inmueble ubicado en calle Paseo El Encanto, número 21, manzana B, fraccionamiento el Encanto, hábitat residencial, en esta ciudad. c) Sin que ello implique que la quejosa quede exento de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados de los servicios prestados por el Estado, sino que solo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó al once de octubre de dos mil diecinueve, por la inscripción de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa de un bien inmueble, pues ese es el costo de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tratándose de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles. d) De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, así como Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Jefe de Oficina de Recaudación en Mazatlán, con sede en esta ciudad, a fin de que cancelen el recibo oficial con folio 0000615350, y devuelvan a la quejosa la cantidad debidamente actualizada que por concepto de derechos indebidamente pagó con motivo de la inscripción de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa de un bien inmueble, por la cantidad de $16,880.00 (dieciséis mil ochocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional); previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II y III bis del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Atento a lo anterior, a través del oficio SAF-PF-2290/2021, el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en suplencia del Procurador Fiscal del Estado, y en representación del citado Secretario de dicha administración, remitió copia certificada del cheque emitido en favor de la quejosa, por la cantidad de $16,035.00 (dieciséis mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), de la institución bancaria comercialmente denominada "Banorte", por concepto de devolución de ingresos de recibo 0000615350 por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, e impuesto adicional, el cual se entregó a la quejosa el treinta y uno de julio de dos mil veinte Posteriormente, a través del diverso oficio RPP/MAZ/1282/2021, la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, informó que dejó insubsistente la orden de pago consignada en el recibo oficial con folio 0000615350, por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, asimismo, informó que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, es la encargada de efectuar el pago correspondiente. En ese orden de ideas, la sentencia de amparo se encuentra CUMPLIDA, sin exceso ni defecto, toda vez que las responsables desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en el artículo 50, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, pues dejaron sin efectos el pago generado en el recibo oficial 0000615350 por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, e impuesto adicional; y emitieron un cheque a fin de devolverle la cantidad de $16,035.00 (dieciséis mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), que previamente había pagado por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, e impuesto adicional, con base en el precepto que fue declarado inconstitucional (50, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa). Consecuentemente, dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha trece de agosto del presente año, mediante el cual en síntesis se acordó: Visto el estado de los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista contenida en proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno; por tanto, el suscrito procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, o si hubo exceso o defecto en su cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en las constancias que obran en el sumario en que se actúa. Así, en sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte -confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en el expediente auxiliar 192/2021 derivado del amparo en revisión 124/2020-, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Margarita Torres Tirado, para efecto de que las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, así como la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Jefe de Oficina de Recaudación, ambos con residencia en esta ciudad, realizaran lo siguiente: a)Desincorporar de la esfera jurídica de la contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en el artículo 50, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado. b) En razón de lo expuesto, deberá dejarse sin efectos el pago de la cantidad de $16,880.00 (dieciséis mil ochocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), consignada mediante recibo oficial con folio 0000615350 (foja 83), por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa del inmueble ubicado en calle Paseo El Encanto, número 21, manzana B, fraccionamiento el Encanto, hábitat residencial, en esta ciudad. c) Sin que ello implique que la quejosa quede exento de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados de los servicios prestados por el Estado, sino que solo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó al once de octubre de dos mil diecinueve, por la inscripción de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa de un bien inmueble, pues ese es el costo de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tratándose de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles. d) De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, así como Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Jefe de Oficina de Recaudación en Mazatlán, con sede en esta ciudad, a fin de que cancelen el recibo oficial con folio 0000615350, y devuelvan a la quejosa la cantidad debidamente actualizada que por concepto de derechos indebidamente pagó con motivo de la inscripción de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa de un bien inmueble, por la cantidad de $16,880.00 (dieciséis mil ochocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional); previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II y III bis del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Atento a lo anterior, a través del oficio SAF-PF-2290/2021, el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en suplencia del Procurador Fiscal del Estado, y en representación del citado Secretario de dicha administración, remitió copia certificada del cheque emitido en favor de la quejosa, por la cantidad de $16,035.00 (dieciséis mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), de la institución bancaria comercialmente denominada "Banorte", por concepto de devolución de ingresos de recibo 0000615350 por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, e impuesto adicional, el cual se entregó a la quejosa el treinta y uno de julio de dos mil veinte Posteriormente, a través del diverso oficio RPP/MAZ/1282/2021, la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, informó que dejó insubsistente la orden de pago consignada en el recibo oficial con folio 0000615350, por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, asimismo, informó que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, es la encargada de efectuar el pago correspondiente. En ese orden de ideas, la sentencia de amparo se encuentra CUMPLIDA, sin exceso ni defecto, toda vez que las responsables desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en el artículo 50, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, pues dejaron sin efectos el pago generado en el recibo oficial 0000615350 por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, e impuesto adicional; y emitieron un cheque a fin de devolverle la cantidad de $16,035.00 (dieciséis mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), que previamente había pagado por concepto de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, e impuesto adicional, con base en el precepto que fue declarado inconstitucional (50, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa). Consecuentemente, dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como concluido.

  3. Principal

    Téngase recibido y únicamente agréguese a los autos para que obre como constancia el oficio SATES-DJ-DAAP-566/2021, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Mazatlán, dependiente de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, toda vez que mediante auto de doce de julio del año en curso, se acordó lo particular.

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio SAF-PF-2290/2021, signado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales del Estado de Sinaloa, en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación legal del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a través del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada por este juzgado. Atento lo anterior, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el citado memorial y sus anexos, para que, en el término de tres días contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo, el suscrito declarará si la sentencia está cumplida o no, si la responsable incurrieron en exceso o defecto para ello, o si existe imposibilidad para cumplirla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante.

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