Margarita Martínez Meza

Expediente 2245/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 56 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2245/2017
Año
2017
Actuaciones
56
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Margarita Martínez Meza
  • Sucesión Intestamentaria de Gabino Partidad Ramos Y/O Gabino Partida
  • MARGARITA MARTÍNEZ MEZA y Otros.
  • Juez Mixto de Primera Instancia, Con Sede En Tuxpan, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Principal

    . TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Téngase por recibido el escrito signado por ***, a través del cual solicita la expedición de copias simples; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad lo peticionado, toda vez que a la promovente no le reviste el carácter de parte en el juicio, ni autorizada de las mismas, pues de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Amparo, son partes en el juicio de amparo, el agraviado o agraviados, la autoridad o autoridades responsables, el tercero o terceros interesados, pudiendo intervenir con ese carácter, la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia que no sea de orden penal, cualquiera de las partes cuando el amparo sea promovido por persona extraña a juicio, el ofendido o las personas que conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en los juicios promovidos contra actos judiciales de carácter penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad, la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide el amparo o que sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado y finalmente el Ministerio Público Federal, supuestos que no se actualizan en el presente caso. Cobra aplicación al respecto, por las razones que la sustentan, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, Agosto de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA QUIEN NO REÚNA ALGUNA DE LAS CALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LA MATERIA Y, POR TANTO, DEBEN DESESTIMARSE LAS PROMOCIONES, RECURSOS O INCIDENTES QUE PROMUEVA. De conformidad con el artículo 5o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio de garantías son: el agraviado o agraviados; la o las autoridades responsables; el o los terceros perjudicados, pudiendo tener tal carácter, enunciativamente, la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando sea promovido por persona extraña al procedimiento; el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado y el Ministerio Público Federal, los cuales por disposición expresa de la ley pueden intervenir en el procedimiento, sin más limitaciones que las que en la misma se señalan. En esa tesitura, se concluye que aquella persona física o moral que intente oficiosamente introducirse a la relación procesal sin tener previamente reconocida por el juzgador la calidad de parte, formal o accidentalmente, carece de legitimación procesal y, por ende, la autoridad que conozca del juicio deberá desestimar las promociones, recursos o incidentes que promueva, con la salvedad prevista en el diverso 96 del ordenamiento en consulta, más aún cuando de su contenido se advierta la pretensión de afectar a las partes en el conflicto." Se dice lo anterior, pues si bien es cierto que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como su autorizada a la promovente, también cierto es que por ocurso presentado en este juzgado el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, ***informó que ya no prestaba sus servicios profesionales a la aquí agraviada, por lo que dejó de tener comunicación con la misma y no le había sido posible localizarla en los números de teléfonos con los que cuenta; asimismo, expuso que desconocía el motivo por el cual la solicitante del amparo omitió revocar el domicilio procesal señalado en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito signado por María Guadalupe Coyac Aguilar, en su carácter de autorizada para oír y recibir notificaciones por la parte quejosa, a través del cual, en atención a la determinación de diecisiete de diciembre actual, informa que desde hace seis meses aproximadamente ya no presta sus servicios profesionales a la aquí agraviada, por lo que dejó de tener comunicación con la misma y no le ha sido posible localizarla en los números de teléfonos con los que cuenta para estar en la condición de comunicarle lo establecido en la actuación de que se trata; asimismo, expone que desconoce el motivo por el cual la solicitante del amparo omitió revocar el domicilio procesal señalado en autos. No obstante lo anterior, manifiesta que tiene conocimiento que el domicilio particular de la aludida se ubica en el municipio de Tuxpan, Nayarit, o bien, en el poblado conocido como El Limón, del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, desconociendo la residencia exacta. En este orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, así como de no retardar la secuela de este juicio, practíquese la notificación de referencia, así como la presente actuación, por lista que se publicará en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de Eladia Lomeli García, aquí tercera interesada, a través del cual, en atención a la determinación de diez de diciembre de dos mil diecinueve, manifiesta que promueve incidente en los términos del artículo 156 de la Ley de Amparo; es decir, incidente de responsabilidad por daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía otorgada en autos. Es oportuno precisar, que el artículo 156 de la Ley de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía y contragarantía otorgadas con motivo de la suspensión de los actos reclamados, debe promoverse el incidente respectivo, de conformidad con la Ley de la Materia, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la ejecutoria de amparo. En la especie, la resolución dictada en este juicios principal, misma que sobreseyó, causó ejecutoria por ministerio de ley el ocho de agosto del año en curso, toda vez que en esa fecha el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, residente en Culiacán, Sinaloa, confirmó la resolución dictada (fojas 391 a 413). En consecuencia, por encontrarse dentro del plazo previsto en el arábigo 156 invocado, se le tiene promoviendo INCIDENTE para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión definitiva, por los posibles daños y perjuicios derivados de dicha suspensión. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo con copia del escrito de cuenta dése vista a las partes por el plazo de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Luego, con sustento en los preceptos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que adjuntó al escrito presentado el nueve de diciembre de este año. Al caso, es dable invocar el criterio jurisprudencial P./J. 20/2016 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página veintiocho, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que, bajo los siguientes rubro y texto, establece: "GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EL PLAZO DE 6 MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 PARA PROMOVERLO, SE COMPUTA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICA A LAS PARTES LA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión en el juicio de amparo es una medida precautoria por la cual la autoridad judicial federal ordena detener temporalmente la ejecución del acto reclamado mientras se decide si es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo abrogada, si la autoridad que se pronuncia sobre la medida cautelar advierte que su concesión causará daños y perjuicios al tercero perjudicado, debe fijar garantía suficiente a cargo del beneficiario de la medida para responder por ellos. Por su parte, el tercero perjudicado puede otorgar contragarantía para ejecutar el acto cuya constitucionalidad se reclama. Una vez concluido el juicio de amparo, si el tercero perjudicado o el quejoso consideran -el primero en caso de que se niegue la protección constitucional y el segundo en caso de que se le conceda- que resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado, tienen la oportunidad de promover, dentro del plazo de 6 meses, el incidente regulado en el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, para hacer efectiva la garantía o la contragarantía otorgada a propósito de la suspensión. Para tales efectos, específicamente en un juicio de amparo indirecto en el que se promueve recurso de revisión, el plazo de 6 meses contará a partir del día siguiente a aquel en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito notifican a las partes la ejecutoria de amparo, de acuerdo con las reglas estipuladas en el artículo 29 de la referida Ley de Amparo.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de Eladia Lomeli García, aquí tercera interesada, a través del cual, en atención a la determinación de diez de diciembre de dos mil diecinueve, manifiesta que promueve incidente en los términos del artículo 156 de la Ley de Amparo; es decir, incidente de responsabilidad por daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía otorgada en autos. Es oportuno precisar, que el artículo 156 de la Ley de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía y contragarantía otorgadas con motivo de la suspensión de los actos reclamados, debe promoverse el incidente respectivo, de conformidad con la Ley de la Materia, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la ejecutoria de amparo. En la especie, la resolución dictada en este juicios principal, misma que sobreseyó, causó ejecutoria por ministerio de ley el ocho de agosto del año en curso, toda vez que en esa fecha el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, residente en Culiacán, Sinaloa, confirmó la resolución dictada (fojas 391 a 413). En consecuencia, por encontrarse dentro del plazo previsto en el arábigo 156 invocado, se le tiene promoviendo INCIDENTE para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión definitiva, por los posibles daños y perjuicios derivados de dicha suspensión. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo con copia del escrito de cuenta dése vista a las partes por el plazo de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Luego, con sustento en los preceptos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que adjuntó al escrito presentado el nueve de diciembre de este año. Al caso, es dable invocar el criterio jurisprudencial P./J. 20/2016 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página veintiocho, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que, bajo los siguientes rubro y texto, establece: "GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EL PLAZO DE 6 MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 PARA PROMOVERLO, SE COMPUTA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICA A LAS PARTES LA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión en el juicio de amparo es una medida precautoria por la cual la autoridad judicial federal ordena detener temporalmente la ejecución del acto reclamado mientras se decide si es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo abrogada, si la autoridad que se pronuncia sobre la medida cautelar advierte que su concesión causará daños y perjuicios al tercero perjudicado, debe fijar garantía suficiente a cargo del beneficiario de la medida para responder por ellos. Por su parte, el tercero perjudicado puede otorgar contragarantía para ejecutar el acto cuya constitucionalidad se reclama. Una vez concluido el juicio de amparo, si el tercero perjudicado o el quejoso consideran -el primero en caso de que se niegue la protección constitucional y el segundo en caso de que se le conceda- que resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado, tienen la oportunidad de promover, dentro del plazo de 6 meses, el incidente regulado en el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, para hacer efectiva la garantía o la contragarantía otorgada a propósito de la suspensión. Para tales efectos, específicamente en un juicio de amparo indirecto en el que se promueve recurso de revisión, el plazo de 6 meses contará a partir del día siguiente a aquel en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito notifican a las partes la ejecutoria de amparo, de acuerdo con las reglas estipuladas en el artículo 29 de la referida Ley de Amparo.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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