Margarita Gorocica Buenfil
Expediente 720/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Margarita Gorocica Buenfil
Actuaciones
- Principal
MESA I.- Vista la cuenta que antecede, SE ACUERDA: glósese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, remitido vía electrónica, con su respectiva evidencia criptográfica, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del citado juicio, registrándose con el número 1096/2021 y sus acumulados; archívese este expedientillo como asunto total y definitivamente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un expedientillo formado con motivo de la incompetencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes.
- Principal
MESA I.- Vista la demanda de amparo indirecto promovida por ..., contra los actos que reclama del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades; al respecto, fórmese el expediente correspondiente y Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 720/2021-I. Ahora bien, del análisis de dicha demanda se advierte que el promovente de amparo señala como actos reclamados, los siguientes: "1) Del H. Congreso de la Unión, La discusión y aprobación, aprobación y promulgación del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 Quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 2) Del Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la orden de mandar publicar el Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 Quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 3) De la Secretaría de Gobernación, se reclama el Refrendo y la orden de mandar publicar el Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 Quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 4) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se reclama la inminente recepción de datos personales (biométricos) del quejoso, derivado de la obtención e ingreso de los mismos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con base en la aprobación del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico la ejecución de los artículos 15, fracción XLII BIS, 176 y 180 BIS a 180 Séptimus. 5) De la empresa de telefonía celular Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. (Telcel), se reclama la inminente obtención e ingreso de datos personales (biométricos) del quejoso, al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, derivado de la aprobación del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico la ejecución de los artículos 15, fracción XLII BIS, 176 y 180 BIS a 180 Séptimus. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizado de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por materia, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. Ahora bien, este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que actualmente nos rige, encuentra limitada su competencia respecto de lo siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." De lo anterior, así como de los artículos en cita se advierte, que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Así pues, el Consejo de la Judicatura Federal en uso de sus facultades legales, en sesión de fecha siete de agosto de dos mil trece aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN", el cual en sus artículos segundo y sexto determinó lo siguiente: "SEGUNDO.- A partir del diez de agosto de dos mil trece, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional." "SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." De los preceptos transcritos deriva que los jueces de distrito, tanto en materia administrativa, como especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, tienen atribuciones para conocer de juicios de amparo contra actos de autoridad distinta de la judicial, siendo que a efecto de determinar su competencia para conocer de un determinado asunto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, porque, evidentemente, mientras los primeros deben conocer de asuntos de contenido administrativo en sentido amplio -entendido como el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la propia administración-, a los segundos corresponden los negocios con substancia específicamente en materia de competencia económica, radiodifusión y/o telecomunicaciones. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que cuando el ejercicio de algún derecho se encuentre relacionado con aspectos de competencia económica, no obstante que el acto reclamado encuadre dentro de la categoría del derecho administrativo genérico, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo es el especializado en aquella materia. En la especie, la parte quejosa señaló como actos reclamados de las Cámaras del Congreso de la Unión, Presidente de la República, Secretaría de Gobernación, Instituto Federal de Telecomunicaciones, la empresa de telefonía de Celular Radiomóvil DIPSAM S.A. de C.V., la discusión, aprobación, refrendo y publicación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 Ter y 180 Quáter de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el artículo 15, fracción XLII BIS, 176, 180 Bis a 180 Séptimus de la citada Ley, y el contenido del artículo cuarto transitorio del citado decreto, y su aplicación. De lo anterior se colige que el quejoso reclama actos de autoridades diversas que normalmente son competencia de los Juzgados de Distrito; sin embargo, también atribuye actos de autoridades cuyas facultades se encuentran inmersas dentro de la subespecialización de telecomunicaciones, entre ellas autoridades tales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luego, dado que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, pues en esencia se duele la reforma al artículo 180 quáter, en el que se asentó que el registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones; por tanto, se impone concluir que debe conocer del asunto un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. Máxime, desde el punto de vista formal, que tales actos reclamados se atribuyen a autoridades responsables como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 28, fracción VII, constitucional, en la parte en la cual establece que los actos de tal órgano regulador son controvertibles a través del juicio de amparo indirecto y resueltos por los tribunales especializados; así se advierte de la norma en comento, que a continuación se transcribe: "Artículo 28. .VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales." Ante lo hasta aquí expuesto, se estima que el asunto que nos ocupa no corresponde a un asunto de naturaleza administrativa genérica sino en materia de telecomunicaciones. En efecto, toda vez que los actos reclamados pertenece a la materia de telecomunicaciones, esta Juzgadora estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por lo que el Juez de Distrito que debe avocarse al estudio del asunto es uno en esa misma materia, debido a que se está ante una mayor especialización dentro de la materia administrativa, de la cual deben conocer tribunales judiciales en dicha particular especialización, en atención a la intención que en tal sentido se desprende de los artículos 94, párrafo sexto, de la Carta Magna y décimo segundo, párrafo primero, transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil trece, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 94. .El Consejo de la Judicatura Federal de determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." "Artículo décimo segundo. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto." Asimismo, la determinación alcanzada obedece a que el espíritu de legislador fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 Constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Lo antes sustentando encuentra apoyo en las consideraciones que a su vez sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el conflicto competencial C. C. A. 5/2016. En consecuencia, el conocimiento del presente juicio de amparo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno. Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 28, fracción VII, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción I, segundo, fracción I, punto 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como en el diverso Acuerdo 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis; este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, declara carecer de competencia legal, por razón de materia, para conocer de la presente demanda de amparo, y por ende, remítase al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, el juicio de amparo 720/2021-I, solicitándole que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique su determinación. Ello en atención a que se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos antes expuestos. Fórmese el cuadernillo respectivo con las copias necesarias, como antecedente, para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, se hace la precisión de que en el presente auto no se proveerá sobre la suspensión del acto reclamado solicitada por la parte quejosa; ello, cuenta habida que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, esto únicamente deberá realizarse cuando, a pesar de la incompetencia legal decretada, en la demanda respectiva se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, lo que no acontece en la especie, como quedó evidenciado en la transcripción realizada al principio del presente proveído. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito y como su autorizado, a Miguel Ángel Díaz Gorocica y José Alberto Chuc Chable, con las limitaciones que se establecen en el numeral 12 de la ley de la materia, en virtud de que no acreditó encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ni estar inscritos en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal y la presente demanda; toda vez que presente demanda versa en materia administrativa. No obstante, cabe señalar que la autorización para imponerse de autos, implica la posibilidad de realizarlo mediante la utilización de medios electrónicos. Finalmente, al tomar en consideración de las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19), se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. A que en su primera comparecencia en este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. 3. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,885 expedientes
- Marfita Acevedo Ríos947/2022
- Margarita Chale Santana1626/2022
- Margarita del Pilar Ponce Díaz161/2018
- Margarita Euan Dominguez508/2023
- Margarita Eugenia Paredes Chi1154/2021
- Margarita Eugenia Paredes Chi1180/2021
- Margarita Isabel Ramirez Poot459/2022
- Margarita Leticia Mena Torres1526/2022
- Margarita Leticia Mena Torres856/2023
- Margarita Noemi Preciat Mendicuti Y Otro917/2021
- MARGARITA VÁZQUEZ VALDEZ (O) MARÍA MARGARITA VÁZQUEZ VALDEZ y Otros.1448/2015
- Margarita Vera Loria760/2021