Margarita Luna Ortíz
Expediente 2270/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2270/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/11/2019
Partes del expediente
- Margarita Luna Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Amparos contra actos administrativos, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, y por ausencia del Director General de Amparos contra Leyes, todos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el citado Subprocurador en representación del Presidente de la República, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Ministerio Público Federal, copia de los oficios de agravios y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase los originales de los oficios de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, en turno, para la substanciación y resolución del medio de impugnación. La copia del recurso de revisión y de esta determinación glósese el cuaderno de antecedentes. También se hace del conocimiento del Tribunal Colegiado que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado a éste todas la promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, se instruye al personal adscrito a este juzgado, encargado de ese sistema, para que realice las gestiones necesarias para ese efecto. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de su parte a las personas que menciona para ese efecto y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público (hoy Fiscal Ejecutivo Titular).
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Causa estado declaratoria de cumplimiento Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha alguna de las partes haya interpuesto recurso de inconformidad contra del proveído en el que se determinó que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En consecuencia, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo, por lo que debe conservarse únicamente la demanda y la sentencia, pues a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación el resto de las constancias, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Asimismo, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento al quejoso que deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger los documentos aportados con su escrito de demanda, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, por el que remite una promoción correspondiente al incidente de suspensión en que se actúa; acúsese recibo y acuérdese lo que en derecho corresponda. Glósese a los autos el oficio remitido por la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el que interpone recurso de revisión contra la resolución interlocutoria de seis de septiembre de este año, emitida por el juzgado de origen; al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Ministerio Público Federal, copia del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del escrito de agravios y el cuaderno original del incidente de suspensión al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, en turno (por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y del Centro Auxiliar de la Primer Región con residencia en la Ciudad de México), para la substanciación y resolución del recurso de mérito. Se hace del conocimiento que no será formado cuaderno de antecedentes, en virtud de que se cuenta con el duplicado para seguir actuando como lo dispone el artículo 90 de la Ley de Amparo. Infórmese a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, instrúyase al Analista Jurídico a efecto de que realice lo movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Finalmente, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, constituye un hecho notorio para este juzgador, que en proveídos de veintidós de julio y ocho de agosto, ambos del año en curso, dictado en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, se ordenó practicar las notificaciones personales a la parte quejosa vía electrónica; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en los artículos 60, 87, 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza realizar las notificaciones vía electrónica en el incidente de suspensión en que se actúa, por lo que, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), así como al área de actuaria, a fin de que realicen los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito realice lo siguiente: Precise si a su interés legal conviene atribuir también al Presidente de la República el acto reclamado consistente en la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado, se tendrán como actos reclamados y autoridades responsables los que previamente señaló en su escrito de demanda y el de aclaración de ésta. El anterior requerimiento, se efectúa de dicha manera, ya que si bien de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Finalmente, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que resulte necesario, previo a realizar un pronunciamiento de admisión o no en torno a la demanda interpuesta, prevenir a la parte quejosa para que informe si a su interés legal conviene llamar a dicha autoridad y atribuirle el citado acto, tal y como se expuso en párrafos que anteceden. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
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