Margarita Noyola Diaz de Leon
Expediente 977/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Margarita Noyola Diaz de Leon
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Margarita Noyola Díaz de León, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado de San Luis Potosí, con cuatro copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 977/2021-VII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. El artículo 113 de ley de la materia señala lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al aludido precepto se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito, es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral de tal escrito pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en la determinación de tres de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el juez responsable, mediante la cual se tuvo por no interpuesto el recurso de apelación en contra del auto de dieciséis de agosto del año en curso, pronunciado dentro del juicio ordinario civil 889/2020, del índice de la responsable, en el cual se tuvo por precluido el derecho de las partes para perfeccionar las pruebas periciales admitidas en el juicio de origen. Precisado lo anterior, el suscrito Secretario Encargado del Despacho considera que respecto de dicho acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.Ahora, es menester indicar que de los preceptos antes transcritos se advierte que el amparo civil en la vía indirecta procederá contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; concepto que la propia norma define como una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos. Lo anterior claramente excluye la afectación a los derechos adjetivos o procesales, en tanto que son conceptos antagónicos, de ahí que, para dilucidar la procedencia de la vía indirecta debe atenderse a la naturaleza y efectos de la violación cometida en el curso del procedimiento, con motivo de lo cual habrá de distinguirse si ésta tiene o no, efectos de imposible reparación sobre la esfera jurídica del quejoso. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También, de forma destacada precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Concluyendo así, que para delimitar esa irreparabilidad, era necesario establecer dos condiciones: 1) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Luego entonces, si en el presente asunto, el acto reclamado consiste en el desechamiento del recurso de apelación intentado contra el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable, en el que se tuvo por precluido el derecho de perfeccionar la prueba pericial ofrecida por la aquí quejosa dentro del expediente de origen 889/2020, es claro que sus efectos inciden únicamente en el trámite de dicho procedimiento. Por tanto, la determinación de mérito no constituye un acto de imposible reparación para la aquí quejosa, pues según lo manifestado por ésta, la responsable negó dar trámite al recurso intentado y dejó firme el acuerdo en el que se le tuvo por precluido el derecho de perfeccionar las pruebas periciales ofrecidas en el juicio de origen y por ende, se impidió que las citadas probanzas sean consideradas al momento de dictar sentencia; hipótesis que se contiene en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo y se considera como violaciones al procedimiento. Así es, los efectos jurídicos producidos por dichos actos, son meramente intraprocesales y por ende, no afectan en forma directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados por la Ley Fundamental y en todo caso, deriva de una violación a las leyes que norman el procedimiento, puesto que encuadra en la fracción III, en alcance a la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, pues se estima un caso análogo a cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley. Situación que, en caso de afectar las defensas de la impetrante del amparo, será hasta que se dicte la sentencia correspondiente, cuando se verá si trascienden o no al resultado del fallo, las determinaciones asumidas en relación a esas pruebas; por lo que, por el momento, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino que aquéllas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable; o bien, puede hacerse valer dicha violación en el amparo directo que se promueva, en su caso, con arreglo a lo dispuesto por el numeral 174 de la Ley que rige el juicio constitucional. En esa tesitura, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Margarita Noyola Díaz de León por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado de San Luis Potosí. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Agapito Huerta Gutiérrez, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso ala Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Margarita Noyola Díaz de León, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado de San Luis Potosí, con cuatro copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 977/2021-VII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. El artículo 113 de ley de la materia señala lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al aludido precepto se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito, es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral de tal escrito pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en la determinación de tres de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el juez responsable, mediante la cual se tuvo por no interpuesto el recurso de apelación en contra del auto de dieciséis de agosto del año en curso, pronunciado dentro del juicio ordinario civil 889/2020, del índice de la responsable, en el cual se tuvo por precluido el derecho de las partes para perfeccionar las pruebas periciales admitidas en el juicio de origen. Precisado lo anterior, el suscrito Secretario Encargado del Despacho considera que respecto de dicho acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.Ahora, es menester indicar que de los preceptos antes transcritos se advierte que el amparo civil en la vía indirecta procederá contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; concepto que la propia norma define como una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos. Lo anterior claramente excluye la afectación a los derechos adjetivos o procesales, en tanto que son conceptos antagónicos, de ahí que, para dilucidar la procedencia de la vía indirecta debe atenderse a la naturaleza y efectos de la violación cometida en el curso del procedimiento, con motivo de lo cual habrá de distinguirse si ésta tiene o no, efectos de imposible reparación sobre la esfera jurídica del quejoso. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También, de forma destacada precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Concluyendo así, que para delimitar esa irreparabilidad, era necesario establecer dos condiciones: 1) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Luego entonces, si en el presente asunto, el acto reclamado consiste en el desechamiento del recurso de apelación intentado contra el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable, en el que se tuvo por precluido el derecho de perfeccionar la prueba pericial ofrecida por la aquí quejosa dentro del expediente de origen 889/2020, es claro que sus efectos inciden únicamente en el trámite de dicho procedimiento. Por tanto, la determinación de mérito no constituye un acto de imposible reparación para la aquí quejosa, pues según lo manifestado por ésta, la responsable negó dar trámite al recurso intentado y dejó firme el acuerdo en el que se le tuvo por precluido el derecho de perfeccionar las pruebas periciales ofrecidas en el juicio de origen y por ende, se impidió que las citadas probanzas sean consideradas al momento de dictar sentencia; hipótesis que se contiene en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo y se considera como violaciones al procedimiento. Así es, los efectos jurídicos producidos por dichos actos, son meramente intraprocesales y por ende, no afectan en forma directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados por la Ley Fundamental y en todo caso, deriva de una violación a las leyes que norman el procedimiento, puesto que encuadra en la fracción III, en alcance a la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, pues se estima un caso análogo a cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley. Situación que, en caso de afectar las defensas de la impetrante del amparo, será hasta que se dicte la sentencia correspondiente, cuando se verá si trascienden o no al resultado del fallo, las determinaciones asumidas en relación a esas pruebas; por lo que, por el momento, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino que aquéllas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable; o bien, puede hacerse valer dicha violación en el amparo directo que se promueva, en su caso, con arreglo a lo dispuesto por el numeral 174 de la Ley que rige el juicio constitucional. En esa tesitura, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Margarita Noyola Díaz de León por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado de San Luis Potosí. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Agapito Huerta Gutiérrez, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso ala Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial.
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