Margarita Sánchez Pérez
Expediente 206/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/05/2023
Partes del expediente
- Margarita Sánchez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron recurso de inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido. En acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto, 7.1.1, numeral 1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se otorgó el amparo solicitado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de abril de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio suscrito por el representante legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual remite copia del oficio ******************** de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, así como, la constancia de notificación de diez de abril de dos mil veintitrés practicada a la quejosa, con el que aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a sus intereses convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta fundada y motivada, respecto del escrito de aceptación de pensión presentado por la parte quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós; asimismo, de ser procedente, deberá emitir el calendario de pagos respectivo, a efecto de que la parte quejosa pueda recibir el pago de la pensión a que tiene derecho. Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud a la parte quejosa. Asimismo, se hace del conocimiento a la responsable que deberá acatar la sentencia de amparo en el improrrogable término que se otorga en este auto, en caso de que la misma estime correcto emitir el cumplimiento en el turno que internamente le corresponda dadas las cargas de trabajo que pudiera tener, se entenderá como un retardo injustificado, traduciéndose en un desacato en el cumplimiento de la sentencia, lo que traería como consecuencia la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Sin que ello implique que con motivo de la presente concesión, la autoridad responsable esté vinculada a responder favorablemente a los intereses del solicitante, pues únicamente está constreñida a dar respuesta en forma congruente con lo planteado por el peticionario. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de su titular, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los citados numerales; también se le apercibe que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Asimismo, se requiere al superior jerárquico de la responsable, es decir al Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del término tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acredite ante este juzgado haber emitido las gestiones u órdenes a las mencionadas para que acaten en sus términos el presente proveído. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de la requerida una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, ello con fundamento en los artículos 192 y 258 de la legislación de la materia. En el entendido de que el superior jerárquico de las autoridades requeridas, para cumplir lo anterior, deberá tomar en cuenta la jurisprudencia I.9º.A J/3, de Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Marzo de 2014, página 1380, que menciona siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.
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S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 206/2023-IIIB; y, R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el diez de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y el acto reclamado siguiente: "III. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: A).- COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. B).- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. IV. ACTO RECLAMADO: 1).- De las tres Autoridades señaladas como Responsables reclamo la OMISIÓN, SIN FUNDAMENTO, NI MOTIVO, DE REALIZAR EL PAGO DE MI PENSIÓN POR JUBILACIÓN, pensión que ya fue declarada procedente por el propio INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS según dictamen ********************, de fecha diecinueve (19) de julio de dos mil diecinueve (2019), emitido en Sesión Ordinaria del Comité de Pensiones número 720, y a pesar de haber cumplido con todos los trámites administrativos y documentación requerida." Por estimarlos, en esencia, violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 8° y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 206/2023-IIIB, por auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda y únicamente se admitió respecto del "Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios", se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclama un acto de naturaleza omisiva que no precisa ejecución material. SEGUNDO. Fijación del Acto Reclamado y Autoridad Responsable. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "Demanda de amparo. Debe ser interpretada en su integridad." y la tesis de rubro "Actos reclamados. Reglas para su fijación clara y precisa en la sentencia de amparo." De la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito de aceptación del dictamen de pensión que presentó el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por jubilación. TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "Informe Justificado Afirmativo. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las documentales exhibidas por la parte quejosa adjuntas a su escrito de demanda, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "Documentos Públicos, Concepto de, y Valor Probatorio. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del principio de definitividad. La autoridad responsable al rendir su informe de ley invocó la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, a través del juicio contencioso administrativo, con sustento en el ordinal 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Esta es infundada. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto legal reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; esto es, el principio de definitividad. Asimismo, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la especie, el acto reclamado, consiste en la omisión de dar contestación al escrito de aceptación del dictamen de pensión que presentó ante la responsable el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por jubilación. Ahora bien, de conformidad con el marco normativo expuesto, se estima que el acto reclamado antes señalado sí se encuentra en la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que dicha porción normativa es clara al establecer que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, pues en el caso se reclaman actos relacionados con la omisión de dar respuesta a una petición efectuada, como violación directa al derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, en razón de que no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de amparo, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución General, pues es suficiente que la parte quejosa sencillamente "alegue" que se cometió una infracción directa a la Constitución Federal para que, por ese simple hecho, quede exceptuada la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de derechos fundamentales, ya que cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, a efecto de garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; de ahí lo infundado de la causa de improcedencia que se hace valer. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época volumen 175-180, Tercera parte, página 119 y registro digital 237480, de texto siguiente: "Recursos ordinarios. No es necesario agotarlos cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Consecuentemente, al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer o advertidas de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de Violación. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, de rubro siguiente: "Conceptos de violación o agravios. Para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en esencia, aduce la violación a sus garantías contenidas en el artículo 8° de la Constitución General de la República, ya que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su petición formulada el ********************, en donde se aceptó la pensión emitida en el dictamen respectivo y como consecuencia de ello, la falta en el pago de la misma. Dicho concepto de violación, es fundado, puesto que, como lo aduce la parte quejosa, el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, que la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del artículo trascrito, derivan ciertos elementos del derecho de petición, siendo los siguientes: Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta de la autoridad. La contestación de la autoridad deberá hacerlo en breve término a quien lo solicitó. Entonces, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, siguiente: "Petición. La existencia de este derecho como garantía individual para su salvaguarda a través del Juicio de Amparo requiere que se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". (Época: Novena Época; Registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126) De lo anterior, se deduce que el artículo 8° Constitucional, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: Dar contestación por escrito; y Que se realice en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Por otra parte, los artículos 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio; 75, párrafo segundo y 96 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; así como el Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en lo que interesa, disponen: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva. (...)" "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." Artículo 96. El Instituto cubrirá puntualmente el pago de las pensiones y podrá determinar o modificar los procedimientos de pago a los pensionados y pensionistas." "207C0401520101L DEPARTAMENTO DE PENSIONES OBJETIVO: Realizar las acciones relacionadas con la determinación de las prestaciones de pensiones, seguro por fallecimiento y estímulo por permanencia en el servicio, otorgadas por el Instituto, derivadas del sistema solidario de reparto. FUNCIONES: - Aplicar los incrementos del monto diario de pensión aprobados por el Consejo Directivo, conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. - Calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones y estímulo por permanencia en el servicio, así como aplicar el monto autorizado por el Consejo Directivo para el pago del seguro por fallecimiento. - Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las sentencias o requerimientos de las autoridades judiciales o administrativas para su debido cumplimiento. - Mantener actualizadas las bases de datos de pensiones y de seguros por fallecimiento, para el control de los beneficios otorgados. - Ejecutar las acciones relacionadas con el otorgamiento de pensiones, verificando que el cálculo de los montos diarios se realice conforme a los parámetros establecidos. - Elaborar el informe de las actividades que realiza el Comité de Pensiones para el conocimiento del Consejo Directivo. - Revisar que las solicitudes recibidas en el departamento cumplan con los requisitos establecidos por la legislación de seguridad social para el otorgamiento de la prestación. - Verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pensiones, seguros por fallecimiento y estímulos por permanencia en el servicio. - Verificar que se realicen los registros de supervivencia, altas, bajas y cambios realizados en la nómina de pensionadas y pensionados y pensionistas, a fin de controlar la procedencia de los pagos que el Instituto eroga quincenalmente por este rubro. - Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que aquí interesa, que es al Instituto a quien corresponde pagar de manera puntual las pensiones otorgadas, actividad que, deberá efectuarse por conducto del Departamento de Pensiones, quien cuenta con un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto a la solicitud planteada y, para el supuesto de que no se haya otorgado la pensión otorgada, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión correspondiente. En el presente asunto, como lo acredita la parte quejosa con la copia del acuse de recibo de la aceptación de pensión de ********************; se advierte que realizó una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en donde solicitó el pago de la pensión contenida en el dictamen respetivo, del cual se evidencia que a la emisión del presente fallo ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días que establecen las legislaciones citadas con antelación; sin embargo, no se aprecia que se haya emitido una respuesta por parte de la autoridad responsable. Por tanto, si la citada responsable ha sido omisa en dar contestación a la petición realizada por la parte quejosa; es evidente que con dicho actuar se transgrede lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su aplicación, se cita la jurisprudencia P./J. 113/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, página 5, cuya literalidad es: "Justicia, acceso a la. La potestad que se otorga al legislador en el artículo 17 de la constitución general de la república, para fijar los plazos y términos conforme a los cuales aquélla se administrará no es ilimitada, por lo que los presupuestos o requisitos legales que se establezcan para obtener ante un tribunal una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrar justificación constitucional. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En este orden, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo para el efecto de que el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios realice lo siguiente: De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta fundada y motivada, respecto del escrito de aceptación de pensión presentado por la parte quejosa el ********************; asimismo, de ser procedente, deberá emitir el calendario de pagos respectivo, a efecto de que la parte quejosa pueda recibir el pago de la pensión a que tiene derecho. Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud a la parte quejosa. Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no basta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia no medie el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución. **
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