Margarita del Ángel Alvarado

Expediente 863/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
863/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Margarita del Ángel Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes se inconformó con el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante sentencia emitida el dos de diciembre de dos mil veinte (fojas 18 a 28), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Margarita del Ángel Alvarado; por lo que, al causar ejecutoria el veinticinco de enero de dos mil veintiuno (fojas 37 y 38), como lo dispone el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento a tal determinación. Cabe destacar que en esa data se levantó la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanudó el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Ahora bien, previos requerimientos de diecisiete y veintisiete ambos de febrero, así como de diecisiete de marzo, todos del año en curso, a fin de que la autoridad responsable comunicara el cumplimiento total al fallo protector, mediante el oficio 639/2021, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, se informó sobre el mismo (fojas 50 a 52). Por otro lado, la parte quejosa no hizo manifestación alguna en cuanto a la vista que se le concedió en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (foja 53); por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia, este tribunal procede a analizar de oficio si se cumplió con el fallo de mérito, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, en el presente asunto se otorgó la protección constitucional para el efecto de que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con plenitud de jurisdicción, radicara la demanda que le fue presentada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por la aquí quejosa. Al respecto, mediante el oficio 639/2021, recibido el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del auto emitido el veinticinco de agosto de dos mil veinte, con el que se radicó la demanda de la nombrada impetrante del amparo, misma que se registró con el número de expediente 682/E06/2020 (fojas 51 y 52). Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito declara que ha quedado cumplida sin exceso ni defecto la sentencia protectora emitida dentro del presente juicio de garantías, desde el veinticinco de agosto de dos mil veinte, en que se emitió el auto a que se alude. No se soslaya que la fecha del auto con el que la autoridad responsable cumple con la ejecutoria de amparo resulta anterior a la fecha de la propia ejecutoria, incluso a la data de la presentación de la demanda de amparo; empero, ello no constituye obstáculo alguno para tener aquí por cumplida la sentencia protectora pues, como se advierte de autos, la Junta responsable fue omisa en la rendición de su informe justificado y este tribunal tuvo conocimiento de ello hasta que se recibió el oficio antes precisado. En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: 1. La sentencia protectora se dictó el dos de diciembre de dos mil veinte. 2. Dicho fallo causó ejecutoria el veinticinco de enero de dos mil veintiuno. 3. La fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento lo es el veinticinco de agosto de dos mil veinte. 4. El oficio relativo al cumplimiento se recibió en este tribunal el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. 5. La data de la última notificación relativa a la vista del cumplimiento es cinco de abril de dos mil veintiuno; y, 6. Finalmente, en esta propia fecha, que lo es veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se tiene por cumplida la ejecutoria. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo, se advierte que en resolución pronunciada el veintiuno de febrero de dos mil veinte (fojas 245 a 261), este Juzgado de Distrito, por una parte, decretó el sobreseimiento; y por otro lado, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al impetrante de garantías Carlos Enrique Hernández Villarreal, en contra de los actos atribuidos a las autoridades que se señalaron como responsables. El aquí quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este órgano jurisdiccional; asunto que le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, bajo el amparo en revisión 99/2020; quien mediante ejecutoria pronunciada en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia recurrida (fojas 374 a 410). En proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo (foja 411). Mediante oficios 492/201, UEIPS/074/2021, 127/2021 y PDI-1257/2021, recibidos en autos de uno y cuatro de marzo de este año, el Juez de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado; el encargado de la Comandancia de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, Zona Noreste de la Fiscalía General de Justicia del Estado; el agente del Ministerio Público adscrito al citado órgano jurisdiccional; y el Inspector General adscrito a la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, todos con sede en esta ciudad, comunicaron el cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 424 a 476 y 485 a 489). Lo anterior fue puesto a la vista del impetrante de garantías y de los terceros interesados en proveídos de uno y cuatro de marzo del año en curso; sin que hicieran manifestación alguna al respecto; por tanto, este tribunal procede a analizar de oficio si se cumplió con la ejecutoria de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así las cosas, la protección constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, fue concedida para los efectos siguientes: "Con base en lo anteriormente expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Carlos Enrique Hernández Villarreal, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente el auto que resolvió la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Carlos Enrique Hernández Villarreal, en los autos del proceso penal número 71/2017, emitida el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, por el delito de falsificación y uso de documentos privados, previsto por el artículo 250 fracción I, 253 fracciones I, II y III, y sancionado por el 251 fracción III, todos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, cometido en perjuicio de Luis Gerardo Rodríguez Jiménez y Patricia Vázquez Sáenz, así como del diverso ilícito de fraude, previsto por el numeral 417 y sancionado por el 418, fracción IX y 419, fracción III, del citado Código, cometido en agravio de Jorge Morales Martínez y Arianna Nelly Morales Romero; y 2) Con plenitud de jurisdicción, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, emita uno nuevo, que puede ser en el mismo sentido o diferente, pero prescindiendo de las pruebas que en esta misma resolución se han considerado como obtenidas de manera ilícita y que consisten en las diligencias de inspección ocular que llevó a cabo el Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Combate al Secuestro de esta ciudad, el día veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en los locales que ocupan las notarías públicas número 84 y 211; así como los dictámenes periciales en documentoscopía y grafoscopía, emitidos por el licenciado José Aurelio Treviño García, el veintisiete de marzo y ocho de junio de dos mil diecisiete, y el informe pericial del licenciado Milton Isaí Hernández Pérez, de cinco de abril de dos mil diecisiete. Lo anterior es con independencia de la clasificación que legalmente corresponda a los delitos y de lo cual también se duele el promovente, sin que haya sido materia de estudio, pues como se dijo uno de los conceptos de violación resultó fundado y suficiente para conceder la protección constitucional. [.] El amparo que se concede se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos a las siguientes autoridades: Agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional; Inspector General adscrito a la Policía Comisaría Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Y al Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Dirección de Operación de la Coordinación Estatal Antisecuestro; Todos residentes en esta ciudad Ya que sus actos de ejecución no se reclaman por vicios propios." En esa tesitura, una vez analizadas las constancias de autos, se estima que el Juez responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, porque mediante oficio 2408/2020, informó que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la orden de aprehensión de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; asimismo, con el diverso 492/2021, allegó copia autorizada de la resolución emitida el veinticinco de febrero de esta anualidad, dentro de la causa penal 71/2017, en la cual se negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Carlos Enrique Hernández Villarreal, al no haberse acreditado el cuerpo de los delitos de falsificación y uso de documentos privados y fraude, en agravio de Luis Gerardo Rodríguez Jiménez, Patricia Vázquez Sáenz, Jorge Morales Martínez y Arianna Nelly Morales Romero. Por su parte, el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, comunicó que quedó cancelada la orden de aprehensión reclamada en este juicio de amparo, lo cual hizo del conocimiento del Inspector General adscrito a la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Es de precisarse que la ejecutoria de amparo fue cumplida sin exceso o defecto alguno desde el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes, que cuentan con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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