Margarita Severiana Bautista Salinas

Expediente 1775/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1775/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Margarita Severiana Bautista Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y atento a lo establecido en el oficio STCCNO/1291/2022 de dos de diciembre de dos mil veintidós, signado por la Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual informa que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en los Mochis, es quien apoyará a este órgano jurisdiccional en el dictado de la sentencia correspondiente de diversos juicios de amparo. Tomando en consideración que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado para la emisión de la sentencia respectiva y que fue seleccionado por medio del Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, como esta ordenado en el oficio de referencia vincúlese el presente expediente de manera electrónica con el órgano auxiliar, por lo que las constancias que lo integran el expediente electrónico se ponen a su disposición, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), para los efectos precisados. Finalmente, notifíquese por lista el presente acuerdo con el propósito de hacer lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ***, contra actos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1775/2022-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. INCOMPETENCIA Es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Al respecto, conviene mencionar que los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De la interpretación de estas disposiciones se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio y que lo decide en lo principal. Asimismo, prescriben que el juicio uniinstancial es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como el trámite que se debe realizar a una demanda en materia de amparo directo. Pues bien, en el caso a estudio el acto reclamado consiste en la sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en los autos del juicio de nulidad con número de expediente 57/2022, mediante la cual se confirma el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de nulidad. Bajo ese contexto, el desechamiento de la demanda de mérito, constityye una resolución que pone fin al juicio de origen, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido, de ahí que dicha determinación constituye una resolución definitiva que pone fin al juicio de origen, lo que actualiza la procedencia del amparo directo, y por ende la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito para su conocimiento. Resulta aplicable el criterio dictado por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis Contradicción de tesis 21/99-PL, del cual emanó la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicado en Marzo de dos mil nueve, Tomo XXIX, página 446, del tenor siguiente: "DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estableció que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, cuando de modo inmediato afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, pero que no son de imposible reparación y son impugnables en amparo directo cuando sólo afectan derechos adjetivos o formales. No obstante, aunque el acuerdo que desecha parcialmente una demanda sin ulterior recurso se considera una violación adjetiva o procesal, es reclamable en amparo indirecto, como excepción a la regla general, porque afecta al actor en grado predominante o superior, pues la admisión parcial de la demanda implica, en lo no admitido, que las acciones, elementos o sujetos materia de la inadmisión no formen parte del proceso litigioso y, por ende, del pronunciamiento judicial, lo que le causa una afectación de extrema gravedad, además de que dicho desechamiento parcial no constituye un acto reparable con el hecho de obtener una sentencia condenatoria favorable al propósito del demandante, ya que no resolverá sobre la acción no admitida, por no haber sido parte de la litis." No es óbice a lo anterior, el criterio de contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 de dicha Segunda Sala, en virtud de que el acto reclamado no se trata de un desechamiento parcial, que actualice la procedencia de la biisancialidad del amparo, sino que, por el contrario, dicho acto puso fin de manera total a la pretensión de la parte promovente, criterio cuyo rubro se cita a continuación: "DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO." En consecuencia, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se declara legalmente incompetente por razón de grado para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Vigesimonoveno Circuito en turno; a quien se considera competente en términos del artículo 37, párrafo primero, de la invocada ley, lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, para los efectos a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, solicitándole atentamente que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo correspondiente y comunique su determinación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; asimismo, téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones, a Marcelino Pérez Arenas, al no acreditar contar con registro de cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acredite lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlo como autorizado en términos amplios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente

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