Margarita Pacheco López y Otros.

Expediente 287/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
287/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Margarita Pacheco López y Otros.
  • Rosa Flores López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. I. Estado de autos, determinación causa ejecutoria. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de catorce de marzo del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por ******, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Notificación. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Registro de demanda. Con la demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Oaxaca, con sede en este municipio el diez de marzo del año en curso, y turnada a este órgano jurisdiccional el once siguiente, que promueve Víctor Hugo Barrita Soriano, apoderado legal de *** y otros, contra actos de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 287/2022. II. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. III. Análisis de la demanda de amparo. La quejosa ***, apoderado legal de *** y otros, promueve demanda de amparo, contra actos del Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por considerarlos violatorios de sus derechos humanos reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, previo a determinar sobre su admisión o desechamiento, es necesario precisar que el artículo 113 de la ley de la materia, dispone que ésta se debe examinar y, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama de los Miembros que integra la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo siguiente: "Le reclamo la omisión de tramitar el incidente de ampliación de liquidación de laudo para cuantificar la diferencia de aguinaldo de 50 días correspondiente al año 2021" En tanto que en los conceptos de violación, bajo protesta de decir verdad, manifestó: "UNICO: la responsable Junta especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ha omito darle trámite al incidente de ampliación de liquidación para cuantificar la diferencia de aguinaldo (50 días) correspondiente al año 2021, pese a que mediante escritos de: 08 de febrero de 2022; 14 de febrero de 2022; 15 de febrero de 2022 y 18 de febrero de 2022, le fue solicitado." En ese contexto, como el acto reclamado implica violación a la administración de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional, es necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como regla genérica, que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza, es por regla general notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe: a) una abierta dilación del procedimiento o b) su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Los razonamientos anteriores se contienen en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; d) los antecedentes del caso, y e) las cargas de trabajo de la autoridad responsable. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como en el citado numeral 17 de la Constitución Federal. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2019400, sostuvo que por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales; al menos que este juzgador advierta del contenido de la propia demanda de amparo exista una demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Cabe destacar, que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, acorde a las disposiciones establecidas en la citada jurisprudencia, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a la parte que reclame dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia; el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo anterior deviene, a que el periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Por tanto, si el quejoso reclama la omisión de atender las peticiones que formuló en el juicio de origen, los días ocho, catorce, quince y dieciocho de febrero de dos mil veintidós, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, solo ha transcurrido un periodo de treinta días naturales, para que la autoridad responsable, atienda las peticiones que presentó la parte quejosa; de ahí que, es evidente que dicho lapso no se traduce en una paralización total del procedimiento; pues como ya se analizó, la emisión reclamada no excede de los cuarenta y cinco días que establece el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, hasta este momento, no constituye una violación a su derecho sustantivo de impartición de justicia tutelado en el artículo 17 constitucional. Es de aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, registro 2019400, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo de dos mil diecinueve, materia Laboral, Común, visible a página, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Resta decir, que no pasa desapercibido que la citada jurisprudencia, establece como periodo máximo para decretar una abierta dilación, el plazo de cuarenta y cinco días naturales; sin embargo, conforme al artículo 715 de la Ley Federal del Trabajo, se precisa que son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario oficial y aquéllos en que la Junta suspenda sus labores; por ello se insiste, que a la fecha de emisión del presente auto, solo si han trascurrido treinta días de los cuarenta y cinco que tiene la junta responsable para subsanar la omisión reclamada. Asimismo, por analogía se cita la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, décima época, registro 2013301, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 37, diciembre de dos mil dieciséis, tomo II, materia Común, página mil quinientos sesenta y nueve, de rubro siguiente: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA.". De ahí que, al no actualizarse una abierta dilación o paralización total al procedimiento, lo que procede es desechar la demanda de amparo respecto al acto reclamado a la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu; y, 113 de la Ley de Amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y, por autorizada, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***. V. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación del expediente. En consideración que conforme al Acuerdo General 21/2020 existe la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes; sin embargo, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. En consecuencia, se exhorta a las partes, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), lo que les permitirá presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. VII. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese por lista electrónica.

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