Margarita Rodríguez González

Expediente 990/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
990/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Margarita Rodríguez González
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y Actuario adscrito a la anterior, la omisión de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-1/939/2019. Por resolución dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Margarita Rodríguez González, contra los actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y Actuario adscrito a la anterior, para los siguientes efectos "En tales condiciones, al resultar violatorio de derechos fundamentales el acto reclamado consistente en el retardo en la impartición de justicia derivado de la omisión de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-1/939/2019; procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, realice los siguientes actos: a) Dicte un acuerdo en el que señale fecha y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-1/939/2019, en un término que no exceda de quince días (en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo); y, b) Ordene al actuario de su adscripción que realice la notificación de dicho acuerdo en los términos de ley." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veintitrés de marzo de la presente anualidad, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, así como al Actuario adscrito a la anterior. Posteriormente, mediante oficio 3952/2021, recibido el catorce de abril del año en curso, el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia cotejada y certificada del acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral D-1/939/2019, en el cual se celebró convenio entre las partes, lo que puso fin al citado sumario laboral; asimismo, se advierte que dicha constancia fue firmada al calce por la quejosa Margarita Rodríguez González. Por lo anterior, el quince de abril del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó por lista a la quejosa el veintidós de abril siguiente. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía del artículo 17 constitucional, por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que mediante oficio 3952/2021, recibido el catorce de abril del año en curso, el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia cotejada y certificada del acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral D-1/939/2019, en el cual se celebró convenio entre las partes, lo que puso fin al citado sumario laboral; asimismo, se advierte que dicha constancia fue firmada al calce por la quejosa Margarita Rodríguez González; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual establece El contenido de dicho precepto legal, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedó cumplida la sentencia; lo cierto es, que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien, la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora, en el presente asunto, se constriñó a la autoridad responsable a un hacer, a saber, que dictara las medidas necesarias tendentes a lograr que se señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-1/939/2019, así como para que se realizada la notificación correspondiente. Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio laboral culminó con el convenio celebrado entre las partes del juicio natural. Aquí debe explicarse que cuando las partes llegan a un convenio en el juicio laboral aquél, tendrá efectos de laudo, tal y como lo dispone el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio, tal posición, conforme a la ley produjo los mismos efectos de un laudo, esto es, entre otras cosas que se tenga por concluido el proceso. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. Lo anterior, constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido, en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. En esa tesitura, efectúense las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 3952/2021 signado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, recibido el catorce de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de presente juicio de garantías, remite a este órgano jurisdiccional copia cotejada y certificada del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno dictado dentro del juicio laboral D-1/939/2019, en el cual se celebró convenio entre las partes, lo que pone fin al citado sumario laboral; asimismo, se advierte que dicha constancia fue firmada al calce por la quejosa Margarita Rodríguez González. Al respecto, la autoridad de mérito aduce que con los documentos antes indicados, acredita fehacientemente que ha dado cumplimiento a la sentencia aludida. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a las partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 3952/2021 signado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, recibido el catorce de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de presente juicio de garantías, remite a este órgano jurisdiccional copia cotejada y certificada del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno dictado dentro del juicio laboral D-1/939/2019, en el cual se celebró convenio entre las partes, lo que pone fin al citado sumario laboral; asimismo, se advierte que dicha constancia fue firmada al calce por la quejosa Margarita Rodríguez González. Al respecto, la autoridad de mérito aduce que con los documentos antes indicados, acredita fehacientemente que ha dado cumplimiento a la sentencia aludida. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de ellas hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo que disponen los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2° párrafo segundo, se declara que dicha sentencia que AMPARA, ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia y, atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la 3477/2021 JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, así como al 3478/2021 ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. Para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído den cumplimiento al fallo protector de garantías, para lo cual deberán ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final de la sentencia emitida dentro del presente juicio de amparo, es decir: "En tales condiciones, al resultar violatorio de derechos fundamentales el acto reclamado consistente en el retardo en la impartición de justicia derivado de la omisión de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-1/939/2019; procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, realice los siguientes actos: a) Dicte un acuerdo en el que señale fecha y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-1/939/2019, en un término que no exceda de quince días (en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo); y, b) Ordene al actuario de su adscripción que realice la notificación de dicho acuerdo en los términos de ley." Se APERCIBE a las autoridades de mérito que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenara remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

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