Margarita del Carmen Hernández Navarrete
Expediente 799/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 40 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Margarita del Carmen Hernández Navarrete
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita se cancelen las gestiones tendientes hacer efectiva la multa impuesta en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, pues refiere que ya se declaró cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, de autos se advierte que el once de noviembre de dos mil vendidos, luego de analizar los actos que llevó a cabo el órgano laboral oficiante para cumplir con la ejecutoria de amparo, se llegó a la conclusión de que ésta fue acatada en sus términos, por lo que, tal como lo señala la autoridad responsable se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio. En mérito de lo anterior, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", con sede en esta ciudad, a fin de que se sirva dejar sin efectos el cobro de la multa impuesta por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el cual se hizo de su conocimiento mediante oficio 11670/2022. Hecho lo anterior, devuélvase este expediente al archivo de este juzgado, por tratarse de un asunto concluido.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la determinación de once de noviembre de dos mil veintidós, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; por tanto, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y capítulo 7, numeral 7.1.1.,subnumeral 1, 7.3 y 7.6, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que por una parte se sobreseyó, por otra se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sean conservadas la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, autos referentes al cumplimiento, así como el presente acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se obtiene que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, quien no hizo manifestación al respecto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De acuerdo con la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Para tal fin, es oportuno establecer que en proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la quejosa Margarita del Carmen Hernández Navarrete, acudiendo a solicitar la protección constitucional; por lo que, una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia solicitado. Resolución que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el once de enero del año en curso, fecha en la que se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo legal diera cumplimiento al fallo protector en los términos precisados. Es importante establecer que en la sentencia pronunciada por este juzgado, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad fronteriza, dictara las medidas necesarias para emplazar inmediatamente a Construcciones y Aislamientos de Juárez, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Leticia Guadarrama Garay y/o Manuel de Jesús Laveaga Lerma, en el juicio laboral 1/21/0292, en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso. Al respecto, después de diversos requerimientos, la autoridad laboral se limitaba a informar de manera somera las gestiones que realizaba, a su parecer, en acatamiento al fallo protector, además de la omisión de pronunciarse respecto a la imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada en la contienda de origen, dictar las medidas necesarias para ello y hacerlo del conocimiento de este juzgado; pues si bien, se constreñía a remitir las razones actuariales por las cuales no era posible lograr tal cometido, no acreditaba de manera alguna haber proveído respecto de su contenido, pese a las múltiples solicitudes de parte de esta potestad federal en tal sentido, poniendo de manifiesto el desacato a un mandato judicial que entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal. Circunstancias que ocasionaron que el diecinueve de abril y veintiséis de mayo del año en curso, se le exigiera nuevamente acreditara la observancia a la ejecutoria de amparo, destacando que nada impedía para acatarla, como lo citaba en sus diversos informes, el que no recayera acuerdo a cada una de las visitas que en su caso realizaba el funcionario encomendado dentro del plazo legal para lograr el llamamiento de la parte demandada en el juicio de origen, pues se enfatizó que ya que nada la eximía de cumplir con eficacia la función que desempeña y, por ende, el respeto al derecho tutelado en el artículo 17 Constitucional, pues en todo caso le corresponde acudir ante las instancias correspondientes y tomar las medidas administrativas necesarias a efecto de cumplir cabalmente con los ordenamientos establecidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, cuya observancia no puede soslayar. Con motivo de lo anterior, y tras diversos requerimientos, trece de junio de dos mil veintidós, el órgano laboral requerido remitió copia con sellos originales y firmas autógrafas del acuerdo de nueve de ese mes y año, en el que dio cuenta con la imposibilidad para llevar a cabo el llamamiento de la parte demandada según la constancia actuarial de cinco de los mismos, así como con los informes rendidos respecto de la investigación del domicilio de dicha parte procesal, y, entre otras cosas, ordenó el emplazamiento de la patronal en el domicilio obrante en autos así como en los diversos obtenidos de la investigación efectuada para tal fin. Adicionalmente, el veintitrés de junio de la anualidad que transcurre, informó que en su acuerdo de veintiuno de ese mes y año, dio cuenta con la imposibilidad para llevar a cabo el llamamiento de la parte demandada según las constancias actuariales de catorce y quince de los mismos, así como con los informes rendidos respecto de la investigación del domicilio de dicha parte procesal y otorgó a la parte actora el término de tres días hábiles para que proporcionara un domicilio en el que pudiera ser emplazada la moral demandada, apercibiéndola que en caso de no hacer manifestación al respecto, se tendrá por no interpuesta la demanda en su contra; y ordenó el emplazamiento de las personas físicas restantes, en los domicilios recabados de la investigación respectiva. Posteriormente, el dos de agosto último, la responsable informó que el quince de julio del año en curso, regularizó el procedimiento de origen, ordenando el emplazamiento de la parte demandada en los domicilios proporcionados por el encargado de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como por la Directora General de Desarrollo Urbano, además de requerir de nueva cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a fin de obtener diversos domicilios de los demandados. Luego de diversos informes en los que, por una parte, reiteró la información proporcionada con anterioridad y, por otra, expuso el resultado de las investigaciones ordenadas acerca de los domicilios de los demandados y la imposibilidad para localizarlos en los mismos, el diez de octubre de dos mil veintidós, señaló que en su acuerdo de seis de ese mes y año, solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para que personal de esa corporación acompañara al actuario adscrito a ese órgano laboral con el fin de acceder al domicilio de la demandada Leticia Balderrama Garay y emplazarla a la contienda de origen. Finalmente, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio STPS/2335/2022, de veinticinco de ese mes y año, signado por la Presidenta de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en representación de dicho órgano laboral, con residencia en esta localidad fronteriza, con el cual se le tuvo informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió con sellos originales y firmas autógrafas el acuerdo de veinticinco de ese mes y año, dictado en el expediente 1/21/0292, de cuyo contenido se advierte que en atención a la constancia de veinte de los mismos, en la que el funcionario asentó haberse constituido en el domicilio ubicado en calle Calzada del Río, número 9026-05, colonia Oviedo Residencial, en esta ciudad, en donde vecinos del lugar le informaron que la Leticia Balderrama Garay ya no habita ahí, pues otra persona renta ese lugar, y saben que tenía una empresa llamada Construcciones y Aislamientos de Juárez, Sociedad Anónima de Capital Variable, propiedad del esposo (de Balderrama Garay) quien a la postre falleció; y requirió a la parte actora para que en el término de tres días proporcione un domicilio en el que pudiera ser emplazada la parte demandada. Con todo lo reseñado se dio vista a la parte quejosa a fin de que, de estimarlo conveniente, expusiera lo que a sus intereses conviniera, sin que se pronunciara al respecto. Ahora bien, del contenido del oficio STPS/2335/2022, de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, signado por la Presidenta de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en representación de dicho órgano laboral, con residencia en esta localidad fronteriza, recibido en este juzgado el veintiséis de ese mes y año, y constancias anexas, a través del cual informó las gestiones realizadas en torno al cumplimiento al fallo protector, pone de manifiesto que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues se advierte que la autoridad laboral realizó las gestiones correspondientes para acatar el fallo, ya que para ello conminó al personal a su cargo para la realización del llamamiento de la parte patronal en el juicio natural, hizo efectivos los apercibimientos contemplados en la ley de la materia (uso de la fuerza pública) y llevó a cabo las investigaciones en las diversas dependencias públicas para lograr tal cometido, sin que materialmente haya sido posible lograrlo por las razones apuntadas. Por tanto, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en representación de dicho órgano laboral, con sede en esta localidad fronteriza; atento a su contenido, téngasele remitiendo con sellos originales y firmas autógrafas la audiencia inicial de veinticinco de los actuales, dictada en el expediente 1/21/0292, de cuyo contenido se advierte que en atención a la constancia de veinte del mes y año en curso, en la que el actuario asentó haberse constituido en el domicilio ubicado en calle Calzada del Río, número 9026-05, colonia Oviedo Residencial en esta ciudad, en donde vecinos del lugar le informaron que la Leticia Balderrama Garay ya no habita ahí, pues otra persona renta ese lugar, saben que tenía una empresa llamada Construcciones y Aislamientos de Juárez, Sociedad Anónima de Capital Variable, propiedad del esposo (de Balderrama Garay) quien a la postre falleció; motivo por el cual requirió a la parte actora para que en el término de tres días proporcione un domicilio en el que pueda ser emplazada la parte demandada, y difirió la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fijada para esa fecha, señalando en su lugar las doce horas con diez minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, para su verificativo, dejando firmes los apercibimientos decretados en el auto de radicación. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancia de cuenta dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector; apercibido que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable.
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