Margarita Lucinda Gomero Vega

Expediente 1939/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1939/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Margarita Lucinda Gomero Vega y Otros.
  • Margarita Lucinda Gomero Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Firmeza de auto. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de treinta de diciembre de la anualidad pasada, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por (1) ********************, (2) ********************, y (3) ********************; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. Sin que en el caso se haya tramitado incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no ha sido ratificada la demanda de amparo por las directas quejosas ***; y dado que el promovente no proporcionó en el plazo legal concedido por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, datos de localización requeridos en autos se acuerda lo siguiente: No presentada. Visto lo anterior y, virtud de que es obligación del promovente del amparo, informar a este juzgado en relación al paradero de los directos quejosos, a efecto de procurar una justicia pronta y expedita, en los términos que dispone el artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que en esencia se presentó la demanda de amparo en favor de las directas quejosas ***, por su alojamiento o detención en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal no se advierte que los mismos se encuentren en dicho lugar, por lo que con lo anterior no se vulnera derecho alguno de los directos quejosos; en consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cinco de diciembre del presente año, por tanto, se tiene por no presentada la demanda de amparo, y se deja sin efectos la medida suspensional decretado en favor de la parte quejosa en dicho auto. Notificación por lista. Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de radicación del presente juicio, de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se dijo: "Notificación personal. Hágasele todas las notificaciones a la parte quejosa de mérito de manera personal, en el lugar en el que actualmente esté privada de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar; por lo que en el supuesto de ya no encontrarse en las instalaciones migratorias correspondientes las notificaciones aún las personales serán por medio de lista en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo." Notifíquese; y a la directa quejosa, en términos el numeral 26 fracción III de la Ley de Amparo. Así, lo acordó y firma ***, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", virtud que, el Juez ***, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintidós, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/5553/2022 de veintidós de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido del licenciado ***, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que desconoce a los quejosos (1) ********************, (2) ********************, y (3) ********************, toda vez que no se encuentran a disposición del Instituto Nacional de Migración. Razón actuarial. Asimismo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la razón actuarial de cuenta, de la se advierte que el Actuario de la adscripción fue informado por personal de la autoridad responsable que los quejosos (1) ********************, (2) ********************, y (3) ********************, no se encuentran en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, y que no cuenta con información si en algún momento estuvo en dicha dependencia. Requerimiento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al autorizado de las quejosas, ********************, para que informe dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, si conoce dónde pudiera encontrarse actualmente el directo quejoso, o bien, en caso que ya no esté alojado en alguna instalación de las autoridades responsables, proporcione un domicilio y/o teléfono cierto y actual de las directas quejosas (1) ********************, (2) ********************, y (3) ********************, a efecto de localizarlos para lograr la comparecencia ante este juzgado de distrito, para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de radicación, donde se les requirió por la ratificación de la demanda promovida; o incluso, informen la imposibilidad jurídica o fáctica que tengan para dar cumplimiento a aquí lo requerido. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese y personalmente a ********************. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a cinco de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por (i) ********************* contra actos del Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 15, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 109, 112, 115, 116, 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se tiene por promovida dicha demanda en sus términos, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1939/2022. Suspensión de plano. Ahora, dado que en la demanda de amparo se reclamó lo siguiente: "3. AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS: I. Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, residente en Mexicali, Baja California, [.] II. Autoridad Migratoria responsable de la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California, con domicilio bien conocido en Av. Melgar, N.1, Garita Internacional, Zona Centro, C.P. 21100, Mexicali, B.C. I. ACTOS RECLAMADOS: 1. RECLAMAMOS LA INCONSTITUCIONAL REVISIÓN Y DETENCIÓN DE EL QUEJOSO EN PARTICULAR, BASADA EN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS, EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA EXCESIVA E INCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE SOLICITAN LAS RESPONSABLES AL QUEJOSO, PARA PODER SALIR AMPARADOS BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 3. RECLAMAMOS LA DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A LA QUE EL QUEJOSO HA SIDO OBJETO, SIN QUE HAYA COMETIDO DELITO ALGUNO Y SIN QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DE UN PROCESO, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, YA QUE NO FUE LLAMADO A JUICIO, NI EMPLAZADO, Y SIN LA MENOR PROVOCACIÓN O JUSTIFICACIÓN HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, SIN QUE SE OBSERVEN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTIAS QUE LA CONSTITUCIÓN LE OTORGA PARA DEFENDERSE. 4. RECLAMAMOS LA SUPUESTA SUJECIÓN DE LOS IMPETRANTES A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA EN CONFINAMIENTO. 5. RECLAMAMOS LA NEGATIVA DE OTORGARLE A LOS QUEJOSOS, EL OFICIO DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE MEXICALI, B. C. 6. RECLAMAMOS LA INDEBIDA RETENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS POR EL QUEJOSO PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD CUBANA. 7. RECLAMAMOS LA ACTUAL E INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O REPATRACIÓN ASISTIDA O "POR RAZONES HUMANITARIAS" A LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LOS QUEJOSOS SIN SU CONSENTIMIENTO. 8. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TAMBIÉN RECLAMAMOS EL ACTUAL E INMINENTE RIESGO DE QUE EL QUEJOSO SEA TRASLADADO A LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE TIJUANA, B. C., O BIEN, A LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PRACTICA QUE REALIZAN LAS RESPONSABLES, ADSCRITAS AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR LO TANTO, ES UN TEMOR FUNDADO, ESTE ACTO QUE SE RECLAMA. 9. ACTUALMENTE, LOS AQUÍ IMPETRANTES SE ENCUENTRAN DETENIDOS, RETENIDOS, BAJO CUSTODIA, ENCARCELADOS, O COMO LAS RESPONSABLES QUIERAN DENOMINAR SU CONDICIÓN LEGAL, EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA MULTICITADA, ALEGANDO LAS MISMAS, QUE ES UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, TAL VEZ FORMALMENTE, PERO MATERIALMENTE ES UNA MEDIDA CARCELARIA." Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto los actos consistentes en la deportación, expulsión, repatriación asistida o "por razones humanitarias" al país de origen y traslado; por lo que, en caso de estarse efectuando, cesen sus efectos inmediatamente; igualmente, en relación con la ausencia de asesoría legal, deben cesar sus efectos inmediatamente, ya que conforme al numeral 109, fracción V, de la Ley Nacional de Migración, tienen derecho a permitirles el acceso de sus representantes legales y tener asesoría legal en el procedimiento migratorio. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD [privación de su libertad y/o aseguramiento y/o alojamiento y/o detención] [PRIMER SUPUESTO] Luego, en torno a los diversos actos consistentes en la privación de su libertad en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mexicali, dada la naturaleza de la citada autoridad, debe decirse que en el caso se presume que la detención está siendo efectuada por autoridad administrativa, distinta del Ministerio Público, con motivo del procedimiento para determinar su legal estancia en el país. Por ende y dado que a decir del promovente de la parte quejosa se encuentra privada de su libertad fuera de todo procedimiento, asegurada, alojada, detenida, presentada de manera forzosa o cualquier denominación en este sentido; al efecto, se concede la suspensión de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con las disposiciones atinentes de Ley de Migración que rige el actuar de las autoridades responsables, en los siguientes términos: 1. Para que las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, acrediten de inmediato ante este Juez de Distrito, si la parte quejosa está sujeta a un procedimiento migratorio o bajo la comisión de un delito. 2. Para el caso que esté detenido bajo la comisión de un delito, deberá ponerla sin demora alguna a disposición del Ministerio Público. 3. Si no se demuestra fehacientemente que la quejosa está sujeta a un procedimiento migratorio, ni algún otro por su posible participación en un hecho que la ley señale como delito, deberá ordenar su inmediata libertad. Similares criterios sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado, en el recurso de queja administrativa 58/2022; el Sexto Tribunal Colegiado, en el recurso de queja administrativa 59/2022; y, el Cuarto Tribunal Colegiado, en el recurso de queja administrativa 61/2022, todos ellos de este Decimoquinto Circuito. En el entendido de que, sin prejuzgar el fondo del asunto, la "detención" de la parte quejosa no se trata de una privación de tipo penal por la comisión de un delito ni es realizada por autoridades administrativas derivada de infracciones de ese tipo, reguladas en reglamentos gubernativos y de policía que excede del plazo máximo de treinta y seis horas de arresto, porque tal supuesto es el que se encuentra vinculado con lo que dispone el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tiene impacto en las disposiciones aplicables a la suspensión, previstas en la segunda parte de la sección III de la Ley de Amparo, o sea, la suspensión del acto reclamado en materia penal. Cierto, conforme a la información suministrada en la demanda de derechos fundamentales, se advierte que los actos reclamados se vinculan con la presentación o alojamiento en una estación migratoria derivado de lo establecido en el artículo 33, párrafo segundo, de la Carta Magna, la cual prevé expresamente las bases para la substanciación del procedimiento migratorio, previo a la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional y de la fijación del lugar y tiempo de la "detención", que a su vez regula la norma secundaria, esto es la Ley de Migración, cuya distinción fáctica y jurídica es de suma relevancia al caso. Lo anterior se fortifica con el criterio desprendido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 119/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, en esencia y en lo que al caso interesa, dicho órgano colegiado estableció que la orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal en estaciones migratorias, tienen una naturaleza administrativa y no penal, ya que no se trata de una sanción de carácter punitivo. Tesis con siguientes datos de identificación y contenido: "Registro digital: 2025448 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 1a./J. 119/2022 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones divergentes al establecer la competencia de un Juez de Distrito, por razón de materia, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de presentación y/o alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria. Por un lado, un bloque determinó que cuando se reclama ese acto, al ser restrictivo de la libertad personal, la competencia se surte en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal; mientras que el otro estimó que tal acto es materialmente administrativo, no de carácter penal y, por tanto, corresponde conocer del mismo a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la orden de presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, es un acto de naturaleza administrativa, al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en las estaciones migratorias o en los lugares destinados para tal efecto, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria; por lo que no es un acto restrictivo de la libertad personal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. Por lo que, acorde con los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y 57 de la vigente, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Justificación: La orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal, dictada en el procedimiento administrativo migratorio con la finalidad de que el extranjero permanezca alojado en una estación migratoria hasta que se resuelva su situación, a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración, es emitida por la autoridad correspondiente del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Éste tiene por objeto la ejecución, el control y la supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. Por tanto, si la orden de presentación es la medida dictada por dicho Instituto en la que se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia en el país, su naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues no obstante que puede restringir la libertad personal de la persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el propósito o la finalidad perseguida es el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. De ahí, que de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no tenga las medidas adecuadas, pues dicha medida no se trata de una sanción de carácter punitivo." [SEGUNDO SUPUESTO] Ahora, si los quejosos se encuentran en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, las autoridades responsables deberán acatar en sus términos la Ley de Migración y su reglamento, así como el Protocolo para Juzgar Casos que Involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en específico el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" en el que se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento, prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción; concretamente y de manera destacada, se prevén la posibilidad de que los impetrantes obtengan la libertad en los términos y en los supuestos contenidos en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, conforme a lo cual se garantiza su acceso a ese derecho. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 162, ambos de la Ley de Amparo, en consonancia con las disposiciones atinentes de Ley de Migración, en caso de que la parte quejosa actualmente estuviera detenida ante la autoridad sujeta a un procedimiento administrativo migratorio para poder definir la situación legal en el país, ésta queda a disposición del presente Juzgado de Distrito, únicamente por lo que a su libertad personal se refiere, pero en el lugar en el que actualmente se encuentra -instalaciones de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California-, en tal sentido la autoridad migratoria se encuentra obligada a obedecer esta orden bajo su más estricta responsabilidad. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Migración, el cual invoca lo siguiente: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes no podrá exceder de treinta y seis horas, ante la autoridad migratoria, por tanto, en caso de que la presentación exceda las treinta y seis horas, sin iniciar el procedimiento administrativo migratorio, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la quejosa sea puesta en libertad y dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que la parte gestora del amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido. Sin embargo, para el caso de que se hubiere iniciado el procedimiento administrativo de migración, es importante establecer el contenido del artículo 111 de la Ley de Migración, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación." El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y, V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero." (El subrayado es propio) Virtud del precepto legal antes trascrito, se advierte de manera literal, que los términos precisados en el párrafo que antecede a que se hace referencia en el citado normativo, se trata de días hábiles, y no naturales, los que tiene la autoridad correspondiente para resolver la situación migratoria del extranjero alojado en una estación migratoria; en la inteligencia que conforme dicho dispositivo la autoridad podrá resolver en un primer supuesto general, dentro del plazo de quince días hábiles, y para otros casos establecidos en ese mismo artículo, prevé un plazo más amplio que no podrá exceder de sesenta días hábiles. En el mismo sentido lo determinaron el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el recurso de queja administrativa 212/2021; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja administrativa Q. A. I. (B) 298/2021; y, el Pleno del Décimo Circuito, en la contradicción de tesis 6/2019. Asimismo, es importante destacar que en el proyecto presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, relativo al amparo en revisión 275/2019, publicado conforme lo dispone el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia que reza lo siguiente: "Registro digital: 2007922 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 53/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 61 Tipo: Jurisprudencia PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El análisis del proceso legislativo de la Ley de Amparo permite advertir que la intención del legislador, al prever la obligación de publicar los proyectos de resolución que se someterán a la consideración del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, fue transparentar las decisiones de los asuntos de gran trascendencia, como son los que versan sobre un tema de constitucionalidad o de convencionalidad, por ser de interés general, destacando que la publicidad no debe darse respecto de cualquier tipo de asunto. En ese sentido, los proyectos de resolución que deben publicarse con la misma anticipación que la lista correspondiente, en términos del párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, son aquellos en los que se analiza la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o bien, se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, lo que no acontece cuando, habiéndose planteado tales aspectos en la demanda de amparo, se omite responder a los conceptos de violación respectivos o, en su caso, a los agravios formulados en la revisión, por existir una causa jurídica que impide emitir pronunciamiento sobre el particular. Lo anterior, en la inteligencia de que la publicación deberá realizarse atendiendo a la normativa aplicable en materia de acceso a la información y, en el caso específico del juicio de amparo directo, comprender sólo los datos de identificación del asunto y la parte considerativa del proyecto que contiene el tema de constitucionalidad o de convencionalidad de que se trate. Lo anterior, sin perjuicio de que los órganos colegiados referidos, o bien, el Ministro o el Magistrado ponente, cuando lo estimen conveniente, ordenen la publicación de los proyectos de resolución en los que, si bien se analizan temas distintos de aquéllos, la decisión relativa podría dar lugar a sustentar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, pues ello es acorde con la intención del legislador de dar publicidad a la propuesta de resolución de asuntos trascendentes." Del proyecto en cuestión, se advierte, en lo que aquí interesa, que el plazo de quince días hábiles el cual no podrá exceder de sesenta días hábiles, a que alude el numeral 111 de la Ley de Migración, resulta acorde al estándar interamericano, al plasmarse lo siguiente: "[.] 375. Así, si bien es cierto la parte recurrente no impugnó el artículo 111 de la Ley, también lo es que, dada la relación que existe entre ambas disposiciones, es importante para este Alto Tribunal pronunciarse sobre la interpretación que debe de atribuírsele. 376. En esa tesitura, con independencia de que la norma establezca con precisión un límite temporal para la permanencia de las personas en esas estaciones migratorias -lo cual resulta acorde con el estándar interamericano-, es importante para esta Primera Sala definir la forma en que se deba ponderar el plazo razonable para valorar la duración de una persona dentro de ellas sin exceder los límites temporales que ha establecido expresamente el legislador. [.]". Y si bien es cierto, el proyecto de que se trata fue desechado, ello no fue por considerar que el término de quince o de sesenta días hábiles que establece el artículo 111 de la Ley de Migración, sea inconstitucional o inconvencional, ya que en el nuevo proyecto emitido por la ponente Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, propuso negar el amparo respecto del artículo en cuestión, al establecer en el proyecto lo siguiente: "251. De conformidad con lo anterior, al haber resultado infundados por una parte, y fundados por otra los conceptos de violación respecto de las normas generales materia de revisión constitucional, procede negar el amparo en cuanto a los artículos 16, fracción II, 17, 20 fracción VII, 99, primer y segundo párrafos, 100, 111 y 121 de la Ley de Migración, [.]. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. En la materia de la revisión, la Justicia Federal no ampara ni protege a *********, ********* y *********, todos de apellidos *********, en contra de los artículos 16, fracción II, 17, 20 fracción VII, 99, primer y segundo párrafos, 100, 111 y 121 de la Ley de Migración. [.]." Los anteriores proyectos se citan como orientadores al tema, en el que se ha destacado que el artículo 111 de la Ley de Migración, resulta acorde al estándar constitucional e interamericano, al fijar un plazo máximo de alojamiento en un primer supuesto general, dentro del plazo de quince días hábiles, y para otros casos establecidos en ese mismo artículo, prevé un plazo más amplio que no podrá exceder de sesenta días hábiles. Bajo ese escenario, si la parte quejosa verdaderamente se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo migratorio; al efecto, la suspensión no puede tener el alcance de ocasionar perjuicio al interés social (soberanía y seguridad nacional, a través de los controles migratorios, que tienen la finalidad de organizar y coordinar los servicios relativos a la entrada y salida de los nacionales y extranjeros del territorio de la República, mediante el examen y calificación de sus documentos), ni contravenir disposiciones de orden público, como lo es el numeral 111 aludido, que como ya se estableció, se estimó que es constitucional y convencional. En ese contexto, no puede concederse la suspensión a la parte quejosa que se le está siguiendo un procedimiento administrativo migratorio, atinente a la inmediata libertad sin respetar el plazo máximo de alojamiento de sesenta días hábiles, ya que ello implicaría atentar contra el orden público como lo es el precepto legal de que se trata, al tener como uno de sus propósitos de la ley en cita, la prevención de la soberanía y seguridad nacional, tal y como lo disponen los artículos 1 y 99, primer párrafo de la Ley en cuestión, los cuales rezan lo siguiente: "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. [.]." Máxime, la experiencia de este órgano jurisdiccional en los juicios de amparo en los que se ha otorgado la libertad inmediata a los quejosos a los cuales se les está siguiendo un procedimiento migratorio, virtud de lo resuelto por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, es que los quejosos no regresan a dar cumplimiento con las condiciones impuestas para otorgarles la libertad, tal como ocurrió en los juicios de amparo 427/2022 y 444/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. De igual manera, tampoco podría concederse la medida cautelar si en contra de la parte quejosa se hubiera emitido una alerta migratoria, al vincularse con el rubro de seguridad nacional. [TERCER SUPUESTO] Asimismo, no pasa inadvertido que los artículos 101 a 104 de la Ley de Migración, aducen que cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tiene derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho pueden ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfagan los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. En efecto, la directa parte quejosa como migrante puede ser entregada en custodia a la representación diplomática del país del que es nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de la directa quejosa de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Si se encuentra sometida a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, puede: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. En otro orden de ideas, no se soslaya el principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por aprobada la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de junio del mismo año, que dispone: "Artículo 31. REFUGIADOS QUE SE ENCUENTREN ILEGALMENTE EN EL PAÍS DE REFUGIO 1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país." Principio también previsto en los artículos 5º, fracción V y 7º de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en los siguientes términos: "Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, los siguientes principios y criterios: (.) V. No sanción por ingreso irregular, y (.)" "Artículo 7. No se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria. En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. En cualquier caso, los procedimientos migratorios serán concluidos considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado." Por otra parte, el Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción. Además, el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. De este modo, la detención migratoria se ha constituido como la regla tanto a nivel normativo como en la práctica. Ante tal escenario, en el Protocolo se estima pertinente tomar en cuenta los criterios que deben observar las personas juzgadoras al conocer de asuntos relacionados con la detención o privación de libertad por motivos migratorios. Se especifica que el Alto Tribunal ha considerado que las restricciones a la libertad personal, uno de los derechos más preciados, deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional. No es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos la protejan con tanta intensidad y arrebato. Se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Además, cualquier irregularidad en el ingreso migratorio, no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal, sino en todo caso como una falta administrativa; por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En ese orden, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, esto es, con un fundamento claro y establecido en la ley, sin que pueda tornarse indefinida conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo riesgo de transgredir derechos humanos tales como el de seguridad jurídica y libertad personal, entre otros. Lo anterior, pues el artículo 11 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo; y que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán en conformidad con los tratados internacionales y las leyes, las cuales regularán sus procedencias y excepciones. En este apartado es conveniente precisar que si la parte quejosa llegara a solicitar formalmente el reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con el artículo 21, cuarto párrafo, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, ninguna autoridad podrá proporcionar información o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen de los solicitantes, a menos que se cuente con evidencia del consentimiento expreso de ellos para garantizar la no devolución del solicitante a su país de origen o al lugar en donde su vida, seguridad o libertad se vea amenazada y así cumplir los principios de confidencialidad y no discriminación. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, deben cumplir con el artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptadas por la Comisión durante el 131° período ordinario de sesiones (celebrado del 2 al 14 de marzo de 2008); entre ellos, los siguientes: i. Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente a sus derechos y garantías fundamentales. ii. Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. iii. Salud, en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. iv. Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. v. Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente con exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; deberán tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad y a productos básicos de higiene personal. Apoya lo anterior, la tesis P.LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, del Tomo XXXIII, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe y texto siguientes: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." Por último, en este apartado importa destacar que a la fecha sobre el tema relativo a la suspensión de la persona migrante que se encuentra "alojada" en una estación migratoria, concretamente respecto del acto reclamado señalado como "privación a la libertad personal fuera de todo procedimiento", quedó radicada la contradicción de criterios, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número de expediente 87/2022, denunciada por este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad capital. TRASLADO. Por otro lado, en cuanto al acto reclamado consistente en el "TRASLADO", al estar vinculado con la libertad de la ahora parte directo quejosa, se concede la suspensión de plano para que la misma no sea trasladada de las instalaciones de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, y quede a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente por lo que a su libertad personal se refiere; lo anterior, en el caso que el traslado en cuestión no se hubiere realizado materialmente, a la fecha de notificación del presente acuerdo a la directa quejosa. Informe sobre la suspensión de plano. En virtud de lo anterior, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión decretada; asimismo, se previene a las autoridades de referencia que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Igualmente, requiéraseles a las autoridades señaladas como responsables para que al informe solicitado anexen copia certificada, íntegra y legible, de las constancias relativas al cumplimiento dado a esta medida cautelar, apercibidas que de incumplir con lo ordenado, se les sancionará conforme al delito previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Comunicación entre autoridades. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe respecto la suspensión de plano y los diversos oficios que presenten ante esta autoridad federal, vía correo electrónico institucional, a la dirección oficial 6jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, o bien, contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica correspondiente; y en caso de hacer uso de dicha vía de comunicación, no deberá remitirse por la vía ordinaria, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. Improcedente garantía. Y en torno al diverso acto reclamado marcado en el inciso "2.", que el promovente de amparo hizo consistir en la falta de fundamentación y motivación de la garantía por el monto de $25,000.00 pesos (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), solicitada para salir amparado bajo el artículo 102 de la Ley de Migración; al efecto, resulta improcedente que este órgano jurisdiccional modifique o sustituya a la autoridad con el fin de fijar o modificar la misma, según se explica a continuación. En primer lugar, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de la demanda que se provee podemos concluir que no se reúnen los requisitos que contempla el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 constitucional, para proveer respecto una suspensión de oficio y de plano, en torno al acto aludido (fijación de garantía); básicamente, porque no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el último de numerales antes citados. Para demostrar lo anterior, resulta necesario transcribir los artículos antes referidos, que en lo conducente establecen: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. [.]" Establecido lo anterior, es inconcuso que es improcedente conceder la suspensión de plano respecto el acto apuntado, dado que no se surte ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 constitucional. Ratificación de demanda. De igual forma, se instruye al Actuario adscrito a este Órgano para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, a efecto de que busque a los quejosos (1) Margarita Lucinda Gomero Vega, (2) Lisset Carolina Villegas Umeres, y (3) Julio Barreto Serrano, y los requiera para que en el acto de la notificación manifiesten si ratifica o no la demanda de amparo indirecto que se promueve a su favor, así como si es o no su deseo autorizar al promovente de la misma, para que lo represente en este asunto en términos amplios, o bien dentro del término de tres días por escrito, o lo haga a través de su legítimo representante; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedará sin efectos la medida decretada, por lo cual se reserva acordar lo relativo a su admisión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, dicho Actuario deberá hacer constar pormenorizadamente el estado que guarda la integridad física de los quejosos y el estado de salud que a simple vista presenta, debiendo cuestionarlo al respecto. En la inteligencia de que las autoridades responsables, deberán de proporcionarle las facilidades necesarias a efecto de que pueda llevar a cabo la diligencia que se ordena, a fin de lograr la localización de la parte quejosa, lo anterior, con fundamento en lo estatuido por el artículo 15, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Así como a sus abogados, ya que conforme al artículo 109, fracción V, de la Ley Nacional de Migración, tiene derecho, entre otras cosas, a recibir asesoría legal en el procedimiento migratorio. Apercibimiento. Apercibidas tales autoridades, que de no hacerlo así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se dará de inmediato vista al agente del Ministerio Público Federal, por resistirse a dar cumplimento al presente mandato judicial. Otras peticiones. Por tanto, una vez que sea ratificada la demanda de amparo, se acordará lo que en derecho corresponda. Domicilio. No señalaron. Notificación personal. Hágasele todas las notificaciones a la parte quejosa de mérito de manera personal, en el lugar en el que actualmente esté privada de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar; por lo que en el supuesto de ya no encontrarse en las instalaciones migratorias correspondientes las notificaciones aún las personales serán por medio de lista en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Asistencia consular. De igual forma, con fundamento en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, instrúyase al Actuario de la adscripción, para que al momento de notificar el presente proveído de la demanda, le haga saber a la parte quejosa el derecho que tiene de comunicarse con la oficina o representación consular del país de origen (notificación consular), o bien, en el plazo de tres días, manifieste si desea solicitar la asistencia del Consulado de su país en México, dentro del presente juicio de amparo. Cobra aplicación la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época. Registro: 2003538. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CLXX/2013 (10a.). Página: 529 DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. FUNCIONES BÁSICAS QUE ESTE DERECHO IMPLICA. El derecho fundamental de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular, previsto en el artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. No obstante, cada intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas. La primera es de carácter humanitario. Los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se aseguran que a los detenidos se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad. La segunda función es de protección. La presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero. Por último, la tercera función es la relativa a una asistencia técnico-jurídica. En este sentido, la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así, ya que una persona extranjera que es detenida se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, de forma cabal y completa, los derechos que le asisten, así como la situación a la que se enfrenta. En definitiva, a través de la ayuda consular los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales." Autorizado. Se tiene como autorizado hasta en este momento en términos del artículo 12 de Ley de Amparo a (i) Librado Heriberto Trujillo González toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al quejoso directo; y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a (ii) **************, al no haberse encontrado registrada su cedula profesional en el sistema de referencia. Consulta electrónica. se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio a (i) **************** Notificaciones por vía electrónica. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones vía electrónica a la parte quejosa, por conducto de (i) ************** Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3, 6, 8, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y, personalmente a los directo quejosos. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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