Margarita Chavez Torres

Expediente 290/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
290/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2016

Partes del expediente

  • Margarita Chavez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, el suscrito juez advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, dicho expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Colima, Colima, veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Por recibida la demanda de amparo que promueve MARGARITA CHAVEZ TORRES, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, por considerarlos conculcatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 290/2016-II-MO, y fórmese el expediente de amparo. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral del libelo actio de amparo, es dable concluir que la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de remitir al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, el amparo directo promovido ante la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, en el juicio laboral 149/2010. Actuación contra la cual, a criterio del suscrito, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público, que impone desecharla de plano. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: IX.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invoca; es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado; es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello es así, en virtud de que en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la omisión de remitir al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, el amparo directo promovido ante la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, en el juicio laboral 149/2010, que no obstante que se atribuye a la autoridad responsable, lo cierto es que su intervención en el juicio de amparo uniinstancial se entiende en auxilio del órgano jurisdiccional competente, de conformidad a lo previsto en los artículos 176 y 178 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley". "Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá: I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente; II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión". Al efecto, sirve de apoyo en lo conducente la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1315, tomo XXVIII, noviembre de 2008, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO.- Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías, al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio. Adicionalmente, cabe agregar que la Ley de Amparo, en su artículo 97, fracción II, inciso a), establece que en el trámite del amparo directo, procede el recurso de queja contra la omisión de la autoridad responsable de dar trámite a la demanda de amparo o lo haga indebidamente, lo que deja en mayor evidencia, la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE QUE SE TRATA, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal el que indica en su demanda de amparo. Se tiene como autorizados de la parte quejosa a las personas que menciona en la demanda de garantías, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Espiry Javier Correa Guízar, quien da fe.EJCG/mony

  3. Principal

    Se tiene(n) por recibido(s) el (los) oficio(s) del Agente del Ministerio Público del Fuero Común titular de la mesa Segunda en Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual informa sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, a fin de seguir el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este expediente, con fundamento en el artículo 196, se ordena dar vista a las partes con la constancia remitida por la responsable para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. En el entendido de que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución en la que se declare si está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirla.

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