Margarita Santos Mendoza
Expediente 657/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Margarita Santos Mendoza
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto: el oficio suscrito electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través del cual acusa recibo de lo que indica, para los efectos legales conducentes. Finalmente, al haberse declarado este tribunal federal legalmente incompetente para conocer del expediente que nos ocupa, y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el acuerdo citado.
- Juicio de Amparo Directo
Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintinueve de septiembre al uno de octubre, ambos del presente año, no existiendo días inhábiles en ese lapso, sin que la quejosa haya impugnado la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual este tribunal federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por Margarita Santos Mendoza, en contra de la resolución de trce de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, en el toca penal 144/2021; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, previa copia certificada que se obtenga, remítase al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, el presente asunto y anexos, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, requiérase al juez de distrito que corresponda conocer de la citada demanda, informe la radicación de dicho asunto a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: "Visto; el oficio suscrito por la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 4340/2021, con el que remite original con nueve copias de la demanda de amparo promovida por la quejosa, por propio derecho, el diverso oficio 2106/2021-AP y el toca penal 144/2021; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre la demanda de amparo promovida. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Margarita Santos Mendoza, por propio derecho, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo son los CC. Magistrados que integran la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; "IV.- ACTO RECLAMADO: La Sentencia Definitiva de fecha 13 trece de agosto de 2021 dos mil veintiuno" Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de octubre de dos mil doce, inició la averiguación previa 12/DAP/569/2012, ante el Agente del Ministerio Público investigador del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, con la comparecencia y querella de María Luisa Andrade Dorado, quien se querelló en contra de la quejosa, por el delito de fraude, cometido en agravio de la Sociedad denominada Unidas para Triunfar, luego, el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se determinó ejercer acción penal en contra de, razón por la que el trece de noviembre de dos mil dieciocho, se radicó sin detenido la averiguación previa bajo la causa penal 34/2018, en el Juzgado Penal de Primera Instancia del distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, seguido el juicio, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva condenatoria en contra de la hoy quejosa, por ser penalmente responsable del delito de fraude en agravio de la persona moral denominada "Unidas para Triunfar". Inconforme con dicha resolución la quejosa interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer por razón de turno a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrándolo con el número 144/2021, quien por resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno, ordenó la reposición del procedimiento, dentro de la causa penal 34/2018, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, dejando insubsistente la sentencia definitiva condenatorio de cuatro de mayo del presente año, así como todo lo actuado a partir del auto que decretó el cierre de instrucción y requirió a la juzgadora de primera instancia para que provea lo conducente a fin de llevar a cabo tal reposición. Así, sin estar de acuerdo con la sentencia dictada por la sala responsable, la amparista, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Ahora bien, como en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable dentro del toca penal 144/20211, a través de la cual se ordenó la reposición del procedimiento, dentro de la causa penal 34/2018, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, dejando insubsistente la sentencia definitiva condenatorio de cuatro de mayo del presente año, así como todo lo actuado a partir del auto que decretó el cierre de instrucción, requiriendo a la juzgadora de origen para que provea lo conducente para a fin de llevar a cabo dicha reposición; en tales circunstancias, la resolución reclamada no es de las que pone fin al juicio. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, ENVÍESE el presente expediente y anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J. 3/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo I, de Mayo de 1995, visible en la página 35, Materia Común, con registro digital 200374, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse los originales al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo; en su oportunidad, archívese como totalmente concluido el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió del veintisiete de agosto al nueve de septiembre del año en curso, siendo inhábiles en ese lapso el veintiocho y veintinueve de agosto, cuatro y cinco de septiembre, todos del año en curso; sin haber hecho manifestación alguna; en consecuencia, resérvese acordar lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente dosier.
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