Margarita García Ujrbina
Expediente 266/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Margarita García Ujrbina
Actuaciones
- Principal
Vista la primer certificación de cuenta y, como de la misma se advierte, que ya transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja previsto en la fracción I, inciso a) del artículo 97 del mismo cuerpo de leyes, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer dicho medio de impugnación en contra del proveído que desechó la presente demanda de garantías, tal como se advierte de la cuenta secretarial; en consecuencia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Se tiene por hecha la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa el auto de veintiocho de marzo del año en curso, por los motivos que expone, en esas condiciones, túrnese el presente auto al actuario que corresponda para que notifique a dicho promovente por medio de lista el auto citado con antelación y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese y por lista al promovente. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: "CIUDAD DE MÉXICO, VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de garantías promovida por **, por propio derecho, contra actos del JUEZ VIGÉSIMO NOVENO DE PROCESO ORAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno con el número 266/2022. Del análisis de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el auto dictado el tres de marzo de dos mil veintidós, por el Juez Vigésimo Noveno de Proceso Oral Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual no fue admitido a trámite el incidente de incompetencia planteado por la demandada hoy quejosa, en el periodo de ejecución de sentencia. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda, se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Igualmente, el artículo 107 fracción V, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Georgina Vega de Jesús 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c8.89 09/07/22 10:15:07 De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede contra los actos que tienen como efectos que sean de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. En la especie, el acto reclamado se hace consistir, en el auto dictado el tres de marzo de dos mil veintidós, por el Juez Vigésimo Noveno de Proceso Oral Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual no fue admitido a trámite el incidente de incompetencia planteado por la demandada hoy quejosa, en el periodo de ejecución de sentencia. Entonces, se concluye que la resolución reclamada es un acto en ejecución de sentencia, que no tiene, por el momento, como efecto que sea de imposible reparación, al no afectar materialmente un derecho sustantivo del promovente, tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial en los términos del artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, pues la única consecuencia jurídica que produce es la de que se continúe con la tramitación del procedimiento en ejecución de sentencia; y la afectación sólo puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal e intraprocesal y en todo caso, una vez que se resuelva la ejecución, el quejoso podrá hacer valer la violación procesal de la que ahora se duele, pero deberá hacerse valer conjuntamente con la resolución que tenga por cumplida la sentencia que declara la imposibilidad material de su cumplimiento. Asimismo, es aplicable por analogía la tesis de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Octubre de 1995, página 333, que a la letra señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." De igual manera, es aplicable la jurisprudencia P/J 108/2010, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, que a la letra señala: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizados a las personas que refiere en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo; en el entendido que al momento de promover en el presente expediente, deberán contar con su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, tomando en consideración que en el acuerdo general 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a las promoventes que la resolución que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de este juzgado, para que notifique el presente proveído. Notifíquese y personalmente al promovente.
- Principal
SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al promovente.
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