Margarita Josefa García Ruiz

Expediente 607/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
607/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
20/03/2018

Partes del expediente

  • Margarita Josefa García Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Vistos; por cuanto a la certificación de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiera interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, dentro del término de quince días, es de estimarse que consintió tácitamente el cumplimiento dado a la misma. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; b) es susceptible de depuración, c) en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, se advierte, transcurrió el término otorgado con la vista relacionada al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto; en consecuencia, se procede al estudio respectivo. Mediante resolución engrosada el doce de julio de dos mil diecisiete (fojas 90 a 105), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Margarita Josefa García Ruiz, para el efecto de que las responsables subdelegado de Prestaciones Económicas y el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal Oaxaca, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, dejaran sin efecto el acto reclamado consistente en la aplicación a la impetrante del artículo 51, fracción II, inciso c), y párrafo segundo de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como numeral 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve; declararan insubsistente el oficio SP/DPSHT/1299/2017 de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; y como consecuencia, la quejosa recibiera íntegramente las pensiones directa 1181942 y viudez 1114225 que conforme a derecho le corresponden, además de reintegrarle inmediatamente, según corresponda, aquellas cantidades que no fueron cubiertas con motivo de la aplicación de los referidos preceptos. Mediante auto de primero de agosto de dos mil diecisiete (foja 109), causó ejecutoria la sentencia emitida en autos y se requirió su cumplimiento. El Encargado del Departamento de Pensiones y el Subdelegado de Prestaciones de la Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, así como el Delegado Estatal de dicho Instituto, mediante oficios, con números de registro 20722, 20724, 1097, 1098 y 1099, informaron sobre el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria dictada en autos, remitiendo copias certificadas de diversas constancias, de las que se advierte se dejó insubsistente el oficio SP/DPSHT/1299/2017 de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, y se emitió nuevo oficio número SP/DPSHT/209/2017, de once de septiembre de dos mil diecisiete, en que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se desincorpora de la esfera jurídica de la quejosa Margarita Josefa García Ruiz, los artículos 51, fracción II, inciso c), párrafos segundo y, 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que en consecuencia, no se aplicará más, ni en lo presente ni en el futuro, lo dispuesto en el artículo 51, párrafo segundo y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicado el 21 de julio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, ni se harán descuentos en lo presente y en lo futuro a las pensiones por viudez y jubilación directa número 1181942 y 1114225; así también, se ordenó reintegrarle la totalidad de las cantidades que le fueron descontadas con motivo de la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales, resultando a su favor la cantidad de $46.509.96 pesos, elaborándose el formato de liquidación de pago por el importe referido, que fue cubierto a la peticionaria de garantía (fojas 119 - 129 y 185 vuelta). En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de referencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  4. Principal

    PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, se advierte, transcurrió el término otorgado con la vista relacionada al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto; en consecuencia, se procede al estudio respectivo. Mediante resolución engrosada el doce de julio de dos mil diecisiete (fojas 90 a 105), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Margarita Josefa García Ruiz, para el efecto de que las responsables subdelegado de Prestaciones Económicas y el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal Oaxaca, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, dejaran sin efecto el acto reclamado consistente en la aplicación a la impetrante del artículo 51, fracción II, inciso c), y párrafo segundo de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como numeral 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve; declararan insubsistente el oficio SP/DPSHT/1299/2017 de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; y como consecuencia, la quejosa recibiera íntegramente las pensiones directa 1181942 y viudez 1114225 que conforme a derecho le corresponden, además de reintegrarle inmediatamente, según corresponda, aquellas cantidades que no fueron cubiertas con motivo de la aplicación de los referidos preceptos. Mediante auto de primero de agosto de dos mil diecisiete (foja 109), causó ejecutoria la sentencia emitida en autos y se requirió su cumplimiento. El Encargado del Departamento de Pensiones y el Subdelegado de Prestaciones de la Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, así como el Delegado Estatal de dicho Instituto, mediante oficios, con números de registro 20722, 20724, 1097, 1098 y 1099, informaron sobre el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria dictada en autos, remitiendo copias certificadas de diversas constancias, de las que se advierte se dejó insubsistente el oficio SP/DPSHT/1299/2017 de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, y se emitió nuevo oficio número SP/DPSHT/209/2017, de once de septiembre de dos mil diecisiete, en que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se desincorpora de la esfera jurídica de la quejosa Margarita Josefa García Ruiz, los artículos 51, fracción II, inciso c), párrafos segundo y, 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que en consecuencia, no se aplicará más, ni en lo presente ni en el futuro, lo dispuesto en el artículo 51, párrafo segundo y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicado el 21 de julio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, ni se harán descuentos en lo presente y en lo futuro a las pensiones por viudez y jubilación directa número 1181942 y 1114225; así también, se ordenó reintegrarle la totalidad de las cantidades que le fueron descontadas con motivo de la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales, resultando a su favor la cantidad de $46.509.96 pesos, elaborándose el formato de liquidación de pago por el importe referido, que fue cubierto a la peticionaria de garantía (fojas 119 - 129 y 185 vuelta). En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de referencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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