Margarita Ma. Teresa Linarte Ruiz

Expediente 1572/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1572/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Margarita Ma. Teresa Linarte Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida a nombre de Margarita Ma. Teresa Linarte Ruiz, por propio derecho contra actos del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM). ... se admite la demanda de amparo.... Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo....notif.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1572/2023-I, promovido por Margarita Ma. Teresa Linarte Ruiz, por propio derecho. Requerimiento de informe previo. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el cual deberá rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en el que se deberá concretar a expresar si es cierto o no el acto reclamado que se le atribuye, podrá manifestar las razones que estime pertinente sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, asimismo, deberá hacer del conocimiento de esta potestad judicial la naturaleza del juicio, en qué etapa procesal se encuentra y remitir las copias certificadas que acrediten su informe. Deberá proporcionar las constancias relativas al acto reclamado, con la finalidad de que este órgano jurisdiccional cuente con mayores elementos para estar en posibilidad de pronunciarse respecto a la suspensión definitiva. Apercibiéndosele que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa, por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. De la audiencia incidental Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión de autoridad y acto reclamado. Con el fin de establecer la litis en el presente asunto y con base en las manifestaciones de la parte quejosa en el escrito de demanda de amparo, se tiene como autoridades responsables y acto reclamado a los siguientes: Del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM): a). La omisión de cumplir con lo ordenado por el decreto mil trescientos cincuenta y cinco, por el que se concedió pensión por jubilación a la quejosa, que se traduce en la negativa de efectuar el pago correspondiente, a partir de mayo de dos mil veintiuno. Interés suspensional Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite la parte quejosa teniendo tal carácter, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Superado lo relativo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados supracitados, se procede a analizar si la parte quejosa acredita su interés suspensional. El interés suspensional, se refiere a la titularidad de los derechos que le asisten a la parte quejosa, por lo que para suspender la ejecución de los actos a que se refiere, es necesario que acredite aún de modo indiciario o presuntivo, el interés suspensional con el que afirma contar, ya que no basta la sola presentación de la demanda para que dicha medida sea concedida, sino que es necesario acreditar que pudiera resultar lesionado con algún daño inminente e irreparable que se ocasione con la ejecución del acto reclamado. Por otro lado, el Máximo Tribunal del país resolvió que, la connotación "de manera indiciaria", implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviada, además, de que pueda inferir que, efectivamente, la ejecución del acto reclamado le causará daño. En la especie, a fin de acreditar su interés suspensional, la parte quejosa exhibió lo siguiente: Impresión del recibo de nómina relativo al pago de pensión por jubilación, correspondiente al mes de octubre de dos mil veintitrés; Copia certificada del acuse de recibo del oficio por el que el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, remite al Gobernador Constitucional del mismo Estado, el decreto mil trescientos cincuenta y cinco, por el que se concede pensión por jubilación a la quejosa, para su publicación; y, Copia certificada del decreto mil trescientos cincuenta y cinco. Debe decirse que la publicación del decreto mencionado resulta un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Probanzas las anteriores que, adminiculadas entre sí, crean convicción en este Juzgador para demostrar el interés suspensional de la parte quejosa, en el sentido de que se le otorgó la pensión de referencia, y que la omisión de realizar el pago correspondiente afecta en su esfera jurídica el acto reclamado. Por tanto, las reseñadas probanzas son eficaces para acreditar que Margarita Ma. Teresa Linarte Ruiz, tiene derecho al pago de una pensión por jubilación. Orden Público e Interés social. Por otra parte, respecto a la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concesión de la suspensión provisional La Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 255/2016, sostuvo que con la nueva regulación del juicio de amparo desde la reforma a la fracción X del artículo 107 constitucional, publicada el seis de junio de dos mil once, para resolver si se concede la suspensión de un acto, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, junto con el peligro en la demora. Además, tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, la medida también debe permitir una tutela anticipada a la quejosa a fin de mantenerla en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social y se otorguen las garantías correspondientes si se afectan derechos de terceros. Desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el órgano jurisdiccional de amparo realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a efectos de resolver sobre la concesión de la suspensión del acto reclamado. El análisis de la apariencia del buen derecho debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el juez al resolver sobre la suspensión. De lo dicho, se aprecia que la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria. En ese sentido, es que en la nueva regulación del juicio de amparo se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sostuvo que si bien el salario mínimo está protegido en sede constitucional, esta protección también debe comprender a la pensión por jubilación, atendiendo a la finalidad de la norma y no a su interpretación literal, porque aun cuando el precepto constitucional no se refiere expresamente a la pensión, ello se debe a que en 1917 todavía no existía ese concepto. Con otras palabras, nuestro Alto Tribunal determinó que la intención del Constituyente Originario consistió en proteger a los trabajadores para que tuvieran una remuneración digna y lograran satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, objetivo que coincide con el contenido de los artículos 1o., 3o., 4o., 6°, 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123 constitucionales, que protegen el derecho de las personas a un núcleo de protección mínima que les garantice una subsistencia digna y autónoma. Entonces, aunque el salario y la pensión jubilatoria tienen un origen distinto -el primero está previsto en la ley y constituye la retribución pagada al trabajador por su labor, mientras que la segunda tiene un origen contractual y se genera con motivo de la terminación de la relación de trabajo, por el servicio durante varios años, se asemejan en cuanto a que ésta reemplaza a aquél como fuente de sustento económico del ex trabajador y de sus dependientes económicos. En ese orden de ideas, con apoyo en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, acreditada la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, a efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución de los derechos humanos que estima violados la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 144 y 151 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada respecto del acto reclamado para que: El único efecto de que la responsable dé cabal cumplimiento al acuerdo publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 1355, a través del cual se le otorga pensión por jubilación a Margarita Ma. Teresa Linarte Ruiz, equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. Lo anterior se considera así, puesto que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa (fracción I), porque a la fecha de actuación con su concesión no se advierte que se siga perjuicio al interés social, o bien, se contravengan disposiciones de orden público (fracción II), y además, de ejecutarse los actos reclamados, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación. Aunado a lo anterior, se acredita la apariencia del buen derecho que defiende la quejosa, en virtud de que en el acuerdo de pensión publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 1355, se otorgó una pensión por jubilación a Margarita Ma. Teresa Linarte Ruiz, equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. Asimismo, el derecho al mínimo vital de la quejosa se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerarse que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas, con la finalidad de garantizar una subsistencia digna y autónoma, lo cual se obtiene de interpretar los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, toda vez que la pensión por jubilación que fue otorgada a la parte quejosa es su único medio de subsistencia, resulta procedente la medida provisional solicitada, ya que debe garantizarse el derecho a gozar de una prestación que asegure su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de sus necesidades básicas. La concesión de la suspensión surtirá sus efectos siempre y cuando no se haya dejado sin efectos el acuerdo de pensión respectivo, esto es, continúe vigente. Sirve de sustento a la decisión adoptada, en lo conducente, la tesis I.9º.A.1 CS, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece publicada en la página 1738 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Tomo II, Marzo dos mil dieciséis, correspondiente a la Décima Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "MÍNIMO VITAL. CONFORME AL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS JURÍDICAS. El derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ende, constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. Ahora bien, en el ámbito internacional podemos encontrar algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no con esa denominación. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (artículo 25, numeral 1); de igual manera, prevé el derecho de los trabajadores a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, y que dicha remuneración debe completarse con cualquier otro medio de protección social (artículo 23, numeral 3). En el mismo contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene normas que en cierta medida recogen elementos de la prerrogativa indicada pues, por una parte, desarrolla el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (artículo 11, numeral 1); además, establece que la remuneración de los trabajadores como mínimo debe garantizar condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias [artículo 7, inciso a), subinciso ii)]. Por lo que hace al derecho mexicano, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional estableció, en la ejecutoria que dio origen a la tesis aislada 1a. XCVII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 793, de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.", que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. De lo anterior se sigue que el derecho al mínimo vital: I. Deriva del principio de dignidad humana, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta; II. Está dirigido a los individuos en su carácter de personas físicas; III. Es un derecho fundamental no consagrado expresamente en la Carta Magna, pero que se colige a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en sus artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123 y de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo y su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario, sino también en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente; y, IV. No puede entenderse como una protección económica únicamente, sino como una tutela vinculada con la dignidad de la persona, la integridad física, la vida y la protección de la familia. Por tanto, conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos, el derecho al mínimo vital está dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a.XCVII/2007, sustentada por la Primera Sala, que aparece publicada en la página 793 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Mayo dos mil siete, correspondiente a la Novena Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean." También, resulta aplicable a la presente determinación, la Tesis de jurisprudencia 528, visible en la página 347, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Segunda Sala, Apéndice de 1995; que a la letra establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Finalmente, cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia IX.1o. J/10, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo 65, Mayo 1993, Octava Época, visible en la página 59, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL DE LOS ACTOS RECLAMADOS. DEBE RESOLVERSE CONFORME A LAS AFIRMACIONES DEL QUEJOSO EN LA DEMANDA DE AMPARO. La suspensión de los actos reclamados que se concede en forma provisional, tiene la particularidad de que se otorga o se niega sin que, en ocasiones, el Juez de Distrito tenga ante sí todos los medios de prueba que tiendan a acreditar el dicho del quejoso y sin que se hubiese llamado a juicio a las demás partes en el mismo, ya que se decide sobre la medida cautelar, contando únicamente con la demanda de amparo; esto es, con el dicho de la parte promovente del juicio de garantías, a diferencia de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva, en la que se está en posibilidad de tener a la vista los informes previos que hubieran rendido las autoridades responsables, de recibir pruebas a las partes en la audiencia incidental y de escuchar sus alegatos. La decisión sobre la medida cautelar en las circunstancias apuntadas, obedece a la obligación que impone al Juez de Distrito el artículo 124 de la Ley de Amparo, fracción III, segundo párrafo, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.". Requisitos de efectividad de la suspensión Finalmente, el numeral 168 de Ley de Amparo expone que para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes. En el caso, atento a la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero perjudicado, no se reclaman actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, ni el amparo se promueve contra el cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal. En consecuencia, no ha lugar a fijar garantía alguna como requisito de efectividad de la suspensión provisional concedida, de conformidad con los artículos 132, 135 y 168 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 43/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 268, tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 189,848, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA." Notifíquese.

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