Margarita Hernández Solis
Expediente 382/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Margarita Hernández Solis
- Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de julio de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 15188, sin que haya lugar a mayor trámite, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Llegada Colegiado. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el seis de junio del año en curso, dentro de la queja civil 64/2019, de la que se advierte en su único punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo, así como del tomo de pruebas que anexa. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución en un cuaderno, solicitando acusar recibo de su recepción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibido el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el cuaderno de amparo directo 265/2019, así como la determinación de dos de abril de dos mil diecinueve, mediante la cual estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Margarita Hernández Solís. AVOCAMIENTO. Por lo que este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Margarita Hernández Solís, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, y se ordena acusar recibo al Tribunal Colegiado remitente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 382/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias ... DESECHAMIENTO. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación para el juzgador federal, previo abordar el análisis de fondo, estudiar las causas de inviabilidad de la acción constitucional que en su caso hagan valer las partes o aquellas que advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable, lo siguiente: El acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca I-78/2019, en el cual declaró inadmisible el recurso de apelación hecho valer por Margarita Hernández Solís (aquí quejoso), en contra del proveído de once de enero de la presente anualidad, en el que el juez de origen admitió la prueba confesional que ofreció la ahora quejosa, dentro del incidente de remoción de albacea, y determinó que no había lugar a señalar fecha para su desahogo, toda vez que la ofreció dos días antes de que concluyera el término de prueba, por lo que no era posible mandarla preparar. Acto reclamado, respecto del cual, el suscrito estima que se actualiza un motivo ...en el artículo 61, fracción XXIII, en relación directa con el artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos normativos de la Ley de la materia, que prescriben lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, en virtud de que la determinación dictada en el toca I-782019 del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer en contra del proveído dictado el once de enero de dos mil diecinueve, por el Juez Octavo de lo Civil de este Distrito Judicial, dentro de la primera sección del juicio sucesorio testamentario 369/2008, no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la constitución como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio o salud, sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de una sección del juicio sucesorio, de manera que al no contener la orden de afectar de forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, y por no tratarse de la última resolución en la primera, segunda o tercera sección, se considera improcedente el amparo. Se sostiene lo anterior, ya que dicha determinación únicamente conmina a la promovente a continuar con la tramitación del incidente, de tal suerte que la posible violación que destaca no le irroga de momento, un perjuicio en la esfera jurídica del impetrante que afecte algún derecho sustantivo. Por tanto, se insiste en que el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Así las cosas, del contenido de la demanda, se advierte que el acuerdo que pretendió ser combatido a través del recurso de apelación fue dictado dentro de la tramitación de un incidente, el que aún no ha sido resuelto a través de sentencia interlocutoria, pues así lo precisa la quejosa en los antecedentes, de ahí que, en todo caso, será dicha determinación la que le genere esa afectación. De esta forma, en primer término, la resolución reclamada no es la resolución que haya concluido el incidente de origen. En segundo, no constituye una determinación que materialmente afecte derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la constitución. En tercer término, no representa obstáculo para la continuación del procedimiento, puesto que las partes tienen expedito su derecho para continuarlo. Máxime que, se toma en consideración que conforme a la propia ley procesal civil, la primera sección termina con la resolución mediante la cual se valida el testamento, la capacidad legal para heredar o reconocimiento de herederos y la designación de albacea o remoción, es claro que el acto reclamado debe estimarse como dentro de juicio y, por su naturaleza, de los que no causa a las personas una ejecución de imposible reparación. De ahí que resulta claro que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional del acto reclamado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, si la resolución reclamada no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, ya que, es necesario que se encuentre concluida la primera etapa del juicio sucesorio para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo, es claro que al no acontecer así, es decir, al estar inconclusa esa fase, el juicio de amparo es improcedente, ya que se insiste, carece de resolución que decida la primera sección, sin que esto implique consumación irreparable, pues es factible el estudio o análisis de las violaciones procesales cuando se ataque la resolución que culmine la "sección de sucesión" que en su caso tornara procedente la concesión del amparo. En virtud de lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda que dio origen al presente asunto. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las que adjuntó la Sala responsable, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. SE FORMAN TOMOS DE PRUEBAS. Con las constancias que acompañó la Sala, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Margarita Cortés Zavala867/2023
- Margarita Cortés Zavala217/2022
- Margarita Eloísa Arellano Zamora532/2018
- Margarita Hernández Guadalupe620/2022
- Margarita Hernández Solís632/2020
- Margarita Hernández Solis339/2021
- Margarita Hernández Solis255/2021
- Margarita Hernández Solís714/2020
- Margarita Hernández Solis34/2018
- Margarita Hernández Solís656/2020
- Margarita Hernández Solís1112/2017
- Margarita Hurtado Chávez802/2017