Margarita Santos Costabella

Expediente 1023/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 42 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1023/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Margarita Santos Costabella
  • Margarita Santos Costabella y Otros.
  • Fiscal Federal adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    III... Agréguese para que obre únicamente como corresponda el oficio enviado por el Director General del Instituto de Salud del Estado de México, a través del cual informa que se programó del dieciséis y diecisiete de los actuales para que se aplique al menor quejoso la vacuna Pfizer y BioNtech; lo anterior en virtud de que el diecisiete de mayo del presente año se declaró que el proveído a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, causó estado y se ordenó el archivo definitivo del mismo.

  2. Principal

    III... Agréguese para que obre únicamente como corresponda el oficio enviado por el Director General del Instituto de Salud del Estado de México, a través del cual informa que se programó del veinticinco al veintisiete de los actuales para que se aplique al menor quejoso la vacuna Pfizer y BioNtech; lo anterior en virtud de que el diecisiete de mayo del presente año se declaró que el proveído a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, causó estado y se ordenó el archivo definitivo del mismo.

  3. Principal

    III... Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el proveído a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en atención a lo que prevé artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), de la normatividad en consulta, el cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa por una parte fue concedida. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años contados a partir de esta fecha, trasládense ambos cuadernos al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ... el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, procederá este Juzgado Federal a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. De igual manera, en razón de que obran documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto décimo primero, párrafo último, del acuerdo en cita, infórmese que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días a recogerlos, apercibidas que de no hacerlo, tendrán el mismo destino que el presente expediente. Se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" ubicado en el Portal de Servicios en Línea, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", a efecto de comparecer a recoger sus documentos.

  4. Principal

    III... Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el término de tres días otorgado a la parte quejosa el doce de abril pasado a efecto de que informe si el menor de iniciales L. E. M. S. se inoculó con la primera y segunda dosis del biólogo Pfizer-BioNTech; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, y se entiende que aquel fue vacunado con la citada sustancia. En atención a lo anterior, se advierte la actualización de la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción V, con relación a la fracción XXI, del artículo 61, por las siguientes consideraciones: En principio es pertinente señalar que la citada fracción XXI cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al justiciable en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. De la intelección de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, se observan dos supuestos de cesación de efectos: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Ahora, a efecto de dilucidar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es menester precisar que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: La omisión de aplicar de manera congruente y con anticipación suficiente ante el mandato presidencial de acudir a clases presenciales a partir del treinta de agosto pasado dado la política nacional de vacunación contra el virus Sars-coV-2para la prevención de la covid 19 en México y sin haber considerado ordenar que respecto a los niños de doce a diecisiete años un periodo con el cual previo al regreso a clases les permitiera contar con las prevenciones básicas de inoculación. La omisión de llamar, informar y/o notificar a los menores de manera urgente e inmediata el lugar, horario y fecha en que se le aplicaran las cosis de la vacuna autorizada antes del inicio de clases presenciales. La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud a la prevención y su concreción para asegurar el tratamiento de la enfermedad causada por una epidemia endémica. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que los menores quejosos no hayan recibido aun la vacuna contra la covid 19 y su variante delta, por lo tanto peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida. La violación al derecho humano a la prevención y su concretización, tratamiento de las enfermedades epidémicas y endémicas a disfrutar del más alto nivel posible a la vida y a la salud, sin discriminación de edad, comorbilidad, independientemente de la entrada o no a la escuela de manera presencial. Derivado de lo anterior, privar al grupo etario de los menores de edad (incluido el quejoso) del acceso a la vacuna en los términos de la omisión aludida, lo cual es inconstitucional, inconvencional y es discriminatorio. Ahora, el acto reclamado radica esencialmente en la omisión de aplicar al menor quejoso la vacuna contra la enfermedad ocasionada por el virus Sars Cov2 COVID-19, debido a que al momento en que se presentó la demanda todos los menores de doce a diecisiete de años de edad, no se encuentran contemplados en el esquema de vacunación emitidos por la Secretaría de Salud, siendo que los demás actos señalados constituyen conceptos de violación. Ahora bien, como se advierte de párrafos que anteceden, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se entiende que el menor antes mencionado ya fue vacunado con las dos dosis. En tal virtud, es evidente que omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARSCov2 (covid-19), dejó de existir ya que como se ha analizado, se ha aplicado el esquema completo de vacunación a la menor quejosa. Por ende, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no hay motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley invocada. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós; hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes.

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