Margarita Suárez Betancourt

Expediente 2323/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2323/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Margarita Suárez Betancourt
  • Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    . Tepic, Nayarit, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Admisión recurso de revisión. Téngase por recibido el comunicado de cuenta remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, autoridad responsable dentro del presente juicio, en contra de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo 2323/2023 del índice de este Juzgado de Distrito; medio de impugnación que se registró con el número 606/2023; por tanto, agréguese para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas que autoriza y da fe. Maricruz

  2. Principal

    . TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no se realizaron manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, no obstante que mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se les apercibió a las partes que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. Calificación del cumplimiento. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para que la autoridad responsable dejara sin efecto el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, respecto de la multa, emitido en el juicio laboral 41/2019, y con plenitud de jurisdicción dictara una diversa. Resolución que causó ejecutoria el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexo recibidos en este juzgado federal el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, dado que: 1 Remitió copia certificada del proveído de veinticinco de septiembre del presente año, del que se advierte que se dejó insubsistente el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en lo relativo a la multa impuesta a la quejosa, emitido en el juicio laboral ******************** Cumplido 2 En dicho proveído, decidió no hacer efectivo el apercibimiento de multa. Cumplido En ese contexto lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo a la parte quejosa y tercera interesada en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. Destino del expediente principal. Con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Destino cuadernos incidentales. En cuanto al original del incidente de suspensión es conservable una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 17, fracción III, inciso B, del Acuerdo General precitado, toda vez que la suspensión definitiva se concedió a la parte quejosa; y, el duplicado es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a, del acuerdo mencionado. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el SISE. Devolución de constancias. Devuélvanse a la autoridad responsable tres tomos de constancias que acompañó a su informe justificado en virtud de que su retención resulta innecesaria. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así, lo acordó y firma, el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, de conformidad con el artículo 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. Omar

  3. Principal

    . Tepic, Nayarit, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Se tiene por recibido el libelo de cuenta suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual devuelve el juicio de amparo indirecto 331/2023 y hace del conocimiento la ejecutoria de doce de septiembre de dos mil veintitrés, derivado del amparo en revisión 852/2023, relativo al presente sumario constitucional, en la que se aprecia que confirmó la sentencia de amparo. Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de este juzgado. Requerimiento cumplimiento. Luego, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento al fallo protector se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, al momento de la emisión del presente auto. Requerimiento a superior jerárquico. Con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que ordene a la autoridad responsable, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Cuaderno de antecedentes. Finalmente, agréguese al expediente en que se actúa, el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la remisión del citado medio de impugnación. Notifíquese. Así, lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Nephely Sofía Plascencia Kyriacou, que autoriza y da fe. Deiry

  4. Principal

    . Tepic, Nayarit, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que el apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria en el fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), en representación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Director de Administración y Finanzas, Subdirector de Promoción de Desarrollo y Subdirector de Mecanismos Financieros y Administración de Inversiones Patrimoniales, todos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, con residencia en la Ciudad de México, omitió remitir el Acta de la Séptima Asamblea General Extraordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, señalada para las once horas. Requerimiento de constancias. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por el arábigo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades aludidas, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciban el presente oficio, el Acta de la Séptima Asamblea General Extraordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, señalada para las once horas, toda vez que la misma resulta necesaria para la resolución del presente juicio de amparo. Ello, porque en su carácter de autoridades responsables tienen la obligación de remitir las constancias que acrediten la constitucionalidad del acto reclamado, o en su caso, informen el impedimento legal que tengan. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a ciento cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto por analogía, la jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De igual manera, resulta aplicable por analogía la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías." NOTIFÍQUESE. Así, lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Valeria Aimme Lara Horta, que autoriza y da fe. VALH/Luis.

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