Margarita García García

Expediente 900/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
900/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Margarita García García
  • Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Margarita García García; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Incidental

    mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  3. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con veinticinco minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 900/2021-10, promovido por *******************. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistente en: ? Copia simple de la credencial para votar a nombre de la actora. Foja 12 ? Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. Por otro lado, se da cuenta con la documental que remitió el director de Asuntos Jurídicos del Congreso Constitucional del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, la cual consiste en copia certificada de los antecedentes legislativos del Decreto 299 de dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Fojas 97 a 145. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 900/2021-10, promovido por ****************, contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 2, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el nueve de agosto de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el diez siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el once posterior, Margarita García García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1. Al Congreso del Estado de Tabasco a) La omisión de consulta previa a los pueblos indígenas, dentro del proceso legislativo de análisis y aprobación del decreto 299. b) aprobación del Decreto 299 el 16 de julio de 2021. 2. Al Gobernador de Tabasco ¿ a) La iniciativa de ley de fecha 14 de julio de 2021 para reformar diversos artículos de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, sin consulta previa a los pueblos originarios de la entidad. b) La expedición y promulgación del DECRETO 299, con fecha 19 de julio de 2021. 3. Al Secretario de Gobierno a) el refrendo del DECRETO 299 el 19 de julio de 2021 y b) la Publicación del mismo DECRETO299 en el suplemento F, de la edición 8230 del Periódico Oficial, órgano de difusión oficial del Gobierno Constitucional del Estado libre y Soberano de Tabasco, el 21 de julio de 2021 4. Al Coordinador General de Asuntos Jurídicos: el refrendo el 19 de julio de 2021 del DECRETO 299 sic AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Congreso del Estado de Tabasco. 2 Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. 3 Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco. 4 Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco. 5 Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco. ¿SEGUNDO. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El doce de agosto de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el expediente 900/2021-10; asimismo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desechó la demanda. TERCERO. RECURSO QUEJA. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue registrado con el expediente 195/2021 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, quien mediante sesión ordinaria virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, resolvió: "PRIMERO. Es FUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Se REVOCA el acuerdo recurrido." CUARTO. ADMISIÓN Y TRÁMITE. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite el asunto; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza de los actos reclamados, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; por separado y duplicado se ordenó tramitar el incidente de suspensión solicitado en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? La aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto 299 que reforma de la fracción LVIII del artículo 29; la fracción XX del artículo 65; la denominación del Capítulo IV PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y DE SECCIÓN, del Título Quinto DE LOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN para titularse DESIGNACIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN; las fracciones VI y 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. ¿VIII del artículo 102; el artículo 103; y el artículo 105; se adiciona la fracción XXI al artículo 65; y se deroga el artículo 1 04; todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el veintiuno de julio de dos mil veintiuno. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados enunciados en el considerando precedente por haberlo reconocido el director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Tabasco en representación del citado órgano legislativo; el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno, en representación del Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; así como el director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, representante del Gobernador Interino del Estado de Tabasco y del Coordinador General de Asuntos Jurídicos. [Fojas 66, 148 y 168] Apoya lo anterior la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, debe considerarse que las disposiciones de carácter general no son objeto de prueba de conformidad con lo establecido en los preceptos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2; de ahí que deba tenerse cierta la existencia en relación con los numerales tildados de inconstitucionales. ¿Soporta lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, que expresa: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. También sirve de apoyo al caso concreto, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que a la letra señala: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En ese tenor, se colige que la plena existencia del acto legislativo materia de la presente controversia constitucional. CUARTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. ¿Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la norma reclamada no afecta el interés de la parte quejosa y tampoco le causa un daño irreparable. Así, los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ¿XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En ese sentido, según lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Federal; así como los numerales 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo está condicionado al cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos, el de que la parte quejosa sea titular de un interés jurídico o legítimo, es decir, que resienta una afectación a un derecho subjetivo o a su esfera jurídica entendida en sentido amplio debido a su situación particular en el ordenamiento jurídico. El interés jurídico está vigente desde la instauración del juicio de amparo y ha sido definido como la facultad de exigencia consignada en una disposición normativa que se materializa mediante dicho juicio y sin la cual éste es improcedente. De manera que los elementos que lo constituyen son: a) Existencia de un derecho subjetivo que otorgue la potestad de exigir determinada conducta; y, b) Existencia de una disposición normativa que reconozca esa prerrogativa. Es ilustrativo al respecto el criterio 1a. XCVII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 545, décima época, materia común, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, de rubro: INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO., sostuvo que el concepto de interés jurídico tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia de la demanda relativa, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; de ahí que la figura del interés jurídico se traslapa con el concepto de interés legítimo, pues ambas figuras pueden actualizarse por la existencia de un derecho objetivo conferido por el marco constitucional en contraposición a la situación particular del individuo. Por su parte, el interés legítimo está vigente desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en dos mil once y ha sido definido como el interés personal individual o colectivo, real, cualificado, actual y jurídicamente relevante derivado de una afectación -que puede ser de diversa índole- a la esfera jurídica de la parte quejosa en sentido amplio, el cual puede implicar, en caso de concederse el amparo, un beneficio jurídico en favor de aquélla. De ahí que los elementos que lo constituyen son: ¿a) Interés garantizado en una disposición normativa que resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo; b) Afectación (directa o indirecta) a la esfera jurídica de la parte quejosa derivada de su situación especial frente al ordenamiento; y, c) Vínculo entre dicha parte y su pretensión, de forma que la anulación del acto reclamado le produzca un beneficio actual o futuro, pero cierto. Por ende, como así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés legítimo constituye una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico (sin que sea un interés simple o genérico de la sociedad) que deriva de una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de la pretensión reclamada, ya sea por una circunstancia personal -interés individual- o por una regulación sectorial o grupal -interés colectivo. Al respecto deviene aplicable la tesis P./J. 50/2014 10a. del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, décima época, materia común, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: I ser titular de un derecho subjetivo, es decir, ¿alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o II en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." ¿Ahora, de lo anterior se desprende que para que, una persona puede comparecer al proceso constitucional no obstante sin que exista una facultad expresa para ello, pues su reclamo implica una condición diferenciada al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés personal, colectivo, cuantificado, real y relevante, que puede, en su momento, verse reflejado en un beneficio jurídico en su favor y por tanto, le permite combatir actos que estima lesivos, sin la necesidad de acreditar ser titular de un derecho subjetivo como sucede en la figura del interés jurídico. Aquí, la parte impetrante se encuentra en una condición identificable, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que el órgano de amparo se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En suma, para que se actualice la existencia del interés legítimo se reclama de la demostración de una afectación en la esfera jurídica de la persona frente al marco jurídico. En ese contexto, tenemos que en el caso que nos ocupa, la quejosa reclama la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto 299 que reforma ¿diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, la estima inconstitucional, dado que su mera entrada en vigor le genera afectación en su esfera jurídica en atención a su pertinencia a un colectivo indígena hablante de la lengua yokot´an, es decir, el proceso legislativo no fue precedido de una consulta a los pueblos indígenas de Tabasco, sobre la eliminación de los usos y costumbres. En esa tesitura, para tener por satisfecha la existencia del interés legítimo deviene indispensable que en el caso concreto, se acredite la necesidad básica y su falta de atención por parte del ordenamiento que se tilda de inconstitucional, ello conforme al examen de hechos y razones relativas frente a la condición de pertinencia de la parte impetrante, junto a la obligación de atender la condición de discriminación. Ahora, visto lo anterior y para mejor referencia se reproduce a continuación la porción normativa combatida: DECRETO 299 ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción LVIII del artículo 29; la fracción XX del artículo 65; la denominación del Capítulo IV PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y DE SECCIÓN, del Título Quinto DE LOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN para titularse DESIGNACIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN; las fracciones VI y VIII del artículo 102; el artículo 103; y el artículo 105; se adiciona la fracción XXI al artículo 65; y se deroga el artículo 1 04; todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco para quedar como sigue: Artículo 29 l. a la LVII. ¿¿LVIII. Designar a los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección de conformidad con lo establecido por el artículo 103 de la presente Ley; y LIX Artículo 65. De la l. a la XIX XX. Proponer a las personas que ocuparán los cargos de delegado, subdelegado, jefe de sector y jefe de sección municipales; y XXI. Las demás que le concedan las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales. TITULO QUINTO DE LOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN CAPITULO IV Designación de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y Jefes de Sección Artículo 102 l. a V. VI. No ser propietario o administrador de establecimientos, donde se expendan licores o bebidas embriagantes en la comunidad donde será designado; VIl. VIII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. Artículo 103. Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, serán designados por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, durante los meses de enero a marzo del año siguiente al del inicio del período constitucional. En caso de empate, el presidente municipal tendrá voto de calidad. Dicha designación deberá atender al principio de paridad de género. El Ayuntamiento determinará las acciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior; y en su caso, el procedimiento para la remoción de delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, en el reglamento que para tal efecto expida. Artículo 104. Se deroga Artículo 105. Las autoridades designadas entrarán en funciones dentro de los ocho días siguientes a la comunicación del resultado. El presidente municipal tomará la protesta de ley y dará posesión a los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección. Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección durarán en su cargo tres años, pudiendo ser removidos por el Ayuntamiento en cualquier tiempo por causa justificada, que calificará este mismo órgano, en este caso, el Ayuntamiento designará al substituto, de entre los vecinos de la demarcación respectiva. Los delegados y subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, podrán ser designados nuevamente para el período inmediato por una sola ocasión. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. De lo anterior se advierte dentro de las facultades de los entes municipales se encuentra la de designar diversos funcionarios -delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección- conforme al procedimiento establecido en el numeral 103 del propio ordenamiento. Asimismo, se indica que es potestad de la persona titular de la presidencia municipal la propuesta de quienes puedan ocupar los cargos de delegado, subdelegado, jefe de sector y jefe de sección municipales. Así, la reforma indica el procedimiento para la designación, remoción, entrada en funciones, término del encargo y la posibilidad de volver a una nueva designación para un periodo inmediato por una única ocasión inmediata. Además, dicha normativa será vigente a partir del día siguiente de su publicación en términos del artículo primero transitorio. En el caso, este órgano de control constitucional llega a la plena convicción que la quejosa acude a este juicio reclamando un interés simple, pues del análisis de las manifestaciones y argumentos que vierte en su demanda no se desprende afectación alguno a un interés cualificado, actual y real en su ámbito de derechos fundamentales, derivado de su pertinencia a una de las categorías sospechosas a las que alude el último párrafo de artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime si, en el caso concreto, la legislación que se somete a análisis no tiene como objeto una distinción condicionada que busque abatir, desde un punto de vista constitucional, un desequilibrio social, esto es, la porción normativa en discusión no pretende regular la participación de los pueblos y comunidades originarias en el proceso designación interna de funcionarios municipales. Por tanto, al margen de que en favor de la quejosa se establezca obligación de generar una protección especial por parte del Estado a partir de su autoadscripción como persona indígena3, tal condición tiene por satisfecha el 3 Conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia 1a./J. 59/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 287, décima época, materia constitucional, registro digital 2005032, de rubro y texto: PERSONAS INDÍGENAS. SU PROTECCIÓN ESPECIAL A CARGO DEL ESTADO SURGE A PARTIR DE LA AUTOADSCRIPCIÓN DEL SUJETO A UNA COMUNIDAD INDÍGENA O DE LA EVALUACIÓN OFICIOSA DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL ANTE LA SOSPECHA FUNDADA DE QUE EL INCULPADO PERTENECE A AQUÉLLA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PERSONA INDÍGENA. PARA QUE SEA EFICAZ LA AUTOADSCRIPCIÓN DE UN SUJETO A UNA COMUNIDAD INDÍGENA, DEBE REALIZARSE DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O LA PREINSTRUCCIÓN DE LA CAUSA., determinó que el criterio de la autoadscripción es determinante para establecer si una persona tiene o no la calidad de indígena. Por tanto, resulta lógico y jurídico que el deber de su protección especial a cargo del Estado, igualmente sea exigible a partir de dicha manifestación de voluntad (autoadscripción). Luego, si el inculpado se reserva dicha información, la autoridad estatal de que se trate, en principio, no estará en posibilidad de conocer tal circunstancia personal y activar en su favor las prerrogativas diseñadas específicamente para dicho sector; sin embargo, tal regla no es absoluta, pues cuando exista sospecha fundada en el órgano ministerial, o bien en el juzgador, de que una persona pertenece a una comunidad indígena, sin que aquélla lo haya manifestado expresamente (como podría acontecer derivado de una evidente incomprensión total o parcial de las indicaciones otorgadas por la autoridad, o bien, derivado componente de la afectación y por ende, no puede equiparse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. De tal modo que, si la impetrante no resiente afectación a su esfera de derechos, con motivo de la reforma combatida, entonces la presente vía resulta improcedente, ya que se requiere un interés jurídico o legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera de derechos por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Esto es así, dado que únicamente sostiene que las autoridades responsables del proceso legislativo no llevaron a cabo consulta previa a los pueblos indígenas de Tabasco, respecto de la eliminación de sus usos y costumbres, al establecer un procedimiento de designación de funcionarios municipales, lo cual no genera una condición de afectación, pues tales servidores públicos no están sujetos a un proceso de elección popular que trastoque los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, pues forman parte de un sistema municipal que se encuentra facultado para la designación de las personas servidoras públicas que habrán de cumplimentar con la organización y funcionamiento de la administración pública municipal conforme la fracción I del de las constancias e informes que obren en el proceso), de oficio, dichas autoridades ordenarán una evaluación sustantiva de la cuestión, adoptando una postura activa pro-derechos, a fin de determinar si la persona sujeta a una investigación o proceso penal tiene o no la calidad de indígena y, por tanto, si debe gozar de los derechos que a su favor consagra el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, a partir de la ponderación de diversos elementos, entre los que se pueden citar, ejemplificativamente, los siguientes: 1) constancias de la autoridad comunitaria; 2) prueba pericial antropológica; 3) testimonios; 4) criterios etnolingüísticos; y/o, 5) cualquier otro medio que permita acreditar la pertenencia, el arraigo, la identidad y/o asentamiento físico a la comunidad indígena. Lo anterior, a fin de establecer si el sujeto, conforme a sus parámetros culturales, comprende el contenido y alcance de las normas que le son aplicables, y así estar en aptitud de determinar si se otorgan o se prescinde de los derechos que como indígena le corresponderían. artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4. No obstante lo anterior, tampoco se advierte que la quejosa pudiese alcanzar beneficio concreto con una eventual concesión de la protección constitucional, dado que no se advierte que sea candidata a algún cargo de elección municipal y que, con la entrada en vigor de la reforma que reclama, se le haya hecho nugatorio el derecho a ser votada o bien, que por su pertinencia a un grupo indígena, se le impida ser designada como funcionaria en los términos que la normativa de organización municipal establece; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostenta es la que existe con cualquier persona ciudadana, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 10a., de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, con registro digital 2012364, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No 4 Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se dice lo anterior, no obstante que a su demanda anexó copia simple de su credencial para votar, la cual por sí sola carece de eficacia probatoria al haber sido presentada en copia simple y no estar adminiculada con diverso medio probatorio, en términos del artículo en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de lo dispuesto en su numeral 2. Resulta aplicable la jurisprudencia 193, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Octava Época, registro 394149, Tomo VI, Parte SCJN, Pág. 132, de rubro y texto: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. En mérito de lo anterior, con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo resulta procedente sobreseer en el juicio, puesto que la quejosa no cumplió con los extremos necesarios para acreditar su interés legítimo para acudir en la presente instancia constitucional. Así, al quedar demostrado que el juicio de amparo indirecto es improcedente, resulta innecesario en análisis de las diversas causas de improcedencia hechas valer por las partes. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/9813 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad señalada como ejecutora Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco dado que la quejosa no señaló vicios propios respecto de la ejecución de aquella. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 50, séptima época, materia común, registro digital 239008, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Sin que tampoco pase desapercibido para la suscrita quien resuelve que, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, en ejecutoria pronunciada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós [Fojas 40 a 54], en el recurso de queja 195/2021 de su índice, en su primer punto resolutivo declaró fundado el recurso de queja y en el segundo resolutivo revocó el auto de desechamiento de demanda de doce de agosto de dos mil veintiuno, en el cual este juzgado consideró que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico ni legítimo. Al respecto el tribunal de alzada estimó que en ese momento dicha causal de improcedencia no era manifiesta e indudable, ya que a su consideración se requerían mayores elementos como los informes justificados de las autoridades responsables; además de que la quejosa durante el trámite del juicio podía demostrar su interés legítimo frente a los actos reclamados; razón por la cual, en cumplimiento a la referida ejecutoria, se admitió a trámite la demanda, en proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, sin que con posterioridad la parte impetrante haya aportado medio de prueba con la que se acreditase tal interés para promover el juicio de amparo que insta, lo cual tampoco se advierte de los informes justificados rendidos ni de las constancias que obran en autos; de ahí que lo aquí resuelto no contraviene lo ordenado por la superioridad. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)5, si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos 5 Véase Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, página 487. el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por *************, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de cuatro de abril del año actual, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación de Asuntos Jurídicos en representación del gobernador Interino del Estado de Tabasco y la coordinadora General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco; por lo que el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido transcurre del siete al veintiuno de abril del año en curso, con excepción de los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de la Materia. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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