Margarita Reyes Hernández

Expediente 623/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
623/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Margarita Reyes Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    CUMPLASE.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo, y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto en la que se tuvo por cabalmente cumplida la sentencia dictada en este asunto, sin que la parte quejosa lo hubiera hecho valer; por tanto, SE TIENE POR CONSENTIDA dicha determinación para los efectos conducentes; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y archívese el asunto como totalmente concluido.

  3. Incidental

    Xalapa, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se advierte que ya se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas ni diligencias pendientes de desahogar, se ordena el archivo de este incidente como asunto concluido.

  4. Principal

    Xalapa, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos el estado procesal del juicio de amparo en el que se actúa, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias allegadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo feneció, vista que desahogó la parte quejosa; por tanto, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO I. MARCO LEGAL. Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Asimismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del numeral 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. En ese orden, se tiene que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional. II. CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que mediante sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de que el Tribunal responsable realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio ordinario civil 272/2020-I de su índice. 2. Tomando en consideración lo expuesto en la sentencia, emitiera una nueva, con libertad de jurisdicción, la cual podía ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero subsanando los vicios referidos. Así, por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Motivo por el cual, mediante acuerdo de seis del actual, se tuvo a la responsable Juez Décima de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, remitiendo las constancias con las que refirió dar cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto, por lo que se ordenó dar vista con su contenido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, lo cual realizó la parte quejosa. Ahora bien, expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a verificar si, contra constancias, la ejecutoria de amparo está cumplida. En ese sentido, de las documentales que obran en autos, se observa que la juez responsable, por auto dictado el veintinueve de noviembre de la presente anualidad, dejó insubsistente la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio ordinario civil 272/2020-I de su índice, por lo que resulta evidente el cumplimiento de la sentencia amparadora, respecto del inciso a) referido en párrafos precedentes. Por otra parte, respecto al efecto precisado en el inciso b), consistente en que la responsable, tomando en consideración lo expuesto en la sentencia amparadora, emitiera una nueva, con libertad de jurisdicción, la cual podía ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero subsanando los vicios ahí referidos. En relación con ello, se tiene que, en la ejecutoria de mérito, se precisó que la autoridad responsable debía ajustarse a lo previsto por el artículo 242 del Código Civil del Estado, que establece que los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Y después de analizar acuciosamente los elementos que obraran en autos, resolviera lo conducente: 1) Estableciera, con base en las pruebas aportadas por las partes, cuáles eran las necesidades del acreedor, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que se desprendieran de las constancias que obraban en autos. 2) Estableciera cuáles eran las posibilidades económicas del deudor, es decir, cuál era el sueldo o cantidad que realmente percibía el demandado (si se advertía de autos o, bien, determinara si no fue probado), debiendo considerar sus propios gastos o manutención. 3) Confrontara (necesidades-posibilidades) y determinara de manera fundada y motivada, si el deudor estaba en posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial, o bien si resultaba excesiva, debiendo explicar por qué una cosa o la otra. Asimismo, debía explicar de manera fundada y motivada porqué consideró que resultaba pertinente modificar la pensión alimenticia decretada de manera provisional en la manera en que lo hizo, motivando además, si tal monto correspondía a la verdadera posibilidad económica del deudor y a las necesidades reales del acreedor alimentario. En relación con lo anteriormente expuesto, se advierte que en la resolución que se analiza, la Juez de origen declaró fundada la reclamación formulada por la aquí quejosa. Para llegar a esa conclusión, primeramente determinó las necesidades de la acreedora alimentaria, en la que señaló que a la fecha, se trata de una mujer de setenta y cuatro años de edad, por lo que al formar parte del grupo de adultos mayores, existía un deterioro natural de la salud, caracterizado por una disminución de la motricidad y la pérdida de sus capacidades cognitivas derivadas de la avanzada edad, derivando en problemas sociales y económicos, de ahí que se advirtiera la situación de vulnerabilidad y necesidad de dicha acreedora. Asimismo, determinó cuáles eran las posibilidades económicas del deudor, especificando que de las constancias que obraban en autos, se desprendía que la parte quejosa percibe de forma mensual un aproximado de doce a dieciséis salarios mínimos, aunado a que exhibió los gatos que paga por servicios, como son de agua potable y energía eléctrica, de ahí que señalara que al imponerle la carga de un salario y medio mínimo diarios a favor de la actora y aquí tercera interesada, se le estaría exigiendo que cubriera un total de cuarenta y cinco salarios mínimos, por lo que sobrepasaría su capacidad económica indiciariamente acreditada. De igual forma, al confrontar las necesidades de la acreedora y las posibilidades de la deudora, señaló que era necesario reducir el monto de la pensión provisional impuesta en el auto de inicio, pues la misma atentaba contra el mínimo vital de la parte quejosa, toda vez que se le dejaría sin sustento de cubrir sus propias necesidades, que si bien, hasta en ese momento solo acreditaba el pago ser servicios de energía eléctrica y agua potable, lo cierto era que también cuentaba con otros gastos, como alimentación, calzado, vestido y servicios de salud, los cuales se vería imposibilitada a cubrir, de realizar el pago de la pensión provisional decretada en el auto de inicio. Finalmente, explicó los motivos por los cuales debía modificar la pensión alimenticia decretada de manera provisional, señalando que si bien la señora Ana Hernández Ávila, por tratarse de una persona de edad avanzada, que no contaba con estudios y resultaba ser de escasos recursos, por mero orden natural, necesitaba alimentos que demandaba de su hija; lo cierta era que la pensión alimenticia provisional debía ser proporcional a la capacidad económica de la deudora alimentaria Margarita Reyes Hernández, pues de continuar con la medida provisional impuesta inicialmente, se vería en riesgo su propia subsistencia. De ahí que, debía regraduarse la medida provisional a lo equivalente a un cuarto de salario mínimo diario, pues de una operación aritmética se obtenía que de manera mensual, la ciudadana Margarita Reyes Hernández, debía cubrir un total de siete y medio salarios mínimos a favor de su acreedora, conservando para ella un aproximado de ocho y medio salarios mínimos, considerando que trabajara dieciséis días al mes, los cuales, consideró suficientes para cubrir sus necesidades, al no haber mayores elementos que acreditaran sus propias erogaciones, más que las consideradas anteriormente (pago de agua y luz). De lo que se obtiene, que, tal como se estableció en la sentencia amparadora, la responsable acató los parámetros establecidos en ella, pues determinó las razones por las que estimó que el acreedor alimentario sí requería de alimentos, con base en los datos que obran en autos del juicio natural. De igual manera, precisó cuáles eran las posibilidades económicas del deudor y, para regraduar el monto de la pensión alimenticia que se le demandó, tomo en cuenta sus propios gastos o manutención. Para lo cual, confrontó tanto las necesidades de la acreedora como las posibilidades de la deudora y determinó de manera fundada y motivada, que la deudora alimentista no contaba con la posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial, explicando puntualmente las razones que tuvo para llegar a esa conclusión. Motivo por el cual, explicó de manera fundada y motivada las razones que tomó en cuenta para indicar la pertinencia de modificar la pensión alimenticia decretada inicialmente de manera provisional y, regraduar el monto fijado originalmente. Por tanto, debido a que de lo anterior se aprecia que la autoridad responsable acató toralmente los efectos precisados en el fallo protector, lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN ESTE ASUNTO. Lo anterior, sin que pase inadvertido para quien aquí resuelve las manifestaciones realizadas por la quejosa Margarita Reyes Hernández, en relación con el cumplimiento de la autoridad responsable a la sentencia amparadora, las cuales, en lo medular, señalan que en el juicio natural no existe probada la necesidad de la tercera interesada de reclamar alimentos; que no se cumplió con el principio de reciprocidad; que la juez indebidamente suplió la deficiencia de la queja en favor de la allá acreedora; y que no se demuestra el estado de vulnerabilidad que el juez responsable tomó en consideración para fijar alimentos en favor de la allá acreedora, por su sola situación de ser adulto mayor. Sin embargo, contario a lo sostenido por la parte quejosa, como se plasmó, la autoridad responsable cumplió con los parámetros de la sentencia emitida por este órgano constitucional, por las razones expuestas en párrafos precedentes. Aunado a que, los motivos de inconformidad que ahora hacer valer la pate quejosa, no fueron cuestiones que sustentaran la sentencia emitida en este juicio y, tampoco, que se exigieran a la responsable analizar para el dictado de la nueva resolución, la cual, se itera, cumplió con los lineamientos aquí descritos. Por lo cual, dígase que deberá estar a lo decidido anteriormente, en el sentido de que, la sentencia amparadora, se encuentra cumplida en sus términos. III. VISTA A LA PARTES. No obstante, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como corresponda.

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