Margarita Torralva González

Expediente 1761/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1761/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Margarita Torralva González

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del diverso ocurso y de los autos originales del presente asunto que le fueron remitidos, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo en que se actúa, registrándolo con el número 1000/2021 de su índice; de lo que se toma conocimiento. Por tal motivo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente asunto, en la inteligencia de que las que obran agregadas en original, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el término de noventa días contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el local de este Juzgado a fin de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se declinó competencia en razón de materia respecto de este juicio de amparo, por coincidencia de turno le toco conocer del mismo al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en esta ciudad, radicado bajo el número 1000/2021, con motivo de la incompetencia planteada por este órgano de control constitucional, sin que a la fecha se tenga más información al respecto. En tales condiciones, solicítese atentamente a ese Juzgado, para que a la brevedad posible informe el estado que guarda dicho asunto, a efecto de estar en condiciones de acordar lo relativo al archivo del presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho; contra actos del Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en la Ciudad de México y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1761/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación Una vez analizada la demanda de amparo en su integridad, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer del presente juicio. Como cuestión preliminar, se debe destacar que la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama el acto siguiente: "La omisión en la investigación de los hechos denunciados en la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UF-B-2 C/0/2025/10-2020 su inactividad al no integrar la averiguación en breve término viola mis garantías." Razones de la incompetencia por materia Con base en el acto reclamado por el promovente, es posible advertir que, atendiendo a su naturaleza, el acto no se encuentra inmerso dentro de la materia administrativa; por el contrario, de las manifestaciones efectuadas por el promovente, se desprende que el mismo se encuentra vinculado con el ejercicio de las facultades de investigación de la probable comisión de algún ilício, por parte del Ministerio Público; lo que resulta ser materia penal para efectos del juicio de amparo. A fin de corroborar lo anterior, en principio, conviene traer a contexto algunas de las manifestaciones que el quejoso formuló en los antecedentes del acto reclamado: "HECHOS El suscrito presentó formal denuncia el 22 de octubre del 2020, por actos posiblemente constitutivos de delitos ante la Fiscalía para delitos cometidos por servidores públicos, en contra del C. Juez Interino del juzgado VIGÉSIMO SEXTO DE LA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO" De igual manera, al momento de señalar las autoridades a las que les atribuye el carácter de responsables, expuso lo siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. (.) DE CADA AUTORIDAD SE DEMANDA LAS DILACIONES PROCESALES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES (.) LA INACTIVIDAD DE INVESTIGAR DESDE HACE MÁS DE 1 AÑO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CI-FIDCSP/B/UF-B-2 C/0/2025/10-2020 LA INACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN, EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CI-FIDCSP/B/UF-B-2 C/0/2025/10-2020 (.)" Lo anterior permite colegir que la omisión en la investigación de los hechos denunciados por el hoy promovente, son de naturaleza penal, pues dicha omisión está íntimamente vinculada con la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UF-B-2 C/0/2025/10-2020, seguida por el Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en la Ciudad de México. De modo que debe considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de autoridades administrativas, puesto que está íntimamente relacionado con cuestiones que deben analizarse precisamente en la legislación sustantiva en materia penal. Ello, pues efectivamente, el acto cuya constitucionalidad se cuestiona, consiste en la omisión de llevar a cabo la etapa de investigación inicial o anteriormente denominada, averiguación previa (primera etapa del proceso penal que inicia con la denuncia o querella y concluye con el ejercicio de la acción penal o en su caso, el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público); lo cual, resulta ser analizado, en razón de la materia, por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Cobra aplicación, por el sentido que la orienta, la siguiente jurisprudencia 1a./J. 89/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto.". Expuesto lo anterior, queda de manifiesto que los actos reclamados tienen naturaleza penal y por ende, en congruencia con el principio de especialización por materia, corresponde el conocimiento del presente asunto, al Juez de Distrito que, precisamente por su especialización, conozca de la materia penal, es decir, un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Sin que las manifestaciones formuladas por la parte quejosa vía conceptos de violación, permitan arribar a una decisión contraria, porque para determinar la competencia por materia debe atenderse exclusivamente a la naturaleza del acto reclamado y no a los conceptos de violación expresados, pues éstos únicamente demuestran cuestiones subjetivas atribuidas por la peticionaria de amparo. En consecuencia, este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara incompetente por razón de la materia y ordena remitir los autos al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que conozca de la demanda de amparo que se provee. Fórmese cuaderno de antecedentes de este expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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