Margarita Rosales López

Expediente 2019/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2019/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Margarita Rosales López

Actuaciones

  1. Principal

    Tramítese el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1406/2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 138, 140 y 147 de la Ley de Amparo. Informes previos. Pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo en el término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que reciban el oficio de notificación correspondiente; enviándoles para ese efecto, copia simple de la demanda de amparo. Apercíbase a las citadas autoridades que, en caso de no hacerlo dentro del lapso señalado, se presumirá cierto el acto que se les atribuye y se harán acreedoras a la imposición de una corrección disciplinaria, consistente en una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Se autoriza recepción de informes a través de correo electrónico. Por otro lado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través de correo electrónico a la dirección oficial de este órgano jurisdiccional, que es: 2jdo6ctocaljf@correo.cjf.gob.mx En el entendido de que deberá constar plenamente identificado en el correo electrónico, el nombre de este juzgado, el expediente al que va dirigida la comunicación, la dependencia remitente, el nombre completo de la persona que remite el correo, el número de oficio al que dan contestación o la fecha del acuerdo o actuación a la que se refieren, así como los demás datos necesarios para la plena identificación de la comunicación oficial correspondiente. Fecha de la audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia incidental. Suspensión provisional. Previamente a pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada se precisa lo siguiente: Autoridades responsables: Actos reclamados: 1. Síndico Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla. La orden verbal de suspensión temporal sin existir una resolución del procedimiento administrativo. La orden de suspensión de salario y de servicio de seguridad social por tiempo indeterminado. 2. Contralor Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla. La orden de suspensión temporal con carácter preventivo de cinco de junio de dos mil veintitrés, del empleo o cargo, haberes, sueldos a que tiene derecho como policía preventivo, sin goce de sueldo, emitida en el expediente ********************. La orden de suspensión de salario y del servicio de seguridad social por tiempo indeterminado. 3. Autoridad substanciadora del Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla. Acatamiento o ejecución de las citadas ordenes de suspensión temporal. La parte quejosa solicitó la suspensión provisional para el efecto de que: ".sin que se lleve a cabo la ejecución de mi cese el impedimento ilegal e inconstitucional y suspender la relación laboral por suspensión temporal, hasta en tanto se resuelva en definitiva el amparo solicitado y de forma específica para que no sea objeto de imposición de actuaciones ilegales por parte de las autoridades responsables, hasta la total terminación del juicio que se promueve. Así mismo con la suspensión ordenar a las responsables, se mantengan las cosas en su estado en que se encuentran, es decir en mantenerme en mi cargo de policía preventivo municipal, en mi centro de trabajo, H. Ayuntamiento de Hueyapan Puebla, sin ser rescindido, removido, cesado, suspendido, despedido, revocado, o puesto a disposición hasta en tanto y cuanto no se resuelva en definitiva el presente juicio de garantías. Asimismo suspender la orden de retención ilegal de mi salario, Y suspender la orden DE PRIVARME DE MI SEGURIDAD SOCIAL." Por lo que se provee: Negativa de la suspensión provisional Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la orden de suspensión temporal con carácter preventivo de cinco de junio de dos mil veintitrés, del empleo o cargo, haberes, sueldos a que tiene derecho como policía preventivo, sin goce de sueldo, emitida en el expediente ********************, es indispensable determinar, si en la especie, se actualizan los requisitos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión en el incidente de suspensión 1/2015, señaló que para conceder la suspensión en el juicio de amparo se requiere: Que la parte quejosa solicite la suspensión de los actos reclamados respectivos. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos reclamados cuya paralización se solicita. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. Que la suspensión no vulnere disposiciones de orden público, ni contravenga el interés social. Llevar a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Tales criterios resultan aplicables, en lo conducente, para resolver la suspensión provisional. En el presente asunto, lo previsto en el punto uno está cabalmente satisfecho, ya que en el escrito de demanda la parte quejosa solicitó la medida cautelar. El punto dos consistente en que haya certidumbre de los actos reclamados, se tiene por acreditado con la manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa. En lo que respecta al tercero de los requisitos, éste no se encuentra satisfecho, en virtud de que el citado acto reclamado permite su suspensión. En principio, cabe destacar que ha sido criterio reiterado que el objeto de la suspensión es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación a la parte quejosa, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión, a saber, que lo solicite la parte quejosa, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al agraviado, debiendo el Juez de Distrito dictar las providencias necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y para evitar perjuicios a los interesados. También, debe considerarse que se ha sostenido que el Juzgador de amparo, al pronunciarse respecto de la suspensión debe realizar un examen cuidadoso y detallado de las circunstancias específicas del caso concreto y de la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios, la posible afectación que pueda sufrir el interés social y las disposiciones de orden público con su otorgamiento. Lo anterior, para evitar que la ejecución del acto reclamado torne a éste irreparablemente consumado, destruyendo así la materia del amparo, o bien, produzca consecuencias de tan difícil reparación, que se torne nugatoria la acción consagrada constitucional para el respeto de los derechos fundamentales afectados por actos de autoridad al volverse imposible restituir al afectado en el goce de las mismas, pero ello únicamente cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. De estimarse procedente la medida cautelar, debe ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden y tomar las providencias que estime convenientes para evitar perjuicios a los interesados o que se defrauden derechos de terceros, hasta donde sea posible, en la inteligencia que de considerar que no se reúnen los requisitos para la procedencia de la medida, debe negarla. Al respecto debe decirse que el otorgamiento de la medida cautelar respecto del cese o baja del quejoso en su calidad de policía preventivo municipal contraviene el orden público y el interés social, toda vez que la sociedad está interesada en el cumplimiento de los actos de tal naturaleza, que tienden directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública como actividad del Estado, independientemente del perjuicio que resientan los interesados, porque, en todo caso, es mayor el que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensiva. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/27, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 449, Novena Época, de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS, ORDEN DE BAJA DE LOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE". En virtud, de lo anterior resulta innecesario, el análisis del punto restante. En consecuencia, dado lo asentado en los párrafos anteriores procede negar la suspensión provisional solicitada respecto del mismo acto. Concesión de la suspensión provisional. Ahora bien, por lo que respecta a las consecuencias jurídicas del acto reclamado consistente en que pueda seguir gozando del servicio de seguridad social a la parte quejosa y sus derechohabientes, es indispensable determinar, si en la especie, se actualizan los requisitos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión en el incidente de suspensión 1/2015, señaló que para conceder la suspensión en el juicio de amparo se requiere: Que la parte quejosa solicite la suspensión de los actos reclamados respectivos. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos reclamados cuya paralización se solicita. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. Que la suspensión no vulnere disposiciones de orden público, ni contravenga el interés social. Llevar a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Tales criterios resultan aplicables. En el presente asunto, lo previsto en el punto uno está cabalmente satisfecho, ya que en el escrito de demanda la parte quejosa solicitó la medida cautelar. El punto dos consistente en que haya certidumbre de los actos reclamados, se tiene por acreditado conforme a manifestación bajo protesta de decir verdad del quejoso en la demanda. En lo que respecta al tercero de los requisitos, éste se encuentra satisfecho, en virtud de que el citado acto reclamado permite su suspensión. En principio, cabe destacar que ha sido criterio reiterado que el objeto de la suspensión es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación a la parte quejosa, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión, a saber, que lo solicite la parte quejosa, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al agraviado, debiendo el Juez de Distrito dictar las providencias necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y para evitar perjuicios a los interesados. También, debe considerarse que se ha sostenido que el Juzgador de amparo, al pronunciarse respecto de la suspensión debe realizar un examen cuidadoso y detallado de las circunstancias específicas del caso concreto y de la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios, la posible afectación que pueda sufrir el interés social y las disposiciones de orden público con su otorgamiento. Lo anterior, para evitar que la ejecución del acto reclamado torne a éste irreparablemente consumado, destruyendo así la materia del amparo, o bien, produzca consecuencias de tan difícil reparación, que se torne nugatoria la acción consagrada constitucional para el respeto de los derechos fundamentales afectados por actos de autoridad al volverse imposible restituir al afectado en el goce de las mismas, pero ello únicamente cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. De estimarse procedente la medida cautelar, debe ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden y tomar las providencias que estime convenientes para evitar perjuicios a los interesados o que se defrauden derechos de terceros, hasta donde sea posible, en la inteligencia que de considerar que no se reúnen los requisitos para la procedencia de la medida, debe negarla. Así, en lo relativo al requisito reseñado con el punto número cuatro, es conveniente establecer que el Máximo Tribunal del País ha señalado que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. De manera que, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse un hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho o la satisfacción de una necesidad colectiva, o le evite un trastorno o mal público. Así, el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; en el caso, resulta que con la concesión de la medida cautelar se evita un perjuicio a la esfera jurídica del promovente, lo cual puede ser suspendido sin infringir el orden público o el interés social porque al efecto se protegería el interés de la parte impetrante frente a un acto que aduce le causa un daño arbitrario; y en el balance de posibilidades e intereses en juego, en los que interviene el de la colectividad, a ésta no se le afectaría de inmediato de manera irreversible, como sí sucedería si se ejecutara el acto reclamado. Por lo que hace al punto cinco, se advierte que, del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, se acredita hasta este momento, de manera indiciaria con lo que la parte quejosa indica bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo en el sentido de que tenía el cargo de policía preventivo municipal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Hueyapan, Puebla, lo cual se corrobora con la copia certificada del expediente ********************, que remitieron las autoridades responsables al rendir su informe justificado en el juicio principal del que emana el acto reclamado. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, a fin de que la ordenadora provea que el impetrante ********************, y sus derechohabientes tengan acceso a los servicios públicos de salud, medida que surtirá efectos hasta la emisión del fallo interlocutorio que recaiga en la audiencia incidental. Asimismo, se estima que la concesión de la medida cautelar, no vulnera el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, pues el derecho fundamental a la protección de la salud debe seguir siendo proporcionado, al ser un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso cuando la parte quejosa ya no esté en funciones, porque de lo contrario se causarían daños de difícil reparación, pues podrían implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del impetrante, que de ninguna forma pueden ser restituidos con la probable concesión del amparo. Sin que pueda estimarse que con dicha medida suspensional se estén dando efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo, pues lo que se pretende primordialmente es que la parte quejosa siga disfrutando del servicio de prestación médica ante la institución médica que le corresponda, en respeto al aludido goce del derecho elemental de la salud. Finalmente, no es procedente establecer una garantía en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, por no existir tercero interesado que resienta daño o perjuicio con el otorgamiento de la medida cautelar. Tiene aplicación la tesis número III.1o.A.19 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 1844, Tomo II, Abril de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO." Por lo que hace al acto reclamado consistente en la retención de su salario y demás prestaciones derivado de la suspensión de su cargo de policía preventivo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que siga percibiendo el mismo en atención a la prestación del servicio que desempeñaba; sin embargo, si ya se decretó la separación temporal del cargo la suspensión tendrá como efecto el que no se le prive al quejoso del mínimo vital equivalente al treinta por ciento (30%) de su salario y demás prestaciones, así como del uso y disfrute de los derechos de seguridad social, consistentes en la prestación del servicio médico, como se indicó en párrafos precedentes. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 2/2017 (10a.), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2013718, derivada de la contradicción de tesis 311/2015, localizables Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima Época, materia Administrativa, cuyo rubro y texto siguientes: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se concluye que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores y, por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que, en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesiBdades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues sólo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos. Se agregan pruebas previo cotejo Como esta ordenado en el juicio de amparo principal del que deriva este incidente, se agrega al presente, previamente cotejadas, de: 1. Copia del contrato de la cuenta bancaria ******************** aperturada por la institución bancaria ********************a favor de ********************. 2. Estado de cuenta de la cuenta ******************** a nombre de ******************** de la institución bancaria ********************. 3. Extracto del acta de nacimiento expedida a favor de ********************. 4. Extracto del acta de nacimiento expedida a favor de ********************. 5. Extracto del acta de nacimiento expedida a favor de ********************. 6. Extracto del acta de matrimonio de los contrayentes ******************** y ********************. Ofrecimiento de prueba. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte la documental que se agrega cotejada. Del expediente electrónico. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y el capítulo cuarto denominado "Del expediente electrónico" del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de los expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese a partir de este proveído el expediente electrónico del incidente de suspensión en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del acuerdo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

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