Margarita Huerta Flores

Expediente 971/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
971/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Margarita Huerta Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, sin que se haya hecho valer contra el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Margarita Huerta Flores y Juan Carlos González Espinosa, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente. Debido a que en autos obran documentos exhibidos por las parte quejosa, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del acuerdo invocado, se le apercibe para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales en comento, ya que en caso de no hacerlo, dichos documentos tendrán el mismo destino que el expediente principal.

  2. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por Margarita Huerta Flores y Juan Carlos González Espinosa, contra actos del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México y otra autoridad, por violación a los derechos humanos consagrados en el artículo 17 constitucional. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 971/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Del estudio de la demanda, este juzgador considera que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, debe desecharse la demanda. La parte quejosa, en esencia, el auto del veintiocho de octubre de dos mil veinte, emitido por el juez responsable, en el que determina el cobro económico de la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el expediente 112/2019, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, ante el desahogo de la vista que se le dio al agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Familiares de Nezahualcóyotl, Estado de México, por así desprenderse del contexto integral de su demanda. Lo anterior, en razón que la demanda de amparo constituye un todo y debe estudiarse en forma integral a efecto de estar en aptitud de establecer con precisión el acto reclamado que en ella se reclama y resolver lo que en derecho corresponda, de conformidad con el siguiente criterio jurisprudencial. Tiene aplicación a lo antepuesto, la tesis de jurisprudencia 744, visible a página 501, Apéndice de 1995, tomo VI, Parte TCC, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que dice: «DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD». Hecha la precisión que antecede, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el citado ordinal, en la parte relativa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]" Se patentiza dicho obstáculo jurídico para admitir la demanda, porque la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la ley en la materia, establece como excepciones a la regla que prevalece respecto al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Es preciso señalar que en la fracción que contiene el motivo de improcedencia que se analiza, no se incluye la libertad personal pero sí la contempla la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal del país; quien además, ha sostenido el criterio de que cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones directas a la Constitución, el impetrante no estará obligado a agotar ese principio de definitividad. Lo anterior obedece a que no es posible obligar a los gobernados a agotar un recurso cuando no se le ha dado oportunidad de ser oído, en cuanto a la defensa de un derecho sustantivo que le corresponde, en el caso de los terceros extraños; y, de tratarse de actos prohibidos o privativos de libertad, por la importancia que éstos revisten en relación a los derechos humanos que se protegen, como son la vida, la integridad física y la libertad personal de los gobernados; es entonces que el juicio de amparo sí es procedente y no se obliga al gobernado a hacer uso de los medios ordinarios de defensa. Sin embargo, es conveniente destacar, que en el caso concreto no opera ninguna de la excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII, del numeral 61 de la aludida ley, puesto que el acto reclamado consistente en la determinación señalada como acto destacado, no implica para la accionante, alguna de las afectaciones de la autoridad responsable, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad. Máxime que, del análisis de los conceptos de violación, no obstante que no es factible su estudio, se advierte que el quejoso, si bien alega violaciones directas a la constitución, concretamente las establecidas en el precepto 17 de la ley suprema, también lo es, que el sólo hecho de alegarlo, no lo exime de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, toda vez que el hecho que se haga referencia a ese numeral, no excluye al inconforme de la obligación de agotarlos, siempre que éstos procedan, ya que de ser así, bastaría señalar violaciones directas a la constitución, para eludir la obligación de agotar el principio de definitividad. Por lo que, en el presente caso se hace inconcuso que no se cumplió con la exigencia de procedibilidad del amparo de haber promovido todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir en amparo ante este juzgado federal. En efecto, el impetrante, debió de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley, previamente a acudir al juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 2207, Apéndice 1917-Septiembre 2011, de título siguiente: «RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO». Igualmente cobra aplicación, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL». Ahora bien, contra el acto reclamado descrito en líneas que anteceden, se debió agotar el recurso de revocación, previsto en los artículos 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda vez que a través de ese recurso y medio de defensa legal, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado. En efecto, los citados dispositivos en la parte conducente establecen lo siguiente: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363. La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364. Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. La resolución de la revocación es irrecurrible. Artículo 1.365. La resolución que decida la revocación no admite recurso." Por consiguiente, si conforme a dichos numerales es claro que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar el aludido recurso, en términos de los citados numerales, pues se insiste que a través de ese recurso y medio de defensa legal, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado. Por tanto, como ha quedado asentado en líneas que anteceden, la parte quejosa, debe de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley, previamente a acudir al juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en la presente instancia constitucional, al no encontrase en los casos de excepción para a dicho principio. Por tanto, si la promovente no agotó este medio de defensa, la demanda de amparo resulta improcedente; toda vez que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en la materia, y procede desechar en términos del numeral 113 del citado cuerpo de leyes. No es inadvertido, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, Tomo X, Octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de título: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". En razón que la parte quejosa, solicita la notificación y/o consulta vía electrónica de las actuaciones de este sumario así como su domicilio, se ordena notificar electrónicamente las determinaciones emitidas en el presente asunto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes conforme al nombre de usuario que se proporciona en el escrito que se provee, ello de conformidad con los artículos con los artículos 34, 36, 38, 39, 55, 57, 58, 60, 61 y 63, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los Asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano jurisdiccional, para que proceda a registrar dicha solicitud y se permita el acceso a la consulta respectiva, a "LICJUANCARLOSGE", en su carácter de defensor privado de Juan Carlos González Huerta. Por otra, parte se tiene como autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica. Se requiere a las partes para seguir el presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", de conformidad con los lineamientos señalados en el Acuerdo General 12/2020. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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