Margarita Ramírez Cabrera

Expediente 980/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
980/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
02/07/2015

Partes del expediente

  • Margarita Ramírez Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto... archívese este asunto como concluido.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido....

  2. Principal

    ... se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para notificar personalmente a la promovente Margarita Ramírez Cabrera, el auto de doce de junio del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo origen de estos autos, por los motivos en ella expuestos. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, hágasele dicha notificación por lista de acuerdos, que en lo conducente dice: ... Xalapa Enríquez, Veracruz, doce de junio de dos mil quince. Vista; Por presentada la demanda de amparo que promueve Margarita Ramírez Cabrera, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 Constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 980/2015. Ahora, el artículo 113 de la Nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que el Juzgado de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO. Para el estudio de la demanda de garantías y poder decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento y competencia, desechamiento, prevención o admisión) en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica, en la que habrá de emitir una decisión, conforme a los elementos que le sean allegados por la parte quejosa, que le permitan apreciar en primer orden que es competente en sentido subjetivo en cuanto que no se encuentre el juzgador en alguna hipótesis de impedimento y objetivo en cuanto que la ley le asigne al órgano jurisdiccional la facultad y atribución de conocer y resolver el asunto y hecho eso, la existencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia; toda vez que ello es un presupuesto necesario para poder realizar el estudio de los requisitos de forma previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo a fin de determinar, en su caso, la prevención o admisión de la demanda; lo que supone que la figura de la prevención no es apta para allegarse de elementos, previo a la admisión de la demanda, a efecto de declarar la improcedencia del juicio; ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica del acto reclamado, si se actualiza la causa de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite; esto sin perjuicio de que la improcedencia aparezca plenamente acreditada con posterioridad, lo cual se podrá apreciar de las constancias que alleguen las autoridades responsables en justificación de su respectivo informe. Por tanto, en primer orden se debe estudiar la competencia del juzgador en el sentido subjetivo y objetivo; si es competente, se analizará la procedencia del juicio en relación con los actos reclamados, lo que conlleva el estudio de la temporalidad, es decir, que la demanda sea presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia. Después, para el caso de no advertir alguna causa de improcedencia, se debe estudiar lo relativo a la admisión de la demanda, que supone el análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que debe colmar, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior, supone que si de la demanda presentada se advierte que el juicio de garantías es improcedente, el juzgador debe desecharla de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, si se estima que no se actualiza de manera notoria y manifiesta alguna causa de improcedencia, se debe analizar la factibilidad de la admisión de la misma, punto en el que habrán de decretarse las prevenciones que se estimen necesarias a juicio del juzgador a efecto de que satisfechos los requisitos de forma se admita la demanda a la fase contradictoria." Por otra parte, de la lectura íntegra de la demanda que se intenta, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: "De la autoridad responsable, el acto reclamado lo es el laudo interlocutorio de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, que resuelve el incidente de falta de personalidad promovido por la quejosa en contra de la persona que comparece a juicio por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, pronunciado dentro del expediente 726/2014-II de los radicados ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave..." Del contexto de la demanda, se advierte que la citada resolución de veintiocho de mayo del año en curso, fue dictada en el expediente 726/2014/II del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en la que se declaró improcedente el incidente de personalidad promovido por la aquí quejosa, ordenando continuar con el procedimiento en dicho asunto. Precisado lo anterior, resulta conveniente exponer que de acuerdo con el artículo 107, fracción V de la Nueva Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación a un derecho fundamental. Para sostener lo anterior, se hace necesario transcribir el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). De igual manera, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que contempla de manera enunciativa, mas no limitativa, cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultando del fallo, y que por ello, sólo pueden ser reclamables cuando se recurra en amparo directo la sentencia definitiva que ponga fin al juicio donde se cometieron tales violaciones, momento en el que pueden válidamente invocarse como agravios en los conceptos de violación, para ser objeto de análisis por el tribunal competente. Para una mejor comprensión del asunto, se transcribe el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideran violaciones a las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.) XII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. En ese orden de ideas, es evidente que la resolución de veintiocho de mayo de la presente anualidad, dictada en el expediente 726/2014/II del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en la que declaró improcedente el incidente de personalidad promovido por la parte actora, ordenando continuar con el procedimiento en dicho asunto, no es un acto en el juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, sino que se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse con el dictado de la resolución que combate, puede quedar subsanada con posterioridad, si el laudo que resuelva el juicio en lo principal, resulta finalmente favorable a sus intereses o en su defecto, hacerlo valer como agravio al interponer el recurso legal que proceda contra el citado fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, pagina 39, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido se transcribe: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, VI. 2o. J/49, visible en la página cuatrocientos veintiséis, Tomo VI, Segunda Parte-1, Apéndice de Mil Novecientos Noventa y Cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA. (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO). Si en el curso del procedimiento se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva (o laudo o resolución según sea el caso) y se impugne a través del juicio constitucional en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. El propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas." Asimismo, se cita por sus fundamentos y consideraciones la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, 113 y 172, fracción XII, de la Nueva Ley de Amparo. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Sin que pase inadvertido que algunas de las jurisprudencias a que se hace mérito, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Nueva Ley de Amparo, a las personas señaladas para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte promovente...

  3. Principal

    .... el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la audiencia constitucional fue celebrada el ocho de mayo del año en curso, sin que a la fecha se haya engrosado la resolución definitiva correspondiente; en consecuencia, se provee lo siguiente: Por acuerdo 33/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la creación del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarían. Asimismo, mediante el diverso Acuerdo General 34/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se aprobó el inicio de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, con jurisdicción en la República Mexicana. Por oficio SECJYCNO/CNO/2841/2015 de diez de junio de dos mil quince, signado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en México, Distrito Federal, informó que de conformidad con lo determinado por la Comisión de Creación de Nuevos órganos, en sesión de uno de octubre de dos mil doce, en la Consulta-CAR 99/2012-V, por única ocasión, la Secretaría Ejecutiva citada, determinó otorgar el auxilio a este órgano jurisdiccional de treinta y cuatro juicios de amparo que deberán remitirse al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, para su resolución, dentro de los dos días hábiles siguientes a que se genere la selección de expedientes. Que la referida selección de los expedientes se haría mediante el "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los órganos Jurisdiccionales Auxiliares" y, en atención a ello, el Juzgado Auxiliar de referencia, el día once de junio del año en curso, vía correo electrónico, envió la relación de los juicios de amparo que se le deberán remitir para su resolución, entre los que se encuentra el que ahora se provee. En consecuencia, envíese el presente juicio constitucional a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, a efecto de que por su conducto sea remitido al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región. En cumplimiento al punto quinto del Acuerdo General 33/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fórmese el expediente de antecedentes respectivo, en el cual, entre otras constancias, deberá contener el acuerdo de envío al Centro Auxiliar, así como la boleta con la que se acuse el recibo del expediente y anexos. Finalmente, para el caso de que se reciban promociones posteriores a la remisión del expediente al órgano jurisdiccional Auxiliar para el dictado de la sentencia, y que influyan en el sentido de esa resolución, teniendo en cuenta la debida integración de los expedientes, así como por razones de orden práctico y economía, previo acuerdo dictado al efecto, obténgase copia certificada de la misma, para ser agregada al cuaderno de antecedentes respectivo y, el original remítase a ese juzgado federal, junto con el oficio que con motivo de ello se libre, para los efectos legales a que haya lugar. Ello, con fundamento en el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y elabórese el acta circunstanciada de entrega del presente expediente, para el dictado de su sentencia.

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