Margarita Martínez Miranda
Expediente 2178/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2178/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/12/2019
Partes del expediente
- Margarita Martínez Miranda
Actuaciones
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Margarita Martínez Miranda, contra actos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Puebla y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2178/2019; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita está obligada a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En principio, cabe señalar que de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que Margarita Martínez Miranda señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, el acuerdo NO. A-cc-pue.180919/594.C.I de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Puebla, que resolvió como como infundado el recurso de inconformidad interpuesto en contra de resolución de improcedencia de queja de ocho de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Puebla. Establecido lo anterior, respecto al citado acto reclamado la suscrita considera se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" La fracción transcrita prevé uno de los supuestos del principio de definitividad que rige al juicio de amparo que consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, siempre y cuando, conforme a dicha ley, proceda conceder la suspensión del acto impugnado sin exigir mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de dicha autoridad. En la especie, se considera actualizada la citada causa de improcedencia porque contra el acto reclamado, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su artículo 3, fracción XIII contempla como medio ordinario de defensa el denominado juicio contencioso administrativo, a través del cual dicho acto puede ser confirmado o modificado. Asimismo, debe puntualizarse que dicha legislación no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión del acto recurrido, pues el numeral 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo En ese tenor, si la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contempla un diverso medio ordinario de defensa denominado juicio contencioso administrativo, a través del cual el acto aquí reclamado puede ser confirmado o modificado y cuya sustanciación permite la suspensión del acto impugnado, sin mayores requisitos que los exigidos por la ley reglamentaria del juicio de garantías para otorgar la suspensión definitiva es evidente que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el referido acto, dada su naturaleza de no ser definitivo (porque existen diversos medios de defensa), no es susceptible de ser analizado en esta instancia constitucional indirecta, cuya ley reglamentaria impide el examen de cuestiones que atenten contra el principio de definitividad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, así como 113 de la Ley de Amparo, y por los razonamientos expuestos, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Margarita Martínez Miranda. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal a Víctor Manuel Gutiérrez Morales, Martha Butrón Jiménez, Mauricio Pérez Hernández, Francisco Cuevas Pozos y Juan José Gutiérrez Rosete, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizadas en los términos restringidos que prevé el citado numeral a las diversas personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.
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