Margarita Díaz García
Expediente 957/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/08/2019
Partes del expediente
- Margarita Díaz García
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARATÍAS, ARCHÍVESE EL ASUNTO EN EL ENTENDIDO QUE EL MISMO ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO.
- Principal
SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por ..., por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 957/2019-1-A. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa, por una parte señaló: ".comparezco ante Usted a demandar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, contra los siguientes actos: 1. La ORDEN DE APREHENSIÓN, librada en mi contra por las autoridades responsables señaladas como ordenadoras. 2. La ORDEN DE DETENCIÓN, librada en mi contra por las autoridades responsables señaladas como ordenadoras Mientras que en su capítulo IV denominado acto o actos reclamados, precisó: "La ilegal orden de aprehensión, librada mi (sic) contra por las responsables señaladas como ordenadoras, así como la ilegal orden de detención, decretada. De las ejecutoras les reclamo la ejecución que pretende dar a la orden de aprehensión ordenada por las ordenadoras, así como la ejecución de la orden de detención ilegal fuera de todo procedimiento y que pretenden cumplir mencionadas ejecutoras." Por otro lado, señaló como autoridades ordenadoras, Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas; Jueces Primero y Segundo Penal de Tuxtla Gutiérrez, "El Amate"; Jueces de Control de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Licenciados Juan Manuel García Flores, Manuel Martín Antonio Álvarez, Bruno Ignacio Bermúdez Hernández y Roberto Ramos Cuellar; Juez Penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Juez de Control de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Fiscal del Distrito Zona Altos; Fiscal de Combate a la Corrupción, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Fiscal de Justicia Indígena, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas; Fiscal General del Estado de Chiapas; Subdirector de Averiguaciones Previas adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Altos; Subdirector de Averiguaciones Previas adscrito a la Fiscalía de Justicia Indígena; Auditor Superior del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; y como ejecutoras al Comandante de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República; Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Fiscalía General de la República; Director General de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Comandante de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Comandante Regional de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Comandante Regional Distrito Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Comandante de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Selva, en Palenque, Chiapas; Comandancia Regional Zona Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; además del Encargado del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. Por lo que, no se advierte con claridad cuál es el acto o actos que reclama y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Además, debe decirse que la quejosa no narra la totalidad de los antecedentes del acto o actos reclamados; es decir, omite hacer una narración precisa de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto o actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías; esto, por qué así lo exige la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, pues es necesario que la impetrante amplíe los antecedentes de los actos reclamados, ello es así, pues no precisa porqué señala como las responsable a las citadas autoridades, y no únicamente a las autoridades del lugar donde reside, además de que es inverosímil que todas las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten el acto que se reclama. Además, tampoco precisa por qué concretamente señala como responsable al Auditor Superior del Estado de Chiapas, puesto que dicha autoridad no tiene la facultad de emitir alguno de los actos que aparentemente reclama. Asimismo, omite narrar si, previo a la orden de aprehensión combatida, se dictó algún citatorio para comparecer a una audiencia inicial de imputación o si existió una orden de comparecencia, que son las que, por regla general se dictan antes de una orden de aprehensión; lo anterior, a fin de realizar un estudio integral de la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, narra en su capítulo de antecedentes que en fechas pasadas varios sujetos a bordo de camionetas tipo pick up, color blanco en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, han entrado a la colonia ubicada en Avenida Primavera, número 1, Manzana 2, del Fraccionamiento Montes Azules, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, identificándose con el guardia de seguridad, como policías ministeriales y que traen una orden de aprehensión, sin precisar la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, estando obligada a proporcionarla. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1079, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Así como, la tesis XX.2o.3 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 2886, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." Además, menciona como autoridades responsables al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas y al Comandante de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República, sin embargo del portal de internet del Poder Ejecutivo http://www.gob.mx/fg), no se advierte la existencia de dichas autoridades. En otra vertiente, debe destacarse que la quejosa manifestó que es indígena; y que todos los indígenas deben contar con la asistencia de un traductor; sin embargo, no señala, cuál es su lengua materna, tampoco manifestó si entiende y habla el español, máxime que refiere ostentar el cargo de Presidente Municipal. Además, manifiesta que el pasado mes de junio solicitó medidas de protección que le fueron concedidas a su persona, en contra de varios funcionarios estatales por las amenazas, coerción y hostigamiento que ha sufrido, sin precisar a qué medidas se refiere. En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones III, IV y V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: A) Si realmente señala como único acto reclamado la orden de aprehensión y, en su caso, si los demás actos que menciona son sólo consecuencias del referido en primer término. B) O bien, si se duele de forma destacada de la orden de detención y a qué autoridad se lo atribuye. C) Deberá precisar si previamente existió algún citatorio u orden de comparecencia, o si se le entregó alguna orden o documento y, en su caso, si puede brindar mayores datos de identificación del procedimiento en el que se emitió el acto que reclame. D) Asimismo, a manera de antecedentes, precise por qué concretamente señala como responsables a las autoridades ordenadoras, Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas; Jueces Primero y Segundo Penal de Tuxtla Gutiérrez, "El Amate"; Jueces de Control de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Licenciados Juan Manuel García Flores, Manuel Martín Antonio Álvarez, Bruno Ignacio Bermúdez Hernández y Roberto Ramos Cuellar; Juez Penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Juez de Control de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Fiscal del Distrito Zona Altos; Fiscal de Combate a la Corrupción, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Fiscal de Justicia Indígena, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas; Fiscal General del Estado de Chiapas; Subdirector de Averiguaciones Previas adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Altos; Subdirector de Averiguaciones Previas adscrito a la Fiscalía de Justicia Indígena; Auditor Superior del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; y como ejecutoras al Comandante de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República; Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Fiscalía General de la República; Director General de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Comandante de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Comandante Regional de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Comandante Regional Distrito Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Comandante de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Selva, en Palenque, Chiapas; Comandancia Regional Zona Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; además del Encargado del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, y no sólo a las autoridades del lugar donde reside, siendo inverosímil que todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten los actos que reclama. E) Luego, dado que el Auditor Superior del Estado de Chiapas no cuenta con facultades para emitir alguno de los actos que aparentemente reclama, deberá manifestar por qué lo señala como responsable. F) Por otra parte, deberá señalar la denominación correcta y precisa de las autoridades que señala como Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas y Comandante de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República. G) De igual forma, señale la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. H) Precise, cuál es su lengua materna y si entiende y habla español. I) Precise a qué medidas de protección se refiere que le fueron concedidas, debiendo narrar los antecedentes relativos. J) Señale si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Hágase de su conocimiento que deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Hágase del conocimiento del quejoso que en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, puede imponerse una pena de hasta seis años de prisión a la parte quejosa, así como a su abogado, si llegan a afirmar hechos falsos u omitan los que les consten. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que deberán exhibir treinta copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que veintisiete son para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para tramitar el incidente de suspensión, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." NO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, no pasa inadvertido para el suscrito, que la quejosa solicite la suspensión de los actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y manifestó que tiene el temor de ser víctima de desaparición forzada; sin embargo, se refiere a actos futuros de realización incierta, ya que de las manifestaciones que expone no se advierte que en la actualidad se esté ejecutando alguno de los supuestos prohibidos por el artículo 22 constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y, por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del Tomo VII, Diciembre 1998, Novena Época, registro 195064, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción 111 y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." COPIAS Respecto de las copias de la suspensión provisional y definitiva que solicita, dígase al promovente que deberá formular tal petición en el momento procesal oportuno. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin que se provea respecto a medios electrónicos para obtener reproducción de las constancias de autos, pues no fue solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Vista; la demanda de amparo promovida por ..., por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 957/2019-1-A. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa, por una parte señaló: .comparezco ante Usted a demandar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, contra los siguientes actos: 1. La ORDEN DE APREHENSIÓN, librada en mi contra por las autoridades responsables señaladas como ordenadoras. 2. La ORDEN DE DETENCIÓN, librada en mi contra por las autoridades responsables señaladas como ordenadoras Mientras que en su capítulo IV denominado acto o actos reclamados, precisó: "La ilegal orden de aprehensión, librada mi (sic) contra por las responsables señaladas como ordenadoras, así como la ilegal orden de detención, decretada. De las ejecutoras les reclamo la ejecución que pretende dar a la orden de aprehensión ordenada por las ordenadoras, así como la ejecución de la orden de detención ilegal fuera de todo procedimiento y que pretenden cumplir mencionadas ejecutoras. Por otro lado, señaló como autoridades ordenadoras, Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas; Jueces Primero y Segundo Penal de Tuxtla Gutiérrez, "El Amate"; Jueces de Control de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Licenciados Juan Manuel García Flores, Manuel Martín Antonio Álvarez, Bruno Ignacio Bermúdez Hernández y Roberto Ramos Cuellar; Juez Penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Juez de Control de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Fiscal del Distrito Zona Altos; Fiscal de Combate a la Corrupción, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Fiscal de Justicia Indígena, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas; Fiscal General del Estado de Chiapas; Subdirector de Averiguaciones Previas adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Altos; Subdirector de Averiguaciones Previas adscrito a la Fiscalía de Justicia Indígena; Auditor Superior del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; y como ejecutoras al Comandante de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República; Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Fiscalía General de la República; Director General de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Comandante de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Comandante Regional de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Comandante Regional Distrito Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Comandante de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Selva, en Palenque, Chiapas; Comandancia Regional Zona Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; además del Encargado del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. Por lo que, no se advierte con claridad cuál es el acto o actos que reclama y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Además, debe decirse que la quejosa no narra la totalidad de los antecedentes del acto o actos reclamados; es decir, omite hacer una narración precisa de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto o actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías; esto, por qué así lo exige la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, pues es necesario que la impetrante amplíe los antecedentes de los actos reclamados, ello es así, pues no precisa porqué señala como las responsable a las citadas autoridades, y no únicamente a las autoridades del lugar donde reside, además de que es inverosímil que todas las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten el acto que se reclama. Además, tampoco precisa por qué concretamente señala como responsable al Auditor Superior del Estado de Chiapas, puesto que dicha autoridad no tiene la facultad de emitir alguno de los actos que aparentemente reclama. Asimismo, omite narrar si, previo a la orden de aprehensión combatida, se dictó algún citatorio para comparecer a una audiencia inicial de imputación o si existió una orden de comparecencia, que son las que, por regla general se dictan antes de una orden de aprehensión; lo anterior, a fin de realizar un estudio integral de la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, narra en su capítulo de antecedentes que en fechas pasadas varios sujetos a bordo de camionetas tipo pick up, color blanco en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, han entrado a la colonia ubicada en Avenida Primavera, número 1, Manzana 2, del Fraccionamiento Montes Azules, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, identificándose con el guardia de seguridad, como policías ministeriales y que traen una orden de aprehensión, sin precisar la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, estando obligada a proporcionarla. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1079, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Así como, la tesis XX.2o.3 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 2886, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." Además, menciona como autoridades responsables al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas y al Comandante de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República, sin embargo del portal de internet del Poder Ejecutivo http://www.gob.mx/fg), no se advierte la existencia de dichas autoridades. En otra vertiente, debe destacarse que la quejosa manifestó que es indígena; y que todos los indígenas deben contar con la asistencia de un traductor; sin embargo, no señala, cuál es su lengua materna, tampoco manifestó si entiende y habla el español, máxime que refiere ostentar el cargo de Presidente Municipal. Además, manifiesta que el pasado mes de junio solicitó medidas de protección que le fueron concedidas a su persona, en contra de varios funcionarios estatales por las amenazas, coerción y hostigamiento que ha sufrido, sin precisar a qué medidas se refiere. En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones III, IV y V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: A) Si realmente señala como único acto reclamado la orden de aprehensión y, en su caso, si los demás actos que menciona son sólo consecuencias del referido en primer término. B) O bien, si se duele de forma destacada de la orden de detención y a qué autoridad se lo atribuye. C) Deberá precisar si previamente existió algún citatorio u orden de comparecencia, o si se le entregó alguna orden o documento y, en su caso, si puede brindar mayores datos de identificación del procedimiento en el que se emitió el acto que reclame. D) Asimismo, a manera de antecedentes, precise por qué concretamente señala como responsables a las autoridades ordenadoras, Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas; Jueces Primero y Segundo Penal de Tuxtla Gutiérrez, "El Amate"; Jueces de Control de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Licenciados Juan Manuel García Flores, Manuel Martín Antonio Álvarez, Bruno Ignacio Bermúdez Hernández y Roberto Ramos Cuellar; Juez Penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Juez de Control de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Fiscal del Distrito Zona Altos; Fiscal de Combate a la Corrupción, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Fiscal de Justicia Indígena, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas; Fiscal General del Estado de Chiapas; Subdirector de Averiguaciones Previas adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Altos; Subdirector de Averiguaciones Previas adscrito a la Fiscalía de Justicia Indígena; Auditor Superior del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; y como ejecutoras al Comandante de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República; Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Fiscalía General de la República; Director General de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Comandante de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Comandante Regional de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Comandante Regional Distrito Altos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Comandante de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Selva, en Palenque, Chiapas; Comandancia Regional Zona Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; además del Encargado del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, y no sólo a las autoridades del lugar donde reside, siendo inverosímil que todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten los actos que reclama. E) Luego, dado que el Auditor Superior del Estado de Chiapas no cuenta con facultades para emitir alguno de los actos que aparentemente reclama, deberá manifestar por qué lo señala como responsable. F) Por otra parte, deberá señalar la denominación correcta y precisa de las autoridades que señala como Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas y Comandante de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas, adscrito a la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República. G) De igual forma, señale la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. H) Precise, cuál es su lengua materna y si entiende y habla español. I) Precise a qué medidas de protección se refiere que le fueron concedidas, debiendo narrar los antecedentes relativos. J) Señale si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Hágase de su conocimiento que deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Hágase del conocimiento del quejoso que en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, puede imponerse una pena de hasta seis años de prisión a la parte quejosa, así como a su abogado, si llegan a afirmar hechos falsos u omitan los que les consten. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que deberán exhibir treinta copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que veintisiete son para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para tramitar el incidente de suspensión, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." NO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, no pasa inadvertido para el suscrito, que la quejosa solicite la suspensión de los actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y manifestó que tiene el temor de ser víctima de desaparición forzada; sin embargo, se refiere a actos futuros de realización incierta, ya que de las manifestaciones que expone no se advierte que en la actualidad se esté ejecutando alguno de los supuestos prohibidos por el artículo 22 constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y, por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del Tomo VII, Diciembre 1998, Novena Época, registro 195064, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción 111 y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. COPIAS Respecto de las copias de la suspensión provisional y definitiva que solicita, dígase al promovente que deberá formular tal petición en el momento procesal oportuno. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin que se provea respecto a medios electrónicos para obtener reproducción de las constancias de autos, pues no fue solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.
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