Margarita Gonzalez Pérez

Expediente 25/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
25/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Margarita Gonzalez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a través del cual, remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de diecisiete de junio del año en curso, dictada en el recurso de queja 83/2021, interpuesto por ***, quien se ostenta como representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de ***o ***. ACUSE DE RECIBO En consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente a la Superioridad, vía interconexión; asimismo, se instruye a la analista jurídico para que realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema de Integración de Seguimiento de Expedientes. Así, se hace del conocimiento de las partes que la Superioridad, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ***, quien se ostenta como representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de ***o ***, contra el proveído de veintiocho de enero pasado, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda que promovió. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales el oficio firmado por el Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con el que transcribe el proveído de ocho de marzo del año en curso, dictado en el cuaderno de recurso de queja 83/2021, en el que en lo relevante se advierte acusa recibo del oficio de este índice, al que se anexó copia certificada de las constancias deducidas del juicio de amparo en que se actúa, así como del relativo a la interposición de recurso de queja y de expresión de agravios hecho valer por Margarita González Pérez, quien se ostenta como representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de María Magdalena Pérez Villalobos o Magdalena Pérez Villalobos, contra el proveído de veintiocho de enero pasado, en el que se determinó desechar por notoriamente improcedente la demanda que promovió, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, se aprecia que admitió a trámite dicho recurso de queja. Cúmplase.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso de la promovente Margarita González Pérez, quien se ostenta como representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de María Magdalena Pérez Villalobos o Magdalena Pérez Villalobos, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios contra el acuerdo de veintiocho de enero del año en curso, en el que se determinó desechar por notoriamente improcedente la demanda que promovió, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de dicha legislación, remítase el escrito de interposición del recurso y expresión agravios, el informe correspondiente, así como copia certificada de todo lo actuado, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto de su Jefe de la Oficina de Correspondencia, para la substanciación del recurso interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra la resolución que desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el escrito firmado por ***, quien se ostenta como representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de ****, con el que exhibe copia certificada de la interlocutoria dictada por el Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en el expediente 107/2014, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de la extinta antes aludida, para acreditar su personalidad. Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: **** Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el o la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a duda, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. ***** Ahora bien en el presente asunto, la quejosa, quien es parte demandada dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 265/2014, del índice de la responsable, manifiesta textualmente que el acto reclamado es el siguiente: De la responsable ordenadora se reclama: "El requerimiento ordenado por auto de fecha QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, con el que se tuvo conocimiento de ello el Doce de Enero de la presente anualidad, donde se requiere a la quejosa cumpla voluntariamente dentro del plazo de CINCO DÍAS con la sentencia ejecutoria dictada en segunda instancia, por los magistrados integrantes de la Segunda Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca civil número 212/2018, con el que se confirma la sentencia apelada de fecha VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, mediante tal acto ordenado, se afecta de manera substancial el inmueble de mi legítima propiedad y de los coherederos. Asimismo, se reclama de la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, el dictado de la sentencia de fecha veintisiete de Abril de dos mil dieciocho, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio con número de expediente 265/2014, del índice del Juzgado de su adscripción de la Responsable Ordenadora, por tratarse de una sentencia individual en sentido contrario en contra de la figura de la "Litis consorcio pasivo necesario", al no demandar y llamar a juicio a todos los herederos de la sucesión intestamentaria que represento. Los puntos resolutivos de la sentencia de Primera Instancia aludida, dictados por la misma Autoridad Responsable Ordenadora, es una determinación injustificada y viola los principios del derecho sustantivo que tenemos, al sentenciar privarnos de la propiedad legítima que tenemos del inmueble constituido en la Avenida Manuel Ávila Camacho, número cuatrocientos veintiséis, colonia Centro, en esta Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca." Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado, manifiesta lo siguiente: -Que apeló la sentencia de primera instancia la que fue confirmada por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil del Tribunal de Alzada, al resolver el toca penal 212/2018. -Inconforme con dicho fallo promovió juicio de amparo directo ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y en ejecutoria de amparo 84/2019, se confirmó el fallo impugnado. -Con motivo de ello, el Juez natural ordenó notificar la llegada de los autos, requiriéndola para que en el plazo de cinco días cumpliera voluntariamente la sentencia ejecutoria emitida en segunda instancia, que consistía en desocupar y entregar el inmueble materia de dicho juicio de desahucio. Agrega, que dicho auto le causa perjuicio, porque pretenden su desalojo del inmueble sobre el cual detenta u ostenta la propiedad, y que es motivo de conocimiento en el controvertido de origen. En la especie, este órgano de control constitucional estima que se encuentra actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que prescriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Respecto de este último precepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último acto dictado en ese procedimiento. Así también, que por "última resolución", para los efectos de los actos dictados en ejecución de sentencia, debe tenerse a aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad física o jurídica de cumplirla. Esto se sostiene en la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno del tomo XIII, abril de dos mil uno, en la Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Este criterio no aplica no aplica para terceros extraños. Por otra parte, las excepciones al criterio general antes aludido para quienes son parte y que dan posibilidad para atacarlos sin necesidad de esperar a la última resolución, exclusivamente son: a) Cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos (la integridad física, la libertad y los bienes); y b) Cuando los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; es decir, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Esta última excepción contiene la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán de llevarse a cabo. Esta consideración se contiene en la jurisprudencia P./J. 108/2010, registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seis, tomo XXXIII, enero de dos mil once, en la Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el caso que nos ocupa, lo manifestado por la parte quejosa se advierte que es parte en el procedimiento natural, y que dentro del mismo existe resolución firme que debe cumplirse atendiendo a su naturaleza de orden público; asimismo, que en ese contexto de ejecución, el Juez Primero de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca, dictó auto de requerimiento voluntario en contra de la aquí quejosa, concediéndole un plazo de cinco días para la desocupación del inmueble materia de dicho Juicio Especial de Desahucio 265/2014. Bajo este presupuesto dicho auto no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el expediente número 265/2014, entendida ésta como el pronunciamiento respecto a la declaración de que se encuentre enteramente cumplido dicho procedimiento o bien, que se reconozca la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; cuya declaración o situación permite acceder a la vía constitucional. Asimismo, toda vez que no se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que tenga una ejecución de imposible reparación, sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada o desestimen excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución; por tanto, la determinación que se reclama, deberá impugnarse en el amparo indirecto que en su momento se intente contra la última resolución dictada en el juicio, en la que se reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento de la sentencia emitida en dicho expediente o, en su defecto, la declaratoria en el sentido que haya imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos de localización: Novena Época, Registro: 164639, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 28/2010, Página: 60, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Por lo anterior, con fundamento con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el arábigo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque la causa de improcedencia establecida en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponde a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertida en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; y, sin que al respecto haya lugar a proveer respecto a la suspensión del acto reclamado que se solicita, pues no se trata de los actos mencionados en el numeral 17, de la legislación en consulta. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 921, registro 174737, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese personalmente.

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