Margarita Flores Martínez
Expediente 26/2012 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 71 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2012
- Año
- 2012
- Actuaciones
- 71
- Última actuación
- 07/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Margarita Flores Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 71.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 8767/2018 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del expediente 26/2012-I con cinco tomos, del índice de este Juzgado, promovido por Margarita Flores Martínez; y copia certificada de la resolución dictada el cinco de julio de dos mil dieciocho en el recurso de inconformidad 8/2017, de su estadística, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "ÚNICO. Es infundada la inconformidad planteada por Margarita Flores Martínez, en contra de la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en la que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo indirecto 26/2012" En tal virtud, acúsese recibo de lo anterior. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es depurable por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo, deberá desincorporarse materialmente la demanda y sentencia que obran en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último , del citado Acuerdo General el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billete de depósito al no obrar éste en autos.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, de la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio 6995/2017, e informa que se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por Luciano Pantoja Hernández, autorizado de la parte quejosa Margarita Flores Martínez, en contra la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada por este órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, la cual quedó registrado bajo el número 8/2016, de lo que este Juzgado de Distrito toma conocimiento. Sin que pase inadvertido, el hecho de que del rubro del citado oficio se aprecia la leyenda "INCONFORMIDAD 8/2017", situación de la cual toma en conocimiento este Juzgado Federal para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa Luciano Pantoja Hernández; en atención a su contenido, se tiene por presentada su inconformidad en contra del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 105, de la abrogada, Ley de Amparo, se tiene por interpuesta la inconformidad contra dicha determinación, por lo que a efecto de dar mayor celeridad y eficacia en la impartición de justicia, distribúyase entre las partes copia simple del escrito que se provee, para su conocimiento y efectos legales procedentes, y una vez notificadas las mismas de este proveído, remítase el presente expediente al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, así como el original y copia simple del ocurso de inconformidad, para la substanciación del mismo. Con copia simple del escrito de cuenta y demás constancias relativas fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente principal para constancia.
- Principal
Tlaxcala, Estado de Tlaxcala; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Se declara cumplida la sentencia Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de cuenta, presentado por Hugo Gaspar García Domínguez, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa en este asunto, sin que haya lugar a tener por recibido el mismo, toda vez que carece de la firma de quien lo suscribe. Sin que pase inadvertido el siguiente criterio jurisprudencial: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." (Décima Época, Registro: 2000130, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Enero de 2012, Tesis: 2a./J. 32/2011, Página: 3632.) Lo anterior, en virtud de que si bien dicho ocurso se presentó de manera electrónica; lo cierto es que en proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en atención al escrito recibido a través de la Oficialía de Partes en el apartado de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, firmado electrónicamente por Yulian Valdepeña Corona, con nombre de usuario LIC_YULIANVC, autorizada de la parte quejosa en términos amplios; mediante el cual solicitó la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario de referencia; en atención a su contenido, se determinó que no resultaba procedente su solicitud, en virtud de que si bien dicha solicitud se encuentra fundada en el artículo 3° de la Ley de Amparo vigente; lo cierto es que, en el juicio de amparo en que se actúa, el trámite se realiza de conformidad con las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada, en la cual, aún no se encontraban contempladas las notificaciones de manera electrónica. Ahora, visto el estado de autos y tomando en consideración las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada con las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional del doce de junio de dos mil doce. En ese sentido, en atención al estado procesal de las presentes actuaciones y con el objetivo de brindar mayor claridad en torno a diversos aspectos vinculados con el cumplimiento del fallo protector, resulta necesario hacer las siguientes precisiones: El veintiséis de junio de dos mil seis, la Sala Burocrática del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala dictó laudo dentro del expediente 169/99, derivado de la demanda promovida por el quejoso en contra de la Secretaría de Gobierno, la Coordinación Jurídica y la Dirección Jurídica, todas del Gobierno del Estado de Tlaxcala; en dicha resolución se estimó procedente la acción de la actora y, en consecuencia, se condenó a la demandada a su reinstalación, así como al pago de los salarios caídos y demás prestaciones. La Sala Laboral precisada, en diversas fechas, realizó diligencias encaminadas a lograr el cumplimiento del laudo precisado, sin poder obtenerlo, razón por la cual, la parte quejosa, inconforme con la dilación para ejecutar el laudo, el tres de mayo de dos mil doce promovió el presente juicio de amparo, en el que señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala reclamó la omisión de dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral número 169/1999, "así como la falta de emisión del acuerdo y debida notificación del acta derivada de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce." De la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala reclamó la no afectación de las partidas presupuestales que le corresponden para realizar el pago de las cantidades líquidas adeudadas a la parte quejosa. De la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala reclamó la no afectación a las partidas presupuestales que le corresponden, para realizar el pago de las cantidades líquidas que se establecieron en el laudo de veintitrés de junio de dos mil seis. De la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, reclama la negativa de pago a las prestaciones a las que fue condenada en sentencia de veintitrés de junio de dos mil seis, así como la negativa a atender a la quejosa y al diligenciario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala en la diligencia de pago y embargo de veintitrés de junio de dos mil seis. Sustanciado el juicio constitucional en que se actúa, mediante sentencia de doce de junio de dos mil doce, este Juzgado de Distrito concedió la protección de la Justicia Federal a Margarita Flores Martínez, para el efecto siguiente (foja 296 del tomo I): "82. Por último, respecto del acto que se reclama al Presidente del tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, resulta imperativo conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que se pronuncie en torno a las peticiones que la parte quejosa formuló en diligencia del veintiocho de marzo de dos mil doce y, en lo subsecuente, previa solicitud de la parte quejosa, realice las actuaciones necesarias a fin de lograr el cumplimiento del laudo del veintiséis de junio de dos mil seis, quedando obligado a hacer uso de las medidas de apremio previstas en el artículo 125 de dicho ordenamiento, a efecto de conminar a las demandadas a cumplir en los términos ordenados." Por auto del dos de juicio de dos mil doce causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió a la citada autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector (foja 318 del tomo I). Mediante proveído de doce de julio de dos mil doce (foja 331 del tomo I), se tuvo a la autoridad responsable remitiendo el auto de diez de julio de dos mil doce (fojas 329 y 330), por el cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifestando lo siguiente: ". En el acta de la diligencia que antecede, la actuaria hizo constar la imposibilidad para ejecutar lo ordenado por esta autoridad en virtud de que el personal de seguridad pública que resguardaba el inmueble informó que no había labores; en tal virtud, la actora solicitó lo siguiente: Se dé cuenta al Presidente de este tribunal con lo asentado en el acta de referencia. Se gire el oficio respectivo a Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, para efecto de que informe si el veintiocho de marzo de dos mil doce, fue día inhábil para la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Señale nuevo día y hora para el requerimiento de pago y embargo y se autorice a la actuaria para que se constituya en el domicilio de la Consejería Jurídica y Secretaría de Gobierno del Estado, toda vez que tienen el mismo carácter de demandadas. En su caso, se faculte a la actuaria para que se constituya en la Secretaría de Finanzas y requiera el pago por la cantidad de $825,207.00. (.), respecto a la solicitud marcada con el inciso a), a través del presente proveído se da cumplimiento; de la identificada con el inciso b), dígase al peticionario que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, pues a ningún fin práctico conduciría requerir al Oficial Mayor de Gobierno del Estado, informe si el veintiocho de marzo de dos mil doce fue inhábil para la Consejería Jurídica, antes bien lo que se pretende es la ejecución del laudo y con ello no se lograría este objetivo. Por cuanto a la petición marcada con el inciso c) se dicta auto de requerimiento de pago y embargo a bienes de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado quien tiene su domicilio señalado en autos; para tal efecto, se faculta a la actuaria adscrita a este tribunal para que asociada de la parte actora, se constituyan en dicha residencia y lleve a cabo la diligencia ordenada con el representante legal de ésta, y de no realizarse, se traslade al domicilio señalado en autos de la Secretaría de Gobierno, en virtud de que esta autoridad también resultó condenada en el laudo de veintitrés de junio de dos mil seis y procesa al requerimiento de pago y embargo, a fin de que pongan a disposición de esta autoridad la cantidad de $825.207.20 (ochocientos veinticinco mil doscientos siete pesos 20/100 m.n.)), la cual será entrega a la actora Margarita Flores Martínez, más los salarios caídos que se sigan generando hasta la total cumplimentación del laudo, sin que haya lugar a requerir por el momento a la Secretaría de Finanzas, pues ésta no resultó condenada en el laudo de mérito. Finalmente, del embargo de bienes suficientes que permitan garantizar el pago a la actora, dígase a la peticionaria que al efecto, la actuaria de este tribunal deberá observar las reglas establecidas en los diversos numerales 157 y 158 de la ley laboral burocrática local." En razón de lo anterior, mediante resolución de diez de septiembre de dos mil doce, este juzgado federal determinó declarar cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo (fojas 361 a 364 del tomo I). Recurso de inconformidad -fundado-. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso el medio de impugnación correspondiente -inconformidad-, mismo que fue radicado con el número 185/2012 del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, y resuelto el siete de marzo de dos mil trece (fojas 577 y 578 del tomo I), en los términos siguientes: ".No obstante, no ha realizado las actuaciones necesarias para lograr el cumplimiento del laudo; es decir, no se ha logrado que se reinstale a la parte quejosa Margarita Flores Martínez al puesto que venía desempeñando, así como que se le paguen diversas prestaciones tales como salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, horas extras, gastos médicos, bonos de productividad, entre otras, en los términos establecidos en éste; que fue otro de los aspectos para los cuales se otorgó la protección constitucional. En ese sentido, adverso a lo establecido en el acuerdo recurrido, y tal como lo sostiene la parte inconforme, la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida; por lo cual la presente inconformidad resulta fundada." En cumplimiento a dicha determinación, este Juzgado de Distrito formuló los requerimientos correspondientes a las autoridades respectivas, para lograr el cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. De las constancias que integran el presente asunto, se desprende que, en acatamiento a los requerimientos formulados, las autoridades responsables realizaron las siguientes actuaciones vinculadas con el cumplimiento del fallo protector: Fecha de la actuación Actuación desplegada por las autoridades vinculadas con el cumplimiento del fallo amparador Fojas 29/enero/2014 Se hizo entrega a la quejosa Margarita Flores Martínez de un cheque por la cantidad de $825,207.20 (ochocientos veinticinco mil doscientos siete pesos veinte centavos). 936 y 937 del tomo II 13/marzo/2014 Se declara infundado el incidente innominado que se aperturó con el propósito de determinar si se actualizaba o no la imposibilidad material para dar cumplimiento al fallo amparador alegada por el Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 1029 a 1049 del tomo III 20/marzo/2014 Se desahoga la diligencia de reinstalación de la parte quejosa en el cargo público que desempeñaba 1096 y 1097 del tomo III 24/marzo/2014 Se entregó a la quejosa la cantidad de $1,206,790.20 (un millón doscientos seis mil setecientos noventa pesos veinte centavos) y se dejó a disposición de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala un diverso cheque por el monto de $508,217.42 (quinientos ocho mil doscientos diecisiete pesos cuarenta y dos centavos). 1106 y 1107 del tomo III 22/mayo/2014 Se hizo entrega de la póliza de cheque de caja a favor de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por la cantidad de $15,912.55 (quince mil novecientos doce pesos 55/100 M.N), y adicionalmente se le hizo entrega a la quejosa de la póliza de cheque de caja por la cantidad de $30,843.84 (treinta mil ochocientos cuarenta y tres pesos 84/100 M.N.). 1234 a 1236 del tomo III 04/junio/2014 y 09/junio/2014 El Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, exhibió el nombramiento a nombre de la quejosa Margarita Flores Martínez, en el cargo en el que fue reinstalada como Jefa del Departamento de Legislación y Compilación de Leyes. Además, en dicho nombramiento se le reconoce su antigüedad (fecha de ingreso 15 de julio de 1993 y fecha de reingreso 20 de marzo de 2014), nivel 7, sueldo, jornada laboral, y el carácter que le asiste como trabajadora de base. 1263 y 1271 del tomo III El dieciséis de junio de dos mil catorce, nuevamente, este órgano jurisdiccional declaró cumplida la sentencia (fojas 1280 a 1286) determinación que fue impugnada a través del recurso de inconformidad hecho valer por la parte quejosa. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, radicó la inconformidad precisada con el número 33/2014 de su índice y en sesión de veintiuno de mayo de dos mil quince, la declaró fundada, en los términos siguientes: "Por otro lado, en relación a los argumentos que expone la inconforme en el sentido de que el salario no ha sido debidamente cuantificado, y menos valorados por el juez de Distrito, que éste fue omiso en revisar las liquidaciones decretadas por la responsable, a estudiar lo planteado en torno a la indebida elaboración de la planilla de liquidación; debe decirse que el a quo no estaba obligado a analizar la legalidad de la resolución del incidente de liquidación, pues ésta no forma parte del laudo y, como consecuencia, tampoco la ejecutoria de amparo. (.) No obstante que hay constancia de la restitución física de la quejosa en el cargo que venía desempeñando antes de ser despedida, asiste razón a la inconforme al señalar que la reinstalación fue simulada, toda vez que el puesto al que fue reinstalada es inexistente, pues no está contemplado en el reglamento interior de la patronal. Esto es así pues para considerar que jurídicamente fue reinstalada la quejosa debió ser otorgándosele (sic) en el puesto que desempeñaba antes de su despido, esto es como Jefe del Departamento de Legislación y Compilación de Leyes de la Dirección Jurídica de Gobierno; sin embargo, a la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de reinstalación dicho puesto era inexistente tal como se demuestra con el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de nueve y veintitrés de abril de dos mil trece y catorce, respectivamente; en el que se publicó el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del ejecutivo de esta entidad." Una vez recibidos los autos del presente asunto, se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables que dieran cumplimiento total a la ejecutoria de amparo y, en acatamiento a los requerimientos formulados, las autoridades responsables realizaron las siguientes actuaciones vinculadas con el cumplimiento del fallo protector: Fecha de la actuación Actuación desplegada por las autoridades vinculadas con el cumplimiento del fallo amparador Fojas 05/junio/2015 Se fijaron las trece horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil quince, para que se llevara a cabo la reinstalación física, legal y material de Margarita Flores Martínez. 1472 a 1476 del tomo III 10/junio/2015 Se fijaron las trece horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil quince, para que se llevara a cabo la reinstalación física, legal y material de Margarita Flores Martínez. 1496 a 1563 del tomo III 15/junio/2015 Autoridad responsable promueve incidente de cumplimiento sustituto, se le dice que no ha lugar 1564 a 1691 del tomo III 18/junio/2015 En auto de dieciséis de junio de dos mil quince, la responsable acordó que las partes convinieron la reinstalación de la actora en la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, específicamente en el cargo de Jefe de Departamento adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, específicamente al Departamento de Proyectos Comisionada a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala; se fijaron las doce horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil quince, para que se llevara a cabo la reinstalación física, legal y material de Margarita Flores Martínez, se establecieron las condiciones en que debería ser reinstalada la quejosa y los requisitos que deberá tener el nombramiento que se expida a la actora en el juicio natural; esto es: 1.- Con el puesto de Jefe de Departamento adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, específicamente al Departamento de Proyectos Comisionada a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala. 2.- Con la categoría de BASE. 3.- Con el nivel que corresponda al puesto de Jefe de Departamento adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, específicamente al Departamento de Proyectos Comisionada a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala y de acuerdo al tabulador de sueldos del gobierno del estado vigente en el año dos mil quince, ello debido a la anualidad en la que tendrá verificativo la diligencia ordenada en el presente proveído. 4.- Con un horario de ocho a quince horas de lunes a viernes de cada semana, descansando sábados y domingos y días festivos. 5.- Con las actividades inherentes al puesto. 6.- Con el salario correspondiente al nivel que conforme al tabulador de sueldos del gobierno del Estado de Tlaxcala vigente en el dos mil quince, se otorgue al Jefe de Departamento adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, específicamente al Departamento de Proyectos Comisionada a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala. 7.- Reconociéndole una antigüedad que data del quince de julio de mil novecientos noventa y tres. Se requirió a la demandada que al momento de realizar la reinstalación proporcionara las herramientas, útiles de trabajo, así como recursos humanos necesarios para el desempeño de las funciones inherentes a su puesto. 1693 a 1708 del tomo III 25/junio/2015 Se tuvo por recibida la copia de la diligencia de reinstalación de veintitrés de junio de dos mil quince y proveído de veinticuatro de junio de dos mil quince, en el que la autoridad responsable señaló que la demandada en el juicio laboral 169/1999-A, dio cumplimiento de forma parcial a dicha diligencia; puesto que, si bien es cierto se llevó a cabo la reinstalación física, legal y material de Margarita Flores Martínez, también fue omisa al no exhibir documentación fehaciente que acreditara el nivel correspondiente al cargo en que fue reincorporada la trabajadora, ni presentó el tabulador de sueldos del gobierno del Estado de Tlaxcala vigente en el dos mil quince, a través del cual se estimara el salario que concierne al puesto materia de la reinstalación, por lo que requirió de nuevo a la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado para que diera cumplimiento a ello. 1712 a 1722 del tomo III 30/junio/2015 La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, envió oficios recordatorios a las demandadas Consejería Jurídica del Ejecutivo del Gobierno del Estado y a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que diera cumplimiento a lo requerido en proveído de veinticuatro de junio del año en curso, esto es, remitiera la documentación solicitada. 1726 a 1730 del tomo III 03/julio/2015 La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala informó que la demandada Consejería Jurídica del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala acreditó de forma veraz el nivel, puesto y salario con el que la actora Margarita Flores Martínez fue reinstalada, es decir, se encuentra establecido dentro del citado tabulador que el nivel 15 corresponde al puesto de jefe de departamento, con un salario mensual de $18,726.75 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 75/100 m.n.) y precisó que si bien en la diligencia de reinstalación practicada el veintitrés de junio pasado se asentó que el salario de la trabajadora era de $7,601.34 (siete mil seiscientos un pesos 34/100 M.N.), lo cierto es que el estipendio establecido en el tabulador de sueldos únicamente está compuesto por percepciones, sin prever las deducciones que la ley establece, de ahí que el salario que corresponde a la actora es el señalado en último término. Además tuvo a la Consejería Jurídica aclarando que los útiles y herramientas de trabajo quedaron bajo la custodia de Lucia Hernández Vargas, quien se encuentra adscrita en el mismo sitio de trabajo que la actora. De igual forma, requirió a la Oficialía Mayor de Gobierno, a fin de que en el término de tres días exhibiera el nombramiento a favor de la actora. 1734 a 1749 del tomo III). 09/julio/2015 La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala informó que requirió de nueva cuenta a la Oficialía Mayor de Gobierno para que en el término de tres días remitiera el nombramiento a favor de la actora. 1771 a 1774 del tomo III. 17/julio/2015 La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala informó que se fijaron las doce horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil quince para que la actora tomara la protesta del cargo que le fue conferido. 1776 a 1778 del tomo III. 06/agosto/2015 La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala remite copia de la diligencia de toma de protesta como servidor público de Margarita Flores Martínez como Jefe de Departamento adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, específicamente al Departamento de Proyectos Comisionada a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala. 1787 a 1790 del tomo III. 21/agosto/2015 La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala remitió copia certificada del nombramiento expedido a favor de Margarita Flores Martínez, en el cargo en el que fue reinstalada como Jefe de Departamento de Proyectos adscrita a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado, específicamente al Departamento de Proyectos Comisionada a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala. Además, en dicho nombramiento se le reconoce su antigüedad (fecha de ingreso 15 de julio de mil novecientos noventa y tres), nivel 15, sueldo, jornada laboral de ocho a quince horas de lunes a viernes de cada semana, descansando sábados y domingos, y días festivos, y el carácter que le asiste como trabajadora de base. 1816 a 1820 del tomo III. Seguido el trámite correspondiente, el uno de septiembre de dos mil quince, este órgano jurisdiccional, declaró que la sentencia no se encontraba cumplida en su totalidad; de igual forma, se determinó que no había lugar a tramitar el incidente de inejecución de sentencia y se ordenó tramitar el incidente de cumplimiento sustituto (fojas 1839 a 1853 tomo III), el cual se declaró procedente en resolución de veintidós de septiembre de dos mil quince (fojas 1949 a 1967 tomo III). Nuevamente inconforme con dicha determinación el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de queja, mismo que fue resuelto por el Tribunal Colegiado de este circuito en sesión de doce de mayo de dos mil dieciséis, en el sentido de revocar la resolución recurrida y declara improcedente el incidente de cumplimiento sustituto, en los términos siguientes: "Ahora, como bien lo refiere la recurrente, el juez de Distrito al decretar procedente el cumplimiento sustituto, no observó el procedimiento que la ley y la jurisprudencia establecen, para decretarlo de oficio; esto es así, pues si atendemos a que el a quo refirió que en el presente caso se actualiza el supuesto establecido por la fracción XVI del artículo 107, constitucional, referente a que cuanto las circunstancia del caso impliquen que sea posible restituir la situación que imperaba antes de la violación, debió, primeramente ordenar la apertura del incidente innominado para declarar mediante resolución si existe imposibilidad material o jurídica para cumplir, al determinar que sí existe, tenía que remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el Tribunal Pleno procediera a decretar el cumplimiento sustituto. Sin embargo, el juez mediante resolución de uno de septiembre de dos mil quince, como ya se vio, ordenó "aperturar, por cuerda separada, un incidente de "cumplimiento sustituto" con el objeto de resolver, si se actualizaba o no la imposibilidad material por parte de la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, para que, finalmente, en la resolución que aquí se impugna determinara que sí es procedente decretar el cumplimiento sustituto, no obstante que, tratándose del supuesto en que ubicó el presente asunto, lo correcto era que remitiera los autos al máximo tribunal del país, ya que es facultad exclusiva del Pleno decretar el cumplimiento sustituto. Asimismo, por lo que hace al argumento del juez relativo a que el convenio celebrado entre la Consejería Jurídica del Estado de Tlaxcala y la quejosa, respecto a la reinstalación, hace procedente el cumplimiento sustituto, debe decirse que esa circunstancia, no da lugar para hacer tal pronunciamiento, pues si bien la ley prevé la posibilidad de que las partes acuerden el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo mediante convenio, cierto es que el mismo debe ser sancionado ante el órgano jurisdiccional, sin embargo de las constancias que obran en autos no se desprende que esto se haya realizado." Recibido el presente juicio en este órgano jurisdiccional y en atención a lo resuelto por la Superioridad, se requirió a las autoridades correspondientes, a fin de que informaran los actos realizados para dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo y en proveído de trece de los actuales, se dio vista a la parte quejosa con el informe rendido por el Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, con el que se acreditó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto. De lo expuesto, se obtiene que las actuaciones para dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, por parte de las autoridades responsables para lograr el cumplimiento del laudo consisten en: La reinstalación de la parte quejosa al puesto que venía desempeñando. Así como que se le paguen diversas prestaciones tales como salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, horas extras, gastos médicos, bonos de productividad, entre otras, en los términos establecidos en el laudo dictado en el juicio laboral de origen. Sin que en el caso, este órgano de control constitucional se encuentre obligado a analizar la legalidad de la resolución del incidente de liquidación, pues ésta no forma parte del laudo y, como consecuencia, tampoco la ejecutoria de amparo, ya que en esos términos se pronunció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver la inconformidad 33/2014 de su índice. Posteriormente, en cumplimiento a los requerimientos formulados, las autoridades responsables informaron que a la quejosa se le reinstalaría en el puesto de Jefe de Departamento de Compilación y Análisis de Normas Jurídicas de la Secretaría de Gobierno del Estado, remitiendo las documentales correspondientes con las que acreditaron dicha circunstancia. Bajo esa óptica, con las actuaciones señaladas en el cuadro que antecede, se acredita que las autoridades correspondientes han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, en razón de lo siguiente: Las actuaciones desplegadas por el Tribunal responsable y las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, revelan que, por lo que hace al pago de los salarios caídos, la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, en tanto que le fue entregada a la quejosa por dicho concepto, aproximadamente, la cantidad de $2, 062,841.24 (Dos millones sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 24/100, moneda nacional); mientras que a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, le fue entregada la cantidad de $ 524,129.97 (Quinientos veinticuatro mil ciento veintinueve pesos 97/100, moneda nacional), relativa al pago de las aportaciones de seguridad social que le correspondieron a la quejosa -sin que proceda el análisis de la legalidad de la cuantificación de dicha cantidad, al no formar parte del fallo protector la planilla de liquidación, sino únicamente el laudo dictado en el juicio laboral-. Por otra parte, mediante diligencia de veintitrés de junio de dos mil quince, se llevó a cabo de manera parcial la reinstalación de Margarita Flores Martínez en el puesto de Jefe de Departamento adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, específicamente al Departamento de Proyectos Comisionada a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala (fojas 1713 a 1715 del tomo III). Asimismo, en auto de uno de julio de dos mil quince, la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala informó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala acreditó de forma veraz el nivel, puesto y salario con el que la actora Margarita Flores Martínez fue reinstalada, es decir, nivel 15 correspondiente al puesto de jefe de departamento, con un salario mensual de $18726.75 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 75/100 M.N.) y precisó que si bien en la diligencia de reinstalación practicada el veintitrés de junio de dos mil quince, se asentó que el salario de la trabajadora era de $ 7,601.34 (siete mil seiscientos un pesos 34/100 M.N.), lo cierto es que el estipendio establecido en el tabulador de sueldos únicamente está compuesto por percepciones, sin prever las deducciones que la ley establecía, de ahí que el salario que correspondía a la aquí quejosa era el señalado en último término; además, tuvo a la Consejería Jurídica aclarando que los útiles y herramientas de trabajo quedaron bajo la custodia de Lucía Hernández Vargas, quien se encontraba adscrita en el mismo sitio de trabajo que la actora; de igual forma, requirió a la Oficialía Mayor de Gobierno, a fin de que en el término de tres días exhibiera el nombramiento a favor de la actora (fojas 1747 y 1748 del tomo III). Posteriormente, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala remitió copia de la diligencia de toma de protesta como servidor público de Margarita Flores Martínez como Jefe de Departamento adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, específicamente al Departamento de Proyectos Comisionada a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala (foja 1788 del tomo III). Subsecuentemente, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala remitió copia certificada del nombramiento expedido a favor de Margarita Flores Martínez, en el cargo en el que fue reinstalada como Jefe de Departamento adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, específicamente al Departamento de Proyectos Comisionada a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala; mandato en el que se le reconoce su antigüedad (fecha de ingreso 15 de julio de mil novecientos noventa y tres), nivel 15, sueldo, jornada laboral de ocho a quince horas de lunes a viernes de cada semana, descansando sábados y domingos, y días festivos, y el carácter que le asiste como trabajadora de base (fojas 1817 y 1818 del tomo III). Sin embargo, en proveído de cinco de enero del año en curso, este juzgado federal determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida en su totalidad, pues si bien, la quejosa había sido reinstalada con el mismo nivel de puesto que tenía antes de su despido, mismo horario y salario, lo cierto es que dicha reinstalación se había realizado como Jefe de Departamento adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, específicamente al Departamento de Proyectos Comisionada a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala y no en el mismo puesto que desempeña antes del despido; esto es, como Jefa del Departamento de Legislación y Compilación de Leyes. Por ello, se requirió nuevamente el cumplimiento correspondiente, para lo cual, una vez realizadas las gestiones correspondientes, remitió copia certificada del nombramiento expedido a favor de Margarita Flores Martínez (quejosa), como Jefe de Departamento de Legislación y Compilación de Leyes de la Consejería Jurídica, así como la diligencia de quince de febrero de dos mil diecisiete en la que la quejosa tomó protesta de dicho cargo. Finalmente, en diligencia de quince de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la reinstalación física de la quejosa Margarita Flores Martínez, con el puesto de Jefe del Departamento de Legislación y Compilación de Leyes, categoría de base, nivel, horario, actividades y salario correspondientes a dicho puesto. Lo anterior, pone de manifiesto que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, pues la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable realizara las actuaciones necesarias a fin de lograr el cumplimiento del laudo de veintiséis de junio de dos mil seis, en el cual se condenó a la demanda a la reinstalación de la quejosa, así como al pago de los salarios caídos y demás prestaciones. En ese orden, toda vez que ya se realizó a la quejosa el pago de los salarios caídos, -sin que proceda el análisis de la legalidad de la planilla de liquidación-; y fue reinstalada en el puesto que desempeñaba, respecto del cual le fue expedido el nombramiento correspondiente, del que se desprende que se le reconoció su antigüedad en el empleo, así como el nivel e ingreso, y que la misma incluso ya tomó la protesta de ley y consintió y aceptó los términos en que fue formulada la citada reinstalación, este Juzgado de Distrito concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que le fueron violados; en consecuencia, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD. Atento a lo anterior, hágase saber el derecho que tiene la parte quejosa de inconformarse en contra del presente proveído en términos del artículo 105, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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