Margarita Lozano Zavala

Expediente 386/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
386/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Margarita Lozano Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y archívese este asunto como TOTALMENTE CONCLUIDO.

  2. Principal

    En la Ciudad de Mexicali, Baja California, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados por este Juzgado de Distrito para la celebración de la audiencia constitucional, al encontrarse presente el licenciado Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, asistido del licenciado David Alejandro Rojas Serna, Secretario que autoriza y da fe, inicia la audiencia constitucional en el juicio de amparo 386/2021, promovido por Margarita Lozano Zavala, sin la comparecencia de las partes, la declaró abierta. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1) Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California y 2) Actuaria de su adscripción, con residencia en esta ciudad; sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Enseguida, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, para los efectos legales correspondientes, se tiene por hecha la anterior relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Acto continuo, se declara abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas documentales que le fueron solicitadas a la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, agregadas en proveídos de siete de junio y trece de julio del año en curso, relativas al juicio contencioso 24/2020, de su índice. A continuación, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas de referencia. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes hace manifestaciones en esa vía. A lo anterior, el Juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes en esta etapa. Finalmente, el Juez dio por concluida la audiencia, procediéndose a dictar la siguiente resolución. 2021 Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 386/2021, promovido por Margarita Lozano Zavala, contra actos de las autoridades responsables 1) Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California y 2) Actuaria de su adscripción, con residencia en esta ciudad; y, Resultando Primero. Demanda Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, Margarita Lozano Zavala, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades 1) Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California y 2) Actuaria de su adscripción, con residencia en esta ciudad, por los actos que enseguida se transcriben: Segundo. Auto inicial Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, se admitió el siete de abril de dos mil veintiuno; se ordenó dar la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se pidieron los informes justificados. Tercero. Trámite Las autoridades responsables rindieron los informes justificados que les fueron requeridos; y se emplazó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la audiencia constitucional previo diferimiento por cuestión de trámite, se celebró en los términos del acta que antecede; y, Considerando Primero. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver la presente controversia legalmente constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso b), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado partiendo del criterio de que la demanda debe ser analizada como un todo; así del análisis integral del libelo inicial se aprecia que el acto reclamado en esta vía, consiste sustancialmente en: La omisión de la responsable en dictar sentencia definitiva en el juicio contencioso 24/2020, dentro del plazo previsto por el artículo 820, fracción VI, de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California; así como su debida notificación. Tercero. Certeza del acto reclamado La autoridad responsable Primer Secretaria de Acuerdos, quien rindió por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California y actuaria de su adscripción, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Por lo tanto, la existencia del acto que se reclama está acreditada en el juicio de amparo. Cuarto. Causales de improcedencia Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de oficio que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto la parte quejosa se duele, de que la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en dictar sentencia definitiva en el juicio contencioso 24/2020, dentro del plazo previsto por el artículo 820, fracción VI, de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California; así como su debida notificación. Sin embargo de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en dos de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el juicio contencioso 24/2020 y dicho fallo le fue notificado a la parte quejosa el once de junio del año en curso, por conducto de su autorizado; documentales públicas a las que asisten valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2°. Por lo que, al haberse emitido la sentencia definitiva en el juicio de origen y practicarse la notificación correspondiente, cesaron los efectos de los actos reclamados, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su omisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si los actos reclamados nunca se hubiesen desarrollado, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos del acto reclamado en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, procede sobreseer el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2ª./J.59/99 publicada en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Margarita Lozano Zavala, contra los actos que reclamó de las autoridades Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California y Actuaria de su adscripción, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    En diecinueve de julio de dos mil veintiuno, el suscrito Secretario da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el estado de autos. Conste. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que aún no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para el efecto de que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, agregadas en auto de trece de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    En trece de julio de dos mil veintiuno, el suscrito Secretario da cuenta al Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite la Primera Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez, Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento contenido en auto de uno de julio del año en curso, remite las constancias que le fueron solicitadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. NOTIFÍQUESE.

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