Margarita Santiago Cruz
Expediente 826/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarita Santiago Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 826/2023, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintitrés (fojas 2 a 12), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y recibido el once de agosto del actual, ********************, a través de su apoderada legal Elizabeth de los Ángeles Bautista Reyes solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. Los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 4). TERCERO. Radicación y Trámite. Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés (fojas 29 a 33), se radicó la demanda de amparo, con el número 826/2023; admitiéndose a trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción (foja 46); se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. En auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 100 a 102), se declaró como autoridad inexistente al Síndico Segundo Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán; por lo que se suspendió toda comunicación con ella. Asimismo, en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 112 a 114), se determinó que no había lugar a tener por ampliada la demanda de amparo, al no guardar estrecha relación de los actos ahí señalados con los primigenios reclamados por la quejosa, y se ordenó remitir el escrito de ampliación, como demanda independiente, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, para que lo turnara a este órgano jurisdiccional como un nuevo asunto. CUARTO. Cita para audiencia. La celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo previo diferimiento, en términos del acta que antecede, sin que la parte quejosa haya solicitado el diferimiento o la suspensión de ésta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Expediente electrónico. En certificación previa, el Secretario Judicial encargado del trámite de este expediente hizo constar que verificó que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado y que coincide con el expediente impreso, en términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto reclamado se atribuyó a autoridades responsables con residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este sumario constitucional. Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: De las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidora de Hacienda, Coordinador de Agencias, Colonias y Barrios, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo Urbano, Coordinadora de Catastro, Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán: El procedimiento administrativo que inició con la orden de inspección y requerimiento de documentos número 4454, de nueve de agosto de dos mil veintitrés, y concluyó con la imposición de sellos con la leyenda de "Obra Suspendida", en el inmueble ubicado en calle camino del horno, número ciento setenta y seis, jurisdicción municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, que refiere es de su propiedad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, debe en principio analizarse si los actos reclamados en realidad existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del mismo. En otras palabras, el análisis de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. En ese sentido, se tiene que las autoridades responsables Síndico Municipal, Regidora de Hacienda, Coordinador de Agencias, Colonias y Barrios, Director de Obras Públicas, y Coordinadora de Catastro, todos del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca (fojas 47 a 51; 79 a 82; 85 a 88; 95 a 98; 90 a 93) al rendir sus correspondientes informes justificados negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos; sin que la parte quejosa hubiere ofrecido prueba alguna en contrario, para desvirtuar dichas negativas. Por su parte, el Ayuntamiento y Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán (fojas 56 y 57), al rendir su respectivo informe aceptaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, de sus manifestaciones y de las documentales que allegaron a este juicio -las que serán valoradas en el apartado siguiente-, no se advierte su participación en la emisión de tales actos, de ahí que, se consideran inexistentes. Por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados, se estima que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, por cuanto a la inexistencia del referido acto reclamado contra las mencionadas autoridades responsables. En mérito de lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, únicamente respecto de las autoridades responsables señaladas en este apartado. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Director de Desarrollo Urbano, e Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia del acto que se les recama. Certeza, que se corrobora con la documentales que exhibieron como apoyó a su informe de ley, de las cuales se advierte el acto aquí reclamado; medios de convicción que gozan de valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, las autoridades responsables Director de Desarrollo Urbano, e Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, señalaron que ha operado la causal de improcedencia relativa a que han cesado los efectos del acto reclamado puesto que el veinticinco de agosto pasado, en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en este asunto, el veinticinco de agosto del año en curso, procedieron a retirar los sellos impuestos en el inmueble que la quejosa refiere ser propietaria. Tal causa de improcedencia es infundada. Es así, pues refieren que con motivo de la suspensión provisional otorgada en el cuaderno incidental del presente juicio de amparo, asumieron que el efecto era retirar los sellos del acceso al inmueble que defiende la quejosa; lo anterior, evidencia, que esa actuación -retiro de los sellos- estuvo condicionada a los efectos y temporalidad que, desde su perspectiva, se encontraba sujeta la medida cautelar. Sin embargo, al margen que el efecto de la suspensión fue únicamente para que se permitiera a la quejosa el acceso al aludido inmueble; lo cierto es, que el retiro de los sellos en comento no demuestra que por sí, las autoridades responsables hayan revocado el acto reclamado, esto es, que hayan cesado en sus efectos. Es así, porque no dejaron sin efectos el procedimiento administrativo que iniciaron, es decir, no dejaron insubsistente la orden de verificación que le dio origen, ni el posterior acto relativo a la fijación de los sellos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. De ahí que, resulta necesario verificar la legalidad de la actuación desplegada por la responsable, sin que el hecho de que con motivo de la medida cautelar se hayan retirado los sellos, signifique que cesaron los efectos del acto del acto reclamado. Por tanto, resulta infundada la causa de improcedencia en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del IV.3o.A.50 K , del Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1293, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 161378, Novena Época, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA AL QUEJOSO, ORDENE DEJAR SIN EFECTOS EL ACTO RECLAMADO." Al no actualizarse la causa de improcedencia propuesta o que se advierta de oficio alguna otra, se procede al estudio del asunto planteado. SEXTO. Antecedentes. Previo a realizar el estudio de los conceptos de violación, se estima pertinente conocer los antecedentes más destacados del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias de autos y son los siguientes: Solicitud de licencia de Construcción. El doce de junio de dos mil veintitrés, la aquí quejosa solicitó ante el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, licencia de construcción de obra menor, en el domicilio ubicado en Calle del Horno, número ciento setenta y seis, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, por lo que hizo el pago de derechos correspondiente (foja 05 y 21). Según refiere en la demanda, personal que labora para las autoridades responsables le informaron que una vez que hiciera entrega de los documentos solicitados, en el plazo de diez días le entregarían la licencia solicitada. Orden de inspección. El nueve de agosto de dos mil veintitrés, el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán emitió la orden de inspección número 4454, con la finalidad de verificar la ejecución de obra o construcción del bien inmueble que aduce la quejosa (foja 59). Colocación de sellos. El propio nueve de agosto de dos mil veintitrés, personal adscrito a la responsable; colocaron sellos de "OBRA SUSPENDIDA", en el acceso del inmueble descrito en el numeral 1. Juicio de amparo. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto de dos mil veintitrés, la quejosa presentó demanda de amparo en la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, de la cual conoce este órgano jurisdiccional. Retiro de sellos. Con motivo de la promoción del presente juicio de amparo indirecto, el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, las autoridades responsables retiraron los sellos en cuestión (foja 61). SÉPTIMO. Transcripción innecesaria. La parte quejosa refirió en sus conceptos de violación, que el acto reclamado viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al señalar esencialmente, que: Las autoridades responsables incumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en los dispositivos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca y la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, ya que nunca fue citada, notificada o emplazada al procedimiento administrativo que se formó respecto del domicilio ubicado en Calle del Horno, número ciento setenta y seis, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, por lo que se le privó de su derecho de audiencia. Sostiene que no existe mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que provoca se le deje en total estado de indefensión. Los anteriores argumentos resultan esencialmente fundados, atendiendo a la causa de pedir. El párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal, establece: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.] El precepto legal invocado consagra la garantía de legalidad cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, a saber: 1) Que se exprese por escrito; 2) Que provenga de autoridad competente y, 3) Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Respecto al primer requisito, la garantía de seguridad jurídica se traduce en la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la fundamentación y motivación del acto de autoridad. Aunado a lo anterior, el acto de molestia debe, entre otros requisitos, ser emitido por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que le otorguen eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por la autoridad facultada expresamente para ello, por lo cual debe expresar el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación. El último, atinente a la fundamentación y motivación, implica que la autoridad debe citar la norma jurídica aplicable al caso, esto es, la disposición normativa que regula el caso concreto sometido a su consideración y que sirve de sustento para resolverlo; mientras que la motivación implica el deber de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, y que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, para que sea correcta, es decir, que en cada caso específico se configuren las hipótesis normativas. Por tanto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente e impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan; esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Pero sobre todo, establece límites al ejercicio del poder, al disponer que los actos deben ser emitidos por autoridad competente. En ese sentido, cuando el acto reclamado no solo produzca sus efectos en el seno de la administración pública, sino que vaya más allá, causando una molestia al quejoso, el principio de legalidad exigirá que tal actuación se dicte por autoridad competente en forma escrita, debidamente fundada y motivada, esto es, expresando los dispositivos legales en que la autoridad justifique su actuación, así como los razonamientos por los que, desde su punto de vista, los hechos de la hipótesis se ajustan al caso concreto. Además, en el supuesto de actos emitidos por la autoridad administrativa, para que se estime satisfecho el principio de fundamentación debida, al establecer los preceptos legales de los que se desprenda la facultad específica con base en la cual se está emitiendo el acto de autoridad, si se trata de disposiciones normativas que contemplen varios supuestos, resulta indispensable que esta precise con claridad y exactitud el apartado, fracción, inciso y subinciso en que apoye su actuación, con el objeto de dar seguridad jurídica al gobernado, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión, al no estar en aptitud de determinar si dentro del cúmulo de facultades de la emisora se encuentra el supuesto conforme al cual se emitió el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2001,sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 31, Novena Época, registro digital: 188432, sirve de apoyo a lo anterior: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. Ahora bien, en el caso, el actuar de las autoridades responsables, resulta ser inconstitucional en sí mismo; pues fue emitido contrario a derecho. En efecto, las autoridades administrativas están facultadas para practicar visitas de verificación con la finalidad de comprobar obligaciones legales en el ámbito de sus respectivas competencias; así, en materia de construcción, podrán inspeccionar y verificar que todas las construcciones que se realicen en su jurisdicción, se ejecuten con estricto apego a los proyectos correspondientes y dentro de las normas que la técnica de la construcción establece, y en su caso, ordenar y ejecutar la demolición de construcciones, determinar las cantidades que deberán cubrirse por derechos de licencias y por uso de servicios, e incluso, imponer las sanciones a que se hagan acreedores los infractores. En específico, conforme al artículo 186, fracción II, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, es facultad de los Ayuntamientos llevar a cabo visitas de verificación con la finalidad de comprobar obligaciones en el ámbito de competencia; en particular, en materia de construcción podrán inspeccionar y verificar que todas las construcciones que se realicen en su jurisdicción, se ejecuten con estricto apego a la normativa en la materia. Sirve de apoyo a lo, la jurisprudencia 2a./J. 175/2011 (9a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3545, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 160386, Décima Época, de rubro y texto: ORDEN DE VERIFICACIÓN. SU OBJETO. En concordancia con lo que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 59/97, de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO."; se afirma que como la orden de verificación es un acto de molestia, para llevarla a cabo debe satisfacer los requisitos propios de la orden de visita domiciliaria, de entre los que destaca el relativo a la precisión de su objeto, el cual ha de entenderse no sólo como un propósito o un fin que da lugar a la facultad verificadora de la autoridad correspondiente, sino también como una cosa, elemento, tema o materia; es decir, el objeto de una orden de verificación constituye la delimitación del actuar de la autoridad, a fin de determinar dónde empezarán y dónde terminarán las actividades que ha de realizar durante la verificación correspondiente, dado que la determinación del objeto configura un acto esencial para la ejecución de las facultades de inspección de la autoridad fiscalizadora, pues tiende a especificar la materia de los actos que ejecutará; luego, para que la autoridad hacendaria cumpla ese deber, es necesario que en la orden de verificación respectiva precise el rubro a inspeccionar y su fundamento legal, a fin de que la persona verificada conozca las obligaciones a su cargo que van a revisarse, en acatamiento a la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en el caso, las autoridades responsables infringieron el principio de legalidad; pues, los hechos que la motivaron no existieron, lo que implica que sin causa fundada emitieron la orden número 4454, de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en la que se señaló que su objeto sería la inspección y requerimiento de documentos con motivo de la ejecución de una obra o construcción que, según se señaló, se realiza en el inmueble a inspeccionar. En específico, se precisó que la finalidad era verificar que en la obra en construcción se contara con la siguiente documentación: documento que acredite la propiedad; licencia de construcción vigente; constancia de alineamiento; constancia de uso de suelo; licencia para la ocupación de vía pública y con material para la construcción; y que la construcción se lleve a acabo de acuerdo al proyecto autorizado (foja 76). No obstante, es un hecho no controvertido, que el nueve de agosto de dos mil veintitrés, la quejosa no estaba realizando ninguna obra o construcción, pues así se advierte de las manifestaciones formuladas, bajo protesta de decir verdad, y que par mayor ilustración se transcriben: "(.) TERCERO.- Pero resulta que el día 8 de agosto del año 2023, cuando eran aproximadamente las trece horas del día, mi poderdante que se encontraba en el interior de su inmueble haciendo labores de limpieza, se le acercaron varias personas quienes se identificaron como trabajadores del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, quienes le ordenaron que se saliera de su inmueble ya que no tenía ningún derecho de estar en el mismo y mucho menos de realizar labores de limpieza y que si no se salía en ese momento iban hacer uso de la policía municipal quienes entrarían a sacarla del mismo, por lo que una vez que mi poderdante les mostro la documentación con la que acreditaba su propiedad, el personal del municipio se retiró. No obstante, mi poderdante con la finalidad de continuar con la limpia de su terreno cuando eran aproximadamente las 10:00 horas del día de ayer 9 de agosto del afio en curso (2023), y al pretender entrar a su inmueble se dio cuenta que el en portón de su entrada mismo que es de estructura metálica de rejas color verde se encontraban pegados TRES SELLOS con la leyenda de "OBRA SUSPENDIDA", y UN SELLO pegado en el muro de concreto de dicho inmueble, todos emitidos con el número de orden de suspensión 4454 y suscritos por el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, sin que hasta este momento le haya sido notificado o emplazado el acto privativo que motivo dicha orden de suspensión por parte de las autoridades responsables. (.)" Hecho que corroboraron las autoridades, al rendir su informe justificado, pues manifestaron que los hechos que motivaron la emisión de la orden de verificación que concluyó con la imposición de los sellos "de suspensión de obra", fue la realización de trabajos de limpieza por parte de la quejosa; tal como se observa de la siguiente transcripción: "(.) ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO. Toda vez que, estas autoridades, con fecha 09 de agosto, realizamos la suspensión de la obra a la que hace referencia la quejosa, en atención a que, el día 08 de agosto del presente año, cuando la quejosa, se encontraba hacienda trabajos de limpieza, se presentaron integrantes del comité de la colonia Noche Buena a interrumpir los trabajos de limpieza que estaba realizando la quejosa en el inmueble al que hace referencia, argumentando(.) Por tal motivo, el día 09 de agosto, procedimos a suspender los trabajos y se colocaron sellos de suspensión en las puertas, para que ninguna de las partes entrara, mediante se resuelva mediante la instancia correspondiente dicho conflicto, toda vez que ambas partes dicen ser propietarias del inmueble. (.)" Como se observa, la emisión de la orden tuvo sustento en la ejecución de una obra o construcción, no obstante, los hechos que le dieron origen fue que la quejosa se encontraba realizando trabajos de limpieza en el inmueble, no una obra o construcción. En ese contexto, se estima que los subsecuentes actos, como fue la posición de los sellos, sin que además exista constancia que demuestre que se notificó dicha orden a la quejosa y se levantó un acta circunstanciada, devienen inconstitucionales. En efecto, la responsable, motu proprio, decidió emitir la orden de inspección -sin tener justificación legal alguna- y, enseguida fijar los sellos, sin dar a conocer a la quejosa el acto de molestia, ni darle oportunidad de defenderse y alegar lo que a su derecho conviniere, previo a fijar los sellos, que le impedían el acceso a su inmueble. Efectivamente, sin entender la diligencia con persona alguna, sin levantar el acta circunstanciada respectiva, y sin expresar motivo alguno decidieron colocar sellos con la leyenda "obra suspendida", tanto en la puerta de acceso como en las bardas de dicho predio. Se insiste, las autoridades responsables al rendir su informe justificado señalaron que realizaron la suspensión de la obra, en atención a que el ocho de agosto del año en curso, cuando la quejosa se encontraba realizando trabajos de limpieza en el inmueble que refiere es de su propiedad y materia del presente asunto, se presentaron ante ellas los integrantes del comité de la colonia Noche Buena a interrumpir tales trabajos, bajo el argumento que ese predio es parte de la colonia Noche Buena, quienes le refirieron que ese inmueble está señalado como "planta de aguas negras GEO"; derivado de ese conflicto, afirmaron, el nueve de agosto siguiente, procedieron a suspender los trabajos y colocaron sellos de suspensión en las puertas del inmueble que aquí defiende la quejosa; lo que denota que la orden de inspección y colocación de sellos no tiene sustento en la construcción o ejecución de obra alguno, por lo que la responsable, al proceder en esos términos excedió sus facultades legales. A mayor abundamiento, debe señalarse que la citada orden se fundamentó en disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca; sin embargo, ésta fue abrogada mediante decreto 2084, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se creó la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca. Aunado a lo anterior, de la orden de inspección de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se advierte, se suspendió la obra sin precisarse cuál fue la infracción cometida por la hoy quejosa, siendo una razón más para determinar que dicho acto es violatorio de sus derechos humanos. En esa medida, es claro que los actos reclamados son inconstitucionales en sí mismos; de ahí que no se hayan cumplido con el principio de legalidad contemplada en el artículo 16 Constitucional, por lo que es innegable que se le dejó en estado de indefensión, vulnerando sus derechos humanos. En las relatadas consideraciones, y al ser el acto reclamado violatorio del derecho fundamental de legalidad, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y dentro del término de tres días, siguientes a su notificación, el Director de Desarrollo Urbano, e Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, dentro del ámbito de su respectiva competencia, realicen lo siguiente: Dejen insubsistente la orden de inspección 4454, de nueve de agosto de dos mil veintitrés, y en su caso, el acta circunstanciada que se haya levantado. Como consecuencia de ello, retiren los sellos colocados en el inmueble objeto de la misma. La referida concesión, no limita las facultades de las autoridades responsables en materia de inspección para verificar el cumplimiento de obligaciones a cargo de los particulares; sin embargo, deberán ceñirse a lo que establece la ley que las rige. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, a través de su apoderada legal ******************** respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado y a las autoridades precisadas en el considerando segundo, en atención a las razones expresadas y para los efectos señalados en el diverso ÚLTIMO de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Ampliación de demanda. Agréguese a los presentes autos el escrito de Elizabeth de los Ángeles Bautista Reyes, apoderada legal de Margarita Santiago Cruz, parte quejosa en este juicio de amparo, por medio del cual pretende ampliar su demanda de amparo respecto de las autoridades responsables siguientes: Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán. Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán. De quienes, reclama: "1. La omisión de expedir la licencia de obra menor de barda de delimitación 60 (ml) por 2.50 metro de altura, otorgamiento de número oficial, uso de suelo y alineamiento, en relación al inmueble propiedad de mi poderdante, ubicado en calle camino del Horno número 176, colonia Noche Buena, jurisdicción municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca. 2. Reclamo la omisión de notificarme la licencia de obra menor de barda de delimitación 60 (ml) por 2.50 metros de altura, otorgamiento de número oficial, uso de suelo habitacional por superficie de predio y alineamiento de predio, en relación al inmueble propiedad de mi poderdante, ubicado en calle Camino del Horno número 176, colonia Noche Buena, jurisdicción municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, mismas que serían entregadas en un plazo no mayor a 10 días." Ahora, este órgano jurisdiccional considera no tener por ampliada la demanda de amparo, en razón a que no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el artículo 111 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados en el presente asunto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de las Autoridades Responsables en su doble carácter, las órdenes verbales y/o escritas que sin motivo alguno que han girado, consistentes en la imposición de sellos con la leyenda "OBRA SUSPENDIDA"I prohibiendo totalmente a mi poderdante del acceso al inmueble que tiene en posesión y propiedad. [.] Reclamo de las Autoridades Responsable en su doble carácter, las órdenes verbales o escritas que han girado para que se prive a mi poderdante de realizar las actividades correspondientes a la construcción de obra menor, respecto de una barda de limitación, no obstante que mi representada, ya realizó el pago correspondiente por dicho derecho,. [.] La falta e ilegal citación, notificación, correr traslado y emplazamiento del procedimiento administrativo que se forma en el inmueble propiedad de mi poderdante con número oficial 176 (CIENTO SETENTA Y SEIS), DE LA CALLE CAMINO DEL HORNO, EN JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, por las autoridades responsables en su carácter de ordenadoras, así como también la falta de citación y notificación de todas y cada una de las audiencias de ley, acuerdos, requerimientos, plazos, términos, Ilevados a cabo dentro del procedimiento administrativo que se formó respecto de dicho domicilio; cuya falta, defectos y omisiones en el emplazamiento y notificación me impidieron tener conocimiento de un procedimiento administrativo. Reclamo de las Autoridades Responsables en su doble carácter, el respeto irrestricto al derecho de posesión del bien inmueble del cual mi poderdante es propietaria y poseedora, con la finalidad que no se perturbe de la propiedad y posesión del bien inmueble que ya he descrito en los puntos anteriores." Con lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que los actos reclamados en su escrito de ampliación de demanda, no guardan estrecha relación con los actos primigenios, en atención a que los actos se encuentran desvinculados entre sí. Orienta a la anterior determinación, la tesis I.14o.T.2 K (10a.), del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1434, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ESTRECHA RELACIÓN", PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA". Así, como la jurisprudencia P./J. 15/2003, registro digital 183932, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, julio de 2003, página 12, novena época, cuyo rubro es: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. En ese sentido, toda vez que el escrito de ampliación de la demanda de amparo no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, al no guardar estrecha relación con el presente asunto, previa copia certificada que se deje en autos, remítase el escrito de ampliación de cuenta con sus copias, como demanda independiente, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, para que lo turne a este órgano jurisdiccional como un nuevo asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 7/2020 (10a.), registro 2022181, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 5, de rubro siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se estima que no puede llevarse a cabo toda vez que por auto de ocho de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por el Presidente Municipal por sí y a nombre del Ayuntamiento, Director de Desarrollo Urbano, Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano; Regidora de Hacienda, Coordinadora de Agencias, Colonias y Barrios; Coordinadora de Catastro y Directora de Obras, todos del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan y manifiesten lo que a su interés convenga respecto de su contenido. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y, en su lugar, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales procedentes, los oficios del Presidente Municipal por sí y a nombre del Ayuntamiento, Director de Desarrollo Urbano, Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano; Regidora de Hacienda, Coordinadora de Agencias, Colonias y Barrios; Coordinadora de Catastro y Directora de Obras, todos del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, mediante los cuales rinden su informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con ellos al momento de celebrar la audiencia constitucional. pruebas. Con fundamento del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhiben las autoridades responsables Presidente Municipal, Director de Desarrollo Urbano e Inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Delegados y domicilio. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades oficiantes designando como sus delegados a las personas que indican y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señalan. Ahora, tomando en consideración que en el incidente de suspensión que deriva del presente asunto, se aprecia que mediante determinación de veintiuno de agosto de la actual anualidad, se dio vista a la parte quejosa con la manifestación de inexistencia de la autoridad señalada como "Síndico Segundo Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán", y, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, se dejaría de tener como autoridad responsable en esa incidencia. Como dicha determinación, fue notificada a la parte quejosa el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el término de tres días, transcurrió del veintiocho al treinta de agosto del año que discurre, razón por la cual, mediante interlocutoria de cinco de septiembre del año en curso, se tuvo por inexistente a la misma. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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