Margarita Salas Velasco
Expediente 1112/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1112/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Margarita Salas Velasco
- Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercero interesada el proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a MARGARITA SALAS VELASCO, en representación de su menor hijo de identidad resguardada de iniciales O.J.S., para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 181/2021. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: I. Reiterar las consideraciones relativas a la necesidad del menor acreedor, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho. II. Establecer si los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por justificados con las documentales aportadas por éste. III. Debe abstenerse de considerar que se trata de hechos notorios (gastos personales) que no requieren probarse para reducir el porcentaje de la pensión. IV. Abstenerse de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, dado que ello se contrapone con la conclusión en el sentido que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de doce de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo antes expuesto, resulta idóneo al obrar en autos el oficio 5951/2023, del cual se desprende la orden del Juez de lo Familiar de turnar lo autos del Juicio de Ordinario Civil 181/2021-VI, a fin de resolver el recurso intentado por el padre del menor, previo dejar sin efectos la determinación de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la cual modificó el porcentaje destinado a los alimentos del infante. Posteriormente, se recibió el oficio número 6136/2023, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, con el cual remitió copia certificada de la resolución de veinte de junio de dos mil veintitrés, de la cual se advierte que declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la parte tercera interesada Uriel Jiménez Salas en contra de la pensión provisional fijada en autos cuatro de febrero de dos mil veintiuno, consistente en 30% (treinta por ciento) por lo que procedió a confirmar dicho concepto en su totalidad. Lo anterior, tomando en consideración únicamente los documentos aportados por la partes del juicio ordinario civil 181/2021-VI, en términos del artículo 210 del Código Procesal Civil del Estado, considerando la prontitud con la que debe resolverse dicho medio de defensa. Asimismo, analizó lo manifestado por el reclamante respecto a su inconformidad de la medida impuesta como pensión provisional, en el sentido que los alimentos debe ser cubierto por ambos progenitores, sin embargo a estudio del artículo 2354 del Código Sustantivo Civil, determinó que el infante se encuentra viviendo con la aquí quejosa por lo que de esa manera la actora le brinda los cuidados y atenciones indispensables. Igualmente, puntualizó los requisitos establecidos en el numeral 242 del citado cuerpo normativo destacando los alimentos reclamados por la madre del infante de iniciales O.J.S., se encuentran justificado de forma provisional, tomando en consideración el acta de nacimiento del menor, quedando demostrado el vínculo del padre e hijo entre el deudor y el acreedor alimentario. Seguidamente, analizó de la capacidad económica del padre del menor a fin de sufragar los alimentos reclamados, dejando de manifiesto que en autos del juicio primigenio se encuentra acreditada concediendo valor probatorio a lo manifestado en su escrito de contestación de demanda, así como en su escrito de reclamación, esto en términos del arábigo 320 del Código Procesal Civil. En ese sentido, concluyó que los agravios expuestos por el reclamante resultaron improcedentes, toda vez que la medida provisional se estableció considerando los hechos narrados por la madre del menor, así como los medios de pruebas ofertados, en términos del artículo 210 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, esto es, quedó demostrado el vínculo filial entre el deudor alimentario y el menor, así como la capacidad económica para proporcionar los alimentos. De igual modo, el Juez de lo Civil consideró insuficiente el argumento encaminado al cumplimiento voluntario que realiza el padre del menor de manera regular con su obligación de dar alimentos, circunstancia que no demostró; además, al ser ésta de orden público, las necesidades básicas de aquéllos son de tracto sucesivo y se van generando de momento a momento, de modo que tiene la obligación de continuar proporcionándolos. En relación a lo argumentado por el reclamante en el sentido de que genera gastos propios a fin de subsistir y solventar sus necesidades básicas, se declaró improcedente, la resulta ser omiso en acreditar los gastos que manifestó tener; toda vez que no señaló a cuánto ascienden sus gastos totales y sus percepciones laborales, al no exhibir medio de convicción alguno que así lo demuestre, por lo anterior, destacó que no se encuentra acreditado el estado de insolvencia económica y que el porcentaje decretado sea elevado, por lo que consideró confirmar el monto de la pensión provisional fijado en 30% (treinta por ciento) en términos del artículo 239 y 242 del Código Civil del Estado. En las relatadas consideraciones, se desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo, se formalizaron con el actuar del Juez de lo Familiar al dejar sin efectos la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, y resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación planteado por padre del menor involucrado, así como al sustentar su determinación de manera fundada y motivada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data doce de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, seis de julio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en autos del juicio de amparo 1112/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, seis de julio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a MARGARITA SALAS VELASCO, en representación de su menor hijo de identidad resguardada de iniciales O.J.S., para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 181/2021. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: I. Reiterar las consideraciones relativas a la necesidad del menor acreedor, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho. II. Establecer si los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por justificados con las documentales aportadas por éste. III. Debe abstenerse de considerar que se trata de hechos notorios (gastos personales) que no requieren probarse para reducir el porcentaje de la pensión. IV. Abstenerse de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, dado que ello se contrapone con la conclusión en el sentido que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de doce de junio de dos mil veintitrés, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo antes expuesto, resulta idóneo al obrar en autos el oficio 5951/2023, del cual se desprende la orden del Juez de lo Familiar de turnar lo autos del Juicio de Ordinario Civil 181/2021-VI, a fin de resolver el recurso intentado por el padre del menor, previo dejar sin efectos la determinación de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la cual modificó el porcentaje destinado a los alimentos del infante. Posteriormente, se recibió el oficio número 6136/2023, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, con el cual remitió copia certificada de la resolución de veinte de junio de dos mil veintitrés, de la cual se advierte que declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la parte tercera interesada Uriel Jiménez Salas en contra de la pensión provisional fijada en autos cuatro de febrero de dos mil veintiuno, consistente en 30% (treinta por ciento) por lo que procedió a confirmar dicho concepto en su totalidad. Lo anterior, tomando en consideración únicamente los documentos aportados por la partes del juicio ordinario civil 181/2021-VI, en términos del artículo 210 del Código Procesal Civil del Estado, considerando la prontitud con la que debe resolverse dicho medio de defensa. Asimismo, analizó lo manifestado por el reclamante respecto a su inconformidad de la medida impuesta como pensión provisional, en el sentido que los alimentos debe ser cubierto por ambos progenitores, sin embargo a estudio del artículo 2354 del Código Sustantivo Civil, determinó que el infante se encuentra viviendo con la aquí quejosa por lo que de esa manera la actora le brinda los cuidados y atenciones indispensables. Igualmente, puntualizó los requisitos establecidos en el numeral 242 del citado cuerpo normativo destacando los alimentos reclamados por la madre del infante de iniciales O.J.S., se encuentran justificado de forma provisional, tomando en consideración el acta de nacimiento del menor, quedando demostrado el vínculo del padre e hijo entre el deudor y el acreedor alimentario. Seguidamente, analizó de la capacidad económica del padre del menor a fin de sufragar los alimentos reclamados, dejando de manifiesto que en autos del juicio primigenio se encuentra acreditada concediendo valor probatorio a lo manifestado en su escrito de contestación de demanda, así como en su escrito de reclamación, esto en términos del arábigo 320 del Código Procesal Civil. En ese sentido, concluyó que los agravios expuestos por el reclamante resultaron improcedentes, toda vez que la medida provisional se estableció considerando los hechos narrados por la madre del menor, así como los medios de pruebas ofertados, en términos del artículo 210 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, esto es, quedó demostrado el vínculo filial entre el deudor alimentario y el menor, así como la capacidad económica para proporcionar los alimentos. De igual modo, el Juez de lo Civil consideró insuficiente el argumento encaminado al cumplimiento voluntario que realiza el padre del menor de manera regular con su obligación de dar alimentos, circunstancia que no demostró; además, al ser ésta de orden público, las necesidades básicas de aquéllos son de tracto sucesivo y se van generando de momento a momento, de modo que tiene la obligación de continuar proporcionándolos. En relación a lo argumentado por el reclamante en el sentido de que genera gastos propios a fin de subsistir y solventar sus necesidades básicas, se declaró improcedente, la resulta ser omiso en acreditar los gastos que manifestó tener; toda vez que no señaló a cuánto ascienden sus gastos totales y sus percepciones laborales, al no exhibir medio de convicción alguno que así lo demuestre, por lo anterior, destacó que no se encuentra acreditado el estado de insolvencia económica y que el porcentaje decretado sea elevado, por lo que consideró confirmar el monto de la pensión provisional fijado en 30% (treinta por ciento) en términos del artículo 239 y 242 del Código Civil del Estado. En las relatadas consideraciones, se desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo, se formalizaron con el actuar del Juez de lo Familiar al dejar sin efectos la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, y resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación planteado por padre del menor involucrado, así como al sustentar su determinación de manera fundada y motivada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data doce de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a MARGARITA SALAS VELASCO, en representación de su menor hijo de identidad resguardada de iniciales O.J.S., para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 181/2021. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: I. Reiterar las consideraciones relativas a la necesidad del menor acreedor, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho. II. Establecer si los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por justificados con las documentales aportadas por éste. III. Debe abstenerse de considerar que se trata de hechos notorios (gastos personales) que no requieren probarse para reducir el porcentaje de la pensión. IV. Abstenerse de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, dado que ello se contrapone con la conclusión en el sentido que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de doce de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo antes expuesto, resulta idóneo al obrar en autos el oficio 5951/2023, del cual se desprende la orden del Juez de lo Familiar de turnar lo autos del Juicio de Ordinario Civil 181/2021-VI, a fin de resolver el recurso intentado por el padre del menor, previo dejar sin efectos la determinación de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la cual modificó el porcentaje destinado a los alimentos del infante. Posteriormente, se recibió el oficio número 6136/2023, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, con el cual remitió copia certificada de la resolución de veinte de junio de dos mil veintitrés, de la cual se advierte que declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la parte tercera interesada Uriel Jiménez Salas en contra de la pensión provisional fijada en autos cuatro de febrero de dos mil veintiuno, consistente en 30% (treinta por ciento) por lo que procedió a confirmar dicho concepto en su totalidad. Lo anterior, tomando en consideración únicamente los documentos aportados por la partes del juicio ordinario civil 181/2021-VI, en términos del artículo 210 del Código Procesal Civil del Estado, considerando la prontitud con la que debe resolverse dicho medio de defensa. Asimismo, analizó lo manifestado por el reclamante respecto a su inconformidad de la medida impuesta como pensión provisional, en el sentido que los alimentos debe ser cubierto por ambos progenitores, sin embargo a estudio del artículo 2354 del Código Sustantivo Civil, determinó que el infante se encuentra viviendo con la aquí quejosa por lo que de esa manera la actora le brinda los cuidados y atenciones indispensables. Igualmente, puntualizó los requisitos establecidos en el numeral 242 del citado cuerpo normativo destacando los alimentos reclamados por la madre del infante de iniciales O.J.S., se encuentran justificado de forma provisional, tomando en consideración el acta de nacimiento del menor, quedando demostrado el vínculo del padre e hijo entre el deudor y el acreedor alimentario. Seguidamente, analizó de la capacidad económica del padre del menor a fin de sufragar los alimentos reclamados, dejando de manifiesto que en autos del juicio primigenio se encuentra acreditada concediendo valor probatorio a lo manifestado en su escrito de contestación de demanda, así como en su escrito de reclamación, esto en términos del arábigo 320 del Código Procesal Civil. En ese sentido, concluyó que los agravios expuestos por el reclamante resultaron improcedentes, toda vez que la medida provisional se estableció considerando los hechos narrados por la madre del menor, así como los medios de pruebas ofertados, en términos del artículo 210 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, esto es, quedó demostrado el vínculo filial entre el deudor alimentario y el menor, así como la capacidad económica para proporcionar los alimentos. De igual modo, el Juez de lo Civil consideró insuficiente el argumento encaminado al cumplimiento voluntario que realiza el padre del menor de manera regular con su obligación de dar alimentos, circunstancia que no demostró; además, al ser ésta de orden público, las necesidades básicas de aquéllos son de tracto sucesivo y se van generando de momento a momento, de modo que tiene la obligación de continuar proporcionándolos. En relación a lo argumentado por el reclamante en el sentido de que genera gastos propios a fin de subsistir y solventar sus necesidades básicas, se declaró improcedente, la resulta ser omiso en acreditar los gastos que manifestó tener; toda vez que no señaló a cuánto ascienden sus gastos totales y sus percepciones laborales, al no exhibir medio de convicción alguno que así lo demuestre, por lo anterior, destacó que no se encuentra acreditado el estado de insolvencia económica y que el porcentaje decretado sea elevado, por lo que consideró confirmar el monto de la pensión provisional fijado en 30% (treinta por ciento) en términos del artículo 239 y 242 del Código Civil del Estado. En las relatadas consideraciones, se desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo, se formalizaron con el actuar del Juez de lo Familiar al dejar sin efectos la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, y resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación planteado por padre del menor involucrado, así como al sustentar su determinación de manera fundada y motivada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data doce de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, de autos se advierte que en proveído de dieciséis de junio del año en curso, se reservó dar vista respecto de lo informado por el Juez responsable, hasta en tanto remitiera las constancias que acreditaran el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual ya aconteció. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta con registro 10223, así como con el oficio con registro 9819, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.
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