Margarita Maricela Méndez Marrufo
Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 37 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Margarita Maricela Méndez Marrufo
- Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios con los que se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa. Toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a ésta, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que sólo podrán interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que se les haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un asunto en el que se sobreseyó en el presente juicio, por lo que no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las responsables en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 122/20201-VI-B, promovido por MARGARITA MARICELA MÉNDEZ MARRUFO; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad, y turnado el veinticinco siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, MARGARITA MARICELA MÉNDEZ MARRUFO solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó de las autoridades siguientes: AUTORIDADES ORDENADORAS 1. Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; 2. Jefe del Departamento de Fiscales Penales de la Fiscalía General; 3. Director de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 4. Jefe del Departamento de Investigación y Atención Temprana. 5. Titular de la Fiscalía Investigadora Mixta Número Uno; 6. Titular de la Fiscalía Investigadora Mixta Número Dos; 7. Titular de la Fiscalía Investigadora Especial Número Uno; 8. Titular de la Fiscalía Investigadora Especial Número Dos; 9. Titular de la Fiscalía Investigadora Especial Número Tres; 10. Agente Investigador en Trámite Número Uno del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado; 11. Agente Investigador en Trámite Número Dos del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado; 12. Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado; 13. Fiscal en Jefe del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales del Primero Distrito Judicial en el Estado; 14. Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado; 15. Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en la Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado (señalada por el quejoso dos veces); 16. Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 1 Uno (señalada por el quejoso como Agencia Número Treinta y Dos); 17. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Treinta y Tres; 18. Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres (señalada por el quejoso como Agencia Número Treinta y Cinco); 19. Directora Jurídica de la Fiscalía General del Estado; 20. Jefe del Departamento Jurídico de la Fiscalía General del Estado; 21. Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado; 22. Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado; 23. Jefe del Departamento de Consignaciones de la Fiscalía General del Estado; Todas las anteriores residentes en esta ciudad, en sus correctas denominaciones. 24. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Trece, con sede en Valladolid, Yucatán (señalada por el quejoso dos veces); 25. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Once, con sede en Progreso, Yucatán; 26. Fiscal Investigador en Jefe de la Fiscalía Investigadora, con sede en Tekax, Yucatán (denominación correcta); 27. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Catorce, con sede en Ticul, Yucatán; 28. Fiscal Investigador de la Agencia de Investigación y Litigación en Tizimín, Yucatán (denominación correcta); 29. Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Décimo Sexta, con sede en Maxcanú, Yucatán (denominación correcta); 30. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Diecisiete, con residencia en Izamal, Yucatán; 31. Fiscal Investigador en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Hunucmá, Yucatán (denominación correcta); 32. Fiscal en Jefe en turno del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Kanasín, antes Agencia Vigésima Tercera (denominación correcta); 33. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintisiete, con sede en Umán, Yucatán; AUTORIDADES EJECUTORAS 34. Director de la Policía Ministerial Investigadora del Estado; y, 35. Jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En auto de veintiséis de enero del año en curso, se registró la demanda de amparo con el número 122/2021-VI-B y se admitió a trámite la misma, haciendo la aclaración a la parte quejosa que el presente juicio se tramitaría únicamente respecto a la orden de presentación y/o detención que pudiera haberse dictado en su contra; lo anterior, tomando en consideración que a las autoridades responsables señaladas les está vedada la posibilidad de librar órdenes de aprehensión. Asimismo, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede, todo lo cual se hizo en sus términos. TERCERO. Por otro lado, mediante proveído de quince de febrero actual, se dejó de tener como autoridades responsables al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALES PENALES DE LA FISCALÍA; TITULARES DE LAS FISCALÍAS INVESTIGADORAS MIXTAS NÚMEROS UNO y DOS; TITULARES DE LAS FISCALÍAS INVESTIGADORAS ESPECIALES NÚMEROS UNO, DOS y TRES; y, JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, todos con sede en esta ciudad; suspendiendo toda comunicación con las mismas, por los motivos ahí expuestos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de presentación y/o detención dictada en su contra, con su correspondiente ejecución. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables; toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, a excepción de la quejosa, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MARGARITA MARICELA MÉNDEZ MARRUFO, contra los actos de las autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 122/2021-VI-B, promovido por MARGARITA MARICELA MÉNDEZ MARRUFO, contra los actos que reclamó del Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, MARGARITA MARICELA MÉNDEZ MARRUFO, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las autoridades siguientes: AUTORIDADES ORDENADORAS 1. Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; 2. Jefe del Departamento de Fiscales Penales de la Fiscalía General; 3. Director de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 4. Jefe del Departamento de Investigación y Atención Temprana. 5. Titular de la Fiscalía Investigadora Mixta Número Uno; 6. Titular de la Fiscalía Investigadora Mixta Número Dos; 7. Titular de la Fiscalía Investigadora Especial Número Uno; 8. Titular de la Fiscalía Investigadora Especial Número Dos; 9. Titular de la Fiscalía Investigadora Especial Número Tres; 10. Agente Investigador en Trámite Número Uno del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado; 11. Agente Investigador en Trámite Número Dos del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado; 12. Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado; 13. Fiscal en Jefe del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales del Primero Distrito Judicial en el Estado; 14. Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado; 15. Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en la Justicia para la Mujer del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado (señalada por el quejoso dos veces); 16. Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 1 Uno (señalada por el quejoso como Agencia Número Treinta y Dos); 17. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Treinta y Tres; 18. Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres (señalada por el quejoso como Agencia Número Treinta y Cinco); 19. Directora Jurídica de la Fiscalía General del Estado; 20. Jefe del Departamento Jurídico de la Fiscalía General del Estado; 21. Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado; 22. Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado; 23. Jefe del Departamento de Consignaciones de la Fiscalía General del Estado; Todas las anteriores residentes en esta ciudad, en sus correctas denominaciones. 24. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Trece, con sede en Valladolid, Yucatán (señalada por el quejoso dos veces); 25. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Once, con sede en Progreso, Yucatán; 26. Fiscal Investigador en Jefe de la Fiscalía Investigadora, con sede en Tekax, Yucatán (denominación correcta); 27. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Catorce, con sede en Ticul, Yucatán; 28. Fiscal Investigador de la Agencia de Investigación y Litigación en Tizimín, Yucatán (denominación correcta); 29. Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Décimo Sexta, con sede en Maxcanú, Yucatán (denominación correcta); 30. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Diecisiete, con residencia en Izamal, Yucatán; 31. Fiscal Investigador en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Hunucmá, Yucatán (denominación correcta); 32. Fiscal en Jefe en turno del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Kanasín, antes Agencia Vigésima Tercera (denominación correcta); 33. Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintisiete, con sede en Umán, Yucatán; AUTORIDADES EJECUTORAS 34. Director de la Policía Ministerial Investigadora del Estado; y, 35. Jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe previo; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se celebró por lo que respecta a las autoridades locales el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. TERCERO. Por otro lado, mediante proveído de quince de febrero actual, se dejó de tener como autoridades responsables al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALES PENALES DE LA FISCALÍA; TITULARES DE LAS FISCALÍAS INVESTIGADORAS MIXTAS NÚMEROS UNO y DOS; TITULARES DE LAS FISCALÍAS INVESTIGADORAS ESPECIALES NÚMEROS UNO, DOS y TRES; y, JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, con sede en esta ciudad; suspendiendo toda comunicación con las mismas, por los motivos ahí expuestos. Finalmente, se celebró la audiencia incidental por lo que concierne a las autoridades foráneas, el día de hoy, en los términos que constan en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los que hizo consistir en: La orden de presentación y/o detención dictada en su contra, con su correspondiente ejecución. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados al Titular de la Fiscalía Investigadora Número Trece, con sede en Valladolid, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Once, con sede en Progreso, Yucatán; Fiscal Investigador en Jefe de la Fiscalía Investigadora, con sede en Tekax, Yucatán (denominación correcta); Titular de la Fiscalía Investigadora Número Catorce, con sede en Ticul, Yucatán; Fiscal Investigador de la Agencia de Investigación y Litigación en Tizimín, Yucatán (denominación correcta); Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Décimo Sexta, con sede en Maxcanú, Yucatán (denominación correcta); Titular de la Fiscalía Investigadora Número Diecisiete, con residencia en Izamal, Yucatán; Fiscal Investigador en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Hunucmá, Yucatán (denominación correcta); Fiscal en Jefe en turno del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Kanasín, antes Agencia Vigésima Tercera (denominación correcta), y Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintisiete, con sede en Umán, Yucatán, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes previos, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por lo que procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de tales actos, por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,820 en Ius Intranet, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE NIEGA a MARGARITA MARICELA MÉNDEZ MARRUFO, la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Titular de la Fiscalía Investigadora Número Trece, con sede en Valladolid, Yucatán; Titular de la Fiscalía Investigadora Número Once, con sede en Progreso, Yucatán; Fiscal Investigador en Jefe de la Fiscalía Investigadora, con sede en Tekax, Yucatán (denominación correcta); Titular de la Fiscalía Investigadora Número Catorce, con sede en Ticul, Yucatán; Fiscal Investigador de la Agencia de Investigación y Litigación en Tizimín, Yucatán (denominación correcta); Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Décimo Sexta, con sede en Maxcanú, Yucatán (denominación correcta); Titular de la Fiscalía Investigadora Número Diecisiete, con residencia en Izamal, Yucatán; Fiscal Investigador en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Hunucmá, Yucatán (denominación correcta); Fiscal en Jefe en turno del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Kanasín, antes Agencia Vigésima Tercera (denominación correcta), y Titular de la Fiscalía Investigadora Número Veintisiete, con sede en Umán, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando segundo de la misma. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que aún no transcurre el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio en proveído de siete de mayo del presente año; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.
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