Margarita Ocampo Reyes

Expediente 205/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
205/2020
Año
2020
Actuaciones
34
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Margarita Ocampo Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de julio de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1. La Junta responsable, deberá dejar insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de enero de dos mil veinte; y, en su lugar, emita otra donde declare procedente el recurso de revisión por actos de ejecución del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y en consecuencia, deje sin efecto legal y material alguno, el acuerdo impugnado a través de ese medio de defensa, cuya data es del uno de septiembre de dos mil veinte (sic); y 2. En consecuencia, ordene al Presidente ejecutor que dicte un nuevo acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, en el que ordene girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, requiriendo el informe en los términos que le fue solicitado por la parte actora, en el escrito presentado el diecisiete de abril del dos mil veinte (sic), con la aplicación de las medidas de apremio que considere pertinentes, para que se cumpla lo requerido. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir mediante oficio 0938/2023-JE1 de siete de junio de dos mil veintitrés, copia certificada de la interlocutoria de seis de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral 01/888/2003, donde dejó insubsistente la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil veinte, como el auto de uno de septiembre de dos mil diecisiete, y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se dio vista y corrió traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que en el juicio laboral 01/888/2003, dictó una nueva interlocutoria el seis de junio de dos mil veintitrés en la cual dejó insubsistente la interlocutoria reclamada y el auto de uno de septiembre de dos mil diecisiete, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de revisión, y atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, lo declaró procedente el recurso de revisión de actos de ejecución, atendiendo además el escrito de diecisiete de abril del dos mil diecisiete ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el efecto de que informe el número o números de cuentas bancarias a nombre de los demandados y dar cumplimiento al laudo con los apercibimiento a que haya lugar para hacer cumplir sus determinaciones, con lo cual se desprende que la autoridad siguió los lineamientos de la ejecutoria protectora. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deberá dejar insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de enero de dos mil veinte; y, en su lugar, emita otra donde declare procedente el recurso de revisión por actos de ejecución del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y en consecuencia, deje sin efecto legal y material alguno, el acuerdo impugnado a través de ese medio de defensa, cuya data es del uno de septiembre de dos mil diecisiete; y en consecuencia, ordene al Presidente ejecutor que dicte un nuevo acuerdo de uno de septiembre de dos mil diecisiete, en el que ordene girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, requiriendo el informe en los términos que le fue solicitado por la parte actora, en el escrito presentado el diecisiete de abril del dos mil diecisiete, con la aplicación de las medidas de apremio que considere pertinentes, para que se cumpla lo requerido. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que en el juicio laboral 01/888/2003, dictó una nueva interlocutoria el seis de junio de dos mil veintitrés en la cual dejó insubsistente la interlocutoria reclamada y el auto de uno de septiembre de dos mil diecisiete, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de revisión, y atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, lo declaró procedente el recurso de revisión de actos de ejecución, ordenado girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el efecto de que informe el número o números de cuentas bancarias a nombre de los demandados y dar cumplimiento al laudo.. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Maribel Guerrero Mozo, Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de seis de junio del año en curso, emitida en los autos del juicio laboral 01/888/20********************. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Maribel Guerrero Mozo, Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintidós de mayo del año en curso, en la cual refiere que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los autos del juicio laboral 01/888/03-I. Ahora, visto el contenido del oficio de cuenta, se advierte que la responsable en contestación al requerimiento formulado por auto de doce de mayo del año en curso, emite un proveído realizando una aclaración a la resolución que emitió el nueve de febrero del año en curso, lo cual es contrario al requerimiento formulado en el aludido acuerdo, toda vez que lo que se le requirió es el dictado de una nueva determinación en la cual purgue los vicios que adolece su resolución dictada en el expediente antes citado, como se señaló en la ejecutoria de amparo. En efecto, la responsable pretende aclarar en un acuerdo la parte considerativa de la resolución que emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo cual no debe realizarse mediante un proveído de mero trámite, sino que debe dejar sin efectos el fallo que adolece de vicios y emitir uno nuevo, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Maribel Guerrero Mozo, Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, dicte una nueva determinación en la cual purgue los vicios que adolece su resolución dictada en el expediente antes citado, pero siguiendo los lineamientos del fallo protector, los cuales no desconoce. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable, sin que las partes hubieran hecho manifestación alguna, no obstante ello a criterio de quien resuelve, se desprende que a la fecha no se encuentra cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo dictada en el expediente en que se actúa, por lo que se provee lo siguiente: Ahora, previo a realizar el análisis sobre el cumplimiento de ejecutoria, es necesario precisar que en la sentencia dictada se asentó lo siguiente: ".1. La Junta responsable, deberá dejar insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de enero de dos mil veinte; y, en su lugar, emita otra donde declare procedente el recurso de revisión por actos de ejecución del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y en consecuencia, deje sin efecto legal y material alguno, el acuerdo impugnado a través de ese medio de defensa, cuya data es del uno de septiembre de dos mil veinte; y 2. En consecuencia, ordene al Presidente ejecutor que dicte un nuevo acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, en el que ordene girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, requiriendo el informe en los términos que le fue solicitado por la parte actora, en el escrito presentado el diecisiete de abril del dos mil veinte, con la aplicación de las medidas de apremio que considere pertinentes, para que se cumpla lo requerido." Siendo lo correcto que el acuerdo impugnado es de uno de septiembre de dos mil diecisiete, presentado a través del escrito de diecisiete de abril del dos mil diecisiete; por tal motivo, y, toda vez que el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido; por lo anterior, se ordena la aclaración correspondiente; así pues, en este acto se aclara la sentencia quedando de la siguiente manera: ".1. La Junta responsable, deberá dejar insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de enero de dos mil veinte; y, en su lugar, emita otra donde declare procedente el recurso de revisión por actos de ejecución del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y en consecuencia, deje sin efecto legal y material alguno, el acuerdo impugnado a través de ese medio de defensa, cuya data es del uno de septiembre de dos mil diecisiete; y 2. En consecuencia, ordene al Presidente ejecutor que dicte un nuevo acuerdo de uno de septiembre de dos mil diecisiete, en el que ordene girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, requiriendo el informe en los términos que le fue solicitado por la parte actora, en el escrito presentado el diecisiete de abril del dos mil diecisiete, con la aplicación de las medidas de apremio que considere pertinentes, para que se cumpla lo requerido." Lo anterior, para los efectos legales conducentes. Apoya a lo anterior, la tesis 2a. VII/99, visible en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Febrero de 1999, Novena Época, que al rubro y a la letra dice: ".ACLARACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA INTERPONER LA REVISIÓN. La Ley de Amparo regula expresamente la forma en que se interpone el recurso de revisión, el plazo para hacerlo valer y su tramitación, las partes que se encuentran en aptitud de impugnar la sentencia desde que ésta se dicta, sin necesidad de esperar a que se aclare para preparar su defensa, pues los errores u omisiones susceptibles de aclararse no la modifican sustancialmente, de manera que la interrupción del plazo para interponer la revisión no resulta indispensable para el trámite y resolución del juicio; por tanto, no puede aplicarse supletoriamente el artículo 226 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, que establece que la aclaración de sentencia interrumpe el plazo para presentar el recurso en su contra. Además, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la tesis cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS.", que la aclaración de sentencia sólo procede respecto de aquellas resoluciones que hayan causado ejecutoria, por lo que resulta improcedente la aclaración que se pide antes de agotar el recurso de revisión respectivo, puesto que ello supone que la sentencia que se pretende aclarar aún no es definitiva.". De igual manera, la jurisprudencia P./J.94/97, visible en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que a la letra y al rubro dice: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo. Ahora, una vez aclarado el punto anterior, se procede al análisis sobre el cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo. En efecto, si bien es cierto la responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de este juzgado, mediante resolución de nueve de febrero del año en curso, acredita que dejó sin efectos la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, en el expediente 01/888/03-JE1, donde declaró procedente el recurso de revisión por actos de ejecución y como consecuencia dejó sin efectos el acuerdo impugnado de uno de septiembre de dos mil diecisiete, en respuesta al escrito de diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Sin embargo, cierto es que la responsable al emitir dicha determinación existen diversas irregularidades al no ser claro y preciso, ya que señaló que daba cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo 1441/2022, de este juzgado y acordar la promoción de diecisiete de abril de dos mil veinte, lo cual es incorrecto. Esto es, ordenó acordar y girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme a lo solicitado por la parte actora en el escrito de diecisiete de abril de dos mil veinte, fecha que como se dijo es incorrecta, toda vez que el escrito no fue presentado en ese año sino el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, como se corrobora de las constancias que obran; todo lo cual genera incertidumbre a este órgano jurisdicción para pronunciarse sobre el cumplimiento a la ejecutoria protectora. En consecuencia, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, siguiendo sus lineamientos los cuales no desconoce. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8., de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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