Margarita Pimienta Pérez

Expediente 1478/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1478/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2017

Partes del expediente

  • Margarita Pimienta Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos, tomando en consideración que aún no obran los acuses de recibo postal relativo a los oficios número 38416 y 38417, de seis de octubre de dos mil diecisiete, dirigidos a las autoridades responsables Director General de Puertos, Adscrito a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México y Director General de Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S. A. de C. V., donde se les solicitó su informe justificado, el que tampoco se ha recibido, ni algún otro documento que acredite que esas autoridades recibieron los oficios de que se trata; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, requiérase al Administrador de Correos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe el curso que le dio a los referidos oficios, y remita constancia fehaciente de la fecha en que fueron entregados a su destinatario, o bien conmine a su similar en aquella localidad para que a la brevedad de cumplimiento a lo antes ordenado, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, ha lugar a diferir la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la quejosa el auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice Por recibida la demanda de amparo que promueve Margarita Pimienta Pérez; contra actos del Juez Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, por considerarlos conculcatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia.. Fórmese expediente; asimismo, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 1478/2017-II-V. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis integral del libelo actio de amparo, es dable concluir que la parte quejosa reclama en esencia, la omisión de la responsable de no acordar su petición presentada el diez de octubre del año en curso, dentro de los autos del juicio sucesorio 16-0843-124F. Atento a lo anterior, se evidencia que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: De esta porción normativa se colige que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos sean de imposible reparación; esto es, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos En este contexto, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de impartir justicia dentro de los términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Esto se considera así, en virtud de que la quejosa se duele exclusivamente de la afectación que le provoca la autoridad responsable al no darle contestación respecto de la petición realizada el diez de octubre del año en curso, en los autos del juicio sucesorio 16-0843-124F; circunstancia que constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, y no así un aspecto de imposible reparación, pues no infringe en derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que, con ello, únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales. En efecto, el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que únicamente constituye una demora; la cual, en opinión de este juzgador, en modo alguno implica una abierta dilación o la paralización total de la ejecución de sentencia; circunstancia que actualizaría el caso de excepción para la procedencia del juicio constitucional. En ese orden de ideas, es evidente que tal omisión no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como ya se estableció, la violación alegada no tiene la característica de ser de imposible reparación. Máxime, que en el caso justiciable ha sido omisa en dar contestación a la petición formulada por el quejoso, por lo que este juzgado federal estima que no existe una abierta dilación del procedimiento, ni tampoco su paralización total. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Autorizados y domicilio. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, con las limitantes que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su demanda de amparo, por no contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda.

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