Margarita González Mendoza

Expediente 623/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
623/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Margarita González Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento al artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y tomando en consideración que en las constancias que integran el presente expediente, no obra ningún documento original ni billete de depósito y dado que se concedió la suspensión definitiva solicitada, se considera susceptible de conservación el incidente de suspensión en que se actúa. Asimismo, de conformidad el segundo párrafo, de la fracción V, del punto vigésimo primero, capitulo quinto, del Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo el veintitrés de junio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a la autoridad responsable el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo, por ende, es el legitimado para interponer el citado recurso, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programa para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, remite copia certificada de la constancias solicitadas que fueron solicitadas en acuerdo de doce junio de dos mil veintitrés; al respecto, téngase por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento formulado en el auto de referencia, asimismo, de conformidad en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas la pruebas documentales de referencia en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de estas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Dese vista a las partes con dichas constancias, mismas que quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Pues bien, en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Así, pues, para que sea aplicable esta causa de improcedencia del juicio de amparo es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido sean totalmente revocados, derogados o destruidos jurídica y materialmente por parte de la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que, en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, esto es, como si el acto reclamado jamás hubiera existido, es decir, el acto reclamado debe quedar insubsistente. Por lo mismo, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se destruye jurídica y materialmente el acto reclamado por la propia autoridad responsable que lo emite, esto es, surge una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Asimismo, cabe agregar, en torno a la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que el acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Luego, hay cesación de la violación alegada, cuando ha desaparecido la contravención, por haberse reparado por las propias autoridades responsables. Por lo mismo la pretensión ejercida en la demanda de amparo deja de tener razón de ser, ya que se perseguiría algo que ya está logrado: la restitución en el goce de la garantía violada. Sobre el mismo tema, se concluye que desde el enfoque del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone el quejoso que son violatorias de la Constitución y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de garantías. Por ello, si cesa la producción de tales consecuencias jurídicas y, por consiguiente, la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, como es la restitución a favor del quejoso en el goce de la garantía violada, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de que surgiera a la vida jurídica el acto contravenido de la garantía individual en cuestión. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2443). "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731). Con base en las acotaciones anteriores, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la propia autoridad responsable destruye material y jurídicamente el acto reclamado y todas sus consecuencias o efectos, esto es, crea una situación jurídica (revocación, derogación) que definitivamente destruye aquella otra que dio motivo al amparo y lo que permite volver las cosas al estado que guardaban, lo que permite que se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada con la inexistencia misma del acto reclamado, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo ningún efecto jurídico, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia del acto reclamado, así como de todos sus efectos, han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En este caso, se desprende sin duda alguna que han cesado los efectos del acto que en vía constitucional se reclamaron, habida cuenta que, si la peticionario de amparo reclamó de las autoridades responsables, en esencia, la omisión de llevar a cabo el registro estatal correspondiente de su solicitud de incorporación al Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como de informar el resultado de la misma, y en atención a las copias certificadas del memorándum DPPDJ/CPPBPAM/2304/2023 la aquí quejosa es beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores con número de "ID DERECHOHABIENTE 30908565", del memorándum DPPDJ/CPPBPAM/2638/2023 se desprende que la aquí quejosa fue incorporada en el bimestre de MAYO - JUNIO 2023 como beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores a con número de "ID DERECHOHABIENTE 30908565", del memorándum DPPDJ/CPPBPAM/2638/2023 se desprende que la aquí quejosa fue incorporada en el bimestre de MAYO - JUNIO 2023 como beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores a con número de "ID DERECHOHABIENTE 30908565", así como que mediante fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés se entregó a la aquí quejosa su Tarjeta como beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, asimismo se desprende que percibió la pensión del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores correspondiente al bimestre de MAYO - JUNIO 2023 y siendo su medio de cobro la TARJETA BANCARIA DEL BIENESTAR, de tal manera se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación por las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Así las cosas, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que aún de que se esperara a la celebración de la audiencia constitucional, el acto reclamado no podría ser desvirtuado con prueba alguna, ni causaría agravio a la parte quejosa, ya que como se advierte de las copias certificadas del memorándum DPPDJ/CPPBPAM/2304/2023 la aquí quejosa es beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores con número de "ID DERECHOHABIENTE 30908565", del memorándum DPPDJ/CPPBPAM/2638/2023 se desprende que la aquí quejosa fue incorporada en el bimestre de MAYO - JUNIO 2023 como beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores a con número de "ID DERECHOHABIENTE 30908565", del memorándum DPPDJ/CPPBPAM/2638/2023 se desprende que la aquí quejosa fue incorporada en el bimestre de MAYO - JUNIO 2023 como beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores a con número de "ID DERECHOHABIENTE 30908565", así como que mediante fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés se entregó a la aquí quejosa su Tarjeta como beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, asimismo se desprende que percibió la pensión del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores correspondiente al bimestre de MAYO - JUNIO 2023 y siendo su medio de cobro la TARJETA BANCARIA DEL BIENESTAR; por tanto, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la aludida audiencia constitucional, para dictar el fallo correspondiente. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1235, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito, para evidenciar la hipótesis aplicable al caso. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otro lado visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de ********************, se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, manifestará lo que su derecho legal conviniera, respecto a la denominación de la autoridad señalada como ********************, Responsable del Módulo de Atención de los Programas para el Desarrollo de la Administración Pública Federal, apercibida que de no hacerlo se tendría como inexistente la referida autoridad; determinación que le fue notificada el ******************** siguiente de manera electrónica, sin que hubiese manifestado nada al respecto en el plazo otorgado, mismo le transcurrió del ******************** del año que transcurre; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de ********************, y en consecuencia, se tiene como inexistente la autoridad de referencia, suspendiéndose toda comunicación con la misma. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, se deja sin efectos el señalamiento de fecha para la audiencia constitucional. Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

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