Margarita Chávez Rueda

Expediente 246/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
246/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Margarita Chávez Rueda
  • Margarita Chávez Rueda y Otros.
  • David Paez Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    NO ATENDIÓ AVISO LA TERCERO INTERESADA. Córdoba, Veracruz, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a . en los siguientes términos: "(.) En las relatadas condiciones, al ser fundado el concepto de violación analizado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por ., para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia esta ciudad: a) Deje insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil ., de su índice; b) En su lugar, emita una nueva en la que, atendiendo a los lineamientos trazados en este fallo, al resolver lo concerniente al recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, parta de la base de que en resoluciones previas determinó: que era procedente que se realizara el descuento del treinta y cinco por ciento (35%) otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional sobre el "sueldo real" del deudor alimentario (100% de lo que percibe como jubilado), así como que, si existía alguna diferencia en el pago de la medida cautelar, se le pagara de forma retroactiva a la actora; c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva el recurso de revocación de mérito. (.)". Por tanto, la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía: a) Dejar insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil . de su índice; b) Emitir una nueva en la que, atendiendo a los lineamientos trazados en este fallo, al resolver lo concerniente al recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, partiera de la base de que en resoluciones previas determinó: que era procedente que se realizara el descuento del treinta y cinco por ciento (35%) otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional sobre el "sueldo real" del deudor alimentario (100% de lo que percibe como jubilado), así como que, si existía alguna diferencia en el pago de la medida cautelar, se le pagara de forma retroactiva a la actora; y c) Con libertad de jurisdicción, resolver el recurso de revocación de mérito. El veintiocho de julio del año en curso, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 4940 de cuatro de agosto de la presente anualidad, remitió diversas constancias, con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de seis de agosto del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de seis de agosto de este año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia esta ciudad, se advierte, en lo que al caso trasciende, que mediante resolución de tres de agosto de la presente anualidad, dejó insubsistente la diversa de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio ordinario civil . Asimismo, la autoridad responsable, emitió una nueva resolución en la que, al resolver el recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, partió de la base de que en el juicio de origen había realizado diversos requerimientos a la fuente laboral del deudor alimentario -aquí tercero interesado- para que realizara el descuento de treinta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional, sobre el cien por ciento del salario que percibe dicho deudor como jubilado; asimismo, de que previamente se había determinado que si existía alguna diferencia en el pago de la medida cautelar, se debería pagar de forma retroactiva a la actora (aquí quejosa). Hecho lo anterior, la autoridad, con libertad de jurisdicción, declaró "procedente" el recurso de revocación de mérito, por lo que revocó el auto impugnado y determinó que no había lugar a turnar el asunto para resolver hasta en tanto la fuente laboral del demandado diera cabal cumplimiento al descuento del treinta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional, aplicado sobre el sueldo real del tercero interesado; asimismo, ordenó que se efectuara el pago del respectivo retroactivo desde el mes de mayo de dos mil dieciocho, en caso de existir alguna diferencia en la liquidación de dicha pensión. En adición, remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio 4945 dirigido a la fuente laboral a efecto que dé cumplimiento a la resolución de tres de agosto del año en curso. En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen. Finalmente, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió un documento original; por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a Margarita Chávez Rueda y David Páez Chávez, en los siguientes términos: "(.) En las relatadas condiciones, al ser fundado el concepto de violación analizado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Margarita Chávez Rueda y David Páez Chávez, para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia esta ciudad: a) Deje insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 2565/2017/IV, de su índice; b) En su lugar, emita una nueva en la que, atendiendo a los lineamientos trazados en este fallo, al resolver lo concerniente al recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, parta de la base de que en resoluciones previas determinó: que era procedente que se realizara el descuento del treinta y cinco por ciento (35%) otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional sobre el "sueldo real" del deudor alimentario (100% de lo que percibe como jubilado), así como que, si existía alguna diferencia en el pago de la medida cautelar, se le pagara de forma retroactiva a la actora; c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva el recurso de revocación de mérito. (.)". Por tanto, la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía: a) Dejar insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 2565/2017/IV, de su índice; b) Emitir una nueva en la que, atendiendo a los lineamientos trazados en este fallo, al resolver lo concerniente al recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, partiera de la base de que en resoluciones previas determinó: que era procedente que se realizara el descuento del treinta y cinco por ciento (35%) otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional sobre el "sueldo real" del deudor alimentario (100% de lo que percibe como jubilado), así como que, si existía alguna diferencia en el pago de la medida cautelar, se le pagara de forma retroactiva a la actora; y c) Con libertad de jurisdicción, resolver el recurso de revocación de mérito. El veintiocho de julio del año en curso, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 4940 de cuatro de agosto de la presente anualidad, remitió diversas constancias, con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de seis de agosto del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de seis de agosto de este año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia esta ciudad, se advierte, en lo que al caso trasciende, que mediante resolución de tres de agosto de la presente anualidad, dejó insubsistente la diversa de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio ordinario civil 2565/2017-IV. Asimismo, la autoridad responsable, emitió una nueva resolución en la que, al resolver el recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, partió de la base de que en el juicio de origen había realizado diversos requerimientos a la fuente laboral del deudor alimentario -aquí tercero interesado- para que realizara el descuento de treinta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional, sobre el cien por ciento del salario que percibe dicho deudor como jubilado; asimismo, de que previamente se había determinado que si existía alguna diferencia en el pago de la medida cautelar, se debería pagar de forma retroactiva a la actora (aquí quejosa). Hecho lo anterior, la autoridad, con libertad de jurisdicción, declaró "procedente" el recurso de revocación de mérito, por lo que revocó el auto impugnado y determinó que no había lugar a turnar el asunto para resolver hasta en tanto la fuente laboral del demandado diera cabal cumplimiento al descuento del treinta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional, aplicado sobre el sueldo real del tercero interesado; asimismo, ordenó que se efectuara el pago del respectivo retroactivo desde el mes de mayo de dos mil dieciocho, en caso de existir alguna diferencia en la liquidación de dicha pensión. En adición, remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio 4945 dirigido a la fuente laboral a efecto que dé cumplimiento a la resolución de tres de agosto del año en curso. En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen. Finalmente, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió un documento original; por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente

  3. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a Margarita Chávez Rueda y David Páez Chávez, en los siguientes términos: "(.) En las relatadas condiciones, al ser fundado el concepto de violación analizado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Margarita Chávez Rueda y David Páez Chávez, para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia esta ciudad: a) Deje insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 2565/2017/IV, de su índice; b) En su lugar, emita una nueva en la que, atendiendo a los lineamientos trazados en este fallo, al resolver lo concerniente al recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, parta de la base de que en resoluciones previas determinó: que era procedente que se realizara el descuento del treinta y cinco por ciento (35%) otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional sobre el "sueldo real" del deudor alimentario (100% de lo que percibe como jubilado), así como que, si existía alguna diferencia en el pago de la medida cautelar, se le pagara de forma retroactiva a la actora; c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva el recurso de revocación de mérito. (.)". Por tanto, la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía: a) Dejar insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 2565/2017/IV, de su índice; b) Emitir una nueva en la que, atendiendo a los lineamientos trazados en este fallo, al resolver lo concerniente al recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, partiera de la base de que en resoluciones previas determinó: que era procedente que se realizara el descuento del treinta y cinco por ciento (35%) otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional sobre el "sueldo real" del deudor alimentario (100% de lo que percibe como jubilado), así como que, si existía alguna diferencia en el pago de la medida cautelar, se le pagara de forma retroactiva a la actora; y c) Con libertad de jurisdicción, resolver el recurso de revocación de mérito. El veintiocho de julio del año en curso, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 4940 de cuatro de agosto de la presente anualidad, remitió diversas constancias, con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de seis de agosto del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de seis de agosto de este año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia esta ciudad, se advierte, en lo que al caso trasciende, que mediante resolución de tres de agosto de la presente anualidad, dejó insubsistente la diversa de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio ordinario civil 2565/2017-IV. Asimismo, la autoridad responsable, emitió una nueva resolución en la que, al resolver el recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, partió de la base de que en el juicio de origen había realizado diversos requerimientos a la fuente laboral del deudor alimentario -aquí tercero interesado- para que realizara el descuento de treinta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional, sobre el cien por ciento del salario que percibe dicho deudor como jubilado; asimismo, de que previamente se había determinado que si existía alguna diferencia en el pago de la medida cautelar, se debería pagar de forma retroactiva a la actora (aquí quejosa). Hecho lo anterior, la autoridad, con libertad de jurisdicción, declaró "procedente" el recurso de revocación de mérito, por lo que revocó el auto impugnado y determinó que no había lugar a turnar el asunto para resolver hasta en tanto la fuente laboral del demandado diera cabal cumplimiento al descuento del treinta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones otorgado a los quejosos por concepto de pensión alimenticia provisional, aplicado sobre el sueldo real del tercero interesado; asimismo, ordenó que se efectuara el pago del respectivo retroactivo desde el mes de mayo de dos mil dieciocho, en caso de existir alguna diferencia en la liquidación de dicha pensión. En adición, remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio 4945 dirigido a la fuente laboral a efecto que dé cumplimiento a la resolución de tres de agosto del año en curso. En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen. Finalmente, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió un documento original; por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a seis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad; al que anexa copia certificada de la resolución de tres de agosto del año en curso dictada en el expediente ... de su índice y acuse de recibo del oficio ...; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente, con copia certificada de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el término de tres días, computado legalmente para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del informes de mérito; apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, y personalmente a la quejosa y al tercero interesado.

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