Margarita Juana Flores Narvaez
Expediente 1294/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1294/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarita Juana Flores Narvaez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso contra el auto que desechó de plano la presente demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, toda vez que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen diversos documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d, del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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NOTIFICACIÓN PERSONAL...
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EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ CITATORIO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL CUAL SE ACORDÓ LO SIGUIENTE: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por *****, por propio derecho, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 1294/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. DESECHAMIENTO. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez analizada la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa, reclama de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, la admisión del incidente de no acatamiento a laudo, acordada dentro del juicio laboral ***, de su índice. En consecuencia, se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Del último precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos dictados después de concluido el juicio, en las hipótesis siguientes: 1) Contra actos dictados después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten con motivo de la ejecución de sentencia, es decir, que gocen de autonomía en relación con dicha realización; y, 2) Si se trata de actos dictados después de concluido el juicio en ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En relación con la primera clase de actos, esto es, aquéllos que son dictados después de concluido el juicio, pero no en la fase ejecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que, son aquéllos con autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Por lo que dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata (aunque, ciertamente, respecto del principio de definitividad, si procediera algún recurso ordinario, por cuya virtud el acto pudiera ser modificado o nulificado, éste tendría que agotarse antes de acudir a la vía del amparo). Respecto a la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones que hubieren dejado sin defensa al quejoso, cometidas durante ese procedimiento. En el caso de esta clase de actos dictados después de concluido el juicio, relativos a la ejecución del laudo, la procedencia del amparo se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo, a efecto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que éste se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, por lo que se limitó su procedencia en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dicte la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y tratándose de remates que sólo procedería en contra de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los "bienes rematados. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, registro 2011474, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo II, materia Común, página mil sesenta y seis, rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA SECCIÓN AMPARO MESA IV-B PRAL. 1294/2022. IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Ahora bien, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE", en la que sostuvo la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por perjudicar de manera inmediata derechos sustantivos del promovente ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Por lo que es dable determinar que existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que admiten promover en su contra juicio de amparo indirecto, sin tener que controvertirlo como violación procesal en la demanda de amparo que se intente en contra de la última resolución del procedimiento referido, cuando dichos actos generen una afectación inmediata a los derechos sustantivos y, por tanto, sean de imposible reparación. De todo lo antes expuesto, en síntesis se concluye, que un acto dictado en la etapa ejecutiva de una sentencia o laudo, puede reclamarse a través del amparo indirecto, en los supuestos siguientes: a) Cuando se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente -aquél en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento- o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados (regla general); b) Cuando el acto reclamado sea autónomo y no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (regla de excepción); y, c) Cuando el acto reclamado genere de manera inmediata una afectación a derechos sustantivos ajenos a los que se pueden trastocar por la ejecución de la sentencia y, por tanto, sean de imposible reparación (regla de excepción). Bajo ese tenor, es dable señalar que la citada regla de procedencia, se creó para evitar que se abuse del juicio de amparo y que por cada acto se instaure un nuevo juicio constitucional, lo que conllevaría a que los procedimientos fueran interminables, con el consecuente retraso en el cumplimiento de la sentencia definitiva, y que por ende, se infringiera lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que consagra el principio de una justicia pronta y expedita, así como la garantía a la plena ejecución de las sentencias. Por tanto, si la parte quejosa reclama el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado en la etapa de ejecución del laudo en el expediente laboral ***, en el que se admitió a trámite el incidente de no acatamiento de laudo; es evidente, que esa actuación no constituyen la última resolución reclamable en amparo. Lo que encuentra sustento en la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, Registro 2011342, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.T. J/10 (10a.), página: 1941, rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE". Asimismo, acorde a la hipótesis normativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de la Materia; porque no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues sólo se trata de resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia que no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto; máxime que no se advierte la vulneración a derechos sustantivos, para que se actualice una excepción para la procedibilidad del juicio constitucional, pues la controversia está vinculada con la condena establecida en el laudo, de manera específica con la reinstalación y pago de cierto numerario. De tal forma que si el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a la última resolución dictada en dicha etapa y la determinación reclamada no se ubica en alguno de los supuestos citados, sino, sólo remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), consultable en la página 1515, del libro X, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, correspondiente al mes de julio de 2012, Décima Época, rubro y texto: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." En ese orden de ideas, se evidencia que el acto reclamado es acto intermedio, que no puede considerarse como la última resolución que ponga fin al periodo de ejecución, pues esto sólo acontecerá hasta en tanto haya una resolución que declare cumplido en forma total el laudo o bien se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, y en el caso, aún no se dicta esa resolución. En efecto, al ser el acto reclamado, auto dictado en la etapa de ejecución, tal acto no constituye la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución y por lo tanto deviene improcedente el juicio de amparo promovido. Además, el acto reclamado no puede estimarse que quede irreparablemente consumado, en virtud de que es susceptible de invocarse como trasgresión a las reglas del procedimiento en el juicio de amparo que en su momento interponga contra la última resolución que en su caso se dicte en el procedimiento de ejecución; puesto que así lo prevé el citado numeral 107 de la Ley de Amparo antes transcrito; amén de que no se advierte, que en tal acto se varié en forma substancial lo condenado en el laudo; que pudiera ocasionar la violación a un derecho sustantivo que haga procedente de manera excepcional el juicio de amparo. En efecto, como se señaló con anterioridad, si bien es cierto dentro del procedimiento de ejecución es procedente excepcionalmente el juicio de amparo en contra de los actos de ejecución de sentencia que afecten derechos sustantivos, también lo es que para que proceda ese supuesto los actos reclamados en ese procedimiento deben ser ajenos a la cosa juzgada. En la especie, la resolución reclamada como se estimó, se dictó en el procedimiento de ejecución, lo cual revela que está íntimamente vinculada con dicho procedimiento, por lo que no cabe aplicar, para determinar la procedencia del juicio constitucional, excepcionalmente la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, ya que el acto reclamado no es ajeno a la cosa juzgada, ni autónomo a la misma, sino encaminado a su ejecución. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los SECCIÓN AMPARO MESA IV-B PRAL. 1294/2022. juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, toda vez que se proporcionó su número de cédula profesional, la cual se verificó en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, como se advierte de la certificación de cuenta. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.
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