Margarita Peralta Corroy
Expediente 1405/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1405/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/01/2018
Partes del expediente
- Margarita Peralta Corroy
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DEL ACTUAL, QUE DICE: TTuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ********* por medio del cual da cumplimiento a la prevención de quince de diciembre del año en curso fojas 17-22; se acuerda lo siguiente: DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado por la quejosa, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de garantías por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a Que exista un motivo de improcedencia y b Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En ese contexto, para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 de la ley en la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Para discernir sobre la procedencia de la demanda, se torna necesario precisar que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en lo siguiente: "Únicamente, reclamo la Negativa de la devolución de mi vehículo afecto a dicha averiguación previa, siendo el dictado en mi contra, de fecha, 23, del mes de Octubre del Año, 2017, por el Sr. Lic. ********** Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, con residencia en el tramo Carretero, Tuxtla, Chiapa de Corzo." Ahora, este juzgador advierte que en relación al acto reclamado se actualiza de manera fehaciente e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme con el artículo 17 de que se trata, el término para la interposición del juicio de amparo será de quince días, salvo las excepciones que se mencionan en sus fracciones I, II, III y IV. Por su parte el numeral 18, en esencia prevé, los momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo. En el caso, en concepto de este juzgador, se actualiza la mencionada causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, al no haber promovido la demanda de amparo dentro del término de quince días que señala el precepto 17 antes invocado, como a continuación se verá. En principio debe decirse que, el acto que se tilda de inconstitucional, no se encuentra en ninguno de los casos de excepción que menciona el numeral 17 de la ley de la materia, en sus fracciones I, II, III y IV, en tanto no se está reclamando una norma general autoaplicativa, ni procedimiento de extradición; tampoco se reclama una sentencia definitiva condenatoria dictada en proceso penal; ni se trata de determinación en que se prive de derechos agrarios, muchos menos se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, o la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, a efecto de que pudiera promoverse fuera del lapso de quince días. Ahora, como se observa de su transcripción, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Esto es, conforme con dicho dispositivo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del controvertido constitucional, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que las mismas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. De igual manera, cabe destacar que la esencia del numeral de que se trata, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Es un hecho notorio para esta juzgador, la existencia del juicio de amparo 6062017-XI, de la estadística de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por la quejosa ************ Lo anterior, al formar parte de la estadística de este órgano jurisdiccional, y conforme con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, es un hecho notorio, por ende, debe tenerse a la vista para dictar este auto. Lo que es acorde con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1032007, publicada en la página 285, del tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". A efecto de evidenciar el consentimiento tácito del acto reclamado, es dable considerar las constancias que integran el juicio de amparo antes referido, del cual se desprende lo siguiente: 1. El cinco de junio del año en curso, mediante demanda presentada ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito ******* demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del auto de doce de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro de la averiguación previa ********* del índice de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas en la que no figura como parte, mediante el cual se le negó la devolución del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, color negro, modelo 2008, con número de serie ********** . En sentencia de diez de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional, otorgó el amparo y protección de la justicia de la Unión a ******** para los siguientes efectos: "a Atendiendo los lineamientos de la presente sentencia, deje insubsistente el acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos de la averiguación previa ********* y b Con libertad decisoria dicte otra determinación debidamente fundada y motivada en el aspecto analizado en esta resolución y resuelva lo que estime pertinente, debiendo señalar con exactitud los preceptos legales aplicables al caso; establezca con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto reclamado, así como la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables relación entre la fundamentación y la motivación; con lo que quedará cumplida esta sentencia de amparo". 3. El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y se requirió al Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 4. Previos requerimientos de veintiuno de septiembre y diecisiete de octubre ambos del año en curso, en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, este juzgado dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, con el oficio 1800FSFMP2017 de veintitrés de octubre del año en curso, signado por el fiscal responsable, mediante el cual informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada por este juzgado, y al efecto remitió copia certificada de la determinación de veinte de octubre de dos mil diecisiete, en la que dejó insubsistente la determinación reclamada y dictó otra en acatamiento al amparo otorgado, en la que subsanados los puntos expuestos en el amparo, el fiscal responsable, negó la solicitud de devolución del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, color negro, modelo 2008, con número de serie ********** del Estado de Tabasco, dentro averiguación previa de origen. 5. En acatamiento a lo anterior, el actuario judicial de este juzgado notificó dicha resolución personalmente al autorizado de la parte quejosa, quien se constituyó en el local que ocupa este juzgado de distrito, recibiendo copia de la determinación dictada por este juzgado federal. 6. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado ********** autorizado de la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, realizando diversas manifestaciones en las que hizo valer su desacuerdo con el auto de veinte de octubre del año en curso, mediante el cual el fiscal responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 7. El siete de noviembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional, determinó que se encontraba cumplida la ejecutoria de amparo, auto el cual le fue notificado a la quejosa el catorce de noviembre de dos mil diecisiete. De lo anterior, se desprende que la quejosa *********** desde el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento de la emisión del auto de veinte de octubre del año en curso, por el cual el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, negó la devolución del automotor marca Dodge, tipo Attitude, color negro, modelo 2008, con número de serie *********** del Estado de Tabasco, y en tal fecha se hizo sabedora de la determinación referida, pues incluso, realizó diversas manifestaciones en torno a su inconformidad con tal determinación, por conducto de su autorizado y no obstante ello, hasta el trece de diciembre de dos mil diecisiete, presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del sello receptor que contiene la información, por lo que resulta evidente que la quejosa consintió tácitamente dicho acto, al no promover la demanda de amparo dentro del término de quince días que para su presentación señala el numeral 17 de la Ley de Amparo. Entonces, dado que el actuario judicial adscrito a este juzgado realizó la notificación personal al autorizado de la parte quejosa el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, es inconcuso que dicha parte procesal conoció en forma completa la emisión de la resolución de veinte de octubre del año en curso, que reclama en esta instancia, pues aunado a esa circunstancia, en su oportunidad expresó su desacuerdo con esa resolución, por los motivos que precisó en su ocurso correspondiente; por ende, el plazo de quince días para la promoción del juicio biinstancial a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintisiete de octubre al veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, descontándose los sábados y domingos veintiocho, veintinueve de octubre, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve, así como los días uno, dos, tres y veinte de noviembre todos del año en curso, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, si como se precisó, la demanda de amparo en estudio fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, con residencia en esta capital, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, se concluye que su presentación resulta extemporánea al haber fenecido desde el veintidós de noviembre del año en curso, el término que para la interposición del juicio de garantías establece el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo; por lo que, tal acto tiene el carácter de consentido tácitamente y se actualiza de esta manera la causa de improcedencia invocada. Sin que se oponga a lo considerado el hecho de que el quejoso manifieste en su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce del mes de noviembre de dos mil diecisiete, cuando se le notificó el auto de siete de noviembre del año en curso, en que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en el diverso juicio de amparo 6062017-XI, puesto que, como se evidenció, obra prueba en contrario que demuestra que el conocimiento del acto aconteció en fecha anterior a la aducida por el quejoso. Aunado a que, el quejoso no tenía por qué esperar a que en el juicio de amparo 6062017-XI, se le notificara el auto por el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, a fin de que pudiera solicitar la protección de la Justicia de la Unión, en razón de que no puede limitársele el acceso a los tribunales federales cuando tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que le depara perjuicio y, por ende, desde ese momento, se encuentra en aptitud y está obligado a instaurar la vía constitucional, lo que desde luego, deberá hacer dentro del término que la ley de la materia le confiere para tal fin. Por tanto, si en comunión con el dispositivo 18, que implícitamente establece a favor del gobernado, el derecho a promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el acto reclamado, de modo que, en este supuesto, el plazo para promover la acción constitucional inicia desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento fehaciente del acto que le afecta, por cualquier medio. Sobre el tema es importante trasladar las consideraciones emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 452015, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dicen: 37. De los preceptos transcritos se desprende, en lo que a esta resolución interesa, que el legislador federal previó un plazo general de quince días para presentar la demanda de amparo, con excepciones específicas de treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 38. Asimismo, se advierte que, salvo que se trate de normas generales autoaplicativas, el propio el legislador determinó, de manera categórica, tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber: a A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o b A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 39. De lo anterior se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual, el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. 40. Por tanto, en la Ley de Amparo no se estableció una excepción para el cómputo del plazo tratándose de actos emitidos en cumplimiento de sentencias federales que concedieron la protección constitucional, sin que, a juicio de este Tribunal Pleno, resulte posible considerar que en ese supuesto opere una salvedad a la regla general, ya que el legislador federal no lo previó de esa forma. 41. Siendo esto así, es posible concluir que también en esos casos el plazo transcurre a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado emitido en cumplimiento del fallo protector o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo; sin que pueda tomarse como referencia para iniciar el correspondiente cómputo la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector o la fecha en que el quejoso tiene conocimiento de esta última o se ostenta sabedor de la misma, en razón de que ello sería contrario al texto expreso de la ley. 42. Desde esta perspectiva, resulta intrascendente el que exista la posibilidad de que en los hechos, la resolución por la que se tenga por cumplido el fallo protector se llegue a emitir ya fenecido el plazo para la presentación de la nueva demanda de amparo, puesto que en la ley no se estableció una excepción a la regla general en tal supuesto. 43. Cierto es que podría darse el caso de que, de las constancias agregadas en autos, se desprenda que el quejoso no tuvo conocimiento del acto reclamado, sino hasta que se llevó a cabo el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo o, incluso, hasta que se dictó el auto de cumplimiento respectivo; sin embargo, también en ese supuesto hipotético el referente para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda lo será el conocimiento del acto reclamado y no así del auto de cumplimiento propiamente. 44. Cabe reiterar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo, en la inteligencia de que, en el caso que nos ocupa, dichos supuestos deberán entenderse referidos, no a las resoluciones por las que el juzgador de amparo tenga por cumplida su sentencia protectora auto de cumplimiento, sino a los actos emitidos en cumplimiento de dicha sentencia de amparo por la autoridad responsable. Consecuentemente, una interpretación en la que se asumiera que el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso adquiere conocimiento de la resolución que tiene por cumplida la sentencia de amparo, es decir, tomando como referente un supuesto no previsto en el artículo 18 del mismo ordenamiento, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido de esa norma jurídica -cuya racionalidad descansa en el conocimiento del acto reclamado-, ampliando, sin tener fundamento legal para ello, los plazos establecidos por el legislador democrático. 45. Así, desde el momento en que se actualice la hipótesis que corresponda del artículo 18 de la Ley de Amparo -la cual, se insiste, debe estar acreditada plenamente en autos-, la parte agraviada está en aptitud de formular conceptos de violación en su contra, ya que es cuando adquiere conocimiento del acto reclamado. Circunstancia que de ninguna forma deja al quejoso en estado de indefensión, en tanto no se le impide promover el juicio constitucional, ni mucho menos acudir a algún otro medio de defensa en vía de ejecución de la sentencia federal, tal como puede ser el recurso de inconformidad, en caso de que el órgano de amparo dicte la resolución en la que tenga por cumplido el fallo protector y el quejoso considere que no es así, o bien, la denuncia de repetición del acto reclamado, cuando estime que la autoridad responsable ha incurrido en esta conducta. 46. Por tanto, este Tribunal Pleno considera que computar el plazo para la promoción del juicio de amparo en contra de un acto emitido en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional a partir de que el quejoso es notificado, tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo, es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues este criterio tiene su fundamento en los referentes normativos determinados de manera general, abstracta e impersonal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. 47. Sin que pueda considerarse que este último criterio deje a los quejosos en estado de indefensión e incertidumbre, puesto que ellos saben cuáles son las posibles violaciones del acto dictado en cumplimiento que pueden combatir en una nueva demanda de amparo desde el momento en que tienen conocimiento del mismo, aun cuando la declaración de cumplimiento del fallo protector sea posterior. 48. Así las cosas, este Alto Tribunal considera que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se sigue que el plazo para promover la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Supuestos que, desde luego, deben quedar plenamente acreditados en el expediente respectivo.." Lo destacado no es de origen. De lo anterior derivó la jurisprudencia 402015 , publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 25, diciembre de 2015, tomo I, página 5, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. En ese orden de ideas, si en autos obra prueba fehaciente de que la quejosa conoció de la emisión y existencia del acto reclamado, en virtud de la vista que se ordenó el diverso amparo 6062017-XI, el cómputo de los quince días que establece el artículo 17 referido, debe realizarse a partir del día siguiente a aquel en que ocurrió la notificación a la quejosa del acto reclamado emitido en cumplimiento del fallo protector o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución; es decir, si el particular tiene conocimiento, del acto reclamado, a través de cualquier otro medio, como en el caso lo fue el momento en que se le dio vista con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que se tiene certeza del conocimiento, por habérsele notificado por el actuario judicial de este órgano jurisdiccional, funcionario investido de fe pública, quien notificó a la quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo el uno de junio de dos mil diecisiete. En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la citada legislación, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda promovida por ********** Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 482016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 30, tomo II, mayo de 2016, registro electrónico 2011580, del contenido literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De igual forma, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, registro electrónico 180663, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 495, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Pedro Francisco Luna González, quien certifica que la promoción que generó el presente proveído y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSo, QUE EN LKO MEDULAR SEÑALA:... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******** contra actos de la siguiente autoridad: 1. Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 14052017-XV. PREVENCIÓN Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108, fracciones III, IV y V y 114, fracciones I, II, y IV de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada". En el caso, como se aprecia del artículo 108 de la Ley de Amparo, establece los requisitos de procedibilidad que deberá expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cabe también señalar que la "protesta de ley" a que se contrae la fracción V del referido precepto, constituye un requisito que invariablemente debe precisarse previamente a que se expongan los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, pues su anotación posterior en cualquier parte de la demanda pierde su razón de ser, porque ello ya no resulta coherente con los datos asentados en el capítulo respectivo -de antecedentes del acto reclamado-, incluso, no resulta subsanable con la sola cita al calce del escrito con la leyenda "PROTESTO LO NECESARIO", tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 12799, localizable en la página 32, del tomo X, noviembre de 1999, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa omitió el requisito previsto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que ello constituye una anotación genérica que no produce la certeza de que se refiera a los hechos que plasmó en tal escrito, lo cual lleva a considerar que el promovente fue omiso en citar en la demanda de amparo la protesta legal a que alude dicho numeral. Por otra parte, el artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. En ese contexto, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala únicamente como autoridad responsable al Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, a quien le atribuye como acto reclamado destacado lo siguiente: "D.- Como acto reclamado señalo, LA NEGATIVA DE LA DEVOLUCIÓN DE MI VEHÍCULO, dictado en mi contra, de fechas, 24, del mes de Noviembre del Año, 2017, por el Sr. Lic. Sergio Alberto Salomón Hernández Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, con residencia en el tramo carretero, Tuxtla, Chiapa de Corzo.". Sin embargo, en el propio inciso anteriormente transcrito realiza diversas manifestaciones en donde se duele de la resolución dictada en el incidente no especificado de devolución de vehículo dentro de la causa penal ******** del índice del Juzgado Primero en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa, aduciendo que la misma es incongruente. En tal virtud, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracciones III, IV y V y 114, fracciones I, II, y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: I. Precisar previamente a que se expongan los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación la protesta de ley. II. Manifieste de manera clara y precisa el acto reclamado en este juicio de amparo, es decir sí solo reclama la negativa de la devolución del vehículo pronunciada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, dentro de la averiguación previa ************ o sí también reclama la resolución dictada en el incidente no especificado promovido dentro de la causa penal ********* del índice Juzgado Primero en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtla y Cintalapa, con domicilio en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. III. En el entendido de que de reclamar la resolución dictada en el incidente no especificado promovido dentro de la causa penal ********* deberá de señalar como autoridad responsable al Juzgado Primero en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtla y Cintalapa, con domicilio en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; asimismo, deberá indicar la fecha de la resolución reclamada y la forma y fecha en que le fue notificada dicha determinación. IV. Mencione la fecha de la resolución por la que el Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, negó la devolución del vehículo que se duele la quejosa, pues de sus antecedes se desprende que ante este órgano de control constitucional se tramitó el juicio de amparo 6062017-XI, en el cual se le otorgó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra del acuerdo de doce de mayo del año en curso emitido dentro de la averiguación previa del índice del fiscal antes mencionado y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable dictó el auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete, en el que se negó la devolución del vehículo solicitado por la aquí promovente; por lo que, la quejosa deberá precisar cuál es la fecha del auto reclamado al fiscal responsable. V. Asimismo, deberá de manifestar la fecha y forma en que tuvo conocimiento del acuerdo reclamado en el que el Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, le negó la devolución del automotor dentro de la averiguación previa de origen. VI. Exhiba copias de su escrito aclaratorio, del documento con que acredite su personalidad y anexos, para cada una de las partes; esto es una copia para la autoridad responsable, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y dos más para la formación de los cuadernos incidentales, ello de conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia, en el entendido de que de señalar como responsable a una diversa autoridad deberá, acompañar una copia mas de su escrito inicial de demanda y de su escrito aclaratorio. Es aplicable la jurisprudencia del tenor siguiente : "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa". Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 82017 10a., emitida en la Décima época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión visible en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro: 2014198, que a la letra dice: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente". APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Apercibida también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********** y en términos restringidos del mencionado numeral, a las personas que indica en su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp:consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes FESE cuya liga es htlp:www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Pedro Francisco Luna González, quien certifica que la promoción que generó el presente proveído y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- Margarita Gómez Silvano1552/2016
- Margarita Guzmán Mendoza1092/2021
- Margarita López Lara1738/2023
- Margarita Padilla Salazar965/2021
- Margarita Palacios Ramos759/2022
- Margarita Peralta Corroy606/2017
- Margarita Selvas Rodríguez286/2021
- Margarita Silvestre Domingo, cond. Griselda Jiménez Barrios1611/2022
- Margarita Vázquez Selvas190/2023
- Margarito Aguilar Gómez, Cond. Joel Sesma Rascón835/2023
- Margarito Arturo Navarro Pérez1542/2016
- Margarito Arturo Navarro Pérez609/2017