Margarita Perez Alcaraz

Expediente 809/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
809/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Margarita Perez Alcaraz
  • MARGARITA PEREZ ALCARAZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el ocurso de la quejosa, respecto a la persona que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ésta sólo gozará de las facultades amplias que prevé dicho artículo si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente lo estaría para oír y recibir notificaciones. Finalmente, se tiene por recibida la razón de cuenta, a través de la cual el actuario adscrito a este juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa el auto de cinco del presente mes y año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista ese proveído, éste y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL AUTO DE CINCO DEL PRESENTE MES Y AÑO: SEÑALA: "Vista la demanda de amparo que promueve ..; contra actos del Juez Vigésimo Cuarto Familiar y Directora del Archivo Judicial, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 8 y 17 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 809/2022. Tramítese en su versión física y electrónica, observando el artículo 3° de la Ley de la materia. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El ordinal 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso 62 de la ley referida2, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. La quejosa señala como reclamo una omisión y una negativa vinculadas con la petición de devolver el expediente ... del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto Familiar de esta ciudad, del archivo judicial. No obstante, de la lectura integral se advierte que medularmente el reclamo se centra en la falta de cumplimiento a la determinación de veintidós de junio de dos mil veintidós, donde se ordenó girar oficio a la Directora del Archivo Judicial para la devolución de los autos relativos al procedimiento de origen, lo cual constituye una omisión surgida dentro del procedimiento, de realizar el trámite ordenado para lograr que el expediente regrese a su lugar de origen. Dicha omisión se la atribuye tanto al propio Juzgador, pues refiere que no ha gestionado la devolución; y al Director del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La fijación del acto reclamado en los términos anteriores, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus aclaraciones para desentrañar la verdadera lesión y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." También se cita al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." III. El juicio de amparo es improcedente, pues cuando este tipo de conductas ocurren dentro de un proceso jurisdiccional, no pueden combatirse de forma autónoma, por traducirse en cuestiones de naturaleza intraprocesal, es decir, situaciones que inciden únicamente en el curso del juicio, como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.); lo que trae como consecuencia que se actualice la causal prevista en la fracción V, interpretada contrario sensu, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII de su diverso numeral 61. Al efecto se cita por analogía, la jurisprudencia, de la Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materia: constitucional, común, página: 1086, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En efecto, de lo anterior se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se enderece estrictamente contra omisiones dentro de un proceso jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues las reglas que los rigen son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria, como también lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en los diversos criterios de jurisprudencia número 7/2015 (10a.)3 y 8/2015 (10a.)4. Además, cuando existen estas omisiones o negativas durante la sustanciación del proceso, la parte inconforme también puede combatirlas a través de los instrumentos procesales correspondientes, como es, la solicitud de regularización del procedimiento prevista en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad5; con la finalidad de que el juez rectifique su posición, o bien el justiciable obtenga una razón del por qué no se puede satisfacer su pretensión. Sirve de apoyo, la tesis de registro 216300, de la Octava Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, página 292, en Materia Civil, que dice: "ARTICULO 272 G, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. NO ES INCONSTITUCIONAL LA ATRIBUCION DE JUECES Y MAGISTRADOS PARA SUBSANAR OMISIONES. No es cierto que la facultad establecida en el artículo 272 G, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se contrapone al texto supremo, cuenta habida que, de como está redactada la norma, la atribución debe entenderse sólo en relación de las omisiones notadas en la substanciación, lo que de suyo significa que la intención del legislador es corregir a través de un hacer de los jueces y magistrados lo que fue pasado por alto en la función jurisdiccional resolviendo o proveyendo lo necesario siempre y cuando estén dados los elementos para hacerlo, sin que ello suponga una actitud favorable hacia cualquiera de los contendientes, postura que cobra fuerza si se tiene en cuenta que la voz regularizar en su sentido más amplio significa reglar, ajustar o poner en orden una cosa. Aplicado a las cuestiones procesales indicaría el mantenimiento o preservación del orden y equilibrio del procedimiento, lo anterior en atención a los siguientes principios: 1. De orden público. Esto en virtud del interés que tiene la sociedad y el Estado para la imparcial, pronta, expedita y completa impartición de justicia por los tribunales a través de un procedimiento en el que se eliminen todas aquellas cuestiones que tiendan a entorpecerlo o generar dilaciones; 2. De equidad procesal. La figura está basada en el trato igualitario que se brinde a las partes de un proceso, con lo cual se busca evitar el que se favorezca una de ellas con detrimento del interés de la otra; y 3. De orden procesal. A través de la facultad para subsanar o reparar las deficiencias o defectos ocurridos en el desarrollo del procedimiento, el juzgador podrá ajustarlo o ponerlo en orden a fin de que se pueda dictar la resolución correspondiente. En este orden de ideas, queda de relieve que el ejercicio que los tribunales hagan de la facultad de mérito, en modo alguno resulta inconstitucional pues no implica que a través de ella se pueda crear o integrar algo inexistente, además de que tampoco tiende a modificar, alterar o a suscitar renuncia de las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con la consecuente afectación de las oportunidades de defensa y probatoria que constituyen la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14, párrafo segundo, constitucional." Luego, además de que el reclamo es de naturaleza intraprocesal, también existe un medio para vencer la omisión o negativa reclamada y la parte quejosa no quede en estado de indefensión dentro del proceso de origen. No es inadvertido que la quejosa aluda a violación a la expeditez en la impartición de justicia, empero, ello no puede examinarse de forma aislada o autónoma, ya que son circunstancias que ocurren dentro del mismo y con motivo de la conducta que en éste se ha suscitado. Ello, particularmente con actuaciones como la omisión reclamada, que como tal, está sujeta a los postulados aplicables del juicio de amparo, como es la regularización del procedimiento para vencer omisiones intraprocesales, que conforme a los criterios jurisprudenciales citados, puede agotar; y que al ocurrir en el proceso se comprende como un acto que no es de imposible reparación. De ahí que el consecuencial retardo, no sea una cuestión que haga procedente el amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2011580, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, que señala: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción V, interpretada contrario sensu, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII de su diverso numeral 61, y lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, incluso para la utilización de medios electrónicos; lo anterior en términos de la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto de aquellas que autoriza acorde al ordinal 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. En el entendido que el número telefónico que refiere, únicamente será considerado para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo dispone el artículo 22 del Acuerdo General citado. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. En tales consideraciones, al advertirse de la demanda manifestación expresa de la accionante de amparo, SE LE TIENE FORMULANDO SU OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, por lo que en términos del artículo 6º, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal; y 23, 68, fracciones I y II, 115 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, serán considerados como confidenciales: el nombre y domicilio de la quejosa, porque la información que se reserva resulta ajena a violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o vinculada a actos de corrupción, en tanto que sólo corresponde a datos personales. En consecuencia, se ordena al Actuario de la adscripción, omitir tales datos en la publicación de listas, documentos y actuaciones cualesquiera, que por su contenido y forma pudieran revelarlos. Asimismo, se instruye a los Secretarios y Oficiales Administrativos de este Juzgado de Distrito, tomen las medidas necesarias para que se cumpla lo instruido por el suscrito Juzgador, a fin de que los datos aludidos queden debidamente resguardados. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ...; contra actos del Juez Vigésimo Cuarto Familiar y Directora del Archivo Judicial, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.".

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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