Margarita González Cervantes

Expediente 1070/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1070/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Margarita González Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (foja 28 a 32), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo V-1070/2018; y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad y turnado ese día a este órgano jurisdiccional, Margarita González Cervantes, por conducto de su apoderado jurídico, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto que atribuyó a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Por considerarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número V-1070/2018, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO (competencia). Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO (precisión del acto reclamado). En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad: El acuerdo que señaló una fecha remota -diecinueve de febrero de dos mil diecinueve-para la celebración de la audiencia inicial dentro del juicio laboral 3B-2541/2018. TERCERO (Existencia del acto reclamado). La autoridad que a continuación se menciona rindió informe justificado al tenor siguiente: N° Autoridad Fojas Sentido 1 Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. 20 Cierto En ese sentido, se tiene que el acto reclamado es cierto, ello en virtud de que así lo manifestó; además, su certeza se corrobora con la copia certificada del auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el sumarió laboral 3B-2541/2018, en el que señaló fecha para el desahogo de la audiencia inicial, constancia a la que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO (Procedencia). La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Fortalece lo vertido el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el folio 190, tomo VI, Séptima época, materia común Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Respecto al acto reclamado que se hace consistir en el auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en el que se señaló una data lejana -diecinueve de febrero de dos mil diecinueve- para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 3B-2541/2018, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho acto se consumó de un modo irreparable. El numeral y la fracción en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;". El artículo y fracción transcritos prevén la improcedencia del juicio de amparo en contra de aquellos actos que se hayan consumado de un modo irreparable, aunque para comprender mejor el alcance de dicho precepto legal, resulta pertinente apoyarse en el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.3o.A.150 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, tomo XIV, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos veinticinco, que señala lo siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Del criterio antes referido, se advierte que un acto se considerará consumado irreparablemente, cuando al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, debido a que las cosas no podrían regresar al estado que guardaban antes de cometerse la violación a derechos fundamentales, tratándose de actos de carácter positivos; o, si son negativos, obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, lo que en el caso a estudio sucede, por los motivos que a continuación se expondrán. En la especie, el quejoso combate el auto de diecisiete de octubre del año inmediato anterior, en el que se señaló el pasado diecinueve de febrero de la presente anualidad, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente 3B-2541/2018. En ese orden de ideas, se considera actualizada la causal de improcedencia indicada, pues aunque se declarara la ilegalidad del acto reclamado, y se ordenara dejarlo sin efectos, la protección constitucional no podría materializarse, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, pues, como ya se indicó, la data combatida ya aconteció el pasado diecinueve de febrero, por lo que resulta materialmente imposible retrotraer en el tiempo cualquier efecto restitutorio que pudiera darse a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, al quedar acreditada la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el precepto 63, fracción V, en concordancia con el diverso 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto del acto indicado. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes, regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Margarita González Cervantes, respecto del acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, secretario del juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Visto el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde su informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el precepto 119 de la ley en la materia, téngase como prueba documental pública de la citada autoridad, el legajo de copias que acompaña a su informe, sin perjuicio de hacer relación de ella, al celebrarse la audiencia de ley. En consecuencia, para dar margen a que las partes estén en posibilidad de conocer el contenido del informe que se provee, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, para su celebración. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Visto el comunicado del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual pretende rendir informe justificado respecto del acto reclamado; agréguese a los autos únicamente para que conste, toda vez que de la lectura del mismo y de las constancias que adjunta, se obtiene que lo hace respecto del juicio laboral 3B-2451/2018, promovido por German Urani Mejía Allardo, contra CNATS de R. L: de C. V. y otros; siendo que en juicio en que se actúa los actos derivan del expediente 3B-2541/2018 promovido por la aquí quejosa Margarita González Cervantes, contra Proveedora de Servicios Administrativos en Organizaciones S. A. de C. V. y quien resulte propietario o responsable del Casino. Por tanto, se ordena devolver dicha documentación a fin de que dentro del plazo de tres días contado a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, aclare su informe; en el entendido que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario y con fundamento en el dispositivo 260, fracción II, de la ley instrumental se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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