Margarita Domínguez Cortez
Expediente 522/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 26 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Margarita Domínguez Cortez
- María Elena Sánchez Coyotzi
- Maurilio Palacios Montales
- Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, María Isabel Delfina Maldonado Textle
- Daniel Juárez Flores
- Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese para los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso Daniel Juárez Flores, mediante el cual, manifiesta su conformidad con la resolución de diecinueve de junio del año en curso, en la que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 175), siendo que a la primera de las mencionadas, se le tuvo por desahogada mediante auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (foja 189), manifestando su inconformidad en contra de la resolución por la que se pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de ocho de febrero de dos mil diecinueve, este órgano colegiado resolvió conceder a Daniel Juárez Flores, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia recurrida. "2. Dicte otra en la que: "a) Estime que el demandado sí planteó, en "su escrito de contestación, la excepción de falta de "legitimación de la actora y que el juzgador de origen no "la analizó. "b) Prescinda en considerar que dicha "dilatoria no puede ser analizada en el procedimiento de "origen. "3. Con libertad de jurisdicción, se pronuncie "en torno a dichas excepciones. "4. Hecho lo anterior, resuelva lo que en "derecho corresponda" (foja 119). I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 131). 2. El catorce de marzo siguiente, dictó otra, en la que: a) Estableció que el demandado opuso como excepción la nulidad del título base de la acción de la actora principal, con la finalidad de hacer notar que ante las irregularidades del instrumento notarial exhibido, la accionante carece de legitimación para solicitar la servidumbre de paso (foja 159 vuelta). b) Prescindió de considerar que dicha dilatoria no puede ser analizada en el procedimiento de origen. 3. Con libertad de jurisdicción, determinó que el título base de la acción resulta nulo y, por tanto, carece de eficacia probatoria para demostrar la propiedad de la actora respecto del inmueble; sin embargo, consideró que el demandado al dar contestación a la demanda confesó que la actora Margarita Domínguez Cortez y su cónyuge son quienes han poseído el predio denominado "Ahuehuetitla", y la casa en él construida, confesión que hace prueba plena; por tanto, la actora sí se encuentra legitimada para demandar la servidumbre de paso, pues la acción le compete al propietario o poseedor del predio dominante (fojas 163 a 165). 4. Finalmente, confirmó la sentencia definitiva de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la entonces Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, ahora Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala (foja 173). II. Respecto a lo anterior, el quejoso Daniel Juárez Flores, mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, ante este tribunal colegiado, manifiesta su inconformidad en contra del cumplimiento dado por la responsable, pues aduce: a) La sala viola el principio non reformatio in peius, pues agrava la situación tal como se encontraba, ya que, de oficio, invoca una supuesta confesión en la que admite que la actora era poseedora del inmueble que constituiría el predio dominante, lo que no fue materia de excepción, ni tampoco fue ofrecida como prueba. b) En ninguna parte solicitó que se considerara a su contestación de demanda como una confesión, por lo que es evidente que la responsable se excede de la litis. c) No se puede considerar como una confesión a un hecho ajeno del quejoso, porque la naturaleza de la confesión implica la aceptación de hechos propios que perjudiquen a quien los emite. III. Como se advierte de lo anterior, los resumidos motivos de inconformidad son enderezados a combatir la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia dictada en cumplimiento, motivo por el cual resultan inoperantes. Sustenta lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, página 717, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON "INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS "CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA "EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE "ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la "Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la "jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al "no existir, además del recurso de inconformidad, otro "medio de defensa para garantizar la efectividad de la "sentencia protectora o corregir los posibles excesos o "defectos en su observancia, corresponde al juzgador "vigilar, a través de ese medio de impugnación, la "satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades "responsables, dejando a salvo del estudio únicamente "las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. "En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de "inconformidad debe atender a los alcances fijados por la "acción constitucional, así como al límite señalado en la "ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni "defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por "la autoridad responsable en aspectos novedosos que no "fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si "bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo "establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el "exceso en que incurra la responsable al dictar la "resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo "obliga a estudiar si las consecuencias generadas con "motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio "en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben "tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la "concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el "cumplimiento de la autoridad responsable sobre "cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; "de ahí que los agravios formulados para impugnar "dichos argumentos resulten ineficaces. IV. Por otra parte, el quejoso sostiene que no se puede tener por cumplida la ejecutoria de amparo, debido a que la libertad de jurisdicción que se otorgó a la responsable no fue para que, de oficio, analizara las actuaciones efectuadas en la primera instancia; aunado a que estaba impedida a analizar cuestiones que no fueron materia de la litis, como lo es la prueba confesional a su cargo. Al respecto, cabe mencionar que la razón toral por la que se concedió al quejo la protección constitucional, consistió en que, contrario a lo expuesto por la Sala, en su escrito de contestación de demanda, en el capítulo de hechos y de agravios, opuso la excepción de falta de legitimación de la parte actora, tendente a demostrar la nulidad del título base de la acción. Asimismo, que en vía de excepción, sí es posible plantear la nulidad del documento sobre el cual se edifica la acción de la promovente de origen. De ese modo, este Tribunal Colegiado de Circuito alcanzó la convicción relativa a que, en la sentencia impugnada, la Sala debió considerar que el quejoso (demandado en el juicio de origen), sí opuso la excepción de falta de legitimidad de la actora, perentoria que consistía en la nulidad del documento basal; por lo que era indispensable que la responsable abordara tal argumento. Conforme a lo anterior, el efecto del fallo protector, en esencia, radicaba en que la Sala, con plenitud de criterio (es decir, sin sujetarse a un determinado sentido), resolviera sobre la multicitada excepción de falta de legitimación de la actora; ello, debido a que tal argumento sí fue planteado en el procedimiento natural; máxime que la nulidad del documento base de la acción se puede oponer a través de la mencionada perentoria. Consecuentemente, la libertad de jurisdicción que se concedió a la responsable, fue para que analizara lo fundado o no de dicha excepción, pero sin limitar su estudio a un determinado criterio, o al estudio de ciertas probanzas; o incluso, proscribiendo abordar otras. Atento a lo anterior, resulta infundado el argumento de inconformidad del quejoso, ya que en ninguna parte de la ejecutoria de amparo, se prohibió a la responsable para que, al resolver sobre la excepción de falta de legitimación de la actora, analizara alguna prueba. En ese sentido, resulta inconcuso que ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada María Elena Coyotzi y electrónicamente a Margarita Domínguez Cortez. Así lo acordó y firma el Magistrado Octavio Chávez López, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diecinueve de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo la primera de las mencionadas; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
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