Margarita Espinosa Moya
Expediente 1740/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1740/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 10/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Margarita Espinosa Moya
- MARGARITA ESPINOSA DUARTE y Otros.
- MARGARITA ESPINOSA MOYA y Otros.
- Margarita Espinosa Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en atención a la solicitud efectuada por la representación social, se autorizaron copias certificadas de todo lo actuado, previa razón que por su recibo obrara en autos, no obstante lo anterior, no existe constancia alguna que acredite que la representante social haya comparecido ante esta potestad federal, a efecto de recibirlas. Por otro lado, agréguese a los autos del juicio de amparo en el que se actúa, el escrito signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado Federal; mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado, ello en razón de que aduce que a la fecha no se le han remitido. En ese sentido, no asiste razón a la representante social, ello en razón de que como ha quedado patente, mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se autorizaron las copias de mérito, previa razón de su recibo, ya que no solicitó que las mismas le fueran enviadas. Ahora, con fundamento en los numerales 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en obvio de mayores dilaciones procesales, expídasele copia certificada de las constancias que indica y remítanse vía oficio a la promovente. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Margarita Espinosa Moya, hubiese recurrido el auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el original y duplicado del incidente de suspensión, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su único punto resolutivo se negó dicha medida cautelar, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos la razón actuarial asentada por el fedatario adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar a la parte quejosa el auto de cinco de diciembre del año en curso, en virtud de que al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", fue informada por el personal de dicho centro que la quejosa *********, egresó de dicho centro penitenciario, por haber compurgado la pena de prisión impuesta, por lo que no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada. ... Notifíquese. AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se toma como hecho notorio, público, cierto y conocido, que en el expediente **, del índice de este Órgano Jurisdiccional, fue recibido el oficio **, signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", por el que hace del conocimiento que la quejosa **, fue egresada de esa institución, el día catorce de noviembre del año en curso, por compurgamiento de la pena de prisión impuesta en la causa penal **, del índice del Juzgado Sexagésimo Séptimo de lo Penal en la Ciudad de México; anexando para justificar lo anterior, copia certificada del oficio que consintió su egreso, mismo que en copia autorizada se ordena agregar a autos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia XXI.3o. J/7, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Materia Común, Novena Época, Página 804, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." En mérito de lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con esta causa de improcedencia, destaca la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, materia civil, tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que el quejoso reclamó en esta instancia constitucional fueron el aislamiento, tratos crueles e inhumanos, maltrato físico y psicológico, así como la negativa de reubicarla al módulo ***. Ahora bien, de las copias certificadas de cuenta, remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio 4590, signado por la Juez Sexagésimo Séptimo de lo Penal en la Ciudad de México, de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, informo al centro penitenciario en donde se encontraba recluida la quejosa que autoriza el egreso de la quejosa ***por haber compurgado la pena de prisión impuesta en los autos de la causa penal **, por el delito de Robo Agraviado (cometido en contra del transeúnte y con violencia física), por tanto, la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", mediante Acta administrativa Numero (***) Dos Cientos Setenta y Tres, de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, materializo dicho egreso. Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional (trece de octubre de dos mil dieciséis), aún se encontraba recluida en dicho centro penitenciario, con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, fue materialmente puesta en libertad la quejosa **, por haber compurgado la pena de prisión impuesta en los autos de la causa penal **, por lo cual deja de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo del egreso de la impetrante de amparo el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se destruyó el objeto de la petición de la solicitante del amparo, por ende, en caso de concluirse que los actos reclamados que se combaten son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía que se estima violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues la misma ha egresado del centro penitenciario en donde se podría hacer cumplir dicha determinación. En tal virtud, y aun cuando subsiste el acto reclamado (el aislamiento, tratos crueles e inhumanos, maltrato físico y psicológico, así como la negativa de reubicarla al módulo 7) la concesión de amparo que pudiera alcanzar la parte quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que en fecha catorce de noviembre del año en curso, la quejosa egreso del centro penitenciario en donde se encontraba recluida, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por cuanto a la quejosa **, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se toma como hecho notorio, público, cierto y conocido, que en el expediente **, del índice de este Órgano Jurisdiccional, fue recibido el oficio **, signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", por el que hace del conocimiento que la quejosa **, fue egresada de esa institución, el día catorce de noviembre del año en curso, por compurgamiento de la pena de prisión impuesta en la causa penal **, del índice del Juzgado Sexagésimo Séptimo de lo Penal en la Ciudad de México; anexando para justificar lo anterior, copia certificada del oficio que consintió su egreso, mismo que en copia autorizada se ordena agregar a autos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia XXI.3o. J/7, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Materia Común, Novena Época, Página 804, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." En mérito de lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con esta causa de improcedencia, destaca la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, materia civil, tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que el quejoso reclamó en esta instancia constitucional fueron el aislamiento, tratos crueles e inhumanos, maltrato físico y psicológico, así como la negativa de reubicarla al módulo ***. Ahora bien, de las copias certificadas de cuenta, remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio 4590, signado por la Juez Sexagésimo Séptimo de lo Penal en la Ciudad de México, de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, informo al centro penitenciario en donde se encontraba recluida la quejosa que autoriza el egreso de la quejosa ***por haber compurgado la pena de prisión impuesta en los autos de la causa penal **, por el delito de Robo Agraviado (cometido en contra del transeúnte y con violencia física), por tanto, la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", mediante Acta administrativa Numero (***) Dos Cientos Setenta y Tres, de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, materializo dicho egreso. Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional (trece de octubre de dos mil dieciséis), aún se encontraba recluida en dicho centro penitenciario, con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, fue materialmente puesta en libertad la quejosa **, por haber compurgado la pena de prisión impuesta en los autos de la causa penal **, por lo cual deja de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo del egreso de la impetrante de amparo el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se destruyó el objeto de la petición de la solicitante del amparo, por ende, en caso de concluirse que los actos reclamados que se combaten son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía que se estima violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues la misma ha egresado del centro penitenciario en donde se podría hacer cumplir dicha determinación. En tal virtud, y aun cuando subsiste el acto reclamado (el aislamiento, tratos crueles e inhumanos, maltrato físico y psicológico, así como la negativa de reubicarla al módulo 7) la concesión de amparo que pudiera alcanzar la parte quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que en fecha catorce de noviembre del año en curso, la quejosa egreso del centro penitenciario en donde se encontraba recluida, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. Cobra aplicación, una vez más, por su contenido jurídico la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por cuanto a la quejosa **, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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