Margarita Santos Ramírez

Expediente 275/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
275/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Margarita Santos Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y debido a que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTA Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. DESTINO Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. Transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente cuaderno. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el trece de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio 275/2023. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el fracción I del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.guez. Doy fe.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por el 1. Presidente Municipal y 2. Director de Vivienda del Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. DOMICILIO Se tiene a las responsables señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. DIFERIMIENTO ANTICIPADO Ahora, toda vez que dicho informe no fue presentado con ocho días de anticipación, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del tres de julio del actual, fijándose las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 191995, cuyo tenor literal es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." ESTADO DE AUTOS Por otra parte, visto el estado de autos, del que se advierte que mediante proveídos de diecisiete y veintitrés de mayo del año en curso, respectivamente, se reservó acordar lo relativo a las pruebas de inspección judicial y testimonial ofrecidas por la parte quejosa, hasta en tanto quedará integrada la Litis, circunstancia que acontece con el informe justificado de cuenta rendidos por las responsable, por lo que, se procede a proveer en los siguientes términos: Respecto de la prueba de inspección ocular, por falta de idoneidad para el objeto que se propuso, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha de plano. En efecto, el artículo 161 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "La inspección judicial puede practicarse, a petición de parte o por disposición del tribunal, con oportuna citación cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales." De la anterior transcripción, se advierte con claridad, que la prueba de inspección judicial, tiene lugar únicamente cuando se trate de aclarar o fijar hechos relativos que no requieran conocimientos técnicos especiales, esto es, hechos que la autoridad judicial pueda constar a través de sus sentidos. Así las cosas, del examen de los puntos a inspeccionar contenidos en el cuestionario respectivo, se advierte que, la parte quejosa pretende demostrar, por una parte las ubicaciones de ciertos domicilios, y por otra pretende demostrar que vive y habita en determinado lugar de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca; sin embargo, la inspección ocular no es la idónea para acreditar los hechos pretendidos, ya que ésta no tiene más objeto que la de hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento se dice existen pero que no requieran conocimientos técnicos, como lo es fijar la identidad de un inmueble o lugar en donde se dice ocurren hechos, así como acreditar que el quejoso vive en determinado domicilio, dado que habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo. Por tanto, es incuestionable que ello no se puede demostrar, a través de una apreciación momentánea como lo es la que se lleva a cabo mediante una inspección judicial ni fijar como lo pretende el quejoso que determinados hechos o acontecimientos sucedieron en tales lugares, pues se insiste a través de la inspección judicial únicamente se verifica lo que se puede apreciar a través de los sentidos en el mismo momento en que se practica. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII (Abril de 2001), Página 157, Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 13/2000. entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito) y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, intitulada: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada número IV.3º. 140 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV (Diciembre de 1994), Página 391, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que dice: "INSPECCIÓN JUDICIAL. PRUEBA DE. NO ES LA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR LA HABITACIÓN DE UN DOMICILIO. Si se ofrece la prueba de inspección judicial para determinar quién o quiénes viven en los domicilios a inspeccionar, es de concluirse que ésta no es el medio idóneo para probar la habitación de una persona, ya que ésta no tiene más objeto que la de hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento se dice existen, y dado que el habitar un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo, es incuestionable que ello no se puede demostrar a través de una apreciación momentánea como lo es la que se lleva a cabo mediante una inspección judicial." En cuanto a la prueba testimonial, con fundamento en el artículo 119, párrafos tercero, quinto y séptimo de la Ley de Amparo, se admite dicha probanza la que estará a cargo de ******************** y ********************, por lo que, con una copia simple del interrogatorio correspondientes, córrase traslado a las demás partes, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, si a sus intereses conviene, amplíen el interrogatorio respectivo, además, para que puedan formular repreguntas a los testigos al verificarse la audiencia. Se requiere a la quejosa para que en la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional, presente a sus testigos debidamente identificados con documento oficial con fotografía y vigente; apercibiéndola que de no hacerlo se tendrá por desierta en su perjuicio dicha probanza. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 591, Novena Época, con registro digital 164953, cuyo tenor literal es: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU DESERCIÓN, POR INASISTENCIA DE LOS TESTIGOS, ÚNICAMENTE DEBE DECLARARSE DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBAS DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, así como del numeral 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se advierte que la prueba testimonial se anunciará cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, siendo obligación del oferente, de no manifestar imposibilidad alguna, presentar a los testigos en el día y hora fijados para su celebración, so pena de que se declare desierta. En ese sentido, se concluye que la deserción de la prueba testimonial en el juicio de amparo, por inasistencia de los testigos, únicamente debe declararse dentro de la etapa de pruebas de la audiencia constitucional, en tanto que dicha declaratoria requiere, en primer término, que aquélla se lleve a cabo y, en segundo, que no se presenten los testigos anunciados; de ahí que si no se celebra el día y hora señalados para ello, el órgano de amparo no debe declarar desierta la prueba por inasistencia de los testigos, ya que el momento procesal oportuno para su desahogo es la etapa de pruebas, la cual se desarrolla precisamente en la audiencia de garantías; de manera que si ésta no se celebra, carece de sentido exigir la presencia de los testigos." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo anterior, en lo que no se oponga a la misma. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, advirtiéndose que los informes justificados de las autoridades responsables 1. Presidente Municipal y 2. Director de Vivienda del Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, fueron depositados en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, el dos de junio del actual, con número de guía RM019510765MX, los cuales se encuentran en "tránsito", por lo que, al ser depositados, dentro de los quince días en que se les solicito, para dar margen a que se reciban dichos informes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con veinticinco minutos del tres de julio de dos mil veintitrés, para llevarla a cabo. Notifíquese.

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