Margarita Martínez Díaz
Expediente 64/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/04/2017
Partes del expediente
- Margarita Martínez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinte de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo interpuesta por el licenciado Cruz Antonio Juárez Peraza, apoderado legal de Margarita Martínez Díaz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo segundo, se declara que dicha determinación, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de la certificación de inicio se advierte que no existen documentos originales, por lo que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. Notifíquese.
- Principal
con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso b) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete que en lo conducente dice: "...Ensenada, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Representante de Gobierno, por Ministerio de Ley, de la Junta Especial número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al oficio 2752, de dieciséis de marzo del presente año, remite en copia certificada, la demanda promovida por la quejosa Margarita Martínez Díaz, en la que otorga poder amplio, entre otros profesionistas, al licenciado Cruz Antonio Juárez Peraza, quien promovió la demanda de amparo que nos ocupa. Por lo que en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo y 693 de la Ley Federal del Trabajo, se tiene por acreditado que el promovente Cruz Antonio Juárez Peraza tiene el carácter que ostenta. Ahora bien, de autos se advierte que mediante escrito con número de registro 1133, el licenciado Cruz Antonio Juárez Peraza, en representación de Margarita Martínez Díaz, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, pues consideraba que el auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, y notificado el nueve de enero del presente año, por el cual se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida, y remitió los autos a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, afectaba los derechos de la misma. Así es, los actos reclamados consisten en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: EL ACUERDO DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, el cual se declara Oficiosamente Incompetente para conocer del asunto, en virtud de que a su criterio la actividad de los demandados no encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, mismo acto que causa perjuicio en los derechos fundamentales de la quejosa". En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Los preceptos transcritos facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... (...) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y " En la especie, se aprecia que se actualiza la citada causal de improcedencia, toda vez que la parte quejosa reclama la resolución de siete de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el juicio laboral 536/2016, mediante el cual, la Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta localidad, se declaró incompetente para conocer y resolver la controversia puesta a su consideración, por lo que declinó la competencia a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. En ese contexto, el hecho de que la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, declinara la competencia a la diversa Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, no causa un daño de forma irreparable del quejoso pues dicha situación en el tema competencial ocurre hasta que se acepta por la autoridad o quien se estime legalmente competente. Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que si bien el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, preveía la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinaban inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo cierto era que no podía entenderse en su literalidad, ya que era necesario que dicho auto fuera definitivo y produjera una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, lo cual ocurrirá una vez que el órgano a favor del que se declinaba la aceptara (incompetencia por declinatoria); o bien, cuando se inhibiera el conocimiento del asunto (competencia por inhibitoria), porque era cuando se producían todas las consecuencias del acto impugnado y una afectación personal y directa al agraviado. Entonces, si la resolución combatida es un planteamiento de incompetencia que no adquiere definitividad, pues en el tiempo de que se promovió la demanda, aun no se había pronunciado la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, resulta indudable que tal determinación reclamada es un acto que no deja sin defensa a las partes respecto del mismo, lo que permite concluir que no irroga ningún perjuicio al quejoso pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de dos mil quince, página cinco, que a la letra señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Todo ello guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Amén de lo anterior, debe señalarse que el licenciado Cruz Antonio Juárez Peraza, en representación de Margarita Martínez Díaz, promovió una diversa demanda de amparo, que por turno tocó conocer a este Juzgado de Distrito, quedando registrada con el número 184/2017, en la que señaló como acto reclamado el auto dictado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta localidad, en el que aceptó la competencia planteada, por lo que en su momento, de cumplir con los requisitos de procedencia, se analizará en el expediente en mención. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracción VIII, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano de demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acuerda y firma Jesús Eduardo Medina Martínez, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Irma Beatriz Vidales González, secretario que autoriza y da fe...."
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, de los que se colige que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veinticuatro de febrero del presente año, lo que le fue notificado mediante oficio 1948/2017, de la misma data, el cual fue recibido el veintisiete del mismo mes y año, sin que a la fecha haya dado cumplimiento con lo solicitado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese de nueva cuenta a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de quedar notificado, remita copia certificada de las constancias con las que se le tuvo por acreditada la personalidad a Cruz Antonio Juárez Peraza, dentro del expediente 536/2016, remitido por incompetencia por el Presidente en Funciones de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta localidad, mediante ocurso 121 de doce de enero del presente año, pues ante éste Juzgado de Distrito se ostentó como apoderado legal de Margarita Martínez Díaz, de igual forma, informe el estado procesal que guarda el mismo. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con los numerales Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Presidente en Funciones de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, por medio del cual informa, en atención al oficio 1750/2017 , la imposibilidad de remitir las constancias con las cuales Cruz Antonio Juárez Peraza, acreditó ser apoderado legal de Margarita Martínez Díaz, pues indica que los autos fueron remitidos, por incompetencia, a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta localidad, por lo que solicita se requiera a dicho órgano para que las envíe; anexando copia certificada del acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, atendiendo a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de quedar notificado, remita copia certificada de las constancias con las que se le tuvo por acreditada la personalidad a Cruz Antonio Juárez Peraza, dentro del expediente 536/2016, pues ante éste Juzgado de Distrito se ostentó como apoderado legal de Margarita Martínez Díaz. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con los numerales Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE.
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