Margarita Fernandez Velazquez

Expediente 1374/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1374/2019
Año
2019
Actuaciones
33
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Margarita Fernandez Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de veinte de octubre de dos mil veintiuno, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación???????? de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Atento a lo anterior, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la Consultora Jurídica General, en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, ambos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por medio del cual, devuelve el oficio 36754/2021, de veinte de octubre de dos mil veintiuno, por las razones que ahí expone. En consecuencia, a fin de que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sea notificado por conducto de la autoridad que ha comparecido a juicio en su representación; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda . Con la finalidad de evitar dilaciones procesales, reexpídase el oficio 36754/2021, de veinte de octubre de dos mil veintiuno, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que la autoridad a quien se dirige, tenga conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 20/10/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, a través de los Acuerdos Generales números 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de febrero del presente año, se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19", en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020 para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. Luego entonces, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveídos de diecisiete de marzo y trece de agosto de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad responsable. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los aportados por la autoridad. (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de de amparo dictada por este juzgado de distrito el veintinueve de enero de dos mil veinte, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: [.] procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto de la norma reglamentaria reclamada y sus actos de aplicación, y cuya consecuencia inmediata es dejar insubsistente el oficio número DP/4955/2019, de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, así como la liquidación de pago previa incorporación a nomina con número de folio ISSSTE 36000051360101, (.) (.) la Encargada del Departamento de Pensiones, así como el Subdelegado de Prestaciones, ambos de la Delegación Regional Zona Poniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del término de diez días, (.), deberán realizar lo siguiente: a) Dejar de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, lo dispuesto en el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Emitir un nuevo oficio en el que determinen las cantidades a pagar por pensión de viudez y por jubilación, desde la fecha en que se realizó el ajuste a las pensión(sic) por viudez de la quejosa, por aplicación de la norma declarada inconstitucional y hasta el momento en que deje de descontarse. c) Acrediten haber pagado la pensión por viudez que corresponde a la aquí quejosa, desde la fecha en que realizó el ajuste a las pensiones de la quejosa, por aplicación la ley reclamada y hasta el momento en que deje de descontarse y en caso de haber efectuado descuento alguno, lo reintegre. [.] En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, se tuvo recibido el oficio número DRP/SP/0653/2020-1 de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por el que la autoridad responsable determinó lo siguiente: 1) dejar sin efectos oficio número DP/4955/2019, de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, así como la liquidación de pago previa incorporación a nomina con número de folio ISSSTE 36000051360101, 2) dejó de aplicar los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3) determinó las cantidades a pagar por la cantidad de trescientos ochenta y cinco mil doscientos treinta y ocho pesos con diez centavos ($385,238.10 Moneda de curso legal). 4) libró el cheque número 0009011 de la Institución Bancaria HSBC México, Sociedad Anónima, el seis de diciembre de diciembre de dos mil diecinueve, por medio del cual, la autoridad responsable manifestó haber devuelto la cantidad precisad en el párrafo anterior. Y, 5) manifestó seguir haber reactivado y pagado la pensión número 1710460 a favor de la quejosa, Margarita Fernández Velázquez, a partir del mes de enero de dos mil veinte. Asimismo, la autoridad responsable Subdelegación de prestaciones de la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exhibió la constancia de notificación del oficio número DRP/SP/0653/2020-1, antes referido, practicada el veinte de febrero de dos mil veinte. Ante las relatadas consideraciones, tomando en cuenta los elementos que obran en el expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, en virtud de que no existe exceso ni defecto y se cumplió con la totalidad de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2001, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. (No. de Registro: 190356, página doscientos tres (203), Novena Época, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Se hace del conocimiento lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para notificar personalmente el presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe. SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCA.- NOTIFIQUESE

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, a través de los Acuerdos Generales números 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de febrero del presente año, se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19", en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020 para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. Luego entonces, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveídos de diecisiete de marzo y trece de agosto de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad responsable. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los aportados por la autoridad. (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de de amparo dictada por este juzgado de distrito el veintinueve de enero de dos mil veinte, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: [.] procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto de la norma reglamentaria reclamada y sus actos de aplicación, y cuya consecuencia inmediata es dejar insubsistente el oficio número DP/4955/2019, de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, así como la liquidación de pago previa incorporación a nomina con número de folio ISSSTE 36000051360101, (.) (.) la Encargada del Departamento de Pensiones, así como el Subdelegado de Prestaciones, ambos de la Delegación Regional Zona Poniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del término de diez días, (.), deberán realizar lo siguiente: a) Dejar de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, lo dispuesto en el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Emitir un nuevo oficio en el que determinen las cantidades a pagar por pensión de viudez y por jubilación, desde la fecha en que se realizó el ajuste a las pensión(sic) por viudez de la quejosa, por aplicación de la norma declarada inconstitucional y hasta el momento en que deje de descontarse. c) Acrediten haber pagado la pensión por viudez que corresponde a la aquí quejosa, desde la fecha en que realizó el ajuste a las pensiones de la quejosa, por aplicación la ley reclamada y hasta el momento en que deje de descontarse y en caso de haber efectuado descuento alguno, lo reintegre. [.] En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, se tuvo recibido el oficio número DRP/SP/0653/2020-1 de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por el que la autoridad responsable determinó lo siguiente: 1) dejar sin efectos oficio número DP/4955/2019, de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, así como la liquidación de pago previa incorporación a nomina con número de folio ISSSTE 36000051360101, 2) dejó de aplicar los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3) determinó las cantidades a pagar por la cantidad de trescientos ochenta y cinco mil doscientos treinta y ocho pesos con diez centavos ($385,238.10 Moneda de curso legal). 4) libró el cheque número 0009011 de la Institución Bancaria HSBC México, Sociedad Anónima, el seis de diciembre de diciembre de dos mil diecinueve, por medio del cual, la autoridad responsable manifestó haber devuelto la cantidad precisad en el párrafo anterior. Y, 5) manifestó seguir haber reactivado y pagado la pensión número 1710460 a favor de la quejosa, Margarita Fernández Velázquez, a partir del mes de enero de dos mil veinte. Asimismo, la autoridad responsable Subdelegación de prestaciones de la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exhibió la constancia de notificación del oficio número DRP/SP/0653/2020-1, antes referido, practicada el veinte de febrero de dos mil veinte. Ante las relatadas consideraciones, tomando en cuenta los elementos que obran en el expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, en virtud de que no existe exceso ni defecto y se cumplió con la totalidad de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2001, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. (No. de Registro: 190356, página doscientos tres (203), Novena Época, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Se hace del conocimiento lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para notificar personalmente el presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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