Margarita Hernández Labra
Expediente 461/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Margarita Hernández Labra
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto; el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del amparo directo 461/2019 y las actuaciones que lo integran; informando se avocó al conocimiento del mismo para el dictado de la sentencia, registrándolo con el número 894/2019, returnándolo a la ponencia de la Magistrada Marta Elena Barrios Solís, para los efectos del artículo 183 de la Ley de Amparo. Finalmente, téngasele informando que el Pleno del Tribunal Auxiliar oficiante está integrado por los Magistrados Marta Elena Barrios Solís (Presidenta) y Juan Moreno Miramontes, así como la licenciada Aida Araceli Villareal Escovar, secretaria de tribunal en funciones de Magistrada.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, autorizó el auxilio a este tribunal federal por parte del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para la emisión de la sentencia correspondiente en el presente asunto. En consecuencia, remítase al tribunal colegiado auxiliar de mérito, los autos originales del expediente en que se actúa, solicitándose el acuse de recibo de estilo. Sin que haya lugar a formar cuaderno de antecedentes con las copias de las constancias que integran el mismo, en virtud de que éstas ya obran en el expediente electrónico, en términos de lo establecido por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal. Por último, háganse las anotaciones conducentes en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Juicio de Amparo Directo
SE TURNA EL PRESENTE ASUNTO A LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JUAN CARLOS HINOJOSA ZAMORA, PARA EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO el proyecto de resolución presentado en sesión de trece de junio del presente año, en el recurso de revisión civil 614/2017, promovido por Juan Pérez Rodríguez; por el Magistrado Aníbal Lafragua Contreras, en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. En base a la siguiente consideración: ".Por principio de cuenta, es menester precisar que si bien el recurso de revisión fue admitido por auto de presidencia de diecinueve de enero de dos mil dieciocho de este Órgano Colegiado a nombre de Juan Pérez Rodríguez, por propio derecho y como representante de su menor hija V.P.V., ello se estima incorrecto, porque que en el juicio de amparo indirecto 941/2017-1 (subyacente), mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en atención a que el Juez Federal, advirtió se encontraban involucrados intereses contrapuestos de los progenitores de la menor V.P.V., a fin de salvaguardar los derechos de la misma, solicitó al Instituto Federal de la Defensoría Pública, se le designara un asesor jurídico como representante; fue así que se nombró a la licenciada Maricruz González Meneses, quien el veinticuatro de agosto siguiente, compareció ante el titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, a aceptar y protestar el cago conferido . Entonces, si en el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito, ante el conflicto de intereses de los padres, para garantizar la imparcial protección de los intereses directos del infante, le designó un representante especial para que intervenga en su nombre, en términos del artículo 8° de la Ley de Amparo, es que los padres no pueden acudir en representación de tal menor a interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia VII.1o.C. J/10 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se comparte, visible en el folio 2641, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014457, que dice: "MENORES DE EDAD. LOS PROGENITORES Y DEPOSITARIOS JUDICIALES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN REPRESENTACIÓN DE AQUÉLLOS, CUANDO SE LES NOMBRÓ UN REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). En principio, se destaca que el depositario judicial designado en términos del artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz carece de legitimación para promover el juicio de amparo en contra de cuestiones relacionadas con el depósito de un menor, aun cuando de las constancias del juicio de origen se desprenda que es pariente del infante y lo hubiere tenido bajo su cuidado desde que se decretó el depósito, pues ello no lo convierte automáticamente en su representante, dado que la representación corresponde originariamente a quienes ejercen la patria potestad, por regla general a sus progenitores, como lo prevé el artículo 354 del Código Civil para el Estado de Veracruz; ahora, en caso de que en el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito, ante el conflicto de intereses de los padres, para garantizar la imparcial protección de los intereses directos del infante, le designe un representante especial para que intervenga en su nombre, en términos del artículo 8o. de la Ley de Amparo, los padres ni el depositario judicial pueden acudir en representación de tal menor a interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. No obstante lo anterior, el Tribunal Colegiado al que corresponda conocer del citado medio de impugnación, en suplencia de la queja deficiente y atendiendo al principio de interés superior del menor, está facultado para revisar el fallo respectivo y determinar su legalidad o ilegalidad." No obsta la circunstancia de que el Presidente de este tribunal colegiado hubiere admitido a trámite el recurso de revisión en relación con la menor V.P.V., a través de su progenitor, porque ese proveído no obliga al pleno y sólo hace un examen preliminar del negocio, pues el estudio definitivo corresponde a este último, de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el pleno del propio tribunal; en consecuencia única y exclusivamente debe tenerse por admitido el presente recurso en relación con Juan Pérez Rodríguez, actuando por propio derecho. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que se comparte, consultable en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 54, junio de 1992, Tesis VIII.2o. J/8, página 69, que dice: "AUTOS DE PRESIDENCIA NO CAUSAN ESTADO EN RELACIÓN CON EL TRIBUNAL COLEGIADO. De conformidad con los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados se integran con tres magistrados y sus resoluciones deben tomarse por unanimidad o mayoría de votos. Por ende, los autos de presidencia, de dichos tribunales, respecto a la admisión del asunto, sólo corresponden a un examen preliminar del negocio, pues el estudio definitivo corresponde al órgano colegiado; de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el pleno del propio tribunal." Por otro lado, es menester evidenciar que el presente recurso de revisión guarda conexión con los diversos 14/2018, 600/2017 y 564/2017, 545/2017 (incidente), 1/2018, 240/2018 y 270/2018, del índice de este mismo Tribunal. En el presente asunto, resulta innecesario analizar los agravios propuestos por Juan Pérez Rodríguez, en contra de la sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo indirecto 941/2017-1, en la que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, le negó el amparo solicitado; ya que estimó, estuvo en lo correcto el Juez de instancia, al declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete , porque efectivamente, dicha autoridad a efecto de contar con más elementos para resolver en relación a lo más provechoso posible para la menor de edad involucrada, respecto del ejercicio del derecho de visitas y convivencia, es que resultan indispensables las evaluaciones que en materia de psicología deben realizarse tanto a la menor, como a su progenitor. Ello, porque correcta o no la consideración del Juez de Distrito, este Órgano Colegiado, de oficio, estima se actualiza en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo (acto derivado de otro consentido), motivo por el cual, debe revocarse la sentencia recurrida, y sobreseer en el juicio de amparo subyacente, como se explicará a continuación. Del recurso de revisión que nos ocupa, el acto reclamado por Juan Pérez Rodríguez, se hace consistir en la resolución interlocutoria dictada el trece de julio de dos mil diecisiete, en el expediente 517/2015 del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en el cual se declaró improcedente el recurso de revocación, interpuesto por el mismo quejoso, en contra del acuerdo emitido por esa misma autoridad el cuatro de mayo de dos mil diecisiete , en el que (a) en relación con la valoración psicológica de la menor V.P.V., no se acordó de conformidad con lo solicitado por Sisma Verdón Torres (nueva fecha para que se realizara), toda vez que aún no contaba el Juez Familiar con alguna constancia que le permitiera saber si la misma se había o no llevado a cabo, sin embargo solicitó informes al Consejo de Familiar, a efecto de conocer si esta ya se había llevado a cabo; y (b) por cuanto a la valoración psicológica de Juan Pérez Rodríguez, ante su inasistencia a las diversas datas que se habían fijado para su desahogo, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado consistente en una multa de 10 diez días de salario mínimo; asimismo se fijó como nueva fecha para la práctica de dicho estudio, el once de julio de dos mil diecisiete, (c) apercibiéndolo con 20 unidades de medida y actualización, lo anterior en los siguientes términos: "(.) I. En relación a la valoración psicológica de la menor V.P.V., por el momento no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, ya que de autos se aprecia que se ordenó dicha valoración para que se efectuara a las 8:00 OCHO HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, en las instalaciones que ocupa la escuela particular denominada "BICENTENARIO", ubicada en (.), y a la fecha no obra constancia alguna por parte del Consejo de Familia adscrito a este H. Juzgado en la que informara a esta autoridad lo acontecido en día y hora señalados para tal efecto. II. Notifíquese el presente auto al Consejo de Familia adscrito a este Juzgado, para que en el término legal de 3 días, informe si el día 25 de abril de este año, realizó la valoración psicológica a la menor V.P.V. III. De las constancias que integran este sumario, se observa que se han señalado diversas fecha para que se practique la valoración psicológica del C. JUAN PÉREZ RODRÍGUEZ, la cual no se ha podido llevar a cabo, en virtud de que el actor no ha asistido a las instalaciones que ocupa el Consejo de Familia, en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha 13 de julio, 29 veintinueve de septiembre de 2015 dos mil quince, 18 dieciocho de enero, 14 de abril de 2016 dos mil dieciséis, por lo tanto, se le aplica la multa de 10 días de salario mínimo al C. JUAN PÉREZ RODRÍGUEZ, y la cantidad que resulte deberá exhibirla dentro del término legal de 3 días. IV. En consecuencia, se señalan de nueva cuenta las 8:00 OCHO HORAS DEL DÍA 11 ONCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para que se lleve a cabo la valoración psicológica del C. JUAN PÉREZ RODRÍGUEZ, facultando al actuario adscrito a ese Juzgado, a efecto de que cite a la persona citada, para que se presente con identificación oficial, en las instalaciones que ocupa el Consejo de Familia adscrito a este Juzgado; como se encuentra ordenado en el punto VI de fecha 05 cinco de mayo de 2015 dos mil quince, apercibiendo a la parte actora, que en caso de no asistir el día y hora señalado, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa equivalente a 20 veinte UMAS (.)." Respecto de dicha determinación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado consistente en la resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación que se interpuso en contra del acuerdo de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, es un acto derivado de uno consentido, como también se resolvió en el diverso recurso de revisión 600/2017, aun cuando en dicho asunto el acto reclamado se hizo consistir en otra diversa resolución interlocutoria (trece de julio de dos mil diecisiete), pero en contra del acuerdo emitido el cinco de abril de ese mismo año. En efecto, los acuerdos tanto el de cinco de abril como el de cuatro de mayo, ambos de dos mil diecisiete, que fueron impugnados a través del recurso de revocación, guardan una estrecha relación, porque están encaminados a que en el juicio de modificación de guarda y custodia promovido por el recurrente contra la tercero interesada Sisma Verdón Torres, incluso a la menor V.P.V., hija de ambos; sin embargo, como se dijo, al resolverse el diverso recurso de revocación, la orden para el desahogo de dichos medios de pruebas, derivan del acuerdo de cinco de mayo de dos mil quince, cuando se proveyó sobre la admisión de la demanda y en la que se acordó: "(.) VI. Para efecto de estar en posibilidades de resolver sobre la guarda y custodia provisional de la menor, VALERIA PÉREZ VERDÓN, se solicita al Consejo de Familia adscrito a este Juzgado para que por su conducto se realicen los estudios psicológicos a las partes JUAN PÉREZ RODRÍGUEZ y SISMA VERDÓN TORRES, una vez que sea emplazada la demandada, así como estudio de relaciones afectivas de los mismos con la menor VALERIA PÉREZ VERDÓN, asimismo se solicita al Consejo de Familia, realice el estudio de campo en el domicilio de las partes y en el que habita la menor, requiriendo (.)". Acuerdo que fue legalmente notificado al quejoso recurrente, desde el veinticinco de mayo de dos mil quince . Razón por la cual, si el auto que originalmente ordenó la intervención de un especialista en psicología, para valorarlo al igual que a su menor hija, no fue controvertido en su oportunidad por el recurrente, es que no puede ahora pretender inconformase con la actuación que únicamente intenta dar cumplimiento a aquél. De ahí que se advierta, el acuerdo que dio origen al tildado como acto reclamado, no es más que derivado de otro consentido, toda vez que la decisión de llevar a cabo un estudio psicológico en la menor V.P.V. y su papá, tiene su origen en lo ordenado en el diverso de cinco de mayo de dos mil quince, data en la que al admitirse a trámite la demanda promovida por Juan Pérez Rodríguez en contra de Sisma Verdón Torres, en donde le reclamó el cambio de guarda y custodia (expediente 517/2015), el Juez del conocimiento, a efecto de contar con mejores elementos para resolver sobre las medidas cautelares (guarda y custodia provisional y reglas de convivencia) y en su momento la definitiva, es que decretó el estudio psicológico de la menor V.P.V. y de su padre, así como el de relaciones afectivas de entre los progenitores con la infante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 8, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el folio 13, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 393974, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan." Razón por la cual, en el caso concreto, este Tribunal Colegiado, a diferencia de lo resuelto en la sentencia recurrida, considera que la causal de improcedencia que se actualiza, es la prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Motivo por el que, previa vista que se le dé con esta resolución en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, debe revocarse la sentencia que negó la protección de la Justicia Federal, y sobreseerse en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, en relación a la intervención de un especialista en psicología, para valorarlo y determinar las relaciones afectivas que lo unen con su hija Valeria Pérez Verdón, al actualizase la hipótesis prevista en la fracción XIV del diverso 61 de esa misma legislación (acto derivado de otro consentido). No escapa a este Tribunal, que en el acuerdo cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se hizo efectivo un apercibimiento, decretado en su contra por una multa de diez días de salario mínimo, sin embargo, la imposición de dicha multa, por desacato a la orden judicial, no fue objeto de impugnación, ni en los conceptos de violación, ni en los agravios que hizo valer en esta instancia de revisión, por lo que este Órgano Colegiado, al no operar en favor del progenitor quejoso el beneficio de la suplencia de la queja, no puede haber ningún pronunciamiento al respecto. Por otro lado, en el presente caso, se considera innecesario pronunciarse este Tribunal, en suplencia de la deficiencia de la queja en relación con la menor Valeria Pérez Verdón, respecto al rubro de la valoración psicológica, que se ordenó le fuera practicado, toda vez que en el diverso recurso de revisión civil 14/2018 (conexo), sesionado y resuelto el trece de junio de dos mil diecinueve, en suplencia de la queja en su mayor amplitud, ya se emitieron las consideraciones pertinentes, incluso se concedió al protección de la Justicia Federal a la misma." Por lo que en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, es necesario que se dé vista a la parte quejosa, concediéndole un plazo de tres días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, devuélvanse los presentes autos al Magistrado Ponente Aníbal Lafragua Contreras, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, sustentando la Jurisprudencia consultable con el número 2008790, en la página 8, del libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad.".
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