Margarita de Guadalupe De la Madrid Cordero

Expediente 387/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2020.

Datos del expediente

Expediente
387/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
27/08/2020

Partes del expediente

  • Margarita de Guadalupe De la Madrid Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de México, siendo las doce horas con cincuenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la práctica de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo indirecto 387/2020 con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Dinorah Hernández Jiménez, Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida por la Secretaria Myrna Raquel Tapia Quezada quien da fe, declara abierta la audiencia sin la comparecencia de las partes, ni representante de alguna de ellas, situación que no les depara perjuicio, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia, no obstante, a fin no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la celebración de esta manera. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes solicitó asistir de manera presencial o vía electrónica a la audiencia constitucional que nos ocupa. Acto continuo, la Secretaria hace relación de los autos y da cuenta con la admisión de la demanda de amparo, las constancias de notificación a las partes, el informe justificado rendido por las responsables y la intervención que se dio a la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional. Enseguida, la Jueza acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que anteceden y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen porrendidos los informes justificados de las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. A continuación, se abre el período probatorio, en consecuencia la Secretaria da cuenta a la Jueza de Distrito con las documentales ofrecidas por las partes, así como con la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, ofrecidas por las autoridades responsables. La Jueza acuerda: conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza y existencia en autos, las probanzas que anteceden. Acto seguido se abre el período de alegatos, la Secretaria da cuenta a la Jueza con el correo electrónico recibido en la cuenta institucional 9jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, registrado con el folio 9587, por medio del cual la autoridad responsable realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. La Jueza acuerda: Con fundamento en lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de la autoridad a manera de alegatos, los cuales serán considerados en el momento procesal oportuno. Acto continuo, la Secretaria hace constar que las demás partes no formularon alegatos y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. t Enseguida la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes restantes para formular alegatos.Al no haber diligencia pendiente de desahogo, se concluye esta audiencia y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar sentencia. Doy fe. VISTOS; para resolver el juicio de amparo 387/2020 promovido por Margarita Guadalupe de la Madrid Cordero, por derecho propio, contra actos del Congreso, Jefa de Gobierno y Tesorero todos de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veinte,1 ante este órgano jurisdiccional, Margarita de Guadalupe de la Madrid Cordero, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra las autoridades y de los actos siguientes: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. a) Congreso de la Ciudad de México. b) Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. c) Tesorero de la Ciudad de México. IV. NORMA RECLAMADA DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: A) Del Congreso de la Ciudad de México: los actos de discusión, aprobación y expedición del decreto publicado el 31 de diciembre del 2019 en la gaceta oficial de la ciudad de México en la página 15, 16 y 17 específicamente por lo que hace al acuerdo que otorga subsidios fiscales para el pago del Impuesto Predial a ciertos sectores de la sociedad excluyendo a otros sectores. B). De la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reclamo: la expedición del acuerdo publicado en la gaceta oficial de la Ciudad de México del 31 de diciembre del 2019, 15, 16 y 17 específicamente por lo que hace al otorgamiento de subsidios fiscales para el pago del Impuesto Predial a ciertos sectores de la sociedad excluyendo a otros sectores. C) Del Tesorero de la Ciudad de México se reclama la recepción del pago realizado por el periodo 2020. Así mismo será la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de la sentencia que se emita. SEGUNDO. En auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte,2 este Juzgado registró la demanda de amparo con el número de expediente 387/2020, y la admitió a trámite, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete. En este punto conviene destacar que en sesión de diecisiete de marzo del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, donde determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de la presente anualidad, debido a lo cual implicó que no corrieran plazos procesales. Luego, el trece de abril del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 6/2020, mediante el cual se reformaron los artículos 1, 3, 4, fracciones I, III, V y VI, y 9, segundo y quinto transitorios y se adicionaron las fracciones VIII y IX al artículo 4 del Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la JudicaturaFederal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, ampliando la suspensión en su totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al cinco de mayo del año que transcurre, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus. Después, en sesión de veintisiete de abril de la presente anualidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el diverso Acuerdo General 8/2020, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, mismo que en su artículo 10 establece la reanudación de la actividad jurisdiccional única y exclusivamente para la resolución de aquéllos casos que se hayan tramitado físicamente y que estén en estado de sentencia o resolución final. TERCERO. También resulta necesario dar noticia del diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en las órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, del cual se desprende que los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial Federal regresan a las actividades jurisdiccionales observado una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, como en el presente caso acontece. CUARTO. Realizado el trámite correspondiente, por auto de veintiuno de agosto de este año, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37, 107, fracción I de la Ley de Amparo; 43 párrafo segundo 52 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para conocer y resolver este juicio de amparo, al haber sido promovido contra normas de carácter local, con motivo de su acto de aplicación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A partir del análisis que se realiza en términos de la ley y la jurisprudencia,3 sobre el contenido integral de la demanda de amparo,4 se precisa que los actos reclamados en el presente juicio son los siguientes: Del Congreso y Jefa de Gobierno ambos de la Ciudad de México, la emisión, discusión, aprobación y expedición del "Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios para el Pago del Impuesto Predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno dediciembre de dos mil diecinueve, en particular lo establecido en las páginas 15,16 y 17. Del Tesorero de la Ciudad de México, la recepción del pago realizado por el ejercicio fiscal dos mil veinte. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al Tesorero de la Ciudad de México, consistentes en la recepción del pago del impuesto predial del inmueble que defiende, respecto del ejercicio fiscal dos mil veinte, el cual constituye el acto de aplicación del ordenamiento impugnado; pues así lo señaló al rendir su informe justificado. Negativa que se corrobora, pues por una parte, en relación con la propuesta de pago del impuesto predial así como su entero, debe decirse que el primer acto de aplicación de una ley puede provenir de una autoridad o de un particular que actúa por mandato expreso de ley y que se reputa como tercero auxiliar de la administración pública; sin embargo, el acto de aplicación no se acredita bajo esos supuestos, ya que fue la parte quejosa quien en acatamiento a lo que establece la norma reclamada cumplió con ella, sin que la autoridad respectiva, en el ejercicio de sus facultades de imperio, lo hubiere conminado a realizarlo. Sustenta lo anterior, la tesis aislada 2a. XCII/20025, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES UN ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede, lógicamente, hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, por sí sola no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. No obsta a lo anterior el hecho de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad receptora. Por lo anterior, la suscrita juzgadora considera procedente sobreseer en el juicio de amparo, en conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, respecto de los citados actos y autoridad. CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Congreso y a la Jefa de Gobierno ambos de la Ciudad de México, consistente en la emisión del "Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios para el Pago del Impuesto Predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, pues así lo señalaron al rendir su informe justificado. Máxime que la emisión de la norma impugnada, no está sujeta a prueba, en tanto que constituye un hecho notorio para quien resuelve, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que la existencia de normas generales se acredita plenamente con su publicación en el periódico oficial que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.65/20006, de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez que son de estudio oficioso y preferente en cualquier cuestión planteada, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la suscrita Jueza estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a saber, la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo7, pues el quejoso no demostró que el "Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre de dos mildiecinueve, en particular el artículo segundo, afecte su esfera jurídica; ello, al no acreditar ser poseedora o propietaria del inmueble identificado con la cuenta predial 05216510000-0. En apoyo de lo anterior, conviene tener presente que del contenido del numeral de la ley de la materia en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere. En relación con lo anterior, es necesario tener en cuenta que los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general en atención a su propia naturaleza: es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, resulta suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo, sin ningún acto ulterior de autoridad, esto es, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se está frente a una disposición heteroaplicativa cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure el perjuicio de algún gobernado se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. Para reclamar la constitucionalidad de disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también pueden surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/978, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto siguientes: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.Es importante hacer hincapié en el hecho de que, si bien la Ley de Amparo en vigor establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo tanto el interés jurídico como el interés legítimo, ello no conlleva que haya dejado de ser aplicable la distinción entre normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio.9 En el caso concreto, la parte quejosa reclama el "Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, concretamente el beneficio fiscal ahí establecido, aduciendo cuestiones de equidad tributaria. Cabe precisar que dicha normatividad, como lo sostiene el justiciable, concede un beneficio fiscal a los propietarios de inmuebles en la Ciudad de México, en relación con el impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, en específico a los contribuyentes que se ubican en los rangos A) al G) de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México. Ahora bien, a efecto de acreditar su interés jurídico la quejosa ofreció como pruebas de su parte: A) Copia simple del instrumento notarial*** emitido por el notario público setenta y seis de la ahora Ciudad de México. B) Copia simple de la cuenta predial *****, relativo al ejercicio fiscal 2020, del predio ubicado en la calle *****; así como copia simple del recibo de pago respectivo. C) Copia Simple de la Credencial para Votar emitida por el Instituto Nacional Electoral. Documentos que a consideración de esta Juzgadora, no tienen eficacia probatoria para demostrar que la quejosa es poseedora o propietaria del inmueble ubicado en ******* y, por tanto, que goza de un derecho legítimo tutelado respecto del citado inmueble, de modo tal que la aplicación de la normatividad impugnada irrogue una afectación que puede hacer oponible ante la autoridad al irrumpir en su esfera jurídica. Ello es así, pues el instrumento notarial veinticinco mil ciento cuarenta y nueve, de cinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, emitido por el notario público setenta y seis de la ahora Ciudad de México, obra en copia simple y no certificada, ya que no cuentan la certificación relativa, por tanto, si bien en ella se hace alusión a un acto traslativo de dominio a favor del justiciable, tal circunstancia únicamente constituye un indicio de lo que en ella consta, máxime que el resto de las documentales no le pueden otorgar mayor grado de prueba, como se demostrará a continuación. Igual valor probatorio merece otorgarle a la copia simple de la cuenta predial *****; y la copia simple del recibo de pago respectivo, pues al no contener certificación alguna o haberse presentado en original, no cubren los supuestos de idoneidad que los medios probatorios deben reunir de conformidad con lo establecido en los artículos 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 21/9810, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad es la siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Lo anterior, sin que se soslaye que tales copias fotostáticas simples no fueron objetadas por la contraparte, ya que ello no se traduce en que deba conferírseles pleno valor probatorio, pues la falta de objeción no puede llevar al extremo de que una prueba que en sí no tiene valor probatorio llegue a perfeccionarse por ese sólo motivo, pues precisamente corresponde al oferente acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal, por lo que tal carga, no puede ser convalidada por una omisión de la parte contraria. Consecuentemente, tales documentos no acreditan el interés jurídico del justiciable para impugnar las porciones reclamadas en relación con el inmueble a que alude la cuenta predial 05216510000-0, pues al haberse presentado en original e incluso no encontrarse a nombre de la quejosa, no son aptos para acreditar que la impetrante es la titular del mismo, por lo tanto, no puede considerarse que efectivamente sea contribuyente del impuesto predial relativo, así como, que enteró la suma que se advierte del recibo del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2020 y, por tanto, que resienta una afectación en su esfera jurídica por la aplicación de los dispositivos reclamados como inconstitucionales. En apoyo de lo anterior, debe tenerse presente que si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.), sostuvo que el recibo o certificado de pago es suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en el juicio de amparo en el que reclama la leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales. No obstante, acotó que el recibo o certificado de pago debe estar a nombre de la quejosa, porque de esa manera se llega ala convicción de que efectivamente es contribuyente del citado impuesto en relación con el predio al que el recibo se refiere. Los anteriores razonamientos se encuentran contenidos en la ejecutoria que dio pie a la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.)11, de rubro y texto siguientes: IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos. En efecto, si bien es cierto que la jurisprudencia invocada establece que el recibo o certificado de pagos es suficiente para demostrar el interés jurídico para reclamar las leyes genéricas relativas al impuesto predial, también lo es que en el propio criterio se estableció como condición para ello que se expidan al nombre de la parte quejosa, lo que en el caso no acontece. En suma de lo expuesto, se reitera que los documentos ofrecidos por la parte quejosa, por sí mismos resultan insuficientes para demostrar que sea contribuyente del impuesto predial y que al estar obligada a cumplir con el enteró del monto que se deduce del referido estado de la cuenta predial 05216510000-0 (relativo al ejercicio 2020) o del recibo de pago relativo, a fin de demostrar tanto la titularidad del derecho, como la afectación que resiente en su esfera jurídica, extremo que pudo colmar a través de elementos de convicción que demostraran fehacientemente que es poseedor o propietario del inmueble citado; así, al no haberlo hecho, no demostró su interés jurídico. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto del "Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, reclamado al Congreso y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al tenor del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Derivado de lo anterior, no procede abordar las cuestiones de fondo propuestas por la quejosa. Es aplicable la jurisprudencia 50912, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 77, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables mencionados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos mil veinte. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, se reanudó el trámite del juicio de amparo 387/2020, se señalaron las diez horas del veintiuno de agosto de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que estaban en la posibilidad de comparecer a la audiencia constitucional y en caso de ser así, su solicitud deberían comunicarla a este órgano jurisdiccional tres días antes de su celebración. Sin embargo, aún no obran en autos las constancias de notificación dirigidas a las autoridades responsables de este juicio, correspondientes al proveído antes referido. En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior y estar en posibilidad de recibir las solicitudes de las partes, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Asimismo del estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que debido a la suspensión de labores en términos de los citados Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y su prolongación hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, no se llevó a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del siete de abril de dos mil veinte. En mérito de lo anterior, toda vez que el presente asunto encuadra en los supuestos previstos en el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los numerales 365 y 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales de este juicio y se reanuda su tramitación. En consecuencia, se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase del conocimiento de las partes e infórmeseles que tienen expedito su derecho para manifestar si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional citada; en el entendido que en caso de ser afirmativa dicha solicitud deberán hacerla con la oportunidad debida (tres días antes de la celebración de la audiencia), y manifestar si cuentan con los medios técnicos para hacerlo. Por otra parte, agréguense los oficios firmados por el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México en representación del Tesorero y la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes justificados; en consecuencia, dése vista a las partes en el presente juicio de amparo a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga y relaciónese en la audiencia constitucional. Con apoyo en los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilios los señalados en los oficios que se proveen. Ahora, por lo que hace a la solicitud de que se les autorice el uso de medios digitales, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el que se proveyó de conformidad lo solicitado. Este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de junio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió los Acuerdos Generales, 4/2020 y 6/2020 relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en los que entre otros puntos determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril y del veinte de abril al cinco de mayo de la presente anualidad respectivamente, debido a lo cual implicó que no corrieran plazos procesales. Del mismo modo, se destaca que por Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno, y se reanuda el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado mediante "juicio en línea", con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno; no obstante, en la la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 81, precisó en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. Del mismo modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. En ese sentido, de la certificación de cuenta se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al treinta de junio de dos mil veinte. Ahora bien, del contenido de las constancias que integran los presentes autos se advierte que ninguna de las partes ha solicitado el consultar, notificarse y actuar de manera electrónica el presente sumario constitucional; consecuentemente, se colige que este juicio de amparo no se adecua al supuesto denominado "juicio en línea" a que hace mención el citado Acuerdo General 12/2020, y por tanto, no es procedente levantar la suspensión de plazos y términos procesales hasta en tanto reanude labores este órgano jurisdiccional. Precisado lo anterior, agréguese a los presentes autos el oficio firmado por el Director de lo Contencioso del Congreso de la Ciudad de México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; en consecuencia, dése vista a las partes en el presente juicio de amparo a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga y relaciónese en la audiencia constitucional. Con apoyo en los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio los señalados en el oficio que se provee. Atento a su contenido, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de la materia, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al escrito de cuenta, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. En virtud de que a través de la circular 12/2009, se comunicó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve, determinó que no existe inconveniente en permitir a las partes o a sus autorizados para oír y recibir notificaciones, imponerse de autos mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos; por tanto, se autoriza el uso de los medios digitales solicitado. Finalmente, cabe precisar que si bien es cierto que actualmente se encuentran suspendidas las funciones jurisdiccionales y que en el presente proveído se está dando vista a la quejosa con el contenido de los informes justificados que preceden, no obstante, el plazo de la misma comenzará a correr hasta que se normalicen las actividades de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, con independencia de que la justiciable solicite actuar y/o notificarse vía electrónica, salvo que en el presente sumario constitucional se surtan las hipótesis aludidas para que se actualice "el juicio en línea", hecho lo cual, se acordará lo que a derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

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